El escándalo de los 'falsos positivos' llegó a La Haya
DERECHOS HUMANOSLa Federación Internacional de Derechos Humanos pidió a la Corte Penal Internacional que investigue por crímenes contra la humanidad las 3.345 ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente en el país entre los años 2002 y 2008.
Foto: Archivo SEMANA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación contra los altos mandos del Ejército de Colombia responsables de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate que presuntamente ocurrieron entre los años 2002 y 2008.
En un informe presentado en La Haya, en Holanda, la FIDH, agente oficial de diálogo con la CPI, advirtió a ese tribunal que en casos relacionados con Colombia "tenga en cuenta no sólo informaciones recibidas del gobierno colombiano, dada la participación de partes del aparato estatal en la comisión de crímenes en masa".
En el documento, de unas 50 páginas, la citada organización, junto con una de sus organizaciones miembros en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, denunció que los máximos responsables de los conocidos como 'falsos positivos'todavía siguen impunes de ese crimen de lesa humanidad.
Las entidades sostuvieron que las ejecuciones se cometieron por parte del Ejército de manera "sistemática y generalizada" entre los años 2002 y 2008, mientras Álvaro Uribe Vélez ocupaba la presidencia.
"Paralelamente al sistema de incentivos monetarios (a civiles y exinsurgentes para facilitar información al Ejército) existían recompensas para los miembros del Ejército", que iban desde licencias a ascensos o condecoraciones, dice el documento.
"Se reclutaba a las víctimas con información falsa y el Ejército se encargaba de la ejecución de los civiles y simular la baja en combate", agrega el informe.
Según las cifras presentadas este martes, entre los años 2002 y 2008 se produjeron3.345 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, siendo las víctimas en su mayoría hombres jóvenes, campesinos o habitantes de zonas rurales y provenientes de familias con escasos recursos económicos, a quienes se atraía "bajo el señuelo de promesas laborales".
La FIDH denunció además que las detenciones se realizaban sin orden judicial, dando lugar a desapariciones forzadas y a 'falsos positivos'.
Según la entidad, luego se "manipulaba la escena del crimen" al vestir a las víctimas con prendas militares, armamento y munición "preparados" para tal fin.
Colombia en la CPI
La CPI realiza en este momento "análisis preliminares" en el caso de Colombia, lo que significa que tras haber estudiado si se han cometido delitos de competencia de la Corte, se aplica el llamado "test de complementariedad" para asegurarse si las autoridades nacionales están investigando los presuntos crímenes.
En el caso de Colombia, la Fiscalía de la CPI no ha abierto ningún proceso porque estima que las autoridades judiciales nacionales indagan los presuntos crímenes bajo su jurisdicción.
Sin embargo, la FIDH señaló este martes que en el caso de los 'falsos positivos' las investigaciones en Colombia se limitan a juicios a soldados de poca categoría, y se dejan impunes los máximos responsables del Ejército.
Además, los crímenes se enfocan como "casos aislados" en los que pocas veces se acusa por "desaparición forzada (...) no se investiga la tortura, ni la violencia sexual o la detención arbitraria".
Para la FIDH, los juicios por este presunto delito no son llevados a cabo con imparcialidad porque es la justicia penal militar y no la "ordinaria" la que lleva los casos.
"No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los altos mandos militares, máximos responsables por los crímenes de lesa humanidad en Colombia", concluyó el estudio.
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