lunes, 22 de agosto de 2011

EL PARA-NEGOCIO DE BANANAS CHIQUITA MAS DE 4000 MUERTOS Y 60.000 DESPLAZADOS EN URABA, HAY QUE INDIGNARSE CARAJO!!!

18 de agosto 2011
Este análisis fue preparado por COHA Research Associate William Moore
En marzo de 2007 en una Corte de Distrito de EE.UU., Chiquita Brands International se declaró culpable de un cargo de "participar en transacciones con terroristas globales especialmente designados". [I] La gigante bananera confesó al pago de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC ), la red notoriamente violenta de la nación del derecho de los grupos paramilitares, USD 1,7 millones en más de un centenar de pagos entre 1997 y 2004. [ii] Sin embargo, el caso se resolvió mediante un pago en efectivo, por lo tanto no exponer públicamente a ambos lados de su quid pro quo relación. Una desclasificación de los documentos de 2011 Chiquita, las confesiones de ex paramilitares, y los juicios en curso ponen al descubierto despiadado cautelosa esperanza de la corporación de EE.UU. e invitar a la especulación de la justicia para las víctimas.


El surgimiento de los paramilitares
Los paramilitares de las AUC tienen sus raíces en el conflicto armado interno de Colombia. La violencia comenzó en 1948 en Bogotá como una sangrienta guerra civil entre liberales y conservadores. La guerra de guerrillas terminó con el Frente Nacional, un pacto político que desairó las facciones disidentes de los liberales, los comunistas, las comunidades de autodefensa, y organizaciones campesinas independientes. [Iii] En los años 1960 y 1970, el conflicto se había convertido en una insurgencia guerrillera contra el Estado, que pretendía rectificar una historia de desigualdad y exclusión social. Esta fase de integración por parte de los internos de las fuerzas de izquierda dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sigue pidiendo un mayor acceso a la tierra, desarrollo rural, participación política, y poner fin a los asesinatos extrajudiciales de sus partidarios. [iv]
Exportaciones próspera la droga en Colombia de la década de 1980 alteró profundamente el conflicto de clases, la generación de la guerra multipolar civil que continúa hasta hoy. [V] Los narcotraficantes lavan su nueva riqueza a través de la compra de plantaciones en la ganadería tradicional y de las regiones agrícolas, lo que agrava aún más la lucha por la tierra y el desplazamiento de los campesinos. [vi] La nueva clase de señores de la droga estableció escuadrones de la muerte para proteger sus intereses financieros, a menudo contra las fuerzas de la guerrilla en el campo. Al mismo tiempo, el ejército colombiano organizó grupos paramilitares para combatir a los insurgentes de izquierda y salvaguardar la élite terrateniente. Sin embargo, los paramilitares de derecha desviado en gran medida del control del Estado, ya que consolidó los vínculos esenciales para capos de la cocaína, los grandes terratenientes, industriales y banqueros. [Vii]
A mediados de la década de 1990, los jefes paramilitares se había asegurado su autonomía a través de la producción y el tráfico de cocaína, y unieron sus ejércitos privados para formar la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). [Viii] El grupo paraguas cruelmente atacados los civiles sospechosos de albergar a simpatizar con la guerrilla. Que en cuartos a las víctimas con motosierras, cortaron la lengua y los testículos, y se vierte ácido de la batería en sus gargantas. [Ix] de línea dura comandante de las AUC Carlos Castaño defendió la estrategia optimista como "el drenaje del agua para atrapar los peces." [X]
En 1989, el ex presidente colombiano Virgilio Barco fuera de la ley todas las actividades paramilitares y prohibió el suministro de apoyo material y financiero a las fuerzas de derecha. Sin embargo, a pesar de su creciente criminalidad, los paramilitares se había convertido en un aliado clave de los esfuerzos de contrainsurgencia en el estado. El gobierno tácitamente permitido a los grupos que permanecen intactos y cinco años más tarde, aprobó el Decreto 356, que, en esencia, creó empresas ficticias para las operaciones de los paramilitares.La ley permitía a los grupos privados del sector de seguridad conocidas como Convivir "proveer su propia seguridad ... en zonas de alto riesgo o de interés público." [Xi] Los paramilitares rápidamente poblada y tomó el control de las Convivir, que fueron financiados y armados por el Fuerzas Armadas de Colombia [xii].


