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sábado, 9 de febrero de 2013

NO MÁS URIBE–COMPARTELO, ENVIALO, DISTRIBUYELO–NO TE QUEDES QUIETO QUE NOS LLEVA EL DIABLO

NO+URIBE

Estamos implementando una cadena de 1x10, para ayudar a salvar a Colombia

Envía este mensaje, hoy mismo, a 10 personas más y pídeles que continúen. Implementa tu 1x10 y haz posible que este mensaje pueda llegar a 10 millones de personas en los próximos 10 días

Por una Colombia donde exista el Estado de Derecho y se castigue al delincuente y al ladrón de cuello blanco. Donde nuestros recursos no sean dilapidados,

NO MAS :

parapolítica + falsos positivos + chuzaDAS + yidispolítica + agro robo seguro + enrquecimiento de sus hijos +roscograma + feria de notarías + zonas francas + ternas para elegir Fiscal amañadas + amigos con antecedentes judiciales+ estigmatización a políticos opositores + palmicultura en tierras de desplazados + pacto de ralito + inconstitucionalidad + ilegalidad + indolencia con los secuestrados + bases gringas + transfuguismo + amenazas a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces + incentivación de la polarización de los colombianos + nombramiento de funcionarios ineptos + mentiras democráticas + Jose Obdulio su asesor primo de Pablo Escobar + Jorge Noguera + job + corrupción + aumento de la miseria + impunidad parlamentaria + eliminación de impuestos a los más ricos + aumento de los desplazados.

Si nos quedamos quietos, URIBE continuará haciendo lo que le venga en gana.

Su gran ventaja ha sido nuestra apatía ¿Hasta cuando la apatía y la falta de reacción de nuestro pueblo?. Recordemos que los dictadores llegan hasta donde su pueblo los deja llevar.

¡Ya basta de abusos!.

Decide

 

jueves, 31 de marzo de 2011

ALERTA : Carta secreta de Javier Cáceres al presidente Uribe: “Código de Minas no fue aprobado por el Congreso”

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Foto archivo / Javier Cáceres (izq) y Álvaro Uribe (der)

Por: RCN La Radio

RCN Radio Noticias de la Mañana conoció una carta hasta hoy secreta, en la que el entonces presidente del Senado, Javier Cáceres Leal, le advierte al presidente Álvaro Uribe que la ley que le dio vía libre al Código de Minas, nunca fue aprobada por el Congreso.

La misiva de tres páginas, fechada el 15 de julio de 2010, sostiene que el Secretario General del Senado, Emilio Otero, el 4 de febrero de 2010, sin autorización del presidente de la corporación, envió al Palacio de Nariño el texto de la ley para su sanción presidencial, pese a que el proyecto había quedado archivado desde el 15 de diciembre de 2009 ante la falta de un acuerdo entre Senado y Cámara para darle vía libre a la iniciativa.
En su carta, Javier Cáceres textualmente le dice al presidente Uribe: “…quiero manifestar que no es cierto lo que aparece en oficio del 4 de febrero de 2010, suscrito por la Secretaría General del Senado, donde se manifiesta que “por instrucciones del doctor Javier Cáceres Leal y en consideración al retiro de objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, se envió el expediente legislativo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para la respectiva sanción presidencial”.
El nuevo Código de Minas establece reglas de protección para evitar que zonas de reserva forestal, como los páramos, sean depredadas por proyectos mineros legales o ilegales, al tiempo que establece reglas de juego claras para quienes trabajan en la minería.
La carta secreta del senador Cáceres, no sólo pone a tambalear el Código de Minas, que enfrenta ocho demandas en la Corte Constitucional, sino de paso al Secretario General del Senado, Emilio Otero, quien está pensando en renunciar a su cargo para lanzarse como candidato a la Gobernación de Córdoba.
Tras conocer las denuncias de RCN Radio Noticias de la Mañana, la Procuraduría General de la Nación ordenó una inspección inmediata para revisar en el Congreso el trámite que tuvo la ley y para establecer si hubo extralimitación de funciones o incluso falsedades por parte del Secretario del Senado.
Aunque inicialmente el texto del Código de Minas había sido aprobado por el Congreso en junio de 2009, la existencia de un “mico” que habilitaba el trabajo de dragas en el Chocó llevó al Gobierno a objetar el proyecto. La Cámara respaldó los argumentos del Ejecutivo, pero no pasó lo mismo en el Senado, que en la sesión del 15 de diciembre de 2009 votó dos veces las objeciones y las dos veces hubo empate, es decir no tomó una decisión de fondo.
Según el artículo 200 del reglamento del Congreso, cuando no hay acuerdo entre Senado y Cámara, el proyecto debe ser archivado. El Gobierno, en un intento por salvar la iniciativa retiró sus objeciones, pero según el Senador Cáceres, lo hizo de manera extemporánea, ya que como no había nada que hacer el texto había quedado archivado y por eso no podía ser enviado a la Casa de Nariño para la sanción presidencial.
“… En ningún momento dí instrucciones para que se surtiera el trámite de la sanción presidencial ante su Despacho, ni he ordenado el retiro de objeciones presentadas por el Gobierno Nacional…”, insiste el entonces senador Cáceres en su carta al jefe de Estado.
El Secretario General del Senado no quiso hablar en público con RCN Radio Noticias de la Mañana, aunque en privado aseguró que en ningún momento suplantó el entonces presidente del Congreso, Javier Cáceres.

