martes, 3 de mayo de 2011

La explotación de oro en los resguardos indígenas Awá avanza destruyendo nuestro territorio – S.O.S. ALERTA !! VER Y PASAR!

  Autoridades indigenas Awá - Unipa / Martes 3 de mayo de 2011

Como hemos venido denunciando en diferentes ocasiones, la explotación ilegal del oro está destruyendo nuestra madre tierra y pone en peligro la biodiversidad de nuestro territorio; por más que intentamos vivir tranquilos en nuestras comunidades, cada vez nos vemos más amenazados por diferentes problemáticas que confluyen en ellas.

El resguardo Hojal La Turbia se encuentra ubicado en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño – Colombia, en la frontera con la hermana república del Ecuador y en extensión es uno de los más grandes con los que cuentan las comunidades Awá; desde hace ya varios meses dentro de él se viene realizando explotaciones de oro de manera ilegal, pues han violado nuestro derecho a la consulta y concertación previa con nuestras autoridades y lo único que hacen es destruir el territorio que ha sido heredado de nuestros mayores y que por ley nos pertenece.

Hojal la Turbia, como casi todo nuestro territorio es rico en fuentes hídricas y este tipo de prácticas mineras acaban con el frágil suelo fértil, contaminan el agua con tóxicos, la misma que nosotros utilizamos para consumo personal y el riego de nuestros cultivos; 1para extraer un solo gramo de oro se utiliza 1000 litros de agua por segundo, cantidad que por día es utilizada en una ciudad con 600.000 habitantes; ¿se imaginan el daño al que nos enfrentamos en nuestras comunidades?

Además encontramos que a través de la minería de oro se utiliza químicos peligrosos para el desarrollo de nuestra vida, como el cianuro, el arsénico y el mercurio, pueden creer ¿que a todos estos componentes que bajan por las corrientes de agua les sumamos el glifosato que nos llegan por aspersiones aéreas? ¿Se imaginan como crecen nuestros niños en este ambiente de zozobra?

Como si no fuera suficiente, el día de hoy 26 de abril aproximadamente a las 10:30 a.m. una avioneta paso rociando glifosato sobre el centro administrativo de la UNIPA, lugar donde se encuentra la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena – IPSI- UNIPA; la Institución Tecnológica Agroambiental Bilingüe Awá –IETABA-,viviendas de familias Awá, una parcela productiva comunitaria.

Alzamos nuestros gritos de protesta y ponemos en conocimiento este problema que a futuro terminara generando un daño ecológico irreversible, donde los principales afectados seriamos nosotros Inkal Awá.

Ante esto exigimos:

Al Gobierno Nacional:

Nos explique porque el territorio Awá es utilizado para el saqueo, no solo de oro si no de muchas riquezas más.

Que nos explique por qué se sigue irrespetando nuestro derecho a la consulta previa, de buena fe, libre e informada.

Cuáles son las acciones que está adelantando para proteger a nuestro territorio, porque como inkal Awá somos parte de él y la minería ilegal también es otro factor de riesgo de extinción física y cultural.

Que adopte de manera urgente e inmediata el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena Awá.

Que cumpla con la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adoptar medidas cautelares para nuestro pueblo

Al Ministerio de Minas y Energía:

Que nos informe cuáles son los mecanismos de control de la minería ilegal que está implementando.

Decrete el cierre inmediato de todo tipo de operación para la explotación minera en nuestros territorio

Que retiren las maquinas destructoras que se encuentran en nuestro territorio.

A Ingeominas:

Actué bajo su competencia y prohíba seguir explotando territorios que ocasionan daño a la madre naturaleza. Expliquen cuál fue el proceso que adelanto para dar la concesión a quienes están saqueando nuestro territorio ancestral protegido por las leyes colombianas.

Cierre inmediato a todo tipo de minas que se encuentran en nuestros territorios

Al Ministerio Público y a la Defensoría del pueblo:

Que haga un seguimiento de la situación y emita la alerta temprana sobre el riesgo de desplazamiento de los resguardos indígenas del pueblo indígena Awá.

A la Procuraduría: Que de acuerdo a su competencia, realice las investigaciones pertinentes frente al cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado y sus funcionarios

A la comunidad internacional.

Acompañamiento y monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en las comunidades del pueblo indígena Awá.

A instar al gobierno colombiano que brinde las garantías para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la constitución política, legislación indígena nacional y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia.

Que inste al gobierno nacional a desarrollar procesos de consulta previa de manera concertada.

Que inste al gobierno colombiano a que adopte el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena Awá y que se concerten las medidas cautelares con nuestro pueblo.