Extranjero en tierra extranjera
Las operaciones bananeras de Chiquita en Colombia antes de la fecha en que el aumento más reciente de la violencia, empezando por su predecesor infame, la United Fruit Company, más de un siglo. En la década de 1960, la empresa estableció una fortaleza en Urabá del departamento de Antioquia, donde regional plantaciones de élite preparados para la producción a cambio de la expansión del crédito y préstamos. Estos inversionistas adquirió el terreno para la United Fruit a través de la expulsión masiva de campesinos, y su Asociación de Productores de Banano (Augura) dominó la política de la región. [Xiii] Augura, en especial su presidente, se convirtió en un abierto partidario de los grupos paramilitares. [ xiv]
Expulsados ​​en la década de 1980 por la actual guerra civil en Colombia, Chiquita regresó a Urabá a finales de la década para hacer frente a una mutación particularmente violento del conflicto armado interno. Luchas de los trabajadores había atraído a grupos guerrilleros de izquierda, quien compitió por el territorio y la lealtad de los miembros del sindicato. Durante el alto el fuego temporal en Colombia con las FARC en 1984, los paramilitares de derecha comenzaron a llenar el vacío de poder al matar a guerrilleros desmovilizados y la infiltración de los sindicatos bananeros. [Xv] Este tipo de violencia con el tiempo dejó a las FARC ha comprometido a tácticas puramente militante. Las guerrillas de izquierda en Urabá secuestrado y extorsionado productores de banano, las empresas de transporte, y los comerciantes con el fin de financiar su guerra contra el Estado colombiano. [Xvi]

Conoce a Pedro Bonito
En la cara de la violencia sin paliativos, Chiquita estaba desesperado por recuperar el control de su producción de banano y de los trabajadores.Introduzca Raúl Hasbún, el heredero culta y diplomática de las fincas bananeras en Urabá grande que se parece más cómodo en un traje de camuflaje. En 1994 fue el cerebro de un sistema que habría productores de banano las empresas pagan a los paramilitares por la pacificación de las plantaciones y la supresión de la actividad sindical. [Xvii] Para la próxima década Hasbún tanto empleo como un hombre de negocios y jefe paramilitar bajo su nombre de guerra "Pedro Bonito . "Como comandante del sur de Urabá" Bloque Banana "delantero, él, personalmente, asesinados y ordenó la muerte de cientos de personas. [xviii]
En 1997, Hasbún se reunió con los líderes paramilitares y un funcionario de alto nivel de Chiquita, que se cree Charles Keiser, entonces gerente de la filial colombiana Banadex Chiquita. Chiquita acordó pagar a la red de derecha, a través de frentes paramilitares Convivir, un impuesto de tres centavos por cada caja de banano exportada, a cambio de la sangrienta pacificación de las regiones productoras de banano. Durante los siete años Chiquita financió a las AUC, los paramilitares asesinaron a más de cuatro mil personas en Urabá, la gran mayoría civiles, y el desplazamiento de miles de otros sesenta. [Xix]
Sin embargo, Chiquita siempre ha tergiversado su relación con los paramilitares Hasbún y las AUC. Mucho después de que los pagos se llevó a cabo, Fernando Aguirre, presidente de Chiquita y director general desde enero de 2004, mintió entre dientes: "Fue un dilema de, literalmente, tener un arma apuntando a su cabeza, donde se tiene a alguien que dice:" O me pagas , o me voy a matar, o me voy a matar a sus empleados. '"[xx] Chiquita ha afirmado que los pagos eran abusivos en la naturaleza y" motivado por [su] preocupación de buena fe para la seguridad de los [ sus empleados], "a pesar de que sus trabajadores bananeros propios eran a menudo las víctimas. [xxi] Cuando las AUC rápidamente le arrebató el control de las plantaciones bananeras de las guerrillas izquierdistas, a menudo dirigidas las comunidades campesinas, políticos de izquierda y dirigentes sindicales.

