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jueves, 24 de agosto de 2017
viernes, 18 de enero de 2013
FELICITACIONES :El alcalde que le tumbó una reja a una multinacional minera
Ayer se firmó la declaratoria del Parque Natural Regional Santurbán
El alcalde que le tumbó una reja a una multinacional minera
Por: Pastor Virviescas Gómez / Especial para El Espectador
Alcalde de California (Santander), Víctor Arias, dio vía libre hacia las lagunas del páramo.
El
11 de enero el alcalde de California, Víctor Arias, les ordenó a un
grupo de obreros retirar la puerta con la que la multinacional Eco Oro
controlaba el paso. / Pastor Virviescas
El nombre de Víctor Armando Arias Celis pasará a la historia como el
del alcalde de California (Santander) que puso en cintura a una
multinacional minera y le desmontó el portón con que impedía a los
ciudadanos acceder a las lagunas del páramo de Santurbán.Echando mano de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, Arias Celis le notificó a la empresa Eco Oro Minerals Corp. (antigua Greystar Resources) que desmontaría la reja que la compañía instaló hace más de seis años en el ascenso al cerro de Angosturas, en la vía pública que de California conduce al sector alto de Los Laches.
Dicho y hecho. El pasado 11 de enero, a las 9 en punto de la mañana, el inspector de Policía Mario Merchán Angarita realizó la diligencia de recuperación del espacio público, considerando que el portón impedía la libre movilidad y el tránsito de los habitantes, así Eco Oro alegara que la reja estaba allí para salvaguardar los activos de esa compañía que pretendió extraer oro y plata mediante la modalidad de minería a cielo abierto en esta zona recientemente declarada parque natural regional.
Sin amilanarse y sintiendo que así está haciendo patria, el alcalde Arias Celis le respondió a la multinacional que la vía que hace parte del sistema de integración urbano-rural y, por lo tanto, no es un bien que se constituye como propiedad de Eco Oro, “sino, por el contrario, es un bien que se considera de uso público y pertenece al patrimonio público, el cual es inalienable e imprescriptible”, coligiendo que de “ninguna forma el ente territorial atenta contra los derechos de propiedad privada”.
Aprovechó para desmentir a Eco Oro, que argumentaba que la vía carreteable no existía como tal sino como camino veredal. “Prueba de esto son los recibos de pago que el municipio de California hizo a Disfamecor por concepto de combustible para la continuación de la carretera California-Romeral”, acotó.
Así que, acompañado de un piquete de obreros “armados” únicamente con una pulidora y sus músculos para retirar el pesado portón de metal, el alcalde procedió a sentar un precedente dentro del acalorado debate que persiste entre quienes, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, promueven la locomotora minera, y quienes, por su parte, defienden el frágil ecosistema del páramo y el agua que alimenta a Bucaramanga, Cúcuta y otros 17 municipios, aparte de ser la estrella hídrica más importante del oriente colombiano por cuanto aquí nacen los afluentes de los ríos Zulia, Arauca y Lebrija.
Este “muro” de California, aparte de generar constante malestar entre los pobladores y turistas que pretendían subir a disfrutar de las lagunas y debían someterse al trámite de un permiso ante la multinacional, fue el motivo de un choque entre Eco Oro y una delegación de la sociedad civil, la Contraloría y la Fiscalía General el pasado 19 de septiembre.
Ese día administradores y guardias, exigiendo solicitudes por escrito, carnés de riesgos profesionales y hasta cascos y botas con puntera de acero, impidieron que 15 biólogos, geólogos, ingenieros químicos y civiles, acompañados por El Espectador, pasaran a tomar muestras en los mismos sitios donde en marzo de 2012 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) halló una serie de irregularidades, por ejemplo, en plataformas localizadas a 3.438 metros sobre el nivel del mar, así como “bolsas de polipropileno llenas con lodo y material estéril, algunas de ellas en mal estado, permitiendo el derrame de su contenido”.
El hecho fue interpretado por el entonces presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Florentino Rodríguez Pinzón, como empresas “que se apoderan de la zona y cual ‘repúblicas independientes’ imponen su ley, restringiendo el acceso y olvidando que el subsuelo y el recurso hídrico es de todos los colombianos”.
Precisamente ayer, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe Vegalara, y el director de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Ludwing Arley Anaya Méndez, firmaron el acuerdo mediante el cual se declara el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán, que tendrá un área de 11.700 hectáreas cuya localización aún no se ha especificado, más 600 hectáreas de la cuenca alta del río Cachirí que serán incluidas bajo la categoría de Distrito de Manejo Integrado.
La noticia ha sido tomada con escepticismo por organizaciones como el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y el Comité por el Agua y el Páramo de Santurbán, cuyos voceros han reiterado que el parque natural debe contar con al menos 20.000 hectáreas. Por eso ya están preparando una nueva marcha de protesta llamada “Cien mil voces por el agua”, la cual planean realizar en las próximas semanas en la capital santandereana.
