7 abril 2011 DESNUDOS CONTRA LA LEY 30 – "TERRORISTAS" EM BOLAS INVADEN LAS CALLES DEL PAIS

Acabo de encontrar el video, veanlo todo y TODOS DESNUDOS A LA CALLE!! WOWOWOWO!!!

Se abre paso la “mineropolítica” en Colombia

Se abre paso la “mineropolítica” en Colombia   En Colombia la mal llamada política de confianza inversionista impulsada por el mandato de Álvaro Uribe Vélez y continuada al pie de la letra por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha servido no só...lo para entregarle toda clase de gabelas tributarias al capital especulativo internacional, sino para “regalarle” 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con las funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente que ello acarrea.   Esa fue una de las conclusiones del conversatorio Geopolítica e impactos de la megaminería que organizó el pasado 12 de marzo en el Hotel Dann, la Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento (FUNDOC) que dirige el investigador social Rafael Ángel Rivera.   Para uno de los expositores, el ingeniero forestal Luis Carlos Hernández, una de las graves consecuencias que tendrá para el país la explotación de oro a cielo abierto es que se abre paso “la mineropolítica” muy similar al fenómeno de la “parapolítica”.   En efecto, las transnacionales de la minería interesadas en que el gobierno nacional les expida en forma expedita las licencias de explotación en zonas estratégicas del país como el páramo de Santurbán en Santander y La Colosa, en el municipio tolimense de Cajamarca, no sólo comprarán dirigentes políticos y sociales sino que lograrán infiltrar a amplios sectores del Estado para obtener mediante millonarias coimas, todas las garantías y gabelas que requieran. Es decir pondrán al Estado a su servicio.   Pero es más, aprovecharán que este año es electoral para financiar candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas con el fin de tener a buen parte de la dirigencia política colombianas de diversas regiones del país de su lado.   Si en el municipio de Cajamarca, la transnacional Anglo Gold Ashanti invirtió sólo en 2008 la suma de 330 mil millones de pesos en lo que en el lenguaje neoliberal se denomina “gobernanza”, que no es otra cosa que comprar medios de comunicación, dirigentes políticos y sociales para alinearlos a sus intereses, y tratar de mostrar como de gran importancia la “inversión extranjera” en beneficio del desarrollo de la región, es evidente que habrá ríos de dinero por parte de estas empresas mineras en este año que para ellas es estratégico para cooptar y obtener apoyos políticos.   Los impactos en La Colosa   Durante el foro de FUNDOC se hizo una pormenorizada exposición sobre los impactos negativos que tendrá para el municipio de Cajamarca la explotación de la mina de oro de la Colosa por parte de la Anglo Gold Ashanti.   El ingeniero Luis Carlos Hernández y el coordinador general de la Fundación Ecotierra, Evelio Campos, explicaron cómo este complejo minero hace parte de una estrategia para copar una gran extensión del sector central de la geografía colombiana con miras a explotar recursos naturales que enlaza con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), proyecto espoliador impulsado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).   En efecto, los corredores del IIRSA y del Plan Puebla-Panamá (ahora rebautizado como Plan Mesoamérica), del cual también hace parte Colombia, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, son exactamente eso: inversión del gran capital transnacional para el despojo, que se hace destruyendo ecosistemas y desplazando pueblos.   Para ello, los gobiernos comprometidos en proteger los intereses del gran capital financiero especulativo en el ámbito internacional, como es el caso colombiano, utilizan escuadrones militares o paramilitares, para hacer “limpieza social” en las zonas objeto de los planes extractivistas.   En el caso de la mina de La Colosa, ese trabajo de “limpieza” del territorio se hizo entre 2002 y 2008, lapso en el cual se reportaron 103 violaciones de derechos humanos en el municipio de Cajamarca, según reportes del CINEP.   Igualmente, el activista social y catedrático de la Universidad del Tolima, Renzo García señaló que la explotación en esa mina tendrá un impacto directo en la disminución notable de la producción agropecuaria de la región.   No es posible que de la noche a la mañana se quiera cambiar la vocación agrícola de la región que es factor fundamental en la seguridad alimentaria, para darle paso a la explotación minera que va a traer como consecuencia desplazamiento humano, depredación ecológica y afectación económica y laboral, señaló García.   Igualmente, el representante de Pax Christi para Colombia, Rodrigo Rojas Orozco, hizo énfasis en los riegos de seguridad que representa para la comunidad de Cajamarca la presencia de Anglo Gold Ashanti, puesto que la explotación minera de esta compañía es proclive para atizar fenómenos de violencia como atentados, secuestros, lavado de dinero, tráfico de drogas, robos, prostitución, etc.   Más aún, señaló Rojas Orozco, cuando en esta zona hay total ausencia de un entorno amigable para las operaciones de esta transnacional y lo que impera es un clima de polarización en el municipio.   En el ámbito ecológico, explicaron los activistas sociales, el oro que Anglo Gold Ashanti planea sacar de La Colosa es microscópico, no es de veta, y en consecuencia hay que utilizar una serie de químicos como el cianuro y hacer grandes excavaciones de tierra, produciendo una catástrofe ecológica monumental.   Neoliberalismo por las malas   Por su parte, Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME), señaló que la minería de cielo abierto es una necesidad de las potencias por controlar el suelo, el subsuelo, el agua y el aire de países como los de América Latina.   Y el caso de Colombia en el que gobiernos de la catadura entregusita de Uribe Vélez y Santos Calderón se inscriben dentro del esquema de mantener e impulsar un modelo neoliberal por las buenas o por las malas, impuesto además por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.   Se trata, puntualizó Valencia de imponer la globalización capitalista con un arma en la sien.   Bogotá, marzo 14 de 2011.   http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Ase-abre-paso-la-mineropolitica-en-colombia&catid=64%3Anacionales&Itemid=48