 

DESPIERTA COLOMBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 

 

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Awa indigenous authorities - Unipa / Tuesday May 3, 2011
As we have been denounced on various occasions, the illegal exploitation of gold is destroying our mother earth and endangering the biodiversity of our territory, however much we try to live peacefully in our communities, we are increasingly threatened by various problems that come together in them.
The guard Sheetl The Murky is located in the municipality of Tumaco, Nariño - Colombia, on the border with the sister republic of Ecuador and extension is one of the largest they count the Awa communities, from the last several within months he has been conducting gold mining illegally, they have violated our right to prior consultation and agreement with our authorities and all they do is destroy the land that has been inherited from our ancestors and that by law belongs to us .
Sheetl the murky, as most of our territory is rich in water sources, and this type of mining practices with the fragile newly fertile soil, contaminating water with toxic, the same that we use for personal use and irrigation of our crops, 1 for draw a single gram of gold is used 1000 liters of water per second, an amount per day is used in a city with 600,000 inhabitants, can you imagine the damage that we face in our communities?
We also found that through gold mining hazardous chemicals used for the development of our life, such as cyanide, arsenic and mercury, can you believe what all these components that go down the streams we add the glyphosate that we receive through aerial spraying? Can you imagine our children as they grow in this atmosphere of anxiety?
As if not enough, today April 26 at approximately 10:30 am a step plane spraying glyphosate over the administrative center of the UNIP, where Lender Institution is the Indian Health Service - IPSI-UNIP, the Agro-Technology Institution Bilingual-IETABA-Awa, Awa-family housing, community productive plot.
We raise our cries of protest and we inform the future this problem will end generating irreversible ecological damage, where the most affected would be us Inkal Awa.
Faced with this demand:
To the National Government:
We explain why the Awa territory is used for plunder, not only gold but many riches.
That explains why we still respect our right to consultation in good faith, free and informed.
What are the actions that are advancing to protect our territory, because as Inkal Awa are part of it and illegal mining is another risk factor for physical and cultural extinction.
To take urgent and immediate way the Safeguard Plan Awa Indigenous People's Ethnic.
To comply with the request of the Commission on Human Rights to take protective measures for our people
The Ministry of Mines and Energy:
Let us know what are the mechanisms of control of illegal mining is implemented.
Decreed the immediate closure of any operation for mining in our territory
Withdraw destructive machines that are in our territory.
A Ingeominas:
Acting under its jurisdiction and prohibit further exploit areas that cause harm to mother nature. Explain what was the process advance to give concession to those who are plundering our ancestral land protected under Colombian law.
Immediate closure of all types of mines found in our territories
The Public Ministry and the Ombudsman's Office:
To monitor the situation and issue early warning on the risk of displacement of the indigenous reserves of Awa indigenous people.
The Office: That according to their competence, perform the appropriate investigations against the obligations of state bodies and officials
To the international community.
Support and ongoing monitoring of the situation of human rights and international humanitarian law in the Awa indigenous communities.
Urge the Colombian government to provide guarantees for the effective enjoyment of indigenous peoples' rights enshrined in the constitution, national indigenous law and international instruments ratified by Colombia.
To urge the national government to develop consultation processes in concert.
Urge the Colombian government to adopt the Plan for the Protection of Indigenous Awa Ethnic and concluded the precautionary measures with our people.

COMUNICADO CUMPLIMIENTO TUTELA NINGUNAMATAMATA WOWOWOW!!!

by Los Aterciopelados on Monday, 02 May 2011 at 08:40

AHORA SÍ, LA COCA NO MATA

Se cumplió la tutela en contra de la campaña “la mata que mata”

COMUNICADO

El Proyecto indígena COCA NASA saluda la decisión de la justicia colombiana, mediante la cual se obligó a la Dirección Nacional de Estupefacientes y al Ministerio de Interior y Justicia a cumplir con el fallo de tutela que prohibió la emisión de la campaña institucional “no cultives la mata que mata” .

Debido a la burla de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Interior y de Justicia al no cumplir con el fallo de tutela interpuesta por la indígena FABIOLA PIÑACUÉ ACHICUÉ, desde el mes de diciembre de 2010, ella solicitó al Tribunal Superior de Bogotá el día 18 de marzo pasado, que hiciera efectivas las sanciones en contra del Director Nacional de Estupefacientes JUAN CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA y GERMAN VARGAS LLERAS, Ministro de Interior y de Justicia, medidas que podrían ir hasta el arresto por DESACATO del fallo de Corte Suprema de Justicia.

Vemos con satisfacción que la exigencia de la justicia se hizo realidad y el día de hoy fueron retiradas las pautas publicitarias de la página de Estupefacientes y de sitios de divulgación en internet como Youtube y otros. Esperamos que igualmente hayan sido efectivamente notificados los medios de comunicación de todo el país de la prohibición de emitir los ofensivos comerciales contra la hoja de Coca.

Brindamos con COCA SEK, el energizante de Coca, por esta acertada decisión de la justicia colombiana.