Avance y preocupación
No es un atrevimiento, dice el alcalde de California, Víctor Armando Arias, es que el municipio, en cabeza del administrador de turno, estaba en mora de hacer cumplir la ley. “Es restituir la libre movilidad y el espacio público, y que no existan controles por parte de una empresa privada”, afirma.
“Es inaceptable que un ciudadano tuviera que requerir un permiso, presentar seguridad social y toda una tramitología para acceder a esta zona”, insiste.
Con su medida, los californianos podrán volver a visitar el sector de Los Laches y lagunas como Verde, Páez, Quelpa, Toro, Las Hermosas, La Barrosa, Negra, La Pintada, Las Calles, Pajarito, y La Surcura, así como comunicarse por esta vía con los municipios de Mutíscua y Cucutilla en Norte de Santander.
El alcalde expresó su preocupación por lo que ocurrirá con las familias de esta zona de la provincia de Soto Norte, que han vivido de la minería y la agricultura, ahora que se declaró el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán.
RECLAMANDO NUESTRA SOBERANIA... Y LA BATALLA CONTINUA!! EL RESTO DEL PÁRAMO POR DEBAJO DE LA CUOTA ESTÁ EN PELIGRO... NO PORQUE HAGAN MINERIA DEBAJO DE LA CUOTA DE PÁRAMO MERCURIO Y CIANURO NO DEJARÁN DE AFECTAR NUESTRAS FUENTES HÍDRICAS!!
ALERTA COLOMBIA!!
martes, 3 de mayo de 2011
La consulta previa recargada: nueva carrilera para las locomotoras de Santos
La Corte Constitucional reforzó la consulta previa, en una sentencia con ponencia de Jorge Iván Palacio (segundo de izquierda a derecha) y firmada también por Nilson Pinilla (cuarto) y Jorge Pretelt (quinto).
Una sentencia de la Corte Constitucional, que le da más dientes a la consulta previa de proyectos que puedan afectar territorios de minorías étnicas, pone a las locomotoras de Santos a subir una empinada cuesta.
En la sentencia T-129 de 2011, que aún no se ha publicado en internet, la Corte Constitucional estudió la situación de los resguardos indígenas Chidima-Tolo y Pescadito, en el Darién chocoano, donde confluyen proyectos de minería, un proyecto de interconexión eléctrica y un tramo de la Vía Panamericana. Después de una inspección judicial en la zona, de intervenciones de gremios, de centros de pensamiento y de departamentos de antropología concluyó que efectivamente se había violado el derecho a la consulta previa de esta comunidad, integrada por 21 familias.
Este caso sería uno más sino fuera porque la Corte aprovechó este caso para aclarar y fortalecer las reglas de la consulta previa, que tendrán un impacto gigantesco sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura y minería en los próximos años.
La consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntarle a los indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y comunidades rom si están de acuerdo con que se realicen proyectos en sus territorios como una forma de proteger la diversidad cultural. Es un solo artículo de la Constitución (sumado al convenio 169 de la OIT) pero se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos puesto que los territorios de las minorías étnicas equivalen a más del 20 por ciento del país.
Por ejemplo, el gobierno de Uribe no entendió la importancia de esta figura y por eso, la Corte Constitucional le tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley Forestal, y le condicionó un Plan de Desarrollo.
Estas son las nuevas reglas de la consulta previa:.
1
La Corte reitera que la consulta previa es un derecho fundamental. Éste es un mensaje para las autoridades públicas, que saben que si desconocen la consulta, se pueden enfrentar con una tutela. Además, la Corte exorta al Congreso a legislar sobre el tema. Y como es un derecho fundamental, la consulta previa se deberá regular con una ley estatutaria.
2
La consulta previa se debe hacer respetando los usos y costumbres de las comunidades. Eso quiere decir que las entidades públicas no pueden definir unilateralmente un término para la consulta, y que las comunidades tienen el espacio para realizar sus procesos tradicionales de toma de decisión. Es decir, que si un mamo de la Sierra tiene que hacer pagamentos y varias reuniones con su comunidad antes de tomar una decisión sobre el proyecto consultado y esto tarda meses, el Estado tiene que aceptarlo. Ya no es válido que el gobierno les ponga plazos, éstos se deben determinar según las condiciones de cada proceso de consulta.
3
La consulta no se debe hacer cuando el proyecto esté a punto de arrancar, con las máquinas listas para entrar al territorio. Se debe empezar “en la etapa de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución del mismo”, dice la Corte.
4
La consulta no es un instante en el que una comunidad da un permiso ilimitado, sino un proceso de diálogo permanente. “La participación ha de entenderse no sólo a la etapa previa del proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo”, dice la sentencia.
5
La Corte acepta que la consulta previa no se puede convertir ni en una formalidad ni en un poder de veto. “Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas”.