Fragile Páramo Ecosystem in Colombia Threatened by Coal and Gold Rush

www.censat.org

Cogua is a small farming town surrounded by native forest in the middle of the Colombian Andes. Most of the people here make a good living growing potatoes and grazing their cows on the emerald green land. But this idyllic picture could change quickly.

“Our main problem here is that mining is booming without control and it’s taking our water away,” said Cogua mayor Javier Garzón, a big man with a black moustache and humble origins. He is battling to preserve the unique water source of the 20,000 people who live in his town from miners attracted by the growing demand for coal (especially from China and the United States) and its soaring price on the international market.

The water for his town and five nearby municipalities comes from the páramos, a unique highland ecosystem of the Andes, described by some as a “water factory.” Its sponge-like soil and particular vegetation and geology capture water in the rainy season, acting as a natural buffer against floods. During the dry season, the páramos release water into hundreds of small creeks that feed crops and reservoirs.

In Guerrero, Cogua’s surrounding páramo, the landscape is both breathtaking and alarming: a field of blossoming frailejones – an endemic plant with velvety leaves that capture the particles of water from the mist of these altitudes – is pierced by dozens of deep shafts and tunnels with piles of coal alongside. The mines are interconnected with an improvised network of trails that bulldozers and trucks use to move their loads of coal. Miners with faces covered in black dust gaze at strangers while streams flow dark with runoff from their excavations.

Like Guerrero, many of Colombia’s remaining páramos are under siege. The recent mining boom is threatening ecosystems that are critical for the well-being of hundreds of small towns and even a few big cities. Páramos represent only two percent of Colombia’s land, but provide water to 70 percent of its people.

“The water from the páramos is key for the development of our country,” said Felipe Rubio Torgler, a biologist and researcher for the Alexander von Humboldt Institute, a government agency that in 2007 produced the first comprehensive atlas of the Colombian páramos. Rubio said that the páramos are the most fragile ecosystem in Colombia, one of the most biodiverse countries in the world.

During the eight-year administration of former president Alvaro Uribe, mining in Colombia expanded exponentially. Between 2002 and 2010, areas with mining titles skyrocketed from 2.8 million acres to 21 million, according to Ingeominas, the government agency in charge of granting the titles. At least 7 percent of the land in the páramos is now in hands of mining companies.

The new president, Juan Manuel Santos, has said he will use fiscal stimulus to give more steam to the “mining locomotive.” Any attempt to slow down this train could prove costly: Today, 80 percent of foreign investment in Colombia goes to the mining and hydrocarbons sector, and that number keeps growing.

“I run short of time to process all the application requests from mining companies that are landing in the country,” admitted Mines and Energy Minister Carlos Rodado, in a recent forum at Bogota's Chamber of Commerce.

Nevertheless, the Santos government has tried to calm fears that the mining interests will run roughshod over the country’s ecological assets.

“One of the things that we have set very clearly is that in some regions mining is forbidden, especially there where water can be scarce,” said Sandra Bessudo, National Adviser for the Environment, a new position created by President Santos. “A number of mining titles that were given in protected areas such as forest reserves and national parks will need to be revised,” she added.