Fuentes del Gobierno aseguraron que lo más grave de esta denuncia es que si la Corte Constitucional tumba el Código de Minas, el Ejecutivo se queda sin argumentos para negar solicitudes de explotación minera como la de Greystar en el Páramo de Santurbán, en Santander.

Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www2.rcnradio.com/noticias/31-03-11/carta-secreta-de-javier-c-ceres-al-presidente-uribe-c-digo-de-minas-no-fue-aprobad#ixzz1IDey1498

miércoles, 16 de marzo de 2011

Se abre paso la “mineropolítica” en Colombia

Se abre paso la “mineropolítica” en Colombia   En Colombia la mal llamada política de confianza inversionista impulsada por el mandato de Álvaro Uribe Vélez y continuada al pie de la letra por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha servido no só...lo para entregarle toda clase de gabelas tributarias al capital especulativo internacional, sino para “regalarle” 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con las funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente que ello acarrea.   Esa fue una de las conclusiones del conversatorio Geopolítica e impactos de la megaminería que organizó el pasado 12 de marzo en el Hotel Dann, la Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento (FUNDOC) que dirige el investigador social Rafael Ángel Rivera.   Para uno de los expositores, el ingeniero forestal Luis Carlos Hernández, una de las graves consecuencias que tendrá para el país la explotación de oro a cielo abierto es que se abre paso “la mineropolítica” muy similar al fenómeno de la “parapolítica”.   En efecto, las transnacionales de la minería interesadas en que el gobierno nacional les expida en forma expedita las licencias de explotación en zonas estratégicas del país como el páramo de Santurbán en Santander y La Colosa, en el municipio tolimense de Cajamarca, no sólo comprarán dirigentes políticos y sociales sino que lograrán infiltrar a amplios sectores del Estado para obtener mediante millonarias coimas, todas las garantías y gabelas que requieran. Es decir pondrán al Estado a su servicio.   Pero es más, aprovecharán que este año es electoral para financiar candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas con el fin de tener a buen parte de la dirigencia política colombianas de diversas regiones del país de su lado.   Si en el municipio de Cajamarca, la transnacional Anglo Gold Ashanti invirtió sólo en 2008 la suma de 330 mil millones de pesos en lo que en el lenguaje neoliberal se denomina “gobernanza”, que no es otra cosa que comprar medios de comunicación, dirigentes políticos y sociales para alinearlos a sus intereses, y tratar de mostrar como de gran importancia la “inversión extranjera” en beneficio del desarrollo de la región, es evidente que habrá ríos de dinero por parte de estas empresas mineras en este año que para ellas es estratégico para cooptar y obtener apoyos políticos.   Los impactos en La Colosa   Durante el foro de FUNDOC se hizo una pormenorizada exposición sobre los impactos negativos que tendrá para el municipio de Cajamarca la explotación de la mina de oro de la Colosa por parte de la Anglo Gold Ashanti.   