6
En casos más graves, no basta con consultar a la comunidad, sino que la misma comunidad tiene el derecho a elegir la alternativa que considere menos lesiva. Eso aplica cuando el proyecto implique trasladar a las comunidades; cuando haya almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos; o cuando pongan en riesgo la existencia de la comunidad. Este principio tendrá un impacto grande para los proyectos de minería que suelen implicar el desecho de mercurio y otras sustancias tóxicas.
7
En esos casos de alto impacto, y si la comunidad considera que las alternativas son todas perjudiciales, el proyecto no se podrá llevar a cabo.
8
Las licencias ambientales sólo se podrán expedir cuando se haya hecho la consulta previa y la aprobación del plan de manejo arqueológico. Aunque esto ya está en la ley, según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia nunca se ha aprobado un plan de manejo arqueológico y en cambio, sí se han concedido licencias ambientales en territorios indígenas.
9
Quien realice el proyecto debe compartir con la comunidad los beneficios del proyecto y mitigar e indemnizar los daños que cauce. “Es obligatorio garantizar que los beneficios que conlleve la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa”, dice la decisión. Aunque la Corte no desarrolla esta regla, seguramente será ampliada por la Corte más adelante en otras sentencias.
10
El proceso de consulta previa debe tener el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. Hoy en día, a veces estas entidades acompañan el proceso pero no es obligatorio. Y generalmente, cuando lo hacen, las comunidades étnicas se sienten más empoderadas y menos vulnerables a la manipulación de las empresas interesadas en el proyecto. Además, el Ministerio del Interior deberá crear un mecanismo para coordinar a todas las entidades involucradas en cada caso.
jueves, 21 de abril de 2011
La puerta giratoria
Opinión |17 Abr 2011 - 10:00 pm
Por: María Elvira Bonilla
SEIS MESES DESPUÉS DE ENTREGAR el Ministerio de Minas y Energía, el exministro Hernán Martínez, el mismo que lideró la elaboración del nuevo Código Minero, entró a formar parte de la junta directiva de Medoro Resources, la compañía venezolana que pisa duro en el florecimiento minero del país.
Martínez junto a Claudia Jiménez, entonces consejera presidencial para el sector privado, estuvieron presentes en la reunión en la Casa de Nariño, en la que el presidente Uribe le propuso a los cuatro exitosos empresarios venezolanos —propietarios también de Pacific Rubiales—, que además de las minas de Marmato que ya tenían, adquirieran Frontino Gold Mines. Así lo hicieron y en su dirección ejecutiva quedó María Consuelo Araújo. Concluido el gobierno, Claudia Jiménez pasó a ser la directora del gremio de la Gran minería a cielo abierto.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Guillermo Plata acaba de ser nombrado miembro de la junta directiva de Bavaria. Igual sucede con funcionarios de la cartera de Hacienda, de la de Protección Social, de Vivienda o el Invías que se vuelven campantemente directivos o consultores del sector bancario, de la industria farmacéutica o de firmas constructoras, inmediatamente dejan los cargos.
Difícil un privilegio mayor para Medoro Resources o para Bavaria, que tener en sus juntas directivas, asesorando y orientando las actuaciones de sus compañías a los ministros que vienen de concebir y tramitar legislaciones que regulan su sector. Un claro aprovechamiento de información privilegiada y de conocimiento de la letra menuda del entramado del poder y de sus decisiones puesto ahora al servicio de intereses particulares que defienden desde su nuevo rol en las juntas directivas. Por lo demás muy bien remunerados.
Nada de esto es ilegal. Pero si inmoral. Riñe con los principios de una sana ética ciudadana.
Esta es la llamada puerta giratoria, que se volvió una costumbre, y descarada, en el país. Sí, aprovechamiento de información privilegiada, pero que también puede llegar a convertirse, si se mira con suspicacia, en pago de favores. Todo muy sutil, todo muy elegante, todo muy de cuello blanco. El Estatuto Anticorrupción quiso frenar esta práctica. En el proyecto que presentó el ministro Vargas Lleras se planteaba una inhabilidad de tres años para trabajar en el mismo sector. La iniciativa no la torpedeó el Congreso sino altos funcionarios del propio Gobierno, que quizá desde ya estaban pensando en su futuro. La inhabilidad quedó reducida a diez meses.