One of the tools Bessudo is counting on is a refurbished mining law approved by Congress in July 2009. The law prohibits any mining activity in the páramos, a development environmentalists claim as their biggest victory in years. However, in the unusually long time span of eight months between congressional approval and presidential sanction, more than 8.9 million acres of land were given to mining, much of it in areas now protected under the new law. Miners insist that their titles can’t be reversed, challenging Bessudo’s plan to revise those titles.

One of the most emblematic examples of this conflict is the Angostura Project, a proposed 2,700 acres open-pit excavation in the Santurbán páramo by Greystar Resources, a Canadian gold mining company that benefited from the legal limbo. While the company promises to create no environmental hazards, the cities of Bucaramanga and Cucuta have opposed the project, alleging that this high-altitude mine threatens the water supplies for the two million residents. On December 22, Colombia’s General Inspector urged the government to block the project.

Despite the confidence of some that the new law has put a lock on areas that should be protected, rules are easily broken in Colombia. The country’s territory is vast (53 times the size of El Salvador) and the government is weak. A confidential government document states that just in Chocó – one of the country’s 32 provinces and one of the richest in water provisions and rainforest – there are about 848 square miles in the hands of illegal miners, mainly small-scale gold miners, who are well-known as heavy users of chainsaws, mercury and cyanide. To recover that land will cost some $80 million, according to the report. That is far more the annual budget of the Ministry of the Environment.

“Mining is a high-risk industry growing in Colombia at an exorbitant rate while national environmental institutions that are meant to regulate it are in their weakest shape in 15 years,” said Guillermo Rudas, a researcher at the Universidad Externado in Bogotá who mapped official data of land with mining titles and land requested for mining over the last 20 years. In his report, he also shows how the budget for the environmental institutions in Colombia relative to GDP is today one-third of what it was in 1994.

The lack of government control over the small-scale mining industry is not only obvious in far-flung places.

“Welcome to Dante’s Inferno,” said Rubio when we drove the so-called “Coal Route” that besieges Rabanal, another patch of páramo in the centrally located province of Boyacá. Hundreds of archaic coal mines have visibly nibbled the mountain. Dozens of ovens for processing coke – a type of coal distilled in gigantic brick caldrons at more that 3600 degrees – belch out columns of black smoke that make throats itch and taint the trees and soil, day and night. The miners work in precarious conditions without health or safety guarantees.

Colombia is Latin America’s principal coal producer. However, the coal from Guerrero or Rabanal is not a crucial part of Colombia’s energy diet. Seventy percent of Colombia´s energy comes from hydropower plants, moved precisely by the force of the water that runs down the mountain from this threatened páramos.

"If this situation doesn´t stop, we will end up displaced, this time not by the guerrillas or any other armed group but from people like us who have exploited this land without control,” said Mayor Garzón, sitting atop a mountain rock and looking down at his hometown in the green valley below. “We’ll only have two options: leaving our homes or living in a desert”.

* Lorenzo Morales is a a journalist currently funded by the Pulitzer Center on Crisis Reporting to report on the Colombian mining boom and its impact on water provision. This article was done with support of the Pulitzer Center (pulitzercenter.org).He teaches at the Universidad de los Andes in Bogotá.

COMUNICADO DE DEFENSA DE LOS TERRITORIOS!!

ENVIO ADJUNTO COMUNICADO DE PRENSA DE LA GRAN COALICIÓN DEMOCRÀTICA DE ARTICULACIÓN Y RESPALDO DE TODAS LAS ACCIONES DE RESISTENCIA, ENTRE ELLAS, LA JORNADA NACIONAL 14, 15 Y 16 DE MARZO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS, CONTRA MEGAPROYECTOS ENERGÈTICO-MINEROS Y AGRONEGOCIOS.

EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA SE INICIARÀN ACCIONES DE PROTESTA EL 23 Y 24 DE FEBRERO ANTE LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE SANTOS, QUE AL IGUAL QUE URIBE, ESTARÁ HACIENDO ENTREGA SIMBÓLICA DE NUESTRO TERRITORIO, EN LA HACIENDA EL QUIMBO, A LAS TRANSNACIONALES ESPAÑOLA ITALIANA EMGESA-ENEL, CUANDO  NO HA DADO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÒN DE DIÁLOGO DIRECTO CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL.

EL 14 DE MARZO. SE REALIZARÁN MOVILIZACIONES EN LA ZONA DE EL QUIMBO Y EN NEIVA EN EL MARCO DE LA JORNADA INTERNACIONAL CONTRA REPRESAS.

