30 JUNIO 2011 – Manifestación ciudadana – secretaria municipal de medio ambiente – Bogota APOYEMOS!!!

Comunicado de prensa  001

Junio 28 del 2011  

Bogotá D.C.

100 organizaciones en manifestación ciudadana

Más de 100 organizaciones sociales, ambientalistas, de jóvenes, de campesinos,de mujeres, juntas de

acción comunal,y ciudadanos y ciudadanas, nos daremos cita, en el marco de una pacífica

manifestación ciudadana, el próximo Jueves 30 de junio a las 11 am frente a las

instalaciones de la Secretaria Distrital de Ambiente (Avenida Caracas No. 54 – 38), con

el propósito de exigir el cumplimiento al derecho constitucional de la participación ciudadana en materia

de gestión ambiental.

Estamos en contra del sistemático desmonte al que la SDA ha condenado los diferentes espacios de

participación ciudadana, como por ejemplo los Consejos de Cuenca o las Comisiones Ambientales

Locales para citar solo dos casos.

Y lo que es peor aún, si una de las funciones de la SDA es “Formular participativamente la

política ambiental del Distrito Capital”, asi como SDP (Secretaria Distrital de Planeacion)

tiene como mision " liderar la formulacion de politica ambiental" ¿cómo es posible que ésta se

formule a puerta cerrada y  desconociendo a  las propuestas de los actores sociales que por décadas

han aportado al tema ambiental en el Distrito.? 

Estamos convencidos que en el marco de una democracia participativa debe reconocerse la voz y la

experiencia de las personas que habitan los territorios, por tanto nuestra  protesta encuentra sentido

en el lógico reclamo por alcanzar una participación ciudadana incidente y decisoria.

¡¡¡LA SECRETARIA DE AMBIENTE SE RAJO EN PARTICIPACION!!!

¡¡¡SIN PARTICIPACION NO HAY AMBIENTE!!!

¡¡¡NO HAY AMBIENTE DE PARTICIPACION EN BOGOTA!!!

Cita: Jueves 30 junio 11 am calle 53 con caracas.

Informes: Ciudad Habitable. Trans 24 No 60 – 41

Telefono: 2 101834

Vocero: Ciudad Habitable

Subsidios para la gran minería: dónde están, cuánto nos valen

ECONOMIA Y SOCIEDAD

Lunes, 27 de Junio de 2011 01:11

La gran minería está en el ojo del huracán por sus impactos sociales y ambientales. Pero poco se habla de que las regalías que pagan en Colombia son muy bajas ni de la maraña de subsidios, deducciones y exenciones que las benefician en medio de una bonanza mundial que ya de por sí multiplica sus ingresos y sus utilidades.

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Sector privilegiado

La presión de las grandes compañías mineras para que el presidente Santos aumente aun más sus privilegios tributarios contrasta seriamente con la reducida participación del Estado en la renta minera y con el excesivo costo fiscal de los beneficios ya existentes para este sector, según muestra un estudio reciente de la Universidad de los Andes y un informe del Ministerio de Hacienda.

Las políticas de confianza inversionista y de promoción de la minería han rodeado a este sector de las siguientes ventajas tributarias y fiscales:

Un nivel bajo de regalías;

Incentivos tributarios generales y específicos para atraer la inversión extranjera;

Deducciones especiales;

Venta de combustibles subsidiados en zona de frontera, y

Posibilidad de descontar de su renta gravable las inversiones en programas sociales, en responsabilidad social empresarial, en medio ambiente y en ciencia y tecnología

Si a esto se agrega que las compañías mineras atraviesan por uno de sus mejores momentos, gracias a los niveles de precios record en el mercado internacional que han disparado sus utilidades operativas muy por encima de cualquier otra actividad legal en el país, es legítimo hacerse dos preguntas:

¿Hasta qué punto los colombianos estamos obteniendo una justa retribución por nuestros recursos?

¿Hasta dónde estamos dispuestos a subsidiar a la gran minería?

¿Hasta cuándo vamos a aceptar que lo que entra por un bolsillo (regalías), salga por el otro (beneficios y subsidios), sin un saldo positivo que compense la reducción del capital natural?

No es la intención de este artículo estigmatizar a la gran minería. El propósito es tratar de ahondar en aspectos “silenciados” del sector y aparentemente lejanos para los titulares de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR), así como presentar un punto de vista sobre la reforma al estatuto tributario y la modificación de las tarifas de las regalías.

Ante todo, regalías

Existe ya un consenso amplio sobre la necesidad de elevar los niveles de regalías establecidos en la Ley 141 de 1994 y sobre el hecho de que las nuevas tarifas deben incorporar el costo del agotamiento o no renovabilidad de los RNNR, reconociendo además su valor estratégico de mediano y largo plazo.

Debe adoptarse un mecanismo para que el Estado capte también parte de la renta extraordinaria o de bonanza que hoy obtienen estas compañías y que no comparten con los dueños de los recursos que explotan.

Recientemente la Universidad de los Andes presentó el Cálculo del Indicador Económico Government Take (GT) para el Sector Minero en Colombia [1] y concluye que su valor actual es 22 por ciento, es decir que por cada cien pesos generados por la explotación de los RNNR del país, al Estado colombiano le quedan 22 pesos.

Un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el 2006 señalaba que el GT en Chile era del 26 por ciento y en Perú de 27 por ciento para oro y 25 por ciento para cobre. Excepto un alza temporal en el royalty chileno durante el año pasado, las demás condiciones de estos países no han cambiado en los últimos años, por lo que resulta razonable compararlos y concluir que Colombia tiene el GT más bajo entre los países mineros del continente.

Con los 78 pesos restantes, las compañías pueden cubrir cómodamente sus costos de operación, las demás obligaciones legales y contractuales, y obtener una satisfactoria tasa de retorno sobre su inversión. Esta tasa es muy superior al promedio nacional y cubre ampliamente el riesgo exploratorio, más aún dado que este riesgo se va reduciendo a medida que aumenta la certeza sobre las reservas.

La ñapa de los regalos

Resulta insólito que las compañías de la minería a gran escala y sus gremios insistan en aumentar sus privilegios tributarios y arancelarios, justo cuando sus ingresos y utilidades se han multiplicado gracias a las cotizaciones record de los minerales en el mercado internacional y a los beneficios remanentes en el estatuto tributario, exageradamente bondadosos con estas compañías, como se concluye de la lectura del libro Reforma Tributaria Comentada del tributarista Fernando Zarama Vásquez [2].

El estatuto tributario (ET) no es de fácil lectura y comprensión. Quizá por esta razón, ni el propio gobierno ni el Congreso cayeron en cuenta de que gracias al efecto combinado de dos prebendas tributarias, la deducción por la compra de activos fijos y la depreciación acelerada, los colombianos terminaríamos devolviendo a los empresarios el valor de sus inversiones más un regalito equivalente al 13 por ciento de ese valor[3]. O quizá sí se dieron cuenta, pero lo importante era alimentar la confianza inversionista.

Sin embargo, no resulta ético permitir que en uno de los países con mayor desigualdad económica del mundo, agobiado por las consecuencias del peor invierno de las últimas décadas, sigamos regalando 13 pesos por cada cien invertidos a nuestros empresarios mineros, especialmente si son multinacionales.

Un alto costo fiscal

El Ministerio de Hacienda hizo público el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011, en el cual se incluye un balance de los beneficios tributarios recibidos durante el año gravable 2010 por todos los sectores de la economía nacional [4]. El documento se concentra en el costo fiscal de una de las normas más onerosas para las finanzas públicas -la deducción por compra de activos fijos reales productivos- que pueden utilizar las compañías de todos los sectores económicos desde el 2003 [5].

Las compañías mineras y petroleras participaron el año pasado con el 38 por ciento de estos descuentos -fue el sector más beneficiado- y seguirán utilizando este beneficio si suscribieron contratos de estabilidad jurídica con el Gobierno Nacional.

Según indica el Cuadro siguiente, entre 2009 y 2010 aumentó el valor de las deducciones del sector pese a que la tarifa fue reducida de 40 a 30 por ciento (esto se debió a que las empresas siguieron adquiriendo e importando maquinaria para sus proyectos en Colombia): son contra las deducciones, estas empresas gozaron de rentas exentas y descuentos tributarios, cuyo costo fiscal pasó de 1,6 billones de pesos en el 2009 a 1,8 billones el año pasado.

Beneficios tributarios
(Millones de Pesos)

El gobierno Santos desmontó la deducción por compra de activos fijos, señalando que se trataba de un privilegio temporal que ya había cumplido con su cometido, aunque no se conozca ningún estudio específico que certifique que este enorme sacrificio fiscal se hubiese compensado efectivamente con generación de empleo y mejoramiento del nivel de vida de las comunidades aledañas a las zonas de explotación de los RNNR.

Con toda razón, el tributarista Horacio Ayala dijo que la eliminación de este beneficio “antes que incrementar de manera exorbitante las cargas tributarias del sector, corrigió errores del gobierno anterior que reducían el impuesto de renta en forma significativa y totalmente injustificada”.

Agrega el doctor Zarama que la deducción a la compra de activos fijos se extendió aún a los casos de leasing, pues las empresas podían hacer sus descuentos tributarios, así no hicieran ningún desembolso [6].

Gasolina subsidia

Con el fin de “promover el desarrollo económico y social de las regiones de frontera”, la Ley 681 de 2001 estableció que los combustibles líquidos derivados del petróleo y distribuidos por Ecopetrol en esas zonas quedaran exentos de arancel, de IVA y de impuesto global.

Las compañías mineras que operan en tales zonas fueron pues beneficiarias de esta Ley. Según un estimativo de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y cálculos propios a partir de los cupos asignados a cada compañía, las tres grandes empresas carboníferas que operan en Cesar y Guajira -Carbones del Cerrejón LlC (Cerrejón), Drummond Ltda y Prodeco S.A (compañías propias y otras que opera como contratista)- se ahorraron un promedio de $1.000 pesos por galón, con los totales que siguen:

Subsidio a los combustibles líquidos en zona de frontera
(Millones de pesos)

Fuente: Cálculos propios a partir de los cupos aprobados por la UPME

En suma, se tiene que las empresas mineras que operan en los departamentos de Cesar y La Guajira dejaron de pagar $1,1 billones durante los seis años en que el gobierno las exoneró de pagar dichos impuestos a los combustibles utilizados en su operación.

