Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Miércoles 3 de agosto de 2011
San José de Apartadó se declaró comunidad de paz el 23 de marzo de 1997. Aproximadamente 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, para no colaborar con ningún actor armado, para llevar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto.Después de algunos días en que la situación había estado en relativa calma en el territorio de nuestra Comunidad de Paz, nuevamente la muerte vuelve a sacudirnos, dejando terror e indignación como antes. El silencio de las armas es mentiroso, al igual que el paralelo silencio de los organismos de control del Estado, los cuales se niegan a destapar y a desmantelar las estructuras de muerte en la zona, como es su obligación, y más bien les permiten actuar abierta y descaradamente a las bases paramilitares de Nuevo Antioquia, Batata, Los Mandarinos y otras, y seguir controlando los barrios de Apartado y la carretera de San José.
Nuevamente dejamos constancia ante el país y el mundo de la forma en que se destruye la vida a nuestro alrededor:
El lunes 25 de julio de 2011, hacia las 18:00 horas, dos paramilitares en trajes civiles y con armas cortas llegaron a una finca situada a diez minutos de Tierra Amarilla, sitio ubicado en la carretera de Apartadó a San José, donde fuerza pública y paramilitares han perpetrado numerosos crímenes. Allí estaba trabajando con su máquina de aserrar madera EDISON VALDEZ HIGUITA, de 38 años, siendo asesinado de dos tiros en la cabeza por los dos paramilitares. Luego de asesinarlo lo dejaron tirado, llevándose también la máquina de aserrar. La comunidad pidió inmediatamente la intervención de la Defensoría del Pueblo para exigirle a los organismos de control perseguir a los culpables, proteger a los sobrevivientes y auxiliar a la familia de la víctima, pero la Defensora respondió de manera agresiva, reprochándole a la Comunidad de Paz que se entrometiera en casos que no eran de su incumbencia ya que no tocaban a ninguno de sus miembros.
Nuestra Comunidad siempre ha reivindicado su derecho a la solidaridad y ha rechazado y censurado la indiferencia y el aislamiento que esta sociedad quiere imponer como rasgo cultural dominante, lo que facilita la violación de los derechos humanos y la destrucción de todo proyecto comunitario y humanitario. Dada nuestra historia de comunidad victimizada a gran escala y la solidaridad que hemos encontrado en grupos humanos del país y del mundo que nos han ayudado a sobrevivir, la gente que nos rodea acude a nosotros cuando es sometida a afrentas y horrores. Tenemos pleno derecho a ayudarles así como otros nos han ayudado a nosotros. Es en extremo lamentable que sea justamente la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ente diseñado en la Constitución para coordinar la solidaridad con las víctimas, la que quiera censurarnos por ser solidarios y se niegue a cumplir su deber frente a las víctimas.
El domingo 31 de julio de 2011, hacia las 19:00 horas, hombres armados abordaron a un miembro de nuestra Comunidad en el camino de San Josesito a la Unión, intentando privarlo de su libertad y someterlo quién sabe a cuántas afrentas. Afortunadamente él salió corriendo y logró escapar.
Estos hechos muestran lo dramático de la situación y la gran degradación que vive la zona. Se continúa desconociendo el derecho a la vida y con él muchos otros derechos, pero peor aun, el mismo Estado nos quiere silenciar; continuar como cómplice o patrocinador de los criminales y prohibirnos ejercer como defensores de derechos humanos en la zona. No aceptamos esas mordazas porque son ilegítimas e ilegales. Seguiremos denunciando y exigiendo que el Estado cumpla con sus deberes constitucionales.
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