Bananas, armas y cocaína
Peor aún, la empresa parece haber ayudado a contrabandear armas AUC en la zona de guerra en Colombia. En 2001, Chiquita facilita el desvío de tres mil nicaragüenses AK-47 rifles de asalto y cinco millones de municiones de Panamá a Antioquia, donde Banadex controlado el puerto de Turbo. [Xxii] Las cajas se mantuvieron en las instalaciones privadas de Chiquita durante varios días antes de su transferencia a catorce vehículos AUC. [xxiii] Mientras el papeleo afirmó que el barco panameño lleva de plástico y pelotas de goma, los empleados Banadex usada-una máquina de elevación necesaria para mover la carga declarada. [xxiv] Dos años más tarde, la Organización de Estados Americanos ( OEA)  encuentran Banadex culpable de la venta de armas ilegales y el soborno probable de las autoridades portuarias, pero de alguna manera no se menciona la propiedad de Chiquita de la filial. [xxv]
Chiquita podría haber facilitado la transferencia de por lo menos cuatro envíos de armas a las AUC otros. Hasbún se ha confesado a la entrada de 4.200 fusiles de asalto a través del puerto de Chiquita de Turbo. [Xxvi] En otro caso, José Leonardo López Valencia, un mecánico eléctrico en Turbo, fue testigo de uniformados paramilitares de las AUC de descarga de un cajas barco Chiquita cree que contienen las armas de fuego de contrabando . [xxvii] En 2001, Securities and Exchange Commission (SEC) el informe reveló que Chiquita acordó pagar una multa de 100.000 USD, sin admisión de culpabilidad de un caso de soborno de 1995 en el que los empleados Banadex pagó funcionarios Turbo puerto de USD 30 000 para pasar por alto dos citas anteriores por no cumplir con las regulaciones aduaneras colombianas. [xxviii]
Asistencia de Chiquita a las AUC se extendió incluso más allá de los envíos de armas ilícitas, a la participación tácita en el tráfico de drogas. El gigante de productos que supuestamente le dio al grupo paraguas de la derecha "el acceso incontrolado a las instalaciones portuarias y los buques" y los fiscales colombianos acusan a las AUC de la utilización de buques de Chiquita con destino a Europa para el contrabando de narcóticos, especialmente cocaína. [Xxix] Éver Veloza García, ex comandante del Frente paramilitares Turbo en el norte de Urabá, explicó cómo los paramilitares evadir los puntos de control de las agencias de seguridad mediante la vinculación de los envíos de narcóticos a los cascos de los buques de plátano en alta mar. [xxx] De hecho, las autoridades han confiscado más de una tonelada y media de cocaína, valorado en USD 33 millones, desde buques Chiquita. [xxxi]
"Una palmada en la muñeca de las empresas" [xxxii]
En septiembre de 2001, los EE.UU. Departamento de Estado designó a las AUC como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), apoyo a la toma de Chiquita material de los paramilitares de derecha en un delito federal. A pesar de los reportes generalizados de la convocatoria por los medios de comunicación de Colombia y EE.UU., incluyendo The Cincinnati Enquirer, las reclamaciones de sociedades con sede en Cincinnati que no tenía conocimiento de la lista de terroristas de otros dieciocho meses. Para el año 2003, abogado externo había convencido a la Junta Directiva de Chiquita a las AUC revelar su financiación con los EE.UU. Departamento de Justicia (DOJ). Sin embargo, ejecutivos de la empresa que supuestamente salía de una reunión con funcionarios del Departamento de Justicia el 24 de abril con la conclusión de que podían esperar "ninguna responsabilidad por la conducta pasada." [Xxxiii] Dos reuniones de la junta posterior de ese año la participación de Ciro Friedheim, ex director ejecutivo de Chiquita, concluyó que la empresa debe "seguir haciendo los pagos." [xxxiv] El fracaso del Departamento de Justicia para intervenir de manera oportuna permite Chiquita para hacer treinta  pagos más por un total de USD 300 000 AUC hasta enero de 2004. [xxxv]
Declaraciones rodea Estados Unidos contra Chiquita Brands International por error el apoyo de la empresa afirman que las AUC Chiquita fondos se desembolsaron bajo extrema presión. Holder Eric, abogado principal ex Chiquita y actual EE.UU. Fiscal General, indulgencia abogó para sus ejecutivos "que hizo una decisión realmente doloroso." [Xxxvi] embargo como propia abogados externos Chiquita había dicho la compañía "Usted voluntariamente ponerse en esta posición . Coacción de defensa pueden llevar a cabo delgado a través de la repetición "[xxxvii] funcionarios de Chiquita en connivencia con las AUC en última instancia, se alejó en gran medida intacta:.. Confidencialidad intacta, no hay tiempo en la cárcel y una multa de acuerdo con el fiscal 25 millones de dólares [xxxviii]
Los papeles de Chiquita