Indulgencias con avemarías ajenas

Las compañías de la gran minería sostienen que el Government Takeen Colombia supera el 60 por ciento. Para llegar a estos porcentajes, las compañías le adicionan al GT convencional, la inversión en programas de gestión social, responsabilidad empresarial, medio ambiente, desarrollos tecnológicos, capacitación de sus empleados, actividades con las familias de los trabajadores, afiliación de la fuerza de trabajo a la seguridad social y hasta arreglos de vías para la comunidad, aunque sean las mismas que utilizan para sus operaciones.

El artículo 125 del Estatuto Tributario establece que “los contribuyentes de impuesto de renta…. tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o periodo gravable… a las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental...”.

Esto significa que una empresa minera puede descontar estas inversiones de su renta antes de calcular sus impuestos, por lo cual resulta muy atractivo crear una fundación propia para desarrollar su programa de gestión social o de responsabilidad social empresarial, realizar convenios con fines de investigación con una universidad o llevar a cabo actividades ambientales no incluidas en sus Planes de Manejo Ambiental (PMA).

Adicionalmente las fundaciones, que no pagan impuesto de renta, se pavonean con el argumento de que el Estado no cumple con su función social en las regiones donde las compañías operan.

Deducciones por ciencia y tecnología

El artículo 158-1 del Estatuto Tributario es aún más favorable para las empresas, pues les permite descontar el 125 por ciento de las inversiones realizadas en proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica ejecutados con centros o grupos de investigación sin ánimo de lucro, reconocidos por Colciencias.

También permite descontar el 125 por ciento de las inversiones en formación profesional de sus empleados y trabajadores en instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Es absurdo que una obligación legal deba ser subsidiada con el dinero de los colombianos.

Contratos de Estabilidad Jurídica

En el 2004, el gobierno de Uribe creó este instrumento para blindar a las compañías de los cambios tributarios que pudiesen afectar los beneficios alcanzados y que les permitía estabilizar por 20 años las cargas impositivas vigentes al momento de la firma de estos contratos. Pese al desmonte de algunos de los beneficios tributarios a finales del año pasado, las compañías seguirán disfrutando de ellos gracias a estos contratos de estabilidad jurídica.

Una cuestión de equidad

Colombia tiene uno de los Government Take más bajos de América Latina, como consecuencia de los reducidos niveles de regalías y las múltiples gabelas incluidas en el Estatuto Tributario, que de ninguna manera compensan la reducción del patrimonio natural de los colombianos, ni reconocen el carácter no renovable de los recursos extraídos y menos aún su valor estratégico.

Si en lugar del Government Take habláramos del Company Take, los colombianos podríamos ver con mayor claridad el impacto de los beneficios tributarios y otros subsidios en los indicadores financieros de las compañías y el costo que representa para la Nación mantener este modelo excluyente de “desarrollo” económico y de minería desregularizada.

No es de ninguna manera razonable que parte de las regalías recaudadas a manera de compensación por la explotación de los Recursos Naturales no Renovables sea regresado a las grandes compañías mineras por concepto de beneficios tributarios y subsidios.

Reformar el estatuto tributario, eliminar las deducciones, las rentas exentas y descuentos tributarios, y elevar el monto de las regalías constituyen una obligación moral con un país que no ha aprovechado la riqueza de sus minerales para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, como ordena la Carta Política.

No es aceptable que mientras las empresas mineras atraviesan una auténtica bonanza de ingresos y utilidades, sus voceros gremiales sigan transmitiendo la idea de que son los grandes sacrificados del reordenamiento fiscal de la Nación y oculten los beneficios gigantescos que obtienen de un Estado que privilegió el CompanyTake sobre los intereses y necesidades de los verdaderos dueños de los recursos naturales: la Nación y todos los colombianos.

* Director de Colombia Punto Medio

Feria de la minería amenaza ecosistemas colombianos

Por: M. Gonzalo Andrade-C., Profesor Asociado Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia - Miembro de Número Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Un análisis comparativo sobre áreas, solicitudes y títulos mineros otorgados durante las administraciones de los presidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y

Álvaro Uribe muestra cómo este último mandatario hizo todo un festín de concesiones al titular más de 1 millón 200 mil hectáreas entre 2007 y 2008, y como si fuera poco, en el 2009 llegó a 4 millones 83 mil hectáreas cedidas a proyectos de minería.

En los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, las áreas tituladas crecieron a una tasa moderada del 8% anual, señala un documento elaborado en el 2010 por el consultor del Consejo Nacional de Planeación, Guillermo Rudas. Así, durante el gobierno Gaviria se otorgaron títulos por menos de 55 mil hectáreas al año, en el de Samper se pasó a cerca de 70 mil hectáreas año, y en el de Pastrana disminuyó a menos de 40 hectáreas por el mismo lapso. No obstante, en el periodo de Uribe la situación cambió considerablemente, pues en su primer mandato (2002-2006) concedió cerca de 200 mil hectáreas anuales, y en el segundo (2006-2010) llegó a 4 millones 83 mil hectáreas tituladas.
Con relación a los títulos mineros, Rudas muestra cómo entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889, es decir, casi 157 por año, pero para el periodo 2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados, casi 984 anuales. De estos valores, 2.481 corresponden al año 2009, con corte al 31 de octubre.
Según el análisis, las solicitudes de dichos títulos también tuvieron un gran incremento. A mayo del 2009 se hizo la petición de casi 40 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional, y como indica Rudas, independientemente del trámite que surta, ello representa un importante crecimiento del interés por adelantar actividades mineras en Colombia.
Y en esta desaforada maratón los páramos son un tema preocupante, ya que a 2010 había registrados títulos mineros en 122 mil hectáreas de dichos ecosistemas, cerca del 6,3% del total del área de páramos del territorio nacional distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Igual sucede con las reservas forestales establecidas por la Ley 2 de 1959, pues de las 51,5 millones de hectáreas, cerca de 1 millón 300 mil se encuentran con título minero.
Adicionalmente, en el 2010 quedó en evidencia el devastador impacto de la minería sobre el ecosistema del río Atrato (Chocó), producto de su desmesurado crecimiento y de la precaria capacidad técnica y operativa del Estado para regularla. Esta actividad económica se convierte así en una amenaza para el ambiente, la salud y la vida de los organismos.
Entretanto, en el río Dagua (Valle del Cauca), en el páramo de Pisba y el Bosque altoandino adyacente al páramo de Rabanal (Boyacá), en el páramo de Santurbán (Santander) y en la ciénaga de Ayapel (Córdoba), la exploración ilegal de oro ha ocasionado una gran sedimentación.
Excusas para acabar la biodiversidad
Las causas directas e indirectas que influyen en la pérdida de biodiversidad en el país son variadas e irreversibles, y aunque la minería está jugando un papel fundamental, existe una larga lista de actividades que hay que mencionar: políticas de estímulo a la ocupación y uso del territorio, transformación de hábitats y ecosistemas naturales, sobreexplotación, fragmentación de las poblaciones, deforestación, consumo de leña, incendios, actividad agrícola, cambio climático, contaminación, introducción de especies, pesca comercial sin control, urbanización, minería, destrucción de humedales y zonas de páramo, erosión, desastres naturales, cosecha indiscriminada, distribución restringida de especies, caza, actividades ganaderas, cacería, cultivos ilícitos, animales domésticos, desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad, expansión de la frontera agropecuaria, baja presencia del Estado en las zonas de alta biodiversidad, orden público, conflictos armados, comercio internacional de pieles, colonización y desarrollo de proyectos de infraestructura.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas indica que la degradación de estos entornos es un obstáculo importante para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y plantea cuatro conclusiones:
- En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensivamente que en ningún otro periodo comparable de la historia humana.
- Estas alteraciones han contribuido a obtener considerables beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, a costa de la degradación de muchos servicios de los ecosistemas, mayor riesgo de cambios no lineales y acentuación de la pobreza de algunos grupos humanos.
- La degradación de los servicios de los ecosistemas podría empeorar considerablemente durante la primera mitad del presente siglo.
- El desafío de revertir el deterioro de los entornos naturales y al mismo tiempo satisfacer las mayores demandas de sus servicios puede ser parcialmente resuelto en algunos escenarios considerados por la Evaluación, pero ello requiere introducir cambios significativos (que aún no están en marcha) en las políticas, instituciones y prácticas.
Pérdida de cobertura boscosa
La deforestación ocurre por el consumo energético, los cultivos ilícitos y su erradicación, y la quema provocada de la vegetación. Sin embargo, no existen cifras confiables que permitan establecer la escala de tal destrucción en el territorio nacional, ni un monitoreo de las hectáreas de bosque que las Corporaciones Autónomas Regionales restituyen anualmente.
La crisis de la biodiversidad (extinción efectiva y esperada) es fundamentalmente un fenómeno de genealogías (ascendencia y descendencia de especies), en el que se necesitan entre 2.000 y 100.000 generaciones para la aparición de una nueva especie. Por eso, las soluciones deben dirigirse hacia la preservación y protección de sus ambientes, es decir, las áreas representativas del sistema de Parques Nacionales Naturales.
Actualmente, buena parte de la biodiversidad de Colombia se concentra en 13 millones de hectáreas correspondientes a 54 áreas protegidas. La tasa de extinción inducida por las actividades humanas es cada vez más acelerada, especialmente en islas, lagos ambientes montañosos y bosques húmedos tropicales, cuya extensión original se ha reducido aproximadamente en un 55% debido a la tala y los incendios.
Dos terceras partes de los ecosistemas colombianos se condensan en la Región Pacífica, la Amazonia y la Orinoquia. El resto corresponden a las regiones Andina y Caribe, donde han sido intervenidos y transformados con una alta densidad poblacional.
En cuanto a las hectáreas de bosque, la Ley 2 de 1959 estableció que el país tenía 58 millones, un mapa realizado en 1984 indicó que había 53 millones, mientras el Ideam determinó la medida en 80 millones. Se calcula que las sustracciones que han sufrido estas reservas forestales llegan a 15 millones de hectáreas, es decir que a la fecha tan solo existen 65 millones de hectáreas de bosque.
Entre 1900 y 1962, las cifras de deforestación llegaron a 6 millones de hectáreas, y entre 1963 y 1998, a 11,5 millones, considerando que la pérdida de cobertura boscosa fue del 36%.
En la Amazonia colombiana se calcula que hay 38 clases de coberturas vegetales. En el 2007 se mantenía el 85% de los bosques, no obstante entre 2002 y 2007 se perdieron cerca de 7.000 km2 de selva, es decir, 1.465 km2 por año.
Por lo anterior, es imperativa una iniciativa de largo alcance que coadyuve a restaurar componentes de la biota, fundamentales para garantizar una calidad ambiental a la población colombiana.

