Al descubierto: Demandan a Colombia por $16.500 millones de dólares al amparo del TLC con EEUU, por crear el Parque Nacional Yaigoji Apaporis
Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional
12 abril, 2016
Colombia, Bogotá – 8 de abril. Por medio de documentos publicados recientemente por el gobierno colombiano se develó la intención de tres empresas mineras de demandar al país por un monto que podría alcanzar los 16.500 millones de dólares. La demanda se daría bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, y por la decisión del gobierno colombiano de crear un área de protección natural en lugar de autorizar actividades de explotación minera en la región amazónica.
Las empresas Tobie Mining and Energy (Estados Unidos), Cosigo Resources (Canadá) y Cosigo Resources Sucursal Colombia sostienen que su proyecto de minería de oro sufrió retrasos injustos y que el proceso de consulta para la aprobación del Parque Nacional Yaigoji Apaporis fue fraudulento. Por su parte, las comunidades indígenas afectadas por el emprendimiento extractivo denunciaron irregularidades en las que incurrieron las empresas en sus intentos de explotación minera. El área es un bosque tropical rico en biodiversidad, de los más importantes del mundo. Debido a la creación de la reserva natural se tuvieron que suspender todas las actividades mineras.
Las tres empresas perdieron recientemente un caso en el Tribunal Constitucional de Colombia, relacionado con un asunto similar. Según el Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por su sigla en inglés) la demanda de arbitraje será dirimida por un tribunal comercial secreto. Si el tribunal decide que Colombia debe pagar, el monto reclamado de hasta 16.500 millones de dólares, sería superior al presupuesto nacional colombiano de educación.
Actualmente hay 700 casos conocidos de demandas inversionista-Estado a nivel mundial. Sólo en 2016 se han presentado al menos cuatro casos contra Colombia. El 16 de marzo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial) registró la intención de la minera Glencore de demandar a Colombia por un conflicto con el gobierno de ese país en torno a las regalías por un cuestionado proyecto de minería de carbón. La minera Eco Orotambién advirtió a Colombia que podría presentar una demanda comercial internacional por las medidas de protección del Páramo de Santurbán aplicadas por el Estado frente al avance de la minería de oro. Este páramo es una fuente de agua esencial y de la que dependen directamente más de dos millones de personas.
La información sobre la naturaleza o montos exactos de estas demandas no se encuentra disponible por el momento, debido al secretismo en que transcurren los procesos de los tribunales comerciales.
Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia, afirmó:
"Los Tratados de Libre Comercio socavan cualquier posibilidad de un futuro sustentable, se utilizan para garantizar la acumulación de las empresas por encima de las definiciones constitucionales en las que instancias como la Corte Constitucional sentencian la necesidad y obligación del Estado en la protección de los ecosistemas y territorios esenciales para el país” (sentencia T 035 de febrero de 2016).“Las empresas mineras han perdido sus casos en el ámbito colombiano, pero ahora quieren usar tribunales comerciales secretos para hacernos pagar por proteger la naturaleza y por mantener los mínimos de soberanía posibles en medio del modelo neoliberal. Es una clara estrategia empresarial para atacar las definiciones internas con las que se protege la naturaleza humana y no humana por encima de la acumulación del aparato corporativo trasnacional.”
Sam Cossar-Gillbert de Amigos de la Tierra Internacional dijo:
"El sistema comercial internacional actual está fuera de control. El mes pasado se demandó a Estados Unidos por $15 mil millones de dólares por suspender un oleoducto de arenas bituminosas, y ahora Colombia enfrenta una pena similar por crear una Reserva Natural. Es un delito que empresas multinacionales adineradas puedan usar los acuerdos comerciales para intimidar y amenazar el derecho de los gobiernos a reglamentar en interés del público.""El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fue anunciado por los dos gobiernos en su momento como el acuerdo con 'las protecciones ambientales más fuertes'. Sin embargo, en realidad, le otorga a las empresas extranjeras facultades especiales para atacar el ambiente. La gente, desde Michigan a Bogotá, está cansada de estas políticas comerciales fallidas. Es hora de cambiar".
Para más información:
Sam Cossar-Gilbert, Amigos de la Tierra Internacional,
Coordinador del Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
sam.cossargilbert@foe.org.au
+33750918983
Coordinador del Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
sam.cossargilbert@foe.org.au
+33750918983
Alberto Villarreal -REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Coordinador Regional Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
comercioredes@gmail.com
+598 98 556360
Coordinador Regional Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
comercioredes@gmail.com
+598 98 556360
Photo credit: Rodrigo Durán Bahamón via teleSUR
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