COCA NASA

Proyecto indígena para la industrialización de la hoja de Coca.

Informes

311 5165106

314 4676773

14 mayo 2011 PRIMERA MOVILIZACIÓN POR LA DEFENSA DE MARMATO

Primera Movilización Nacional por la Defensa de Marmato

Marmato, el pesebre de oro de Colombia, es un municipio ubicado en las montañas del noroccidente caldense, en un sector estratégico gracias a su diversidad y a los enormes yacimientos de oro que se ubican bajo los pies de sus pobladores. Su tradición minera centenaria ha generado fuentes de empleo a todos sus pobladores, un crisol de culturas expresada en su población conformada en un 17% por indígenas y en un 55% por afrodescendientes. Esta enorme riqueza aurífera ha servido de sustento a incontables generaciones por más de 500 años y ha sido al mismo tiempo el blanco perfecto para que desde los años 80, numerosas compañías transnacionales sitúen sus intereses en este territorio.
En la historia reciente, la voracidad del capital extranjero en contubernio con los gobiernos de turno, se refleja en el cierre de 84 minas y la destrucción de nueve molinos por parte de la Colombian Goldfields, en un hecho que dejó sin empleo a más de 800 personas. Estas acciones son pruebas inequívocas de las intenciones que estas compañías tienen en países, como el nuestro, poseedores de recursos naturales preciosos que son codiciados por las grandes potencias.
La compañía canadiense Medoro Resources, que se fusionó con Colombian Golfields, cuenta en su junta directiva con ex ministros de Uribe como Hernán Martínez, de minas y energía y María Consuelo Araujo, ex canciller, entre otros altos ejecutivos. También hace parte de sus directivos, Augusto López, expresidente de Bavaria. La magnitud del proyecto que pretenden realizar en Marmato, conllevaría el arrasamiento de todo el pueblo en una explotación a cielo abierto, de la que, se estima, obtendrían unas 10 millones de onzas de oro. En este proceso se ha vendido la idea, a la opinión pública nacional e internacional, de que Marmato debe ser trasladado, reasentado, por los enormes riesgos que se presentan en el municipio, argumentos que falsean la información real y que van en contravía del estudio de Corpocaldas del 2009, en el que se manifiesta que son pocas las zonas de alto riesgo en Marmato y que de ninguna manera la mayor parte de su área se encuentra en zona de riesgo no mitigable. Bajo el manto de un acto humanitario intentan reubicar a los pobladores, expropiándoles no solo su territorio sino sus fuentes de empleo.
Las declaraciones del ministro de minas y energía y del presidente Santos siempre han estado orientadas en este sentido, posicionando opiniones falaces y avalando las prácticas que utilizan estas compañías en los territorios donde llegan, tales como el asfixiamiento de la pequeña minería y de los pobladores, todo ello en consonancia con las decisiones gubernamentales de perseguir a mineros pequeños y tradicionales como si se tratara de delincuentes de la peor calaña.
La locomotora minera de Santos pretende reprimarizar la economía a costos tremendamente altos para la población colombiana. En la actualidad, hay solicitudes de explotación para proyectos mineros sobre el 40% del territorio nacional, y el caso de Marmato es el ejemplo de la funesta política que pretende implantarse en vastas zonas de la geografía nacional. Debido a la importancia de esta lucha, invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales y de resistencia a proyectos megamineros del país y a las personas interesadas a participar en la Primera Movilización Nacional por la Defensa de Marmato que será una marcha que comenzará en el Restaurante Valencia situado en la Carretera Central de Occidente vía Manizales-Medellín a aproximadamente 3 kms de la entrada a Marmato, y terminará en el casco urbano del municipio.
La marcha se realizará el Sábado, 14 de mayo de 2011, a partir de las 8 de la Mañana.
Invitan: Comité cívico pro-defensa de Marmato, Cabildo indígena Cartama de Marmato, Titanes de oro, Consejo regional indígena de Caldas CRIDEC, Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional RECLAME, Gestores del Mañana, Mineros de Echandia, Mineros de Cien Pesos, Mineros de Chaburquía, Asociación de Mineros Unidos de Marmato, Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.
Para mayor información sobre el evento comunicarse a los celulares 300 444 4883, 311 617 5816 o 310 451 3923, o escribir al correo marmatonosextrae@gmail.com
Nota: Quienes vayan a participar deben confirmar asistencia hasta el 13 de Mayo. Quienes vayan a dormir en Marmato deben llevar carpas, sacos para dormir y demás.
RED COLOMBIANA FRENTE A LA GRAN MINER?A
TRANSNACIONAL, RECLAME
red@reclamecolombia.org
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La consulta previa recargada: nueva carrilera para las locomotoras de Santos

 

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La Corte Constitucional reforzó la consulta previa, en una sentencia con ponencia de Jorge Iván Palacio (segundo de izquierda a derecha) y firmada también por Nilson Pinilla (cuarto) y Jorge Pretelt (quinto).