EL 15 DE MARZO SE REALIZARÁN MOVILIZACIONES HASTA BOGOTA, DESDE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS. INCLUYE PROTESTAS FRENTE AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y UN ENCUENTRO NACIONAL DE PROCESOS DE RESISTENCIA CONTRA MEGAPROYECTOS MINERO-ENERGÈTICO-AGRONEGOCIOS ECOCIDAS.

EL 16 DE MARZO SE REALIZARÁ UN DEBATE EN EL CONGRESO DE LA REPÙBLICA CONTRA LA POLITICA ENERGÈTICO-MINERA DEL GOBIERNO DE SANTOS. ESTARÁN PRESENTES TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE LUCHAN POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS POR UNA POLÌTICA PUBLICA DE SOBERANÌA Y AUTONOMÌA ENERGÈTICO-MINERA Y ALIMENTARIA PARA EL PAIS.

NUESTROS TERRITORIOS NI SE VENDEN, NI SE INUNDAN, NI SE EXPROPIAN… AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales.

(ver adjunto)

 

COMUNICADO DE PRENSA

IMPORTANTE REUNION DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS

En la sede nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, nos reunimos organizaciones  y movimientos sociales, políticas,  para analizar la situación actual del país y de los sectores sociales, concluyendo:

1. Respaldar el justo movimiento de los pequeños propietarios y trabajadores del transporte organizados en la Asociación Colombiana de Camioneros y que desde hace 14 días están demandando del gobierno nacional la derogatoria del decreto que elimina la tabla de fletes que acaba con los pequeños propietarios y trabajadores entregando este negocio a grandes compañías nacional y transnacionales, rebaja de los combustibles y peajes  y el respeto a la organización y a la protesta social. Estamos convocando a todas las organizaciones sociales a prestar la solidaridad en los sitios de lucha y a prestar la solidaridad económica y material para el éxito de esta importante lucha.
2. Convocar a todos los trabajadores y al pueblo colombiano a organizarse y apoyar la agenda de movilización social y política que para enfrentar la nefasta agenda legislativa del gobierno, el desconocimiento de los aportes y reclamos de sectores sociales del país para el trámite de estas leyes tales como la comunidad educativa, las organizaciones de los mineros y sector eléctrico, sector petrolero, de las organizaciones sindicales y sociales, de las organizaciones indígenas y campesinas y otros implicados en estas leyes.  En tal sentido llamamos a participar activamente en las siguientes actividades de movilización nacional y regional.

·         25 de Febrero: apoyo a la movilización social y comunitaria en defensa del medio ambiente y los recursos hídricos del Proyecto Angostura paramo Santurban en Bucaramanga.

·         Del 14 al 16 de febrero: Frente al desastre ambiental que enfrenta el territorio colombiano potenciado por la falta de una política ambiental  coherente frente a la gran minería, las represas, los agronegocios y demás megaproyectos que atentan contra los páramos, humedales, ríos y formas de sobrevivencia de miles de comunidades  convocamos esta movilización nacional por la defensa de los territorios y la construcción de una política que respete la soberanía alimentaria y energética y que plantea alternativas de modelo extractivo impuesto por las empresas de capital privado nacional y transnacional que desconoce las necesidades y reivindicaciones de los pueblos vulnerando los derechos de quienes habitan estos territorios.

·         Apoyo a las luchas de los pequeños mineros contra las grandes multinacionales que quieren aprovecharse de la explotación minera.

·         6 al 10 de marzo: Actividades educativas, culturales y de movilización organizadas por el Movice.

·         Movilización en marzo y mayo de los trabajadores de la salud en defensa de la red hospitalaria pública estatal, harán conocer la programación.

·         Solidaridad con los sectores en conflicto tanto a nivel local, departamental y nacional.

·         Prepararnos para celebrar un1 de mayo con todos los sectores de trabajadores y sociales del país y con una agenda preparatoria con actos educativos, culturales y de movilización.

·         Participación en las actividades de movilización de la Coordinadora Social contra el Proyecto de Ley de Regalías  a nivel de departamentos y a nivel nacional en Bogotá el 14 de marzo.

·         Preparar una gran jornada nacional de lucha con el movimiento sindical y todos los sectores sociales para la primera semana del mes de abril del presente año.