En el fondo es un tema de cómo lograr incidir, por distintos medios, (¡todo vale!) en las instancias donde se toman decisiones para cambiar las reglas de juego en beneficio de intereses particulares. Acciones que van en doble vía, en las que el sector privado, cuando actúa como agente corruptor juega un rol fundamental que empieza a ser sancionado. Pero lo grave es que no estamos ante hechos aislados. La corrupción se ha convertido en un comportamiento que afecta los patrones éticos de la sociedad en su conjunto. De allí que muy seguramente tendremos nuevamente un Estatuto Anticorrupción con los dientes limados. Seguiremos entonces atrapados por la retórica de la transparencia mientras la trampa y el atajo siguen su marcha, al vaivén de la puerta giratoria...
sábado, 2 de abril de 2011
Carta al Fondo para la Acción Ambiental sobre Convenio con Anglo Gold Ashanti
Articulos - Denuncias CENSAT AGUA VIVA
Cali, Marzo 26 de 2011 SEÑORES. FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL. Dr, José Luís Gómez DIRECTOR. Leonardo Velásquez Coordinador Fondo Cuenca Mayor del Río Coello. JUNTA DIRECTIVA FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL. REF: Comentarios y una solicitud con relación al Fondo para la Cuenca Mayor del Coello. Convenio Anglo Gold Ashanti y Fondo para la Acción Ambiental. Muy apreciados colegas: Dese hace un par de meses cuando ustedes nos contactaron para solicitar información y apoyo en el diseño del Fondo Cuenca Mayor del Coello (FCMC), hemos sostenido diversas comunicaciones y entrevistas con actores de la Cuenca y a nivel de nuestra Junta Directiva y de nuestra Asamblea. Precisamente esta última ha aprobado enviar a ustedes este mensaje. Muy cordialmente, presentamos este análisis hecho una vez conocida la convocatoria oficial de Fondo Cuenca Mayor del Coello (FCMC). Con este análisis pretendemos aportar argumentos e ideas a las comunidades locales sobre modos de proceder de AGA, y su impacto en el patrimonio ambiental del país: 1. Desde un comienzo, Semillas de Agua no comparte esta iniciativa y, en su momento hicimos llegar a ustedes algunas inquietudes al respecto. 2. Dice el documento público de la convocatoria que el eje de este FCMC es únicamente Mejorar calidad y uso eficiente del agua. En cualquier otra circunstancia, pareciera un objetivo deseable, pero con este contexto de gran minería en la misma cuenca, nos preocupa que queden tácitamente excluidos como criterios de apoyo la conservación aguas arriba, el manejo general de la cuenca, la restauración y la integridad ecosistémica de la región. 3. No se prevé que el proyecto pueda adelantar acciones de conservación o de largo plazo, mas bien serán técnicas concretas como sistemas de potabilización, pozos sépticos, riegos de bajo caudal, …para nada se ven factibles de apoyar las medidas de manejo del territorio o de la Cuenca, todo se centra en técnicas de uso, eso es gravísimo. Los plazos de ejecución lo confirman:6 meses, es apenas el tiempo de instalación de letrinas y pozos sépticos. 4. En este mismo sentido para nosotros resulta claro que no es un proyecto sobre la cuenca del Coello, no toca la Cuenca en su conjunto, el título induce a error!, es para manejo de aguas en donde se les usa. 5. Este no es un proyecto sin contexto, ni financiado por una agencia de cooperación sin intereses diferentes al desarrollo, estamos hablando de una empresa minera con claros y gigantescos intereses económicos en la región y particularmente en el uso potencial del agua, y en cambio de uso del suelo de la región. 6. Dice también el Convenio que el FCMC, tiene por objeto canalizar inversiones adicionales para la “mitigación ambiental asociada a su actividad corporativa”, así que de alguna manera los futuros proyectos aprobados aceptan la actividad corporativa de AGA? Con esto de Valor compartido entre la empresa y la región, estarían aceptando los posibles beneficiarios desde ya, la responsabilidad compartida por la actividad corporativa de AGA? No creen ustedes que es ir demasiado lejos que los proyectos a financiar permitan que se use su razón social en nombre de una mitigación ambiental? 7. Hace un par de semanas se movilizó parte de la comunidad de Anaime contra la iniciativa de AGA en la región. AGA pretende a futuro hacer exploración sobre sus predios, el Fondo para la Acción ha socializado con las comunidades de la cuenca que AGA no solo ya tiene títulos mineros aprobados sobre sus propiedades, sino que además ha hecho una considerable solicitud de nuevos títulos mineros? 8. Es definitivamente comprometedor que se anuncie que las buenas practicas a apoyar serán para mejorar la eficiencia en el uso del agua de la Cuenca…todos sabemos que en un escenario potencial de la fase de explotación, habrá competencia por el agua, se trata de preparar el terreno? Porque no hablamos de mejorar coberturas vegetales, de no cambiar el uso del paisaje? De ampliar áreas de captación? 