El ingeniero Luis Carlos Hernández y el coordinador general de la Fundación Ecotierra, Evelio Campos, explicaron cómo este complejo minero hace parte de una estrategia para copar una gran extensión del sector central de la geografía colombiana con miras a explotar recursos naturales que enlaza con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), proyecto espoliador impulsado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).   En efecto, los corredores del IIRSA y del Plan Puebla-Panamá (ahora rebautizado como Plan Mesoamérica), del cual también hace parte Colombia, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, son exactamente eso: inversión del gran capital transnacional para el despojo, que se hace destruyendo ecosistemas y desplazando pueblos.   Para ello, los gobiernos comprometidos en proteger los intereses del gran capital financiero especulativo en el ámbito internacional, como es el caso colombiano, utilizan escuadrones militares o paramilitares, para hacer “limpieza social” en las zonas objeto de los planes extractivistas.   En el caso de la mina de La Colosa, ese trabajo de “limpieza” del territorio se hizo entre 2002 y 2008, lapso en el cual se reportaron 103 violaciones de derechos humanos en el municipio de Cajamarca, según reportes del CINEP.   Igualmente, el activista social y catedrático de la Universidad del Tolima, Renzo García señaló que la explotación en esa mina tendrá un impacto directo en la disminución notable de la producción agropecuaria de la región.   No es posible que de la noche a la mañana se quiera cambiar la vocación agrícola de la región que es factor fundamental en la seguridad alimentaria, para darle paso a la explotación minera que va a traer como consecuencia desplazamiento humano, depredación ecológica y afectación económica y laboral, señaló García.   Igualmente, el representante de Pax Christi para Colombia, Rodrigo Rojas Orozco, hizo énfasis en los riegos de seguridad que representa para la comunidad de Cajamarca la presencia de Anglo Gold Ashanti, puesto que la explotación minera de esta compañía es proclive para atizar fenómenos de violencia como atentados, secuestros, lavado de dinero, tráfico de drogas, robos, prostitución, etc.   Más aún, señaló Rojas Orozco, cuando en esta zona hay total ausencia de un entorno amigable para las operaciones de esta transnacional y lo que impera es un clima de polarización en el municipio.   En el ámbito ecológico, explicaron los activistas sociales, el oro que Anglo Gold Ashanti planea sacar de La Colosa es microscópico, no es de veta, y en consecuencia hay que utilizar una serie de químicos como el cianuro y hacer grandes excavaciones de tierra, produciendo una catástrofe ecológica monumental.   Neoliberalismo por las malas   Por su parte, Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME), señaló que la minería de cielo abierto es una necesidad de las potencias por controlar el suelo, el subsuelo, el agua y el aire de países como los de América Latina.   Y el caso de Colombia en el que gobiernos de la catadura entregusita de Uribe Vélez y Santos Calderón se inscriben dentro del esquema de mantener e impulsar un modelo neoliberal por las buenas o por las malas, impuesto además por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.   Se trata, puntualizó Valencia de imponer la globalización capitalista con un arma en la sien.   Bogotá, marzo 14 de 2011.   http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Ase-abre-paso-la-mineropolitica-en-colombia&catid=64%3Anacionales&Itemid=48

