Santurbán: lecciones de un debate

Por: Elespectador.com

AUNQUE SANTURBÁN NO ES EL ÚNIco páramo en peligro, su coyuntura no sólo ha evidenciado la desorganización del país en temas ambientales, sino que ha obligado también a reflexionar sobre las manifestaciones ciudadanas, sus límites y su importancia.

De no haber sido por la oposición organizada desde Bucaramanga, no es muy claro que el Gobierno, con una cartera de Medio Ambiente hasta ahora en consolidación, y con una agenda incierta en estos temas, hubiera frenado a la multinacional Greystar al punto de coaccionarla a retirar la solicitud de explotación. Es más, no es muy claro que ni el gobernador de Santander, Horacio Serpa, ni el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, quienes en un comienzo juzgaron interesante la propuesta exploratoria, hubieran salido, finalmente, a celebrar la salida, por lo menos temporal, de la minera canadiense. Quienes velaron por el páramo, sin duda, no fueron los gobernantes, sino los cientos de manifestantes, algunos de los cuales incluso posaron desnudos a 3.000 metros de altura por la defensa de este ecosistema y el agua que garantiza.

Un reclamo, además de valiente, importante, pues sentado el precedente, mucho más cuidado tendrá el Gobierno Central y local en cumplir sus funciones de ahora en adelante. La sociedad civil, como se mostró, se puede organizar, y estará pronta a hacerlo para defender su futuro y su ciudad. Sin embargo, por cardinales que sean las manifestaciones populares, no dejan de ser una expresión clara de que las instituciones andan mal. Aunque hay quienes creen que la gran derrotada de la disputa sobre Santurbán es la multinacional Greystar, en realidad, una protesta como esta, que no pide cambios revolucionarios en las normativas, sino el cumplimiento responsable de las que ya existen, es un golpe duro a las autoridades, las cuales deberían quedar muy mal paradas tras semejante desorden, que se hizo claro desde la incompleta delimitación de las zonas protegidas del país, hasta en las ambiguas declaraciones de los más altos funcionarios.

Pero tan grave como los daños ambientales permitidos por nuestras frágiles instituciones, es la cultura de excepción que de éstas se desprende. Las reacciones populares llaman al orden a la institucionalidad, pero no la generan. De hecho, para frenarla, se ponen por fuera de ella, y no todas, como los desnudos en las fotografías, asumen formas responsables y democráticas. Tanto el grupo de ambientalistas como los defensores de la explotación destruyeron propiedad pública y se agredieron física y verbalmente durante el tiempo del debate. De hecho, en la más censurable de las reacciones, Ana Mercedes Ariza, periodista de CM&, y Armando Camelo, su camarógrafo, en la elaboración de un reportaje sobre el páramo fueron asaltados por algunos de los habitantes de California, pueblo que se beneficiaría de la minería. Ella todavía se encuentra en delicado estado de salud tras la golpiza, por fortuna interrumpida por la Policía.

Las protestas ciudadanas son necesarias, pero no con protestas se construye una democracia, esto sólo se logra con instituciones, cuya fragilidad se evidencia cada vez que los ciudadanos deciden manifestarse por fuera de ellas. Santurbán dejó claro que, por lo menos en materia ambiental, ni las autoridades regionales ni nacionales se han ganado la confianza de la ciudadanía y que ésta, antes de someterse a sus decisiones, prefiere salir a la calle y defender, a veces de mejor forma que otras —y a veces de manera violenta, como en el caso de los habitantes de California—, sus propias posiciones. Esperemos que el Gobierno decida consolidar la institucionalidad en la materia y recupere, como es su deber, la voluntad de la ciudadanía de creer en su criterio y sus decisiones.