En abril de 2011, el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), ubicado en la Universidad George Washington, publicó más de 5.500 páginas de documentos internos de Chiquita obtuvo del Departamento de Justicia bajo la Ley de Libertad de Información. Los datos contenidos asombrosa pagos ilícitos de la empresa multinacional y plantea importantes interrogantes acerca de la insuficiencia del Departamento de Justicia para procesar a plena Chiquita en 2007. De hecho, la evidencia contradice la conclusión del acuerdo con el fiscal de que las milicias Convivir "no siempre acusado Chiquita o Banadex con cualquiera de los servicios de seguridad real ... a cambio de los pagos" [xxxix] y expone numerosos intentos de ocultar la verdadera naturaleza de su relación.Por ejemplo, un 03 2000 memo interno escrito por Chiquita Abogado Senior Robert Thomas, afirma que los paramilitares en la región bananera de Santa Marta, creó una empresa ficticia llamada "Inversiones Manglar", que afirma que "producir, cosechar y exportación de frutas y ganado "pero en realidad transmite" información sobre los movimientos guerrilleros "y" disfrazado el verdadero propósito de garantizar la seguridad. "[xl]
Los documentos desclasificados demuestran los intentos consistentes para ocultar la financiación de las AUC registrado como "pagos de seguridad" en los libros y registros corporativos. Una presentación de PowerPoint de Chiquita en fecha tan tardía como 2003 pesa diferentes métodos de trucos contables, de la ocultación de los desembolsos en las cuentas de gastos Gerentes Generales, para su encubrimiento como el pago de sueldos adicionales, simplemente con lo que el pago en Colombia como dinero contante y sonante. [xli]
Colusión oscurecido con la izquierda armada
Los papeles de Chiquita también inesperadamente revelan que antes de la financiación de las AUC, la corporación en connivencia con la guerrilla izquierdista. En una serie de memorandos confidenciales de Medellín entre 1992 y 1995, Chiquita analizó la violencia intra-guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Ejército Popular de Liberación (EPL), y la naciente Esperanza del partido, de tendencia derechista contraparte política del EPL. A la vista de estas numerosas facciones en guerra, Chiquita parece que simplemente les pagó todo, a la vez que canalizar dinero a los militares colombianos a través de Augura. [Xlii] Las notas detalle el pago de cientos de miles de dólares por las subsidiarias de la corporación a la " Grupos guerrilleros y políticos "en Urabá y Santa Marta, a menudo por años, meses, e incluso especificar fechas. [xliii] Así, la corporación contradictoriamente pagado el partido Esperanza y al mismo tiempo la financiación tomas armadas de las FARC de los autobuses en los que exigían que los pasajeros se niegan a votar por Esperanza.
Quizá la revelación más sorprendente de los documentos desclasificados de Chiquita es la prestación de los grupos guerrilleros de seguridad armados para la gigante bananera, su enemigo ideológico. Una "altamente confidencial" el proyecto de memorando legal desde enero de 1994 los fondos de las preocupaciones se caracteriza por los contadores Chiquita como "el pago de extorsiones guerrilla" se ha registrado aún como "seguridad ciudadana". [Xliv] En el documento se incluye un comentario de un Director General en Turbo Banadex que "los grupos guerrilleros se utilizan para suministrar al personal de seguridad en las granjas de varios. "[xlv] Michael Evans, director del proyecto NSA Colombia, señala que los abogados trataron de ocultar una relación de dar y recibir, sustituyendo la palabra" transacciones "con los" pagos " en todo el documento cuando se describe la relación entre Chiquita y diversos grupos de guerrilla. [xlvi]
Un sospechoso general
Documentos de Chiquita también describen una relación personal con un general del ejército colombiano actualmente en juicio por asesinato y colaboración con grupos paramilitares de derecha. Entre los documentos desclasificados de Chiquita es un documento escrito a mano a partir de 1999 que trata sobre un "general en la zona desde hace varios años" que fue "suspendido del Ejército" a raíz de las acusaciones de ser "con [a] escuadrón de la muerte." Aunque el nombre del general fue borrado del el documento, es casi seguro que discutir el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII en Urabá en 1995, pero obligado a retirarse por colusión con los paramilitares.Un cable de 1998 desclasificado de la embajada de EE.UU. en Bogotá por el entonces embajador Curtis Kamman incluye acusaciones de que del Río fue uno de los "dos funcionarios más corruptos del ejército en Colombia" y que le dijo a sus subordinados a "cooperar con los paramilitares." [Xlvii] Mientras tanto, , los estados de Chiquita documento que este general "nos han ayudado personalmente" con la "seguridad" y "la información que impidió que los secuestros." [xlviii]
Escapes justicia en todos los lados