Áreas protegidas y reservas forestales en peligro

Arrecifes
En millones de hectáreas, Colombia posee 93 de zonas marinas y 114 de continentales, 63,9 de bosques, 1,3 de páramos, 16 de sabanas, 20,2 de humedales interiores, 24,5 de zonas secas (áridas y semiáridas), 65 de reservas forestales (Ley 2 de 1959), 11,4 de Parques Nacionales Naturales, 22,3 de resguardos indígenas, 5,2 de comunidades afrodescendientes, 468.000 de Reservas Forestales Protectoras y 380.000 de manglares.
Es el único país de la región que tiene arrecifes coralinos en las costas del Pacífico y el Atlántico, con una extensión total de 1.091 km2, lo que representa menos del 0,4% de los arrecifes del mundo.
Los corales y algas, principales componentes del sustrato e indicadores del estado de salud del arrecife, han fluctuado de forma diferente en las islas de San Bernardo, Gorgona y Malpelo, con una aparente estabilidad, pero en las islas de San Andrés y El Rosario hay una alta variabilidad y una continua disminución de la cobertura del coral, lo que significa la degradación del sistema arrecifal (Camacho et al., 2010).
Manglares
Son importantes como agentes detoxificadores (liberadores de toxinas), amortiguadores de inundaciones y protectores de la erosión del viento y las olas en la línea de costa. También sirven como refugio, sitio de alimentación y anidación de diversas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, y representan fuentes importantes de recursos para el aprovechamiento forestal, hidrobiológico y la obtención de productos requeridos en la construcción industrial y doméstica (Guevara-Mancera et al., 1998).
De las 294.636 hectáreas de manglar que tiene Colombia en sus dos costas, solamente 96.186 se encuentran zonificadas, es decir que el 67% no lo está ni cuenta con planes de manejo. Estos ecosistemas presentes en las costas Caribe, Pacífica y el territorio insular de Colombia han sido sometidos a una fuerte presión por el desarrollo de la infraestructura vial, turística, urbana e industrial, aprovechamiento intensivo de los recursos hidrobiológicos y maderables y cambio de uso de la tierra por la expansión de la frontera agrícola (Orjuela et al., 2010).
Praderas de pastos marinos
En el Gran Caribe existen 9 especies de las cuales 6 se encuentran en Colombia. Sirven para producir fuentes directas e indirectas de alimento, suministrar sustrato para la fijación de epífitos (plantas que crecen sobre otros vegetales), y contribuyen a la recirculación de nutrientes. En estas praderas se refugian y crían vertebrados e invertebrados. Además, cumplen un papel fundamental en la amortiguación de la energía proveniente de las olas y la marea, permitiendo la suspensión y estabilización de los sedimentos, y creando ambientes de baja energía con lo que se protege la línea de costa.
Especies marinas
En el Caribe se han encontrado 306 especies de esponjas, 9 de zoantideos (anémonas coloniales), 115 de corales escleractinos, 15 antipatharios (relacionados también con las anémonas), 1.498 de moluscos, 239 de equinodermos, 990 de peces, 18 de mamíferos marinos y 565 de algas (Díaz et al., 2010).
Para el Pacífico hay 13 grupos taxonómicos de animales y 3.328 de plantas marino-costeras. Recientes datos de nuevas especies y su distribución señalan 39 de peces marinos, 21 de crustáceos, 13 de equinodermos, 11 poliquetos, 7 cnidarios, 4 poríferos y 3 macroalgas. En total se conocen 987 especies de moluscos, 806 de peces, 551 de crustáceos, 459 de poliquetos y 30 de mamíferos marinos.

Invertebrados
En marinos, hay 280 especies de esponjas entre los 0 y 40 metros de profundidad, 668 decapados, 91 Isopoda y 50 Stomatopoda (Ardila et al.).
Según datos del 2002, Colombia posee un total de 26 especies amenazadas, entre estas 7 de coral y 14 de moluscos que están en categoría vulnerable.
En terrestres, la riqueza para los grupos más estudiados son: Coleoptera 6.000 especies, Decápodos 688, Hymenoptera 9.806 y Aranae 103. De estos se desconoce la cifra de especies endémicas. En mariposas hay 3.274 especies, de las cuales 350 son endémicas y 40 están amenazadas.
Del orden Aranae (arañas) hay 4 especies, de escorpiones 3, de Coleoptera 4 y de Hymenoptera 17; no obstante, en el 2011 el Instituto Alexander von Humboldt reporta que Colombia posee el 100% de las especies de hormigas conocidas para Centro y Suramérica y 2 están categorizadas como vulnerables. Lepidoptera presenta 10 especies de las cuales 8 son mariposas y 2 son polillas, en Decápodos hay una especie señalada vulnerable (Amat et al., 2007).
Peces de agua dulce
El país posee 1.437 especies, que lo ubican como el segundo más rico en diversidad, después de Brasil. Se desconoce cuántas son endémicas, pero se sabe que 34 están amenazadas, 10 en peligro, 2 en peligro crítico y 2 son vulnerables. Una está categorizada como extinta: Rhizosomichthys totae, llamada comúnmente pez graso, endémico de la laguna de Tota en Boyacá (Mojica et al., 2002).
Reptiles
Colombia es el tercer país más rico en diversidad de reptiles, con 593 especies, de las cuales 115 son endémicas. Igualmente, 25 están amenazadas, así: 10 en peligro, 8 en peligro crítico y 7 vulnerables. La amenaza se debe a la sobreexplotación, la caza, la fragmentación de las poblaciones y la pérdida de hábitat.
Aves
Nuestro territorio ostenta el título del más rico en diversidad de aves en el mundo. Hay 1.815 especies, 67 endémicas, pero según Rengifo (et al., 2002), 112 están amenazadas, así: en peligro 43, en peligro crítico 19 y vulnerables 50. Se reporta como especie extinta Podiceps andinus.
Anfibios
En anfibios Colombia es el segundo país más rico con 763 especies y 367 endémicas. Según Rueda-Almonacid (et al., 2004), hay 48 especies amenazadas, 26 en peligro, 14 en peligro crítico y 8 vulnerables.
Entre las principales amenazas que enfrentan se encuentra la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, la sobreexplotación e introducción de especies exóticas, la contaminación, el cambio climático y el incremento de la radiación ultravioleta.
Mamíferos
Aquí el ranking le otorga al país el quinto lugar con 479 especies, y el noveno con 34 endémicas. Rodríguez-M. (et al., 2006) reporta 43 especies amenazadas: 6 en peligro crítico, 10 en peligro y 27 vulnerables, pero una especie se encuentra en la categoría de extinta: Monachus tropicalis, llamada comúnmente foca monje. A los mamíferos los amenaza el cambio climático, la pesca industrial de altamar, el desconocimiento de las especies, el comercio internacional de pieles, la distribución restringida, la pérdida de hábitat y la caza.
Flora
Según el Catálogo de las plantas de Colombia (versión preliminar del 2007), existe un total de 27.881 especies de plantas conocidas, con un estimado total de entre 30.000 y 41.000. De estas, 1.500 son endémicas.
Musgos
A nivel global se conocen 13.500 especies de musgos. Entre 2.400 y 2.900 se encuentran en la región neotropical y de estas 965 en Colombia. Linares (et al., 2002) indica que 43 están amenazadas, así: 4 en peligro, 6 en peligro crítico y 33 vulnerables.
Hepáticas
De estas plantas pequeñas que crecen en diferentes hábitats, el país  posee 749 especies, de las 8.300 conocidas para el mundo. Según Linares (et al., 2002), 50 están amenazadas, así: 47 vulnerables, 2 en peligro crítico y 1 en peligro.
De las 8 Briófitas (plantas antiguas que forman un tapete verde) que están en peligro crítico, 6 son endémicas de Colombia; de las 5 en peligro, lo son 4, y de las 82 vulnerables, 39 son propias del territorio nacional.
Fanerógamas
Hasta la fecha, los cinco volúmenes de la serie de Libros rojos de las especies amenazadas de Colombia (publicada en el 2007) están dedicados a las familias Chrysobalanaceae, Dichapetaleceae, Lecythidaceae, Palmas, Frailejones, Zamias, Bromelias, Labiadas, Pasifloras, especies maderables Magnoliáceas, Miristicáceas, Podocarpáceas y Orquídeas, razón por la cual aún no se sabe sobre toda la riqueza de fanerógamas (plantas terrestres que se pueden adaptar al medio subacuático) y cuántas están amenazadas.
De las 121 especies de Chrysobalanaceae conocidas para Colombia, 34 están amenazadas, así: 8 en peligro crítico, 14 en peligro y 12 vulnerables; de las 24 especies conocidas de Dicapetalaceae, 11 están amenazadas 1 en peligro crítico, 3 en peligro y 7 vulnerables; de las 71 especies de Lecythidaceae, 26 están amenazadas, así: 2 en peligro crítico, 10 en peligro y 14 vulnerables (Calderón et al., 2002).
De las 301 especies evaluadas de frailejones, palmas y zamias (Calderón et al., 2005), 88 están amenazadas. El 70% de estos tres grupos de plantas son endémicos de Colombia y se distribuyen, en su mayoría, en la Región Andina y el Magdalena Medio. En cuanto al número de especies que crecen en estado silvestre, las zamias presentan la situación más difícil, ya que de las 20 especies, 13 (65%) están amenazadas.
Los frailejones son el segundo grupo en peligro, pues de las 68 especies que existen, 36 (cerca del 53% del total) están amenazadas. Situación preocupante, ya que estas especies viven única y exclusivamente en las zonas de páramo, hoy en la mira para la explotación minera. Finalmente, las palmas, con 213 especies en Colombia, tienen 39 amenazadas.
Bromelias, labiadasy pasifloras
Según García y Galeano (2006), de las 718 especies evaluadas, 230 especies y 25 subespecies están amenazadas en estado silvestre, 160 de estas son bromelias, 47 especies y 25 subespecies de labiadas y 23 de pasifloráceas. El grupo con la situación más difícil es el de las labiadas, de las 203 especies presentes, 72 resultaron amenazadas con un 80% de las consideradas endémicas. Hay 492 especies de bromelias, 160 están amenazadas y el 77% son endémicas de Colombia. Las pasifloras, con 154 especies que crecen en el país, tienen 23 amenazadas y el 87%  son endémicas.
En especies maderables, Cárdenas y Salinas (2007) reportan que de las 50 evaluadas, 34 están amenazadas: 8 en peligro crítico, 16 en peligro y 10 vulnerables. Las familias evaluadas son Lauraceae, Lecythidaceae, Sapotaceae, Fabaceae, Burceraceae, Caesalpinaceae, Magnoliaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae y Mimosaceae.
Colombia posee 3.967 especies de orquídeas. Calderón (2007) muestra que de las 375 analizadas, 207 están amenazadas, 6 en peligro crítico, 64 en peligro y 137 son vulnerables. Dentro de las causas de amenaza encontramos la destrucción de su hábitat, la ampliación de la frontera agropecuaria, la deforestación y la recolección excesiva con fines comerciales y ornamentales.