Una sentencia de la Corte Constitucional, que le da más dientes a la consulta previa de proyectos que puedan afectar territorios de minorías étnicas, pone a las locomotoras de Santos a subir una empinada cuesta.

En la sentencia T-129 de 2011, que aún no se ha publicado en internet, la Corte Constitucional estudió la situación de los resguardos indígenas Chidima-Tolo y Pescadito, en el Darién chocoano, donde confluyen proyectos de minería, un proyecto de interconexión eléctrica y un tramo de la Vía Panamericana. Después de una inspección judicial en la zona, de intervenciones de gremios, de centros de pensamiento y de departamentos de antropología concluyó que efectivamente se había violado el derecho a la consulta previa de esta comunidad, integrada por 21 familias.

Este caso sería uno más sino fuera porque la Corte aprovechó este caso para aclarar y fortalecer las reglas de la consulta previa, que tendrán un impacto gigantesco sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura y minería en los próximos años.

La consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntarle a los indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y comunidades rom si están de acuerdo con que se realicen proyectos en sus territorios como una forma de proteger la diversidad cultural. Es un solo artículo de la Constitución (sumado al convenio 169 de la OIT) pero se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos puesto que los territorios de las minorías étnicas equivalen a más del 20 por ciento del país.

Por ejemplo, el gobierno de Uribe no entendió la importancia de esta figura y por eso, la Corte Constitucional le tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley Forestal, y le condicionó un Plan de Desarrollo.

Estas son las nuevas reglas de la consulta previa:.

1

La Corte reitera que la consulta previa es un derecho fundamental. Éste es un mensaje para las autoridades públicas, que saben que si desconocen la consulta, se pueden enfrentar con una tutela. Además, la Corte exorta al Congreso a legislar sobre el tema. Y como es un derecho fundamental, la consulta previa se deberá regular con una ley estatutaria.

2

La consulta previa se debe hacer respetando los usos y costumbres de las comunidades. Eso quiere decir que las entidades públicas no pueden definir unilateralmente un término para la consulta, y que las comunidades tienen el espacio para realizar sus procesos tradicionales de toma de decisión. Es decir, que si un mamo de la Sierra tiene que hacer pagamentos y varias reuniones con su comunidad antes de tomar una decisión sobre el proyecto consultado y esto tarda meses, el Estado tiene que aceptarlo. Ya no es válido que el gobierno les ponga plazos, éstos se deben determinar según las condiciones de cada proceso de consulta.

3

La consulta no se debe hacer cuando el proyecto esté a punto de arrancar, con las máquinas listas para entrar al territorio. Se debe empezar “en la etapa de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución del mismo”, dice la Corte.

4

La consulta no es un instante en el que una comunidad da un permiso ilimitado, sino un proceso de diálogo permanente. “La participación ha de entenderse no sólo a la etapa previa del proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo”, dice la sentencia.

5

La Corte acepta que la consulta previa no se puede convertir ni en una formalidad ni en un poder de veto. “Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas”.

6

En casos más graves, no basta con consultar a la comunidad, sino que la misma comunidad tiene el derecho a elegir la alternativa que considere menos lesiva. Eso aplica cuando el proyecto implique trasladar a las comunidades; cuando haya almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos; o cuando pongan en riesgo la existencia de la comunidad. Este principio tendrá un impacto grande para los proyectos de minería que suelen implicar el desecho de mercurio y otras sustancias tóxicas.

7

En esos casos de alto impacto, y si la comunidad considera que las alternativas son todas perjudiciales, el proyecto no se podrá llevar a cabo.

8

Las licencias ambientales sólo se podrán expedir cuando se haya hecho la consulta previa y la aprobación del plan de manejo arqueológico. Aunque esto ya está en la ley, según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia nunca se ha aprobado un plan de manejo arqueológico y en cambio, sí se han concedido licencias ambientales en territorios indígenas.

9

Quien realice el proyecto debe compartir con la comunidad los beneficios del proyecto y mitigar e indemnizar los daños que cauce. “Es obligatorio garantizar que los beneficios que conlleve la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa”, dice la decisión. Aunque la Corte no desarrolla esta regla, seguramente será ampliada por la Corte más adelante en otras sentencias.

10

El proceso de consulta previa debe tener el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. Hoy en día, a veces estas entidades acompañan el proceso pero no es obligatorio. Y generalmente, cuando lo hacen, las comunidades étnicas se sienten más empoderadas y menos vulnerables a la manipulación de las empresas interesadas en el proyecto. Además, el Ministerio del Interior deberá crear un mecanismo para coordinar a todas las entidades involucradas en cada caso.