Autora: CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
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En el año 2000, la Comisión Mundial de Presas ratificó los graves impactos que las presas producen en la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y en las poblaciones afectadas, millones de personas sin rostro obligadas a desplazarse en nombre de un progreso injusto e insostenible. Ese mismo año se llenaba la presa Urrá I sobre el río Sinú, en el Resguardo de los Embera Katío, en Colombia. Culminaba un proceso que, desde 1963, conllevó graves violaciones de los derechos humanos de este pueblo: desplazamientos por inundación de tierras, extinción del pescado en sus ríos, incremento de enfermedades tropicales, asesinatos, secuestros y decomiso de bienes por parte de los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilla) y del Ejército.
En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Embera Katío y ordenó que se investigara y juzgara a los responsables de estas violaciones. Pero las medidas no llegan y el resguardo sigue en medio del fuego cruzado de intereses y actores armados. La Comisión Colombiana de Juristas y el informe A/HRC/15/34 de 2010, elaborado tras la visita del Relator Especial de Naciones Unidas, han dado cumplidos detalles de esta situación de indefensión.
La nueva amenaza es la construcción del megaproyecto Urrá II o Proyecto río Sinú, que inundaría 50.000 hectáreas de selva tropical y afectaría a tres de los ríos de los Embera. El Estado colombiano se comprometió a no construir Urrá II, pero no está claro que vaya a cumplir. Ahora que los focos mediáticos enfocan a Colombia por las elecciones presidenciales, organizaciones que hacen seguimiento de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese país llaman a la comunidad internacional a mirar más allá de la contienda electoral y a firmar una carta para el futuro presidente: www.seipaz.org.
En particular, reclaman atención y apoyo para la supervivencia de los Embera Katío, de su cultura y sus reivindicaciones. Básicamente, que se abandone la construcción de la presa Urrá II; que el Resguardo se declare zona de paz –con acompañamiento internacional y retirada de todos los grupos armados– y que el Gobierno de la nación vele por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de su población: el derecho a la vida, al territorio y la soberanía, a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente sano.
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