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Edición:

UN Periodico Impreso No. 145

OJO FIRMA LA CARTA Acción Urgente: Política energética y Represa El Quimbo

Bogotá D.C. Junio 15 de 2011

Presidente

JUAN MANUEL SANTOS

República de Colombia

Ministra

BEATRIZ URIBE

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

C.c. Procuraduría, Contraloría, Medios de comunicación, Defensoría del Pueblo, Licencias Ambientales MAVDT, comunidad internacional, CAM

ASUNTO: Política energética y Represa El Quimbo

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas “Ríos Vivos”, y quienes suscribimos esta carta manifestamos nuestra preocupación por laimposición del proyecto Hidroeléctrico el Quimbo.

Lo consideramos una imposición dado que es manifiesto el rotundo rechazo de la gran mayoría de los pobladores de los cinco municipios directamente afectados por la represa, y por miles de personas en Colombia y el mundo que se han movilizado en respaldo de la legítima protesta de las poblaciones afectadas agrupadas en ASOQUIMBO considerando que otra forma de generar progreso es posible.

En los últimos años hemos acompañado y sido testigos de la lucha pacífica que las comunidades han emprendido. Se han organizado foros, marchas, audiencias públicas, congresos, derechos de petición, encuentros sin que las autoridades respectivas hayan tomado en cuenta los puntos de vista y propuestas de los afectados.

Solicitamos se opte por considerar la propuesta de constituir una zona de reserva campesina y agroalimentaria, la cual generará más empleos permanentes y progreso para la región que los supuestamente ligados a la represa y evitará el desplazamiento forzoso de cientos de familias campesinas de la región. Es menester, recordad que en 2007 el relator especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, recomiendó que los desplazamientos forzosos o desalojos deben ser la última opción para la ejecución de proyectos de desarrollo.

Rechazamos la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- quien llegó a levantar y quemar algunos cambuches que los manifestantes alzaron en días pasados exigiendo el cumplimiento de la Resolución de suspensión de obras exigida por el ICANH a la Alcaldía de municipio de Gigante, así como las calumnias de la empresa EMGESA-ENDESA quien informó que se trataba de un secuestro de funcionarios extranjeros para criminalizar a los dirigentes, esto en su momento fue desmentido por el Comandante de la Policía de la localidad¹. Hoy los pescadores que no han sido tenidos en cuenta en los Estudios de Impacto Ambiental siguen en protesta en las riberas del río Magdalena, para quienes reclamamos atención inmediata.

Señor Presidente Santos y Señora Ministra Uribe, el impulso de más represas en el marco de las locomotoras para el crecimiento que impulsa el Gobierno en el actual PND, agudizará el cambio climático global y local que hoy tiene a más de tres millones de colombianos y colombianas damnificados y con un futuro incierto.

No basta con que la cartera ambiental del MAVDT haya suspendido la compra y negociación de predios por parte de EMGESA², es necesario que, debido a los incumplimientos de la Licencia Ambiental por parte de la empresa colombo española EMGESA-ENDESA -traicionando la confianza inversionista que el gobierno colombiano le ha brindado- y a los impactos sociales y ambientales irreversibles, exigimos lacancelación de la licencia ambiental y la cancelación definitiva del proyecto.

Así pues, en la búsqueda de la prosperidad para todos que invoca su actual gobierno presidente Santos, y el ejercicio del cuidado del ambiente Señora Ministra, es impostergable CANCELAR EL QUIMBO y replantear con seriedad una matriz energética sin represas.

Atentamente,

1 http://plataformasur.blogia.com/2011/061302-declaracion-asoquimbo-sobre-movilizacion-social-e-informacion-periodistica..php

2 http://www.portafolio.co/negocios/freno-hidroelectrica-el-quimbo

 

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Cerrejón insiste en desviar el río Ranchería ALERTA ….AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MAYORES

Lunes 30 de Mayo de 2011 00:00 Jacobo Solano Cerchiario

El propósito de la multinacional Cerrejón de desviar 26 km nuestro río Ranchería, que posee en su cauce una veta de 500 toneladas de carbón, es un atentado al pueblo guajiro y merece ser repudiado por las fuerzas vivas de la sociedad peninsular.

Este recurso hídrico, amenazado por el avance descontrolado de la minería, es muy importante, determina las actividades económicas de gran parte de la población y además, conforma el entorno cultural y turístico de la región.

Cambiar un cauce afecta aguas subterráneas y también la fauna y la flora, los cambios físicos y químicos que se generarán por el solo hecho de correr en un nuevo cauce; la migración de especies animales nativas; pero especialmente la potencial pérdida de volumen de agua en el río.

¿Dónde queda la responsabilidad ambiental de dicha empresa ante semejante despropósito?, que quieren matizar con el cuento que se generaran 5 mil nuevos empleos de los cuales el 61% serían para oriundos de La Guajira, pura paja, lo único que quieren es elevar su producción y seguir incrementando cifras millonarias, pues no tienen un plan definido de cierre y menos de relleno, son 7 huecos enormes de los cuales solamente uno ha sido medianamente intervenido, con toda seguridad después que finalice la bonanza carbonífera sólo quedará una huella tenebrosa que podrá verse desde el espacio.

Al parecer Cerrejón entró en la misma dinámica de Drummond en el Cesar que desvió el río Calenturitas y le importó un pito la comunidad. Pero el problema no es sólo dicha desviación, si no la contaminación y el impacto en las comunidades aledañas que no tienen otra opción, y los territorios en donde la trasnacional minera han puesto sus ojos para satisfacer su voracidad, sin importar el costo.

Además con el Estado actuando como secuaz, no sólo abandonando a la gente, sino poniéndose del lado de los intereses corporativos para atacar la población y de ñapa llevándose las regalías para Bogotá, donde están los Nule, los Moreno y compañía. Como me gustaría que el Presidente de Cerrejón se pasara unos días en Papayal en la casa de Peyo, el de Priscila, para que respirase el aire particulado que con el tiempo va afectando los pulmones.

No es ningún secreto que la minería a cielo abierto es la que más estragos causa al medio ambiente y por ende la que más atenta contra el ser humano. Cerrejón muestra una vez más ese desapego con la deprimida realidad guajira, después de 25 años de explotación desmedida, sigue igual de atrasada.

Para que apoyen un evento cultural cuesta Dios y su ayuda, además la fuerza laboral del departamento se limita a simples operarios. Es cierto que los políticos y funcionarios públicos se han robado las regalías y la falta de previsión gubernamental ha motivado este descalabro, pero también es cierto que a la empresa le ha faltado voluntad y vocación social, ha estado de espaldas a la comunidad.

Colombia necesita una política minera que recupere el control de sus recursos naturales. En donde la nación garantice el respeto por los derechos humanos, laborales y ambientales. Que obligue al capital privado a pagar regalías justas e impuestos que realmente le generen beneficios a la economía y que les exija compensar los daños que provoca.

Me pregunto en voz alta ¿Dónde están los dirigentes políticos guajiros?, que se pronuncien, que hagan algo.

Origen de la planta sagrada “AIU” de los cuatros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

de la pagina ZHIGONESHI

By Admindunashama - Posted on 09 Junio 2011

Por José Gregorio Mojica Gil 

Según la historia y la tradición lingüística específica de cada etnia, el origen del “aiu”aplica por igual significado en lavida cultural de los pueblos Wiwa, Kogui, Arhuaco, Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En aquel tiempo de origen, cuando aún no existía el mundo material, cuando las plantas y los animales eran gente y hablaban, surgieron personajes invisibles que nos mostrarían cómo se originó el aiu, una planta sagrada en la Sierra Nevada. Y fue en aquel entonces que existió una pareja Dualegama y Awiekun, quienes tuvieron a cuatro hermosas hijas, aquienes desde un comienzo, a muy temprana edad, fueron instruyéndolas en las acciones que debían sobrellevar tales como; valorar, cuidar, servir y respetar siempre todo lo que existiera a su paso, porque así debía ser por mandato. De este modo, el tiempo fue pasando hasta que se convirtieron en mujeres jóvenes, a esa edad ya eran enviadas a recoger hoja de aiu, con serias recomendaciones previas, y con esas reiteradas instrucciones aprendieron y lo hacían con mucha responsabilidad.

Cada una iba con una canasta en la mano y cuando llegaban al lugar que era la orilla de un arroyo, inclinaban su cabeza y luego al agacharse abrían su hermosa cabellera en dirección a las canastas y empezaba a caer hojas hasta llenarlas, finalmente se bañaban y se iban para entregarlo a su padre. Ellas dejaban el aiu en un lugar para que su padre por la tarde lo deshidratara para el uso a seguir. Dualegama, lo recogía cuidadosamente y al caer la tarde se dedicaba a secarla utilizando una olla de barro puesta al fogón a fuego lento, fuego que era producido por una leña seleccionada que no era de cualquier árbol (Genunkula,Turrua y Abona). Finalmente tenía el aiu listo para masticarlo y poderse concentrar en sus labores rutinarias. Una vez preparado el aiu esperaba que el sol se despidiera en el horizonte y al oscurecer, Dualegama reunía a sus hijas, empezaba a orientarlas e instruirlas, sobre las funciones y el rol que debían desempeñar; enseñándoles que eran la fuerza del hombre y que le ayudarían a ellos para que pudiera reflexionar, concentrarse y hacer rituales que le permitieran obtener mayor tranquilidad y equilibrio con todo lo que existiera a su alrededor, o sea toda la naturaleza. Fueron muchos los consejos que iban dando Dualegama y Awiekun a sus hijas para mejorar la formación integral de ellas.