9. Podría el Fondo para la acción ambiental representar a la comunidades y solicitar que todas las practicas de AGA también estén bajo los principios del Anexo 5? Ahí los potenciales proyectos se comprometen a: no usar materiales contaminantes (estará incluido el Cianuro?), a no usar maquinaria que genere peligros (No se referirán a los volcos de 100 toneladas que seguramente usará AGA?), a contar con las licencias ambientales (por ejemplo previo a la exploración, la sustracción legal del área?), a no generar residuos, a no afectar recursos hídricos, a no generar vertimientos (De ninguna clase?), a no afectar la capacidad de almacenamiento de humedad, a no generar altos consumos de agua (se refieren a que solo AGA tiene derecho a pensar en el uso de grandes volúmenes de agua?) Estos principios solo rigen para los proyectos que apoyaría el FCMC? Cuando se habla de creación de valor compartido empresa región cómo queda este anexo 5?. 10. Cuando el FCMC define que se crearán “valores y visión compartida sobre el desarrollo sostenible de la región en la Cuenca Mayor del Coello” debemos suponer que el desarrollo sostenible de la región se hará según el anexo 5, o que una vez se acabe la fase de exploración y se acabe el Fondo Cuenca Mayor ya no habrán valores, ni visión compartida, ni desarrollo sostenible? 11. Porqué no aparece definitivamente involucrada la autoridad ambiental en la máxima instancia de decisión, pero sí se menciona reiterativamente la orientación del POMCA, quién hablará en representación del POMCA, olvida el FCMC que el POMCA si habla de la cuenca de manera integral? 12. Debe ser de público conocimiento el contrato AGA Fondo ambiental, sus condiciones y el valor del mismo. AGA podrá enviar sus técnicos para ayudar en la formulación a las organizaciones locales? No está prohibida esta maniobra explícitamente?. AGA pondrá contrapartidas para algunos proyectos? 13. Deberían mencionarse los comentarios de todos los entrevistados o citar una página web con esta información, por lo que dice el texto pareciera que todos los consultados aportaron a definir la estructura del FCMC. 14. La instancia de máxima decisión de este FCMC, se compone de dos partes dos representantes del Fondo Acción ambiental y dos de AGA y un tercero especialista en aguas que no dice quién lo nombra, resaltamos el hecho que AGA logró paridad en este comité y preguntamos en razón a que lo logró? Este texto de convocatoria es resultado de la interacción del Fondo para la Acción y AGA? 15. Es posible que el Fondo para la acción no conociera que AGA actuó dentro del marco de la ilegalidad cuando realizó labores de exploración en una zona de Reserva Forestal sin solicitar la sustracción? Y, que nos cuentan algunos agricultores, también exploraron sus parcelas sin permiso alguno? Porqué el Fondo para la acción aparece negociando con una empresa que actúa de esta manera? Hechas estas salvedades y comentarios Semillas de Agua no puede dejar de ver de ver este FCMC como parte de una estrategia de afianzamiento y control de opinión de parte de AGA. Por estos motivos y en razón a la propuesta misional del Fondo ambiental y a la búsqueda del mejoramiento y consolidación de los servicios ecosistémicos, pedimos a ustedes declinar y anular el convenio de manejo de este Fondo y hacer pública una posición a favor de la protección ambiental. No vemos compatible el desarrollo del mandato misional del Fondo Ambiental “Protección de Servicios Ecosistémicos” con este convenio de cooperación con la AGA en el que se suprime deliberadamente todo lo pertinente al manejo integral del recurso, la cuenca y mas aún la protección de los servicios ecosistémicos. También queremos pedir a ustedes que El Fondo para la Acción solicite a AGA una relación de los títulos mineros que posee actualmente y los que ha solicitado, para que los probables “beneficiarios” del proyecto sean concientes y tomen decisiones con información suficiente. A nuestro modo de ver es un engaño que la comunidad participe del proyecto de una empresa que pretende obtener títulos mineros sobre las tierras de las comunidades sin decirlo claramente. El Fondo para la acción como firmante de convenio tiene derecho a exigir estas claridades. . De la manera mas cordial, David Díaz Ruiz. Director Corporación Semillas de Agua. Asamblea General de la Corporación Semillas de Agua
jueves, 31 de marzo de 2011
miércoles, 23 de marzo de 2011
Declaración Jornada en Defensa de los Territorios y contra la Política Minero – Energética
Autor: Red Nacional de Pueblos Afectados por Represas, Embalses y trasvases
Bogotá, 16 de marzo de 2011
Nosotras y nosotros comunidades y organizaciones campesinos, de pescadores, de pequeños mineros, de trabajadores cañeros, de comunidades negras, de mujeres, estudiantiles, sindicales, de acueductos comunitarios, ambientalistas, barriales, de educadores convocamos a la Jornada Nacional en Defensa de los Territorios entre el 14 y 16 de marzo para denunciar que el modelo de desarrollo y la política minero – energética impuestos por el actual gobierno atenta contra la vida, los territorios y la cultura del pueblo Colombiano.