miércoles, 16 de junio de 2010

Transversal de las Américas: No destapar el Darién en Colombia

En el polémico trazado se encuentra la cuenca del río Cacarica, en el bajo Atrato, al noroccidente de Colombia, en el departamento del Chocó limítrofe con Panamá. Justo en este punto confluye la biodiversidad de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. En términos ecológicos forma parte de la ecoregión de Bosques Húmedos Chocó-Darién, una de las más ricas en especies de zonas de tierras bajas en el mundo. La excepcional abundancia y endemismo incluye plantas, aves, anfibios y mariposas.
Precisamente en el denominado Tapón del Darién está planificada la construcción del trayecto Palo de Letras- Cacarica- Lomas Aisladas (62 kms.), y el puente Cacarica, sobre el río Atrato. Estas obras atravesarán el Parque Nacional Los Katios, declarado en 1994 Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO.
Las leyes y normativas nacionales e internacionales son desconocidas por los impulsores del proyecto de la Transversal de las Américas: los habitantes de la zona del río Cacarica, numerosas comunidades indígenas, afrocolombianos y mestizos, que dependen fuertemente de los ecosistemas y legítimos habitantes del territorio, ni siquiera han sido oficialmente informados ni consultados.
Comunidades locales como las de Autodeterminación Vida y Dignidad- CAVIDA, se oponen a este tramo de la carretera y manifiestan su “preocupación por el desarrollo del megaproyecto Transversal de las Américas, el cual amenaza nuestra supervivencia en nuestro territorio tradicional y pone en riesgo la persistencia de la alta diversidad biológica que lo habita. Tenemos derecho a trabajar en lo que es nuestro, a vivir en lo que nos pertenece”.
Al otro lado de la frontera, la opinión pública y sucesivos gobiernos panameños se han opuesto a la obra, por temor a que el conflicto colombiano traspase sus fronteras ingresando a Panamá, así como por la intención de proteger los recursos ambientales.
En menos de cuatro años se estará construyendo la Transversal de las Américas (desde Paraguachón, en la frontera con Venezuela, hasta Palo de Letras, en la frontera con Panamá), que tendrá un impacto sin precedentes sobre los habitantes de la zona y el medio ambiente. El proyecto se enmarca en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sudamérica IIRSA y el Plan Mesoamérica (anteriormente denominado Plan Puebla Panamá). En este sentido, ministerios de planificación e infraestructura de la región, altos funcionarios de los bancos multilaterales, empresarios financieros, firmas de ingeniería, proveedores de maquinaria, equipos y servicios, ya están planificando cómo repartirse el jugoso pastel.
El presidente colombiano asegura que “desde el punto de vista ambiental me preocupa muchísimo no tener manera de que toda la gente sensibilizada del cuidado ambiental acceda a esos tesoros”. Pero los documentos que habilitan el proyecto no preveen el “cuidado ambiental”. En su lugar, hablan de “los tratados comerciales y la globalización demandan infraestructuras de transporte (carreteras) con óptimas especificaciones técnicas, que provean corredores seguros y confiables que reduzcan los costos de operación y por ende el precio final de los productos, estimulan la inversión y aumentan la competitividad del país”.
La construcción de una carretera y un acceso más directo a los tesoros naturales será sin duda alguna sinónimo de destrucción, ya que se facilita la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Y es por eso, por lo que se denuncia desde el lugar que la ambiciosa mirada de sectores empresariales que se han benefician del paramilitarismo están puestas en la Transversal de las Américas. Desde CAVIDA denuncian que “en el bajo Atrato chocoano somos vistos por los desplazadores como un obstáculo para realizar ‘sus’ proyectos que solo benefician a los que están detrás de la implementación de megaproyectos económicos y proyectos industriales como el de la palma aceitera,el banano y la explotación irracional de los recursos maderables”.

Si usted desea expresar su apoyo a la preocupación de la Fundación Bosque Tropica, escriba al presidente colombiano y al ministro de transporte en estas dirección:

uribe@presidencia.gov.co, mintrans@mintransporte.gov.co, quejasyreclamos@mintransporte.gov.co, ppdh@presidencia.gov.co, comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Presidente Sr. Álvaro Uribe Vélez
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafe de Bogota COLOMBIA
Teléfono: (00 57 1) 566 2071   (00 57 1) 566 2071
Fax: (00 57 1) 286 74 34

Ministro de Transporte Sr. Andrés Uriel Gallego Henao
Ministerio de Transporte
Avenida el Dorado C.A.N. -
Bogotá, D.C, Colombia
Teléfono: (00 571) 3240800   (00 571) 3240800

CC:
Francisco Santos Calderón
Vicepresidente de la República
Carrera 8a, No. 7-57
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: (00 57 1) 444 21 20   (00 57 1) 444 21 20
Fax: (00 57 1) 444 21 58