Así transcurrió el tiempo hasta que un día Kuibajon, un hombre espiritual poderoso, que se había enterado de todo esto, vio claramente que en el futuro haría falta y que había que materializarlas, las semillas del “aiu”, porque esa semilla tenía que quedar en la tierra. Porque así como él estaba observando no iba a quedar nada materializado. Entonces tomó la sabia decisión de pagar para que alguien se las trajera, y ese alguien sería Tuhkagu, un hombre espiritual que tenía capacidad de convertirse en un pequeño colibrí de hermosos y vistosos colores. Para que le obtuviera la semilla.Tuhkagu, vio que le costaría mucho trabajo pero aceptó hacerlo. Posteriormente, él decidió espiar a las hijas de Dualegama para enterarse cómo era que recogían las hojas y luego podérselas llevar.

Tiempo después se enteró de todo, Tuhkagu llegaba donde estaban las mujeres y observaba todo, desde que empezaban a abrirse el cabello para hacer caer las hojas, hasta que finalmente se bañaban y se dirigían a su casa. Ellas también veían al colibrí pero no se percataron que algo les podía pasar. Un día fueron a recoger aiu y cuando se disponían hacer que la hoja cayera, llegó el colibrí, y volando en frente de ellas, sacaba su delgada y húmeda lengua mostrándoselas, al cabo de un buen rato, una de ellas también sacó su lengua y se la mostro al colibrí, en el mismo instante él aprovecho para unir su lengua con la de ella, y en cuestión de segundos desapareció llevándose el hilo de pensamiento de ellas, y se las entregó a Kuibajon.

Al caer la noche, Dualegama notó que no había aiu y sus hijas habían desaparecido, se concentró para saber qué había pasado con ellas y dónde estaban. Cuando finalmente sus fuerzas espirituales le dijeron en donde estaban, se dio cuenta que se las había llevado Kuibajon. Una vez enterado, procedió a  contárselo a su hijo Kuimangui (trueno), para que supiera lo que estaba pasando. Dualegama le dijo a su hijo: “Kuibajon se las llevó, si las cuida le va a servir, de lo contrario, le harán mucho daño por habérselas llevado sin mi permiso; encárguese de Kuibajon en caso de que haga daño a sus hermanas”.

En el mismo atardecer, Kuibajon después de haber recibido la semilla que eran cuatro pequeñas pepas, las colocó cuidadosamente en un recipiente y empezó a observarlas. Al instante se oían voces que decían: “sí nos has traído a tu lado debes cuidarnos; nosotras, también nos alimentamos, vestimos y vivimos igual que usted, y siempre vamos a estar cerca a las viviendas; sí nos has traído, esperamos que no nos vuelvas a llevar donde nuestro padre, porque sabemos que  aquí le vamos a servir a ustedes”.

Kuibajon, al escuchar estas voces empezó a cantarles canciones una a una, para que perduraran durante toda la existencia de la gente, así pasó la noche y fueron muchas noches. Al poco tiempo se dedicó a sembrar la semilla, nacieron y fueron creciendo hasta que estuvo a punto de recogerse sus hojas, esta vez ya sería de forma manual. Un día se dedicó a recoger las hojas y luego las tostó, cuando estuvo listo se dispuso a masticarlo, pero antes de que pudiera llevársela a la boca, sólo sintió un trueno que le evitó llevarse el aiu a la boca, arrebatándoselo de la mano. Al rato despertó, él no entendía la razón, así que volvió a intentarlo nuevamente y sucedió lo mismo,  de modo que no pudo masticarlo y se sentó a reflexionar.

Entonces fue cuando comprendió que el trueno le estaba dando una señal, por lo que se vio obligado a irse donde el suegro, y efectivamente Dualegama, le dijo queKuimangui era su cuñado y que en esa forma lo había estado aconsejando porque si lograba masticarlo tendría problemas que nunca acabarían, porque se había llevado a las hijas sin su consentimiento; que  a pesar de que él se las había llevado y las había plantado no era dueño del aiu, que no podían ser de él, y que tendrían que conseguir a alguien para que pudiera recibirlo, entonces el reconoció su error y aceptó lo que le dijo su suegro.

Así que se concentraron para encontrar a la persona indicada que lo pudiera recibir, finalmente  lo encontraron, ese personaje fue Aiumaku, él sí pudo masticarlo sin ninguna dificultad, quien recibió ciertas normas para el cuidado y el uso que debería tener con el aiu, y se lo entregaron bajo esas condiciones, él lo reprodujo y lo multiplicó para los cuatro pueblos indígenas de Gonawindúa (Sierra Nevada de Santa Marta).

Para cumplir esa misión, Aiumaku fue rigurosamente orientado para que diera buen uso y cuidado al aiu así:

-No toda persona puede sembrar ni recoger aiu y quien lo hace debe haber cumplido ciertas reglas tradicionales.
-Deben seguirse unas reglas de comportamiento al momento de sembrar y de recogeraiu.
-El aiu será utilizado por el hombre acompañado del dumburru (poporo) en sus actividades cotidianas pero principalmente en los rituales  de purificación espiritual y física.
-Jamás debe hablarse ni pensar negativamente en el momento que se esté utilizando elaiu.
-El aiu servirá de cura para muchas enfermedades.
- El particular uso del aiu, por historia y tradición, identifica a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
- El aiu representa un diálogo espiritual permanente en la pareja indígena.
- El aiu simboliza “la llave espiritual” de inicio y cierre de actividades rituales.
- El aiu representa orden y disciplina social y laboral.
- No es permitido el uso del aiu a cualquier edad.
- El uso indebido del aiu trae complicaciones de salud física y espiritual.
- El aiu representa roles distintivos entre el hombre y la mujer.
- El uso del aiu es ejercer debidamente el comportamiento social y cultural
- El uso del aiu representa la edad y la vida adulta del joven indígena.

Sobre la vida histórica, cultural y vegetativa del “Aiu” de la SNSM, existen peligrosas y estúpidas interpretaciones y especulaciones que consciente o inconscientemente expanden una confusión demencial contra el respeto al reconocimiento de la diversidad étnica de los pueblos indígenas que lo usamos por costumbre y tradición de principio. El orden externo, llámese estado, Gobierno, instituciones, políticas, sociedad, etc., luego de 519 años aún no entiende, no sabe, esa diferencia categórica de uso y manejo que los indígenas de la SNSM damos al Aiu, con respecto al perverso tratamiento que la otra sociedad incurrió a ese otro sistema de cultivo ilícito con fines estrictamente comercial. Ni siquiera saben lo más elemental que al interior de nuestros “poporos” lo que llevamos es harina de conchitas de mar calcinada a fuego natural, no es más nada, y todavía podrían suponer como si algo tuviera que ver con “la droga ó bazuco” que vemos en la televisión. ¡Qué vergüenza, el concepto de coca hasta ha tergiversado su etimología real!

“El hombre blanco llevado por la ambición y la codicia rompe día a día el equilibrio de la planta sagrada para nosotros, dándoles utilidades contrarias a nuestras tradiciones, rompiendo con el esquema tradicional del pensamiento indígena y difamando nuestras culturas por el uso indebido del aiu. 

Aveces sentimos intuitivamente un larvado desprecio porque practicamos nuestras tradiciones con este elemento y, en ocasiones, nos han pedido olvidarla porque según estudiosos de afuer de eminentes, lo que practicamos son estúpidas y ridículas supersticiones de los pueblos indígenas.

Sin ninguna razón pero sentimos inmensa y profunda rabia y tristeza porque a nuestra planta sagrada la han culpado de ser la causante principal de la guerra en Colombia, pero jamás nuestros antepasados vieron, ni nosotros hemos visto desde la práctica de nuestras seculares tradiciones que el aiu o “coca” como la llama el lenguaje moderno, haya producido ríos de sangre ni lluvias de plomo alguno.

Que el hermanito menor haya encontrado por su ignorancia, obtener sustancias alucinógenas con técnicas desconocidas para nosotros, no es culpa nuestra. Son alucinaciones estúpidas y falibles que siempre los llevarán a la perdición del cuerpo y espíritu de quienes la usen o traguen.

Nosotros jamás hemos visto que el aiu, haya producido efectos alucinantes. Que la conviertan en una sustancia psicotrópica y la hagan enemiga de otras sociedades, no es nuestra culpa. Nosotros no enseñamos a nadie a dar mal uso al aiu. Sherankua no creó a los procreadores del aiu y al aiu para que le dieran otra utilidad ajena a la misión sembrada en la Ley de Origen. Nosotros la cultivamos y damos uso a esta planta bajo unos preceptos espirituales porque así fue que nos la dejaron”.

                                                                    Kogui/Jañiu
                                                                    Aruhaco/Ayu
                                                                    Wiwa/ Aiu

La olla podrida de Ingeominas

SEMANA revela nuevas irregularidades en el escándalo de los títulos mineros: oficinas paralelas, venta de información privilegiada en la cafetería de la entidad y cacería de brujas contra quienes no participaron de la piñata.

Sábado 4 Junio 2011

Más de una "piñata", como lo dijo la semana pasada el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, lo que sucedió en Ingeominas se parece a una olla a presión en la que se cocinaron todo tipo de irregularidades. Y esa olla finalmente estalló. Detrás de esta piñata que celebró Ingeominas sin ningún control, dando títulos a cualquiera que presentara un plano topográfico, un formulario, la cédula y pagara el costo de un pin, SEMANA descubrió una mina de denuncias, manipulaciones políticas, compraventa de información privilegiada, oficinas paralelas, y el montaje de un nuevo y millonario Catastro Minero Colombiano (CMC) que nunca funcionó.

Compañías nacionales e internacionales, sociedades e individuos empezaron a solicitar títulos mineros de manera voraz ante Ingeominas en los últimos ocho años. Todos querían parte de la piñata. Según datos oficiales, hasta la fecha se entregaron casi 9.000 títulos mineros, que corresponden a un poco más del 4 por ciento del territorio nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila, equivalentes al 20 por ciento del territorio. Muchos de los títulos y solicitudes están en ecosistemas estratégicos, como páramos, parques naturales, reservas forestales y humedales. "Nos abrimos de piernas", dijo a SEMANA un exfuncionario del Ministerio de Minas y Energía.