La Jornada Nacional en Defensa de los Territorios tuvo como marco las conmemoraciones del Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Alrededor del mundo diversas comunidades y organizaciones salimos a las calles para manifestarnos a través de marchas, plantones y eventos educativos, en nuestra jornada recordamos a nuestros mártires a quienes les han arrebatado su vida por defender su territorio y su cultura: Kimy y Lucindo Domicó, Alberto Alzate, Honorio Llorente, Marco Salamanca, Hebert Sony, Luis Arango. Para honrar su vida, continuamos en resistencia.
Nosotras y nosotros nos reconocemos como pueblos de montañas, de ríos, de humedales, de selvas, ricos en biodiversidad y culturas; nos reconocemos como constructores de estos territorios, en los cuales está nuestra historia, porque en ellos habitaron nuestros ancestros, tal como queremos que lo hagan nuestros hijos y nietos; nos reconocemos como defensores de la vida, amamos las aguas y nuestros paisajes, somos mujeres y hombres que construimos y defendemos la soberanía territorial, alimentaria, energética, por eso expresamos descontento y rechazo a la imposición de megaproyectos mineros e hidroeléctricos que buscan desterritorializar las formas de tradicionales de sobrevivencia cercanas a la tierra y a la vida.
Las comunidades denunciamos que en Colombia, los proyectos mineros y energéticos se realizan por empresas transnacionales y nacionales en las cuales prima el interés económico; mientras se represan y trasvasan los ríos, se otorgan licencias mineras sobre páramos, altas montañas, humedales y otras áreas protegidas, se militarizan territorios, se cometen abusos laborales con los trabajadores y se desplazan comunidades campesinas, indígenas, de pescadores y de pequeños mineros, mientras se asesinan, amenazan y desaparecen líderes sociales, como a nuestra compañera ambientalista Sandra Viviana Cuellar, desaparecida el pasado 17 de febrero. Repudiamos su desaparición y demandamos al gobierno nacional su búsqueda hasta encontrarla.
Se atropellan a las comunidades, como sucedió el pasado 14 de marzo, cuando miembros del Movimiento Social en Defensa del Río Somagoso fueron atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios dejando heridos a Eliecer Jaimes Mejía pescador de Puerto Wilches, Manuel Montaño Ramos pescador de Puerto Wilches, Edinson Gómez campesino de la Fortuna, Pedro Noel Acevedo trabajador de Isagen y, Jair Fonseca, campesino de la Fortuna.
En las regiones con megaproyectos minero – energéticos, las empresas han engañado al campesinado para que acepte la negociación de sus tierras, han destruido las formas de vida campesina. Por su lado, el gobierno nacional ha flexibilizando las leyes y normas ambientales, mineras y energéticas y en general, ha violado los principios constitucionales para favorecer los intereses de las grandes empresas transnacionales. Esta situación sigue atentando y amenazando la soberanía alimentaria, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores que laboran en estos proyectos, contaminando suelos, aguas, aire y atentando contra las futuras generaciones.
Durante la Jornada Nacional que inició el 14 de marzo, las comunidades de Asoquimbo, el Movimiento en Defensa del Río Sogamoso y las comunidades organizadas de la región Ituango, movilizaron miles de personas para gritar que “las aguas son para la vida y no para la muerte”, como una forma de rechazar los proyectos hidroeléctricos que podrían desplazar miles de comunidades de pescadores y campesinos de los ríos Sogamoso, Magdalena y Cauca, amenazando la soberanía alimentaria no sólo de estas regiones sino todo del país. Seguimos el ejemplo del pueblo santandereano y norte santandereano que movilizó más de 40 mil personas en Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona, más para decir NO a la mega minería en el páramo de Santurban, el pasado 25 de febrero, pese a la represión y criminalización que aún tiene lugar en el país
En la Jornada en Defensa de los Territorios pudimos evidenciar otras expresiones que se alzan en el país para frenar este proyecto: las comunidades negras del Río Anchicayá, los campesinos, negros y pequeños mineros del Norte del Cauca, las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, las comunidades campesinas de Cajamarca y pobladores de Ibagué, las mujeres y pequeños mineros afectados por Hidroituango, los trabajadores corteros del Valle del Cauca, los campesinos y pescadores del Bajo Sinú, del Río Sogamoso y pobladores de Bucaramanga, los campesinos y ambientalistas del río Guarinó. Cada uno de los representantes de estas comunidades nos contaron de sus acciones para defender los territorios, además que expresaron su rechazo a estos megaproyectos que ha transformado su vida y afectan o podrán afectar sus territorios.
Sin duda, cada una de las organizaciones manifestó su rechazo a las locomotoras de para el crecimiento del gobierno Santos, las cuales atropellan a los territorios y a los pueblos que los construyen.