En los meses siguientes acuerdo con el fiscal de Chiquita, el Congreso de los EE.UU. comenzó las investigaciones de actos ilícitos más. En junio 2007, Delahunt ex Bill Representante de Massachusetts encabezó una audiencia Casa conjunto sobre "Protección y Dinero: Empresas EE.UU., Su Empleados, y Violencia en Colombia," [xlix] como afirmó que colusión Chiquita con las AUC era sólo "la punta del iceberg. "[l] Sin embargo, Delahunt inesperadamente cerró la investigación no son concluyentes. Las denuncias enlace de su terminación a Joaquín Pérez, abogado con sede en Miami conocido como el "Abogado del Diablo" por su representación de los principales jefes paramilitares.
Las perspectivas de la justicia en Colombia también cayó plana. Después de asentamiento de Chiquita en efectivo de 2007, Mario Iguarán, Fiscal General de Colombia por el ex presidente Álvaro Uribe, fuertemente condenó la "relación criminal" entre Chiquita y los paramilitares. [Li] De pie junto a una fosa común de la desmembrada víctimas de las AUC, declaró: "Puede ver claramente que no pagaron por seguridad, sino por la sangre. "[lii] Sin embargo, en 2009 estaba claro que sus múltiples amenazas a la extradición de los ejecutivos de Chiquita para ser juzgado en Colombia se retórica política simple. Iguarán se está actualmente bajo investigación por vínculos con las AUC. [Liii]
Hablan los paramilitares
Mientras que funcionarios de EE.UU. y del gobierno de Colombia no han podido decir la verdad, una fuente poco se ha llenado en el ex comandantes de las AUC. Los paramilitares desmovilizados han aprobado por unanimidad rechazó la acusación de Chiquita de extorsión. En 60 minutos, el ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso negó rotundamente que el grupo que representa la derecha habría matado a los funcionarios de Chiquita no pudieron hacer los pagos. Él dijo: "La verdad es que nunca pensé en lo que podría suceder, porque lo hicieron de buena gana." [Liv] Durante la entrevista, Mancuso también implicó producir gigantes Dole Food Company y Del Monte por connivencia con las AUC en Colombia, y se ofreció a dar nombres antes de que el Departamento del Departamento de Justicia y el Estado. Éver Veloza García, el ex comandante paramilitar en Urabá, ha hecho confesiones similares y reiteró que los funcionarios de Chiquita "llegó de forma voluntaria" y se han beneficiado de la supresión completa de las huelgas sindicales. [Lv]
Terry Collingsworth, un fiscal principal de las demandas civiles presentadas contra Chiquita, ha viajado a las cárceles colombianas en varias ocasiones para reunirse con Raúl Hasbún y José Gregorio Mangones Lugo, alias "Carlos Tijeras". Tijeras, que anteriormente controlaba la zona bananera de Magdalena, donde Chiquita cabo operaciones en paralelo, siempre y cuando la confesión más condenatoria. Tijeras igualmente incriminado Dole Food Company, afirmando: "Nosotros también recibimos llamadas de las plantaciones de Chiquita y Dole la identificación de personas concretas como" problemas de seguridad "o de" problemas ". Todo el mundo sabía que eso significaba que iban a ejecutar a la persona indicada", por lo general dirigentes sindicales o campesinos tratando de recuperar la tierra. [lvi]
A pesar de su franqueza, los ex paramilitares a veces son reacios a hablar. En una entrevista con el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), Collingsworth explicó que los paramilitares temen inconsistencias en múltiples confesiones que podría privarlos de los beneficios de 2005 de Colombia, la Justicia y la Paz, que ofrece reducción de penas de cárcel a cambio de su desmovilización y confesiones. Por otra parte, Collingsworth señaló que los comandantes paramilitares encarcelados se ha reunido con "afirman que Chiquita y Dole han estado visitando y ofreciendo dinero no dar nombres ... lo que no me estás diciendo es que precisamente los estaba visitando ... que están considerando su opciones. "[lvii]
Esperanza para la Justicia
El 03 de junio 2011 de Distrito de EE.UU. juez Kenneth Marra emitió una resolución de 95 páginas que las demandas permitidas traído por unos 4.000 colombianos que buscan una indemnización por violencia de las AUC para seguir adelante. El 5 de julio, Collingsworth modificado su queja para incluir los pagos de Chiquita a las guerrillas de izquierda, y, junto con otros fiscales, ha expresado un gran optimismo de los casos. De hecho, 2007 Chiquita confesión proporciona evidencia irrefutable de connivencia legal de la empresa con las fuerzas paramilitares. Con suerte, una realización de la justicia servirá como un llamado de alerta a otros con base en las empresas en las regiones productoras de banano y revelar, como un documento desclasificado de la Chiquita sugiere, el verdadero "costo de hacer negocios en Colombia." [Lviii]
Referencias para este artículo puede encontrar aquí.
Fuente: Inthesetimes.org (en estos tiempos)