Aunque algunos sectores académicos y ambientalistas venían denunciando estas irregularidades desde 2009, es ahora, cuando la minería se ha convertido en una de las puntas de lanza del desarrollo, que estas irregularidades empiezan a impresionar al país. Colombia aspira a recibir más de 40.000 millones de dólares por la explotación minera en los próximos diez años y se supone que Ingeominas, una institución débil, fortín de los políticos y sin dientes, es la que debe supervisar esta danza de los millones que, presuntamente, nos va a catapultar hacia una era de prosperidad.

El primer problema que enfrenta la entidad es que no sabe lo que tiene. El Catastro Minero Colombiano (CMC), que lanzó Julián Villarruel, exdirector de Ingeominas, como una gran plataforma tecnológica, falló desde el principio y los técnicos siguieron trabajando con un sistema paralelo antiguo, que finalmente colapsó a finales de 2009. Poniéndole remiendos al sistema, el CMC volvió a lanzarse dos veces más, la última, con bombos y platillos durante la Convención Nacional Minera que se celebró en el Hotel Tequendama en julio del año pasado. Pero tanta pompa y más de 6.000 millones de pesos en contratación no consiguieron el propósito. Hoy la plataforma es, como dijo el ministro Rodado, no un catastro, sino una catástrofe: no permite sacar reportes estadísticos, no tiene funciones de seguimiento y control, modifica los decimales de las áreas entregadas y a veces las superpone sobre otras, le asigna plazos a cierto tipo de concesiones que ni la ley permite, no excluye las zonas ambientales protegidas y, lo que es peor, la información no está encriptada y ha sido objeto de ataques de hackers. Si la plataforma hubiera funcionado desde un inicio, las irregularidades de titulación habrían sido evidentes.

"Hay algo profundamente oscuro y perturbador cuando la información que se supone que debe ser pública no lo es", dice Julio Fierro, geólogo y exfuncionario del Ministerio del Medio Ambiente, que desde esa entidad solicitó al Ingeominas en 2008 que le entregara información sobre títulos otorgados en zonas protegidas, pues ya entonces sabían que la entidad había otorgado más de 30 títulos en parques naturales. En lugares tan claves como el Macizo Colombiano, donde nacen los principales ríos del país, hoy hay 30 títulos mineros otorgados, según denunció la semana pasada el representante caucano Crisanto Piso en debate ante la Comisión Quinta de la Cámara.

Esta semana, el ministro Rodado denunció algo más grave: que incluso después de que la reforma al código minero (Ley 1382), que prohíbe la titulación en páramos, entrara en vigencia el 9 de febrero de 2010, la entidad autorizó diez títulos mineros a varias compañías. Y, según pudo establecer SEMANA, apenas unos días antes le otorgaron a la minera multinacional Anglo Gold Ashanti 19 títulos en páramos, la mayoría en la zona de Santurbán. Es difícil que esto hubiera sucedido sin información interna de la entidad, pues no se explica de otra manera que estas solicitudes, que estaban en fila desde 2005 y 2008, fueran aprobadas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2010, justo antes del cambio de la norma.

Como suele suceder cuando los procedimientos estatales son oscuros e ineficientes, floreció la corrupción. Los interesados empezaron a comprar información directamente a algunos técnicos que sí sabían qué áreas estaban libres, cuándo iban a devolver un título y en dónde había yacimientos importantes de minerales. Era tal el descaro que los negocios paralelos se realizaban en la cafetería de la misma entidad.

Varias fuentes también aseguraron a SEMANA que operaban una suerte de oficinas paralelas que adjudicaban títulos de manera fraudulenta en tres puntos distintos de Bogotá, y se supo porque los usuarios se quejaban de que allá, por una "platica adicional", sí los atendían rápidamente. En un estudio que realizó el propio gobierno encontró que una solicitud para obtener un título tardaba en promedio 600 días en definirse, pero para algunos apenas demoraba un mes. Un informe del Ministerio Público explica que algunas personas llegaban con oficios de las gobernaciones pidiendo tramitar de manera expedita su solicitud, con la excusa que había escasez de carbón en su departamento.

La falta de transparencia también contribuyó a que se creara un gran mercado especulativo de compra y venta de títulos en el país. "Esto es lícito y pasa también en otros lugares del mundo, pero no en la escala de lo que sucedió aquí", dice un exfuncionario de Ingeominas. Personas que nunca han estado interesadas en minería simplemente solicitaron títulos para revenderlos a las grandes compañías y muchos no los inscribieron en el Registro Minero Nacional para no pagar el canon superficiario, una especie de arriendo que se le paga al Estado por el área entregada en concesión. Como consecuencia, el monto que recibió la entidad por concepto de los cánones se quedó corto en varios miles de millones de pesos.

Además de la abrumadora solicitud de títulos, Ingeominas no pudo responder ante miles de recursos que interponían los abogados de los mineros cuando se les negaba un título porque el área ya había sido concedida a alguien más. Un abogado que trabajó como contratista externo de la oficina jurídica de la entidad en ese entonces le dijo a SEMANA que durante los primeros años la fiebre de títulos solicitados era el carbón, pero luego fue el oro. "Para oro había dos grandes empresas multinacionales que ganaban la mayoría de los recursos", dice.

A la cabeza de este desprestigiado instituto capturado por los políticos conservadores estuvieron Julián Villarruel y Mario Ballesteros, entre 2004 y 2010. Ambos tienen investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por posibles irregularidades presupuestales. SEMANA buscó a ambos funcionarios para conocer su versión sobre lo que sucedió en Ingeominas, pero no pudo hablar con ellos.

Algunos funcionarios cuentan que a veces era imposible encontrar parqueadero porque las camionetas de los políticos invadían el lugar y por el largo corredor que conduce hasta la oficina de la Dirección General eran vistos con frecuencia parlamentarios conservadores, como los senadores Jorge Hernán Pedraza, Juan de Jesús Córdoba y Hernán Andrade, quien como presidente del Senado condecoró a Ballesteros en julio de 2009. Córdoba, quien hace parte de la Comisión Quinta de Senado, le dijo a SEMANA que con frecuencia iba a la entidad para acompañar a algunos alcaldes que buscaban gestionar recursos para Boyacá. Pedraza dijo que hace más de cinco años no va. A pesar de varios mensajes telefónicos, no fue posible hablar con el senador Andrade.

A la representante de La U y miembro de la Comisión Quinta de la Cámara Lucero Cortés también la vieron varias veces por los pasillos de la entidad, aunque ella asegura que no fueron tantas y que cuando fue lo hizo para tratar algunas denuncias sobre lo que ocurría dentro de la entidad, que luego utilizó en algunos debates de control político en los que citó a Ballesteros. Sin embargo, un hermano de la congresista, Ernesto Felipe Cortés Méndez, tuvo contratos con Ingeominas. Ella le dijo a SEMANA que no tenía conocimiento de esos contratos.

Pero del político del que se habla más en voz baja, y de quien varias fuentes coinciden en que fue padrino del nombramiento de Ballesteros en la dirección del instituto, es el senador conservador de Boyacá Ciro Ramírez, condenado por parapolítica.

Además de Ballesteros y Villaruel, hay otros 23 funcionarios que están siendo investigados por los órganos de control y serán ellos los que determinen quiénes fueron los culpables del relajo en una entidad que además funcionaba como una rueda suelta y mal engranada con el Ministerio de Minas y con las secretarías de Minas delegadas de seis departamentos, que también otorgaron títulos mineros sin mucho control.

"El gran reto de este país es ponerle orden a la minería", dijo el viceministro de Minas, Tomás González, y explicó que ya han tomado algunas medidas para sanear a Ingeominas. Con recursos del Banco Mundial y asesoría de expertos internacionales en catastros mineros, reformarán la fallida plataforma tecnológica y crearán una Agencia Nacional de Minería, que se encargará de regular el sector, al igual que lo hace hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Habrá que ver si el ministro puede devolverle a Ingeominas la reputación que alguna vez ostentó como centro de investigación geológica. Nadie mejor que los empleados honestos que llevan más de veinte años en el servicio geológico y minero del país y que vieron desparecer a Minercol hace unos años por escándalos de corrupción similares sabe que para aliviar la crisis que le dejó la fiebre minera a Ingeominas se necesitan cambios de fondo que permitan poner en marcha el tren de una minería social y ambientalmente sostenible.

fuente: http://www.semana.com/nacion/olla-podrida-ingeominas/157933-3.aspx

La Colosa, la torta para los extranjeros y las boronas para Colombia FUERA DE AQUI AGA Y SUS INVERSORES NO LOS QUEREMOS POR ESTOS LARES

Sobre la política minera se han desatado recientemente sendas controversias. En el centro del debate han estado el medio ambiente, las ligerezas y corruptelas en la entrega títulos mineros y el del ejercicio de la minería, que el gobierno llama ilegal, y en su mayor parte es informal. Este debate va más allá de los temas tratados en los medios masivos, puesto que incluye asuntos económicos, sociales, culturales, territoriales y políticos. En los políticos y económicos, como los de mayor relevancia, está la forma que asumen las relaciones con inversionistas extranjeros.

A quienes expresamos una visión crítica con la excesiva hospitalidad que los gobiernos nacionales les ofrecen a las multinacionales, se nos despacha con el cuento de que defendemos la autarquía. Argumento falso y efectista, empleado para ocultar que quienes están en la cúspide del Estado creen, como lo señaló recientemente Juan Manuel Santos, que “si” a los inversionistas extranjeros “les va bien, a Colombia le irá bien.” (Diario ABC de España, May.22.11). Se debe hacer felices a los magnates que vienen desde fuera, pues ellos esparcirán la felicidad por el suelo patrio. Algo similar pensaban los criollos que se oponían a la Revolución de Independencia culminada en 1819.

La consigna de “si a ellos les va bien, a Colombia le irá bien”, se extiende a toda la economía. Como lo explica Eduardo Sarmiento: “En lo esencial, el modelo económico del Gobierno [de Santos] es el mismo que ha venido operando los últimos 20 años. El verdadero motor de la economía es el libre comercio y, en particular, la inversión extrajera.” (El Espectador, Feb.13.11) Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, afirma que la inversión extranjera directa a “menudo sólo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios [que] con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del Gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos. Esto es particularmente cierto en las inversiones en minería, petróleo y otros recursos naturales, donde los extranjeros tienen un incentivo real para obtener concesiones a precios bajos.”