Por todo ello, las organizaciones participantes en la Jornada hacemos un llamado para:
v Rechazar los megaproyectos mineros e hidroeléctricos que destruyen los territorios y atentan contra la vida de la gente.
v Seguir trabajando unidos para defender la vida y los territorios, a través de nuestros procesos organizativos y nuestras redes; emulando los ejemplos de los diferentes procesos sociales y consolidar frentes de movilización sociales y ambientales amplios, en defensa del territorio, la cultura y la vida en lo local.
v Continuar demandando el respeto por los derechos de los pueblos y los trabajadores a la salud y a la vida;
v Respaldar la recientemente constituida mesa de trabajo convocada por el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso, surgida de las movilizaciones de la Jornada por los Defensa de los Territorios y exigimos respeto y garantías para su ejercicio democrático
v Seguir manteniendo la movilización hasta que nuestra voz sea una sola voz que diga si a la vida y no a las transnacionales ni a los megaproyectos de muerte
v Proponer otros modelos de sociedad y culturas adaptativas que permitan replantear la política minero energética del país frente a la crisis civilizatoria.
v Reivindicamos las zonas de reserva campesina como alternativa a las represas y como verdadera estrategia para superar la crisis ambiental y alcanzar el buen vivir.
v Las autoridades nacionales y regionales investiguen los hechos sucedidos el pasado 14 de marzo en la movilización pacífica realizada frente a las instalaciones de ISAGEN en el sitio Tienda Nueva e invitamos a la ciudadanía a denunciar a Isagen y a la Policía Nacional por los abusos allí cometidos.
v Realizar un juicio político a los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Hacienda por favorecer los intereses de las transnacionales antes que los de las y los colombianos.
v Adelantar un juicio ético, político y económico a la empresa del estado ISAGEN por sus políticas irresponsable y erráticas frente al patrimonio natural, social y empresarial en su administración y gestión en los casos del complejo hidroeléctrico del Oriente de Caldas, Hidrosogamoso en Santander y el proyecto Amoya en el Tolima.
v Realizar un llamado al pueblo colombiano para visibilizar y transformar las huellas del desarrollo de los megaproyectos minero y energético en el territorio, la cultura y la vida y organizar conjuntamente una gran audiencia pública contra los megaproyectos minero energéticos y por una política minera – energética que garantice la soberanía energética, alimentaria y los territorios y que supere el actual modelo energético del país.
Demandamos del Gobierno nacional:
Ø La transformación de la política minero energética del país previo un verdadero proceso de consulta que permita a las comunidades y sus organizaciones participar en la formulación de las nuevas políticas minero – energéticas.
Ø Garantías para los defensores de la vida, para el libre ejercicio democrático, nuestro derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión y repudiamos el uso de la fuerza pública por parte del gobierno nacional.
Ø Que se detengan todos los megaproyectos mineros y energéticos que atentan contra los territorios y los pueblos; por eso demandamos la cancelación de los proyectos El Quimbo, la Colosa, Hidrosogamoso, Ituango, Angostura porque atentan contra los territorios y los pueblos y se desmantelen las represas que han contaminado y destruido los territorios, como Anchicayá, Salvajina, Urra I, La Miel, El Prado, Betania y se compensen a las comunidades por los impactos que estos proyectos han ocasionado.
Ø Que cumpla con las normas que desde hace décadas protegen los páramos, los humedales y las aguas frente a los mega proyectos, especialmente minero energéticos.
Ø Que sus instituciones y entidades cumplan a cabalidad con sus deberes constitucionales en defensa de las poblaciones y del patrimonio nacional.
Ø La cancelación de los títulos mineros otorgados de manera inconsulta a particulares y a transnacionales en el Consejo Comunitario La Toma, en Suárez, Cauca.
Ø El reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
RIOS PARA LA VIDA Y NO PARA LA MUERTE
AGUA SI, ORO NO
AGUA SI, REPRESAS NO
EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE.
Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases
Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto El Quimbo – ASOQUIMBO
Organización de Negros Unidos por los Intereses y la Defensa del Río Anchicayá – ONUIRA
Asociación Movimiento 14 de Junio de los Trabajadores de la Industria Azucarera
Red Frente a la Gran Minería Transnacional – RECLAME
Comunidades afectadas por el proyecto minero La Colosa
Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso
Comité de Defensa del Páramo San Turbán
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales
Movimiento por la defensa de los Ríos del Oriente de Caldas, No al Trasvase del río Guarinó y Manso.