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Para-Business Gone Bananas: Chiquita Brands in Colombia

August 18, 2011

This analysis was prepared by COHA Research Associate William Moore

In March 2007 in a U.S. District Court, Chiquita Brands International pled guilty to one count of “Engaging in Transactions with a Specially-Designated Global Terrorist.”[i] The banana giant confessed to paying the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC), the nation’s notoriously violent network of right-wing paramilitary groups, USD 1.7 million in over one hundred payments between 1997 and 2004.[ii] Yet the case was resolved by a cash settlement, thus failing to publicly expose both sides of their quid pro quo relationship. A 2011 declassification of Chiquita documents, confessions by former paramilitaries, and ongoing lawsuits lay bare the U.S. corporation’s ruthless profiteering and invite cautious hope of justice for the victims.

The Rise of Paramilitaries

The AUC paramilitaries have their roots in Colombia’s internal armed conflict. The violence began in 1948 in Bogotá as a bloody civil war between Liberals and Conservatives. The partisan warfare ended with the National Front, a political pact that snubbed dissident factions of Liberals, Communists, self-defense communities, and independent peasant organizations.[iii] By the 1960s and 1970s, the conflict had morphed into a guerrilla insurgency against the state, which sought to rectify a history of inequality and social exclusion. This phase of integration on the part of internal leftist forces gave rise to the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), which continues to call for greater land access, rural development, political participation, and an end to the extrajudicial murder of its supporters.[iv]

Colombia’s thriving drug exports of the 1980s profoundly altered the class-based conflict, generating the multipolar civil war that continues today.[v] Narco-traffickers laundered their newfound wealth through the purchase of plantations in the traditional cattle and agricultural regions, which further exacerbated the land struggle and displacement of peasants.[vi] The emerging class of drug lords established death squads to protect their financial interests, often targeting guerrilla forces in the field. In tandem, the Colombian military organized paramilitary groups to combat leftist insurgents and safeguard the landed elite. However, the right-wing paramilitaries largely deviated from state control as they solidified essential links to cocaine kingpins, large landowners, industrialists, and bankers.[vii]

By the mid-1990s, paramilitary chiefs had secured their autonomy through the production and trafficking of cocaine, and combined their private armies to form the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC).[viii] The umbrella group ruthlessly attacked any civilians suspected of harboring guerrilla sympathies. They quartered victims with chainsaws, cut off their tongues and testicles, and poured battery acid down their throats.[ix] Hardline AUC commander Carlos Castaño defended the sanguine strategy as “draining the water to catch the fish.”[x]