En relación con la minería, en las dos últimas décadas se han venido dando pasos tendientes a ceder el control estatal sobre la producción minera, que en la práctica significa la caída de la participación del Estado en la renta minera y le deja a la Nación una monumental pérdida económica. Los gobiernos de Gaviria y Samper se dedicaron a reformar la Constitución y el marco jurídico general en beneficio del capital extranjero. En la minería renegociaron contratos de gran minería y conexos disminuyendo el state take, tecnicismo con el que se conoce la participación estatal en la renta minera. El de Samper, además, inició el camino de la privatización de estatales mineras: vendió, a menos precio, Cerromatoso. El de Pastrana –donde Santos, Echeverry y Restrepo fueron ministros y Rodado, jefe de Ecopetrol–, privatizó, también a la barata, a Carbocol y tramitó ante el Congreso el Código de Minas vigente (Ley 685 de 2001). Rodado se queja de la ley de minas vigente. ¿Por qué no dice que ella se hizo en el gobierno de su expatrón?

Uribe Vélez, haciendo lo propio, implementó la Confianza Inversionista, huevito que Santos empolla. Al igual que los anteriores, nunca fiscalizó a las multinacionales de la minería, extendió algunos contratos en la Costa Atlántica y concedió permisos de explotación, sin mirar los pasivos sociales, económicos y ambientales acumulados. Consolidó descaradamente la puerta giratoria de las multinacionales y organismos de crédito internacional al gobierno y de allí, otra vez, a las multinacionales. Una porción representativa de sus exministros figuran hoy como altos funcionarios de multinacionales mineras. Inició una feroz persecución contra los pequeños y medianos mineros, a la que el actual gobierno le da un tinte fascistoide. Erradicar la pequeña y mediana minería colombiana, es la consigna. Tramitó una reforma al Código de Minas financiada por las multinacionales y el gobierno de Canadá, muy interesado en la minería. Razones tendrá Juan Carlos Echeverry para decir: “Lo que me gusta decir es que los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos.” (El Espectador, Mar.27.11)

De la masiva entrega de títulos mineros se queja el ministro Rodado. Habrá que ver quién lo obtuvo ilegalmente y quien legalmente, pero es preciso aclarar que a los mineros tradicionales, desde antes de 2001, consistentemente se les niega el acceso al derecho ganado a lo largo de años de trabajo. Por ejemplo, este gobierno emitió a principios de año un decreto que detuvo los procesos de legalización de minería ordenados por la reforma, los cuales, además, resultan bien difíciles de culminar positivamente. En el pasado, la legalización de mineros fue un chiste, ni el uno por ciento de las solicitudes de legalización fueron aprobadas.

Santos anuncia la locomotora, que más bien parece aplanadora. Aun cuando la gran minería a cielo abierto en La Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba causa inmensas afectaciones ambientales y socioeconómicas y de que voces científicas autorizadas piden una moratoria de la gran minería a cielo abierto en alta montaña, los proyectos de La Colosa, en Cajamarca, Tolima, y el de Marmato, en Caldas, caminan sin que el gobierno les haga ningún reparo. Si el de Santurbán logró detenerse –hay que estar pendientes de que no se les ocurra revivirlo– no fue por la acción de la Casa Nariño, sino más bien, a pesar de la Casa de Nariño. Y de las operaciones financieras montadas sobre los proyectos mineros a gran escala, no se dice ni mu.

Drummond está a punto de venderse a Glencore o a Xstrata, la segunda, subsidiaria de la primera, por 8 mil millones de dólares, una operación que le generaría a la empresa de Alabama una ganancia ocasional por 6 millones de dólares. Al fisco colombiano, de realizarse en el país, le daría ingresos por 2 mil millones, pero la operación se hará seguramente en el extranjero y el gobierno no dice nada. A la Anglogold Ashanti, que hace ganancias con un recurso natural no renovable propiedad de los colombianos, se le permite violar impunemente la legislación nacional. La empresa se embolsilla 383 millones de dólares por cada dólar que sube su acción, pero el gobierno no hace ningún esfuerzo por cobrar impuestos sobre esas ganancias. A ellas ha contribuido también en forma especial el proyecto en el Tolima, por las reservas y las características del yacimiento. Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, se podría pensar que es la máxima. Pero en un sistema donde la regla es enriquecerse hasta reventar, sería muy extraño no ver dádivas para quienes facilitan la materialización de estas operaciones. O son bobos o son muy vivos.

Se habla de una bonanza minera o de un auge. ¿Para quién? Diversos estudios muestran que el state take en gran minería oscila entre 5 y 17 por ciento, uno de los más bajos del mundo. Antes de las privatizaciones, oscilaba entre 60 y 70 por ciento, dependiendo del contrato y de la explotación. Aunque en algunas explotaciones, como las de la Drummond y Glencore en el Cesar, siempre ha sido bajísimo. La gran minería se ha desarrollado, además, a costa del desarrollo agrícola e industrial regional y nacional. Hoy nos ataca una enfermedad holandesa que sube los precios del suelo urbano y rural, dificulta el acceso a vivienda digna y entraba aún más el desarrollo agropecuario. A la par, las multinacionales mineras se vienen convirtiendo los nuevos grandes terratenientes. Por ejemplo, Anglogold tiene concesionadas más 800 mil hectáreas en cientos de municipios, un poder económico que se transforma en poder político. ¿De quién serán en adelante los concejos y alcaldías donde planta bandera la multinacional surafricana?

Con razón el señor León Teicher, presidente de El Cerrejón, dice: “Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen.” (El Espectador, Sep.08.10) Minería sí, pero no así.

La Colosa, la torta para los extranjeros y las boronas para Colombia

“¡Maldita sed de oro!, ¿Qué no ha compelido a los mortales a hacer?”, escribió Virgilio, el poeta que acompañó al Dante en su periplo por el infierno. En los tiempos del imperio romano, cuando el oro dio sus primeros pasos como fuente de acumulación de riqueza, se acuñó la frase: “Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.” En las culturas prehispánicas el uso de este metal estuvo asociado a la adoración y los tributos a las deidades. Para los españoles, en los tiempos del mercantilismo –de la acumulación originaria que sirvió al nacimiento del capitalismo–, encontrar entre los nativos de América el uso extendido del oro fue fuente de sorpresa y de todo tipo de aventuras en la búsqueda de sus yacimientos y poseedores. De allí la leyenda de El Dorado. En la California del siglo XIX sirvió, al igual que el petróleo en Texas, de base para la creación de grandes riquezas. En tiempos recientes, los usos del oro se han ampliado. Además de la joyería, está su función como reserva de riqueza y como medio de cambio. También se encuentran las aplicaciones industriales por sus características físico-químicas. Pero el principal uso del metal es el de reservorio de riqueza y commoditie, es decir, un bien con el que se especula. En tiempos de crisis económica, por ejemplo, los precios del metal aumentan sin cesar.

La explotación del oro se asocia, con razón, a todo tipo de vejámenes. Guerras, opresión, violaciones, masacres, etc., son propias de las fiebres del oro. Hasta 1971, cuando Estados Unidos rompe los acuerdos de Bretton Woods, el sistema monetario internacional lo tuvo como referente. Como expresión de la riqueza que representa, los bancos centrales poseen grandes reservas, cerca del 20 por ciento de las reservas mundiales. La explotación en América, una vez conquistada la Independencia de España, continuó controlada por compañías extranjeras. Las minas de oro ubicadas a lo largo y ancho del territorio colombiano, por ejemplo, nunca han resuelto los hondos problemas socio-económicos de las regiones donde se ubican las vetas. Y en muchos casos, las agravan.

Los impactos ambientales de la minería del oro son inocultables, pero, como resultado de las explotaciones a cielo abierto, han crecido estruendosamente. Colombia apenas entra en esta “moda”, pero Perú, entre otros, tienen vasta experiencia en lo que significan los impactos del establecimiento de minas de estas características. Los conflictos ambientales devienen en conflictos sociales y económicos. La minería del oro tiene como insumo, además de los químicos que emplea durante el proceso de extracción, el agua, lo que da origen a una contradicción entre el uso del líquido para la minería del oro y el derecho a la alimentación de los pobladores que viven en los corredores auríferos.

Este es el caso de Anglogold Ashanti (AGA), que además tiene montada un operación de especulación financiera de gran envergadura. Quien piense en la gran minería como la mera extracción de un recurso, junto con todo lo que conlleva, y no observe el negocio financiero creado sobre sus hombros, incluso con mayores ganancias que las de la extracción, realiza análisis cojos, incompletos. Desde finales del siglo XIX, el capitalismo evolucionó a un sistema donde la fusión entre el capital bancario y el industrial dio origen a un nuevo tipo de capital: el financiero. Este va subordinando cada vez más el devenir de toda la economía y los intereses de sus propietarios someten a los de otros tipos de capital y a quienes no lo poseen.

El valor global de los mercados de derivados financieros es más de 7 veces el PIB mundial. Es lo que algunos economistas llaman la financiarización de la economía. Las empresas e inversionistas, explica Cesar Giraldo, se dedican “más a buscar rentas financieras, que ganancias en el proceso productivo.” La acción de AGA, después que en 2005 alcanzara el máximo histórico (53 dólares), precio al que llegó, no por el volumen de sus reservas, sino por cuenta de los múltiples frentes de exploración, se desplomó a niveles cercanos a los 30 dólares, de donde se ha valorado 15 por ciento, mientras sus reservas lo hacen en 7 por ciento. Si se cuantifica el valor de la compañía con el Ebitda, ella cuesta 13.300 millones de dólares. Su valoración en bolsa es de 17.249 millones de dólares, 4 mil millones más. Se trata de una ganancia financiera en la que no participa la nación, a pesar que se sustenta en oro del que somos los dueños.

Según el Ministerio de Hacienda, del total del PIB que genera el sector minero, el 7 por ciento va a remunerar el trabajo, 92,3 por ciento al capital y 0,7 por ciento al Estado a través del pago de impuestos. Y en relación con los insumos, los tres de mayor demanda en la gran minería del carbón, por ejemplo, son el transporte 35,4 por ciento, los servicios financieros 15,8 por ciento y combustibles 14,1 por ciento. Sobresale el peso ocupado por el sector financiero en la demanda de insumos, que captura mayor renta que el Estado, propietario, salvo unas excepciones, de los recursos naturales no renovables. La remuneración a otros insumos o factores productivos se va subordinando a los intereses del capital financiero, que en una visión macroeconómica obtiene un ascenso “como poder económico y político”, acompañado de una “disminución de la soberanía económica y política de los Estados nacionales.”