Presidente Sr. Álvaro Uribe Vélez
Ministro de Transporte Sr. Andrés Uriel Gallego Henao
En apoyo a la preocupación de las Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad me dirijo a usted con las siguientes inquietudes:
El Megaproyecto Trasversal de las Américas no corresponde a las necesidades y formas de relacionarse con la naturaleza de las comunidades locales, por ejemplo en la cuenca del río Cacarica, en el bajo Atrato. Por el contrario, ignora los patrones tradicionales de movilidad, que se arraigan en una cultura fluvial que armoniza con las condiciones biofísicas del entorno y con el contexto socio-cultural de la región. En nombre de este tipo de desarrollo, ya se ha ejercido aquí y se ejerce en otros lugares de Colombia, gran violencia contra las comunidades. Lo que está en riesgo aquí es vida: la vida humana y natural.
La normatividad internacional, específicamente el convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 y la normatividad nacional, especialmente la Ley 70 de 1993, confiere a las comunidades el derecho a ser consultados previamente, cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, o cuando se adelanten medidas legislativas y administrativas, susceptibles de afectarlos. En este caso, este derecho no ha sido ejercido por las comunidades. Más bien, de forma inconsulta, se trata de imponer un modelo de “desarrollo”, así como la inserción forzada en el comercio internacional y la globalización, todo lo cual atenúa el empoderamiento económico y sociocultural de las comunidades.
La construcción de esta carretera crea fuertes presiones sobre los territorios comunitarios, debido a la valorización y especulación que se genera sobre los mismos. Es de resaltar que muchos empresarios y personas naturales foráneas, ya están tratando que adquirir tierras en este lugar con el fin de aumentar sus riqueza vía posesión de la tierra y de sus recursos.
La construcción, funcionamiento y mantenimiento de la Transversal de las Américas tendrá significativas consecuencias en los ecosistemas y especies del Tapón del Darién, ubicados en la zona de influencia de este proyecto, como los pantanos que sirven de refugio a un importante número de aves migratorias y de peces, los cuales deberán ser alterados para darle firmeza a la carretera. De igual forma el cambio del régimen hídrico de estos humedales puede generar condiciones inadecuadas para la persistencia de las especies que los habitan de forma permanente y temporal. Cabe destacar que esta carretera atravesará una de las selvas húmedas tropicales más importantes, donde habita un significativo número de especies amenazadas y endémicas, además de los múltiples bienes y servicios ambientales que ofrece como la captura de CO2, la regulación hídrica y la provisión de productos silvícolas para la subsistencia de las poblaciones locales.
La condición de poca penetrabilidad que exhibe el Tapón del Darién quizás sea una de las principales causas de su estado de conservación relativamente estable. La apertura de esta carretera inducirá a la devastación de este ecosistema de selva húmeda tropical y al saqueo de sus recursos biológicos y minerales. Tal como ha sucedido en otras experiencias del sector vial.
La alta biodiversidad y complejidad ecosistémica que presenta el Tapón del Darién hoy, es el resultado de largos y complejos procesos evolutivos, migratorios y adaptativos. Sin embargo, su devastación pude ser cuestión de unos pocos años, tal como se prevé que puede suceder con la construcción de la Trasversal de las Américas. Bajo este panorama es muy posible que las venideras generaciones no alcancen a conocer muchas de las especies y de los lugares que son parte del disfrute cotidiano hoy día para las poblaciones locales.
Por todos los argumentos expuestos, solicito a usted:
- el cese inmediato de las actividades de licitación de la Transversal de las Américas, porque el riesgo que está significando para la vida e integridad de las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan en el territorio, y por el desconocimiento que se hace de las comunidades, ignorando el artículo 169 de la OIT presente los Estudios de Impacto Ambiental sobre la selva del Darién, y entregue a todas las comunidades afectadas los planes de obras de infraestructura y agronegocios que pretende desarrollar el gobierno con desconocimiento y desinformación hasta la fecha de las comunidades que allí habitan
Y planteo las siguientes preguntas:
¿Qué garantías existen de que, abierto el Tapón del Darién, quienes se beneficien de las hectáreas de tierra que habitan comunidades indígenas y afrodescendientes no sean la ganadería extensiva y el cultivo de palma africana?
¿Quién garantiza que los indígenas y afrodescendientes que habitan el Tapón del Darién y sus inmediaciones no terminarán engrosando las filas del desplazamiento? Y si bien la carretera tiene la bendición del Gobierno, ¿la tiene también de las minorías étnicas a las que por Ley es preciso consultar?
Esperando respuestas concretas y detalladas a estas solicitudes y preguntas, me despido atentamente,