In 1989, former Colombian President Virgilio Barco outlawed all paramilitary activity and forbade provision of material and financial support to the right-wing forces. Yet despite their rampant criminality, the paramilitaries had become a key ally of the state’s counterinsurgency efforts. The government tacitly permitted the groups to remain intact and five years later passed Decree 356, which in essence created front companies for paramilitary operations. The law allowed private sector security groups known as Convivir to “provide their own security…in areas of high risk or in the public interest.”[xi] The paramilitaries promptly populated and took control of the Convivir, which were funded and armed by the Colombian military.[xii]

Stranger in a Strange Land

Chiquita’s banana operations in Colombia pre-date the most recent surge of violence, beginning with its infamous predecessor, United Fruit Company, over a century ago. In the 1960s, the corporation established a stronghold in Urabá of the Antioquia Department, where regional elite prepared plantations for production in exchange for expanded credit and loans. These investors acquired the land for United Fruit through the massive expulsion of peasant farmers, and their Association of the Banana Growers (Augura) dominated the region’s politics.[xiii] Augura, particularly its president, would become an outspoken supporter of paramilitary groups.[xiv]

Driven out in the early 1980s by Colombia’s ongoing civil war, Chiquita returned to Urabá by the end of the decade to face a particularly violent mutation of the internal armed conflict. Labor struggles had attracted leftist guerrilla groups, who then competed for territory and the loyalty of union members. During Colombia’s temporary ceasefire with the FARC in 1984, right-wing paramilitaries began to fill the resulting power vacuum by killing off demobilized guerrillas and infiltrating the banana unions.[xv] Such violence eventually left the FARC committed to purely militant tactics. The leftist guerrillas in Urabá kidnapped and extorted banana-growers, transportation companies, and shopkeepers in order to finance their war against the Colombian state.[xvi]

Meet Pedro Bonito

In the face of unmitigated violence, Chiquita was desperate to regain control of its banana production and workers. Enter Raúl Hasbún, the well-read and diplomatic heir to large banana farms in Urabá who looks more comfortable in a business suit than camouflage fatigues. In 1994 he masterminded a system that would have banana-producing companies pay paramilitaries for the pacification of plantations and suppression of union activity.[xvii] For the next decade Hasbún moonlighted as both a businessman and paramilitary chief under his nom de guerre “Pedro Bonito.” As commander of Urabá’s Southern “Banana Bloc” Front, he personally murdered and ordered the death of hundreds.[xviii]

In 1997, Hasbún met with paramilitary leaders and a high-level Chiquita official, believed to be Charles Keiser, then manager of Chiquita’s Colombian subsidiary Banadex. Chiquita agreed to pay the right-wing network, through Convivir paramilitary fronts, a three-cent tax for every crate of bananas exported, in exchange for the bloody pacification of the banana-growing regions. During the seven years Chiquita funded the AUC, the paramilitaries murdered over four thousand individuals in Urabá, the vast majority civilians, and displaced an additional sixty thousand.[xix]

Yet Chiquita has consistently misrepresented its relationship with Hasbún and AUC paramilitaries. Long after the payments took place, Fernando Aguirre, Chiquita’s President and CEO since January 2004, lied through his teeth: “It was a dilemma about literally having a gun pointed to your head, where you have someone who says, ‘Either you pay me, or I’m going to kill you, or I’m going to kill your employees.’”[xx] Chiquita has claimed that the payments were extortionate in nature and “motivated by [their] good faith concern for the safety of [their] employees,” even though its own banana workers were often the victims.[xxi] When the AUC rapidly wrested control of the banana plantations from leftist guerrillas, they often targeted peasant communities, leftist politicians, and labor leaders.