Tanto los análisis de Procuraduría Ambiental del Tolima y la Corporación Autónoma del Tolima evidencian la violación de legislación ambiental por parte de AGA, la contradicción entre la legislación de ordenamiento territorial y la minería y los daños ambientales que causaría la explotación de La Colosa. Podría desaparecer el distrito de Usocoello, el mayor de Colombia, llevando a la extinción a cerca del 7 por ciento de la producción de arroz nacional. El precio del arroz por un choque de oferta aumentaría y se impactaría la inflación general de los alimentos, lo que podría obligar al Banco de la República a tomar medidas macroeconómicas. Lo que está en juego no es de poca monta. Lo mejor sería aplicar el principio de precaución y no permitir el desarrollo de este proyecto.

Se sabe que la minería a gran escala es intensa en capital. Luego la generación de empleo es baja y con formas de contratación que tienen en la base la tercerización. El empleo a generar no sería nuevo, provendría de competir con el trabajo de otras actividades, lo que haría crecer el salario urbano y rural, empujando a la ruina o a la crisis a vastas actividades económicas. La riqueza que se le está prometiendo a los tolimenses no es más que una promesa. AGA gasta millones de dólares en la financiación de equipos de fútbol, en publicidad en medios regionales, en fiestas locales, ofrece regalos a la población, etc. Pone su poder y conocimientos al servicio de un proyecto que no les es rentable a tolimenses y colombianos ni económica, ni social, ni cultural, ni ambientalmente. A la mina La Colosa, es mejor decirle ¡No!

Indígenas colombianos critican en España el modelo político minero de Santos

 

Representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) de Colombia denunciaron en Madrid la política minera que quiere implementar en el país el Gobierno de Santos, un modelo extractivo que, según ellos, "sólo logrará intensificar el conflicto armado".

Madrid - En una entrevista con en la sede de la ONG Almáciga, Ricardo Alberto Rojas, miembro de Casa del Pensamiento, indicó que el 60% del Cauca "está ya concesionado a 50 años a una multinacional canadiense conocida en todo el mundo por violaciones reiteradas y sistemáticas de derechos humanos".
"Todo esto lo que hace es intensificar el conflicto armado. La ofensiva minera se suma en el territorio al combate entre Ejército y guerrillas, al paramilitarismo, que sigue en la región reconvertido en bandas criminales, y al conflicto histórico de los terratenientes", dijo.
Según Rojas, cuando se cumplen 300 días la llegada de Santos al Gobierno, los cambios "están dentro de un proceso de continuidad. En las políticas de derechos humanos, de diálogo de paz, no ha cambiado nada".
"Santos se rige por un mismo Plan Nacional de Consolidación que Uribe, es decir la estrategia que el Gobierno implementa para la recuperación y control territorial, pero con el elemento adicional del modelo extractivo minero, básicamente de petróleo y oro, que supuestamente ayudará a resolver la crisis fiscal del país", apuntó.
Sin embargo, puntualizó, mientras el anterior presidente "tildaba a todo el mundo que hiciera oposición de terrorista", Santos plantea el diálogo con los sectores sociales y con la misma oposición, "aunque ese discurso no ha logrado trascender del Ejecutivo hacia abajo".
"El Ejército colombiano sigue permeado por el paramilitarismo, la corrupción, el narcotráfico y, en general, no se ven cambios sustantivos en la aplicación de una nueva política", afirmó.
En el tratamiento con los sectores sociales, "si bien ha habido un intento de Santos por establecer diálogos", Rojas aclaró que "tampoco hemos visto que se traduzca en medidas concretas de protección a los líderes y defensores de derechos humanos".
"En los 300 días de existencia del nuevo Gobierno, el pueblo Nazca ha registrado 1.250 afectados por casos de violación, asesinatos, desapariciones, amenazas, muertos por masacres o heridos, una cifra superior a la de un año antes", destacó.
Jaime Yatacue, consejero mayor de la Acin, explicó que son varios puntos los que les preocupan del gobierno de Santos, de quien dijo "cree que somos unas fichas de su dominó de consumismo".
Entre esas preocupaciones se encuentran el Plan de Desarrollo Nacional, que según Yatacue "no fue consultado con los pueblos indígenas"; la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que desde la Acin se considera simplemente de "devolución de títulos", la de Sostenibilidad Fiscal y la de Regalías Mineras.
En medio de esa lucha legal, las comunidades indígenas del Cauca siguen trabajando agrupadas en un gran tejido social que trata de combatir las violaciones de los derechos humanos de hombres y mujeres, y de proporcionar un futuro a sus hijos más allá de las guerrillas.
Según fuentes militares, las Farc siguen reclutando indígenas colombianos menores de edad, un hecho que no sorprende a Ana Deida Secue, Coordinadora del Tejido Justicia y Armonía, quien aseguró que, "acostumbrados al sonido de las balas, los niños quieren ser guerrilleros de mayores".
"Por eso trabajamos con sus madres, pero también con ellos, para que puedan crecer sabiendo que tienen otras alternativas", concluyó.

NO AL QUIMBO = PESCADORES ARTESANALES DESPLAZADOS POR EL ESTADO SE MOVILIZAN EN DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA CIVIL

 

En acciones de resistencia y luego de haberse declarado la desobediencia civil por parte de los afectados de El Quimbo, 60 pescadores se desplazaron en canoas por el Río Magdalena y se encuentran a esta hora concentrados en la Zona Rural de Puerto Seco Municipio de Gigante donde se está construyendo el Túnel de desviación del Río. Lugar donde se vienen realizando cargas explosivas que ponen en alto riesgo su vida.

En este momento el Ejército los amenaza con despojarlos, argumentando razones de ser una zona privada, a lo que los campesinos manifiestan que el río es público, no le pertenece a nadie. Está situación se puso en conocimiento de organizaciones de derechos Humanos.

Los pescadores artesanales que no han podido continuar con su actividades productivas en el Río, exigen que de inmediato, se expida el correspondiente Acto sobre la Gestión Social de Emgesa, suspendiendo la licencia y Obras del Proyecto Hidroeléctrico y se integre la Mesa de Protección de los Derechos de las poblaciones afectadas, garantizando de manera integral sus proyectos de vida y la indemnización por los daños causados.

Son 136 pescadores fueron relacionadas en el censo registrado  en la Notaria por Emgesa, esos pescadores y las familias que representan, ya se han quedado sin la fuente de su sustento,  debido a que las actividades de la obra de El Quimbo como la explosiones en el túnel, el tránsito en el río de motores de alta potencia, y la contaminación con volquetadas de tierra que depositan en el Río Magdalena, han ahuyentado los peces.

La movilización es por el incumplimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de su obligación legal de expedir el Acto Administrativo sobre la Gestión Social de Emgesa concesionaria del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y, específicamente, los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas.

Circunstancias

El Ministerio ha aplazado durante más de dos años el mencionado Acto Administrativo y en respuesta a un Derecho de Petición de Asoquimbo sólo ha anunciado que “este Ministerio se encuentra elaborando las correspondientes actuaciones administrativas a través de las cuales se fijará la posición Ministerial en torno a todas y cada una de las problemáticas evidenciadas tanto en la visita como en las socializaciones”.

Una de las problemáticas evidenciadas es el desplazamiento de los pescadores artesanales de la zona de El Quimbo, la destrucción de ranchas y la obstrucción y disminución de la actividad piscícola en el Río Magdalena debido a las ininterrumpidas cargas explosivas que vienen atentando contra la tranquilidad de la población y destruyendo el hábitat, una de las razones por las cuales Asoquimbo declaró la Desobediencia Civil para presionar la suspensión de la Licencia Ambiental, solicitud respaldada por la Defensoría del Pueblo.

Se exige de inmediato la presencia del Ministerio de Ambiente en la Zona donde dé a conocer el Acto administrativo sobre la Gestión Social de Emgesa que ha aplazado por más de dos años protegiendo a la transnacional. Se demanda la suspensión de la licencia ambiental y obras y la instalación de una Mesa de Protección de los Derechos Humanos integrada por Asoquimbo, El MAVDT, la Defensoría Nacional del Pueblo, La Procuraduría General de la Nación, PNUD Región Surcolombiana, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Senador Alexander López.

Información por ampliar...

ANA FABRICIA CORDOBA – ASESINADA POR DEFENDER Y COLABORAR CON LOS DESPLAZADOS Y LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

En 2001 llegó a Medellín huyendo del Urabá antioqueño cuando fue asesinado su primer esposo. Hace 11 meses fue asesinado su hijo y sus tres hijos sobrevivientes están amenazados y ella acaba de ser asesinada en Medellin.

8 junio 2011 casa TEATROVA – DUGUNAWIN E CONECTOR – JWAWIKA, JWAWIKA GUNTI

Veamonos y sintámonos  EN cASa Teatrova

Encuentro Especial de Apertuta en el ciclo "Miércoles de Diversidad Sonora"

JWAWIKA, JWAWIKA GUNTI

(De Corazón a Corazón en Lengua Ika)

Sonidos de la Sierra Nevada de SantaMarta

Acompañando a Dugunawin nuestro hermano de la Sierra Nevada de Santa Marta querido por todos, quien pronto viajará a visitar a su familia en Seynimin.

Él compartirá cantos milenarios con su carrizo y con el acordeón, en compañía de TETO OCAMPO(Dir de Mucho Indio) Y ALIMANTRA .

Tambien presentes TIERRA DE SUEÑOS/TALLER KU/ Y MAS ARTISTAS ENLAZADOS EN EL PROPOSITO

¡Habrá chicha y danza!

Esta ofrenda es tejida desde la gratitud a las Madres y Padres de este territorio, y la familia que acompaña siempre de corazón.

Con tu presencia y tu aporte tejeremos juntos este MACURUMA(ofrenda) que nuestro hermano va a compartir con la familia en la Sierra Nevada.

Gratitud a CONECTOR POR su acompañar en este encuentro  http://www.myspace.com/conector

Nota: Tu contribución es muy importante. Gracias por compartir en este tejido con Nuestros hermanos indígenas en medio de la ciudad. Resonancias Urbanancestrales!!

OJO!!!

CUANDO?  MIERCOLES 8 DE JUNIO

HORA:    7:00 PM (Agradecemos tu puntualidad)

DONDE: Casa Teatrova Calle 24 No 4A-16

VALOR: 10KS + Un Alimento no Perecedero

Boletas en preventa/Cupo LimitadoTels: 313201331- 3177231672 e-mail aguadefuego.la@gmail.com

Invita: AguadeFuego Urbanancestral/CasaTeatrova