Plataforma DESC
Temas:
miércoles, 16 de marzo de 2011
Se abre paso la “mineropolítica” en Colombia
Se abre paso la “mineropolítica” en Colombia En Colombia la mal llamada política de confianza inversionista impulsada por el mandato de Álvaro Uribe Vélez y continuada al pie de la letra por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha servido no só...lo para entregarle toda clase de gabelas tributarias al capital especulativo internacional, sino para “regalarle” 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con las funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente que ello acarrea. Esa fue una de las conclusiones del conversatorio Geopolítica e impactos de la megaminería que organizó el pasado 12 de marzo en el Hotel Dann, la Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento (FUNDOC) que dirige el investigador social Rafael Ángel Rivera. Para uno de los expositores, el ingeniero forestal Luis Carlos Hernández, una de las graves consecuencias que tendrá para el país la explotación de oro a cielo abierto es que se abre paso “la mineropolítica” muy similar al fenómeno de la “parapolítica”. En efecto, las transnacionales de la minería interesadas en que el gobierno nacional les expida en forma expedita las licencias de explotación en zonas estratégicas del país como el páramo de Santurbán en Santander y La Colosa, en el municipio tolimense de Cajamarca, no sólo comprarán dirigentes políticos y sociales sino que lograrán infiltrar a amplios sectores del Estado para obtener mediante millonarias coimas, todas las garantías y gabelas que requieran. Es decir pondrán al Estado a su servicio. Pero es más, aprovecharán que este año es electoral para financiar candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas con el fin de tener a buen parte de la dirigencia política colombianas de diversas regiones del país de su lado. Si en el municipio de Cajamarca, la transnacional Anglo Gold Ashanti invirtió sólo en 2008 la suma de 330 mil millones de pesos en lo que en el lenguaje neoliberal se denomina “gobernanza”, que no es otra cosa que comprar medios de comunicación, dirigentes políticos y sociales para alinearlos a sus intereses, y tratar de mostrar como de gran importancia la “inversión extranjera” en beneficio del desarrollo de la región, es evidente que habrá ríos de dinero por parte de estas empresas mineras en este año que para ellas es estratégico para cooptar y obtener apoyos políticos. Los impactos en La Colosa Durante el foro de FUNDOC se hizo una pormenorizada exposición sobre los impactos negativos que tendrá para el municipio de Cajamarca la explotación de la mina de oro de la Colosa por parte de la Anglo Gold Ashanti. El ingeniero Luis Carlos Hernández y el coordinador general de la Fundación Ecotierra, Evelio Campos, explicaron cómo este complejo minero hace parte de una estrategia para copar una gran extensión del sector central de la geografía colombiana con miras a explotar recursos naturales que enlaza con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), proyecto espoliador impulsado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En efecto, los corredores del IIRSA y del Plan Puebla-Panamá (ahora rebautizado como Plan Mesoamérica), del cual también hace parte Colombia, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, son exactamente eso: inversión del gran capital transnacional para el despojo, que se hace destruyendo ecosistemas y desplazando pueblos. Para ello, los gobiernos comprometidos en proteger los intereses del gran capital financiero especulativo en el ámbito internacional, como es el caso colombiano, utilizan escuadrones militares o paramilitares, para hacer “limpieza social” en las zonas objeto de los planes extractivistas. En el caso de la mina de La Colosa, ese trabajo de “limpieza” del territorio se hizo entre 2002 y 2008, lapso en el cual se reportaron 103 violaciones de derechos humanos en el municipio de Cajamarca, según reportes del CINEP. Igualmente, el activista social y catedrático de la Universidad del Tolima, Renzo García señaló que la explotación en esa mina tendrá un impacto directo en la disminución notable de la producción agropecuaria de la región. No es posible que de la noche a la mañana se quiera cambiar la vocación agrícola de la región que es factor fundamental en la seguridad alimentaria, para darle paso a la explotación minera que va a traer como consecuencia desplazamiento humano, depredación ecológica y afectación económica y laboral, señaló García. Igualmente, el representante de Pax Christi para Colombia, Rodrigo Rojas Orozco, hizo énfasis en los riegos de seguridad que representa para la comunidad de Cajamarca la presencia de Anglo Gold Ashanti, puesto que la explotación minera de esta compañía es proclive para atizar fenómenos de violencia como atentados, secuestros, lavado de dinero, tráfico de drogas, robos, prostitución, etc. Más aún, señaló Rojas Orozco, cuando en esta zona hay total ausencia de un entorno amigable para las operaciones de esta transnacional y lo que impera es un clima de polarización en el municipio. En el ámbito ecológico, explicaron los activistas sociales, el oro que Anglo Gold Ashanti planea sacar de La Colosa es microscópico, no es de veta, y en consecuencia hay que utilizar una serie de químicos como el cianuro y hacer grandes excavaciones de tierra, produciendo una catástrofe ecológica monumental. Neoliberalismo por las malas Por su parte, Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME), señaló que la minería de cielo abierto es una necesidad de las potencias por controlar el suelo, el subsuelo, el agua y el aire de países como los de América Latina. Y el caso de Colombia en el que gobiernos de la catadura entregusita de Uribe Vélez y Santos Calderón se inscriben dentro del esquema de mantener e impulsar un modelo neoliberal por las buenas o por las malas, impuesto además por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se trata, puntualizó Valencia de imponer la globalización capitalista con un arma en la sien. Bogotá, marzo 14 de 2011. http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Ase-abre-paso-la-mineropolitica-en-colombia&catid=64%3Anacionales&Itemid=48
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