Bananas, Guns, and Cocaine

Even worse, the corporation appears to have helped smuggle AUC weapons into the Colombian war zone. In 2001, Chiquita facilitated the diversion of three thousand Nicaraguan AK-47 assault rifles and five million rounds of ammunition from Panama to Antioquia, where Banadex controlled the port of Turbo.[xxii] The crates remained at Chiquita’s private facilities for several days before their transfer to fourteen AUC vehicles.[xxiii] While paperwork claimed that the Panamanian ship carried plastic and rubber balls, the Banadex employees used heavy-lifting machinery unnecessary to move the declared cargo.[xxiv] Two years later, the Organization of American States (OAS) found Banadex guilty of the illegal arms deal and probable bribery of port authorities, but somehow failed to mention Chiquita’s ownership of the subsidiary.[xxv]

Chiquita may have facilitated the transfer of at least four other arms shipments to the AUC. Hasbún himself has confessed to the entry of 4,200 assault rifles through Chiquita’s port of Turbo.[xxvi] In another instance, José Leonardo López Valencia, an electrical mechanic at Turbo, witnessed uniformed AUC paramilitaries offloading from a Chiquita ship crates believed to contain smuggled firearms.[xxvii] In 2001, a Securities and Exchange Commission (SEC) report revealed that Chiquita agreed to pay a USD 100,000 fine without admission of guilt for a 1995 bribery case in which Banadex employees paid Turbo port officials USD 30,000 to overlook two previous citations for failure to comply with Colombian customs regulations.[xxviii]

Chiquita’s assistance to the AUC extended even beyond illicit arms shipments, to tacit participation in the drug trafficking. The produce behemoth allegedly gave the right-wing umbrella group “uncontrolled access to its port facilities and ships” and Colombian prosecutors accuse the AUC of using Chiquita vessels bound for Europe to smuggle narcotics, particularly cocaine.[xxix] Éver Veloza García, former commander of the paramilitary Turbo Front in Northern Urabá, explained how paramilitaries evaded the control points of security agencies by tying narcotic shipments to the hulls of banana vessels at high sea.[xxx] Indeed, authorities have seized over one and a half tons of cocaine, valued at USD 33 million, from Chiquita ships.[xxxi]

“A Slap on the Corporate Wrist”[xxxii]

In September 2001, the U.S. State Department designated the AUC as a Foreign Terrorist Organization (FTO), making Chiquita’s material support of the right-wing paramilitaries a federal crime. Despite widespread reporting of the announcement by Colombian and U.S. media, including The Cincinnati Enquirer, the Cincinnati-based corporation claims that it was unaware of the terrorist listing for another eighteen months. By 2003, outside counsel had convinced Chiquita’s Board of Directors to disclose its AUC funding to the U.S. Department of Justice (DOJ). Yet company executives purportedly left a meeting with DOJ officials on April 24 with the conclusion that they could expect “no liability for past conduct.”[xxxiii] Two subsequent board meetings that year attended by Cyrus Friedheim, Chiquita’s former CEO, concluded that the company should “continue making payments.”[xxxiv] The DOJ’s failure to intervene in a timely fashion permitted Chiquita to make thirty more AUC payments totaling USD 300,000 until January 2004.[xxxv]

Statements surrounding United States v. Chiquita Brands International erroneously supported the corporation’s claim that Chiquita’s AUC funding was shelled out under extreme duress. Eric Holder, former lead counsel for Chiquita and current U.S. Attorney General, advocated leniency for its executives “who made a really painful decision.”[xxxvi] Yet as Chiquita’s own outside counsel had told the company, “You voluntarily put yourself in this position. Duress defense can wear out thin through repetition.”[xxxvii] Chiquita officials in collusion with the AUC ultimately walked away largely unscathed: confidentiality intact, no jail time, and a plea bargain fine of USD 25 million.[xxxviii]

The Chiquita Papers

In April 2011, the National Security Archive (NSA), located at George Washington University, published over 5,500 pages of Chiquita’s internal documents obtained from the DOJ under the Freedom of Information Act. The staggering content details the multinational corporation’s illicit payments and raises major questions about the DOJ’s failure to fully prosecute Chiquita in 2007. In fact, the evidence directly contradicts the plea bargain’s conclusion that Convivir militias “never provided defendant Chiquita or Banadex with any actual security services… in exchange for the payments”[xxxix] and exposes numerous attempts to conceal the true nature of their relationship. For example, a March 2000 internal memo written by Chiquita Senior Counsel Robert Thomas, states that paramilitaries in the banana-growing region of Santa Marta created a front company called “Inversiones Manglar” that claimed to “produce, harvest, and export fruit and cattle” but in reality relayed “info on guerrilla movements” and “disguised the real purpose of providing security.”[xl]

The declassified documents demonstrate consistent attempts to