3. Con la presencia de las organizaciones y movimientos sociales  que firman este comunicado, logramos avanzar en criterios y acciones de movilización, que con los acumulados y experiencias de lucha de cada uno estamos preparando el terreno para acciones de mayor envergadura, con objetivos y alcances de mayor calado político y estratégico en la vía de ser alternativa de poder y de solución a la grave crisis que vive el país.
4. Hacemos un llamado a todos los movimientos sociales y políticos que no han participado de estos espacios de discusión y acuerdos para la movilización social y política, para que se vinculen asistiendo a una nueva reunión que tenemos programada para el miércoles 23 de febrero a partir de las 2:00 p.m. en la sede nacional de la CUT,  para conectar agenda y definir fecha de movilización.
5. A las organizaciones sociales y políticas de Bogotá  las convocamos a una reunión para el día martes 22 de febrero a las 8:00 a.m. en la sede nacional de Fecode para unificarnos alrededor de la agenda nacional de lucha y tratar los problemas propios de la ciudad capital y plantearnos alternativas de solución desde el campo popular.
6. Invitar a una reunión de los movimientos de mujeres del orden nacional y distrital para el día miércoles 23 de febrero a las 8:00 a.m. en la sede nacional de la CUT para unificar criterios de trabajo y vincularnos a la agenda nacional de movilización y para preparar la  celebración del 8 de Marzo – DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Bogotá, 16 de febrero de 2011.

COORDINACION GRAN COALICION DEMOCRATICA, MINGA NACIONAL INDIGENA Y COMUNITARI,  CONGRESO DE LOS PUEBLOS DE COLOMBIA, POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, CUT, MARCHA PATRIOTICA, ANTHOC, SINTRAUNICOL, ASPU, MOVICE, CEDETRABAJO, ALTERNATIVA SOCIALISTA, SINTRAIME, SIES-COLOMBIA,  FEU-COLOMBIA, CUT BOGOTA/CUNDINAMARCA, M.C.P, OCP, CPC, COMITES ESTUDIANTILES DEL SENA, UNIVERSIDAD NACIONAL, JUCO, OCE, PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES, PCC – PDA,  CUT META,  SINDESENA, ASAMBLEA POR LA PAZ,  ADLECAD, FUNDACION AURY SARA, FECODE, ASOCIACION NACIONAL POR LA SALVACION AGROPECUARIA, PLANETA PAZ,  PST,  SINTRAEMSDES,  CENSAT AGUA VIVA, FUNDACION OTROS MUNDOS COLOMBIA, RECALCA, CASA DE DERECHO CONGRESO DE LOS PUEBLOS, COORDINADORA NACIONAL –MUJERES CAMPESINAS,  SNTT, PUP

El megaproyecto Urrá. Presas y violencia contra los Embera Katío de Colombia

Autora: CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
http://camaemka.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=61
En el año 2000, la Comisión Mundial de Presas ratificó los graves impactos que las presas producen en la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y en las poblaciones afectadas, millones de personas sin rostro obligadas a desplazarse en nombre de un progreso injusto e insostenible. Ese mismo año se llenaba la presa Urrá I sobre el río Sinú, en el Resguardo de los Embera Katío, en Colombia. Culminaba un proceso que, desde 1963, conllevó graves violaciones de los derechos humanos de este pueblo: desplazamientos por inundación de tierras, extinción del pescado en sus ríos, incremento de enfermedades tropicales, asesinatos, secuestros y decomiso de bienes por parte de los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilla) y del Ejército.

En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Embera Katío y ordenó que se investigara y juzgara a los responsables de estas violaciones. Pero las medidas no llegan y el resguardo sigue en medio del fuego cruzado de intereses y actores armados. La Comisión Colombiana de Juristas y el informe A/HRC/15/34 de 2010, elaborado tras la visita del Relator Especial de Naciones Unidas, han dado cumplidos detalles de esta situación de indefensión.

La nueva amenaza es la construcción del megaproyecto Urrá II o Proyecto río Sinú, que inundaría 50.000 hectáreas de selva tropical y afectaría a tres de los ríos de los Embera. El Estado colombiano se comprometió a no construir Urrá II, pero no está claro que vaya a cumplir. Ahora que los focos mediáticos enfocan a Colombia por las elecciones presidenciales, organizaciones que hacen seguimiento de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese país llaman a la comunidad internacional a mirar más allá de la contienda electoral y a firmar una carta para el futuro presidente: www.seipaz.org.

En particular, reclaman atención y apoyo para la supervivencia de los Embera Katío, de su cultura y sus reivindicaciones. Básicamente, que se abandone la construcción de la presa Urrá II; que el Resguardo se declare zona de paz –con acompañamiento internacional y retirada de todos los grupos armados– y que el Gobierno de la nación vele por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de su población: el derecho a la vida, al territorio y la soberanía, a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente sano.

 

Technorati Tags: COLOMBia,TRIBUS indígenas,indios,biodiversidad,embera,gobierno colombiano,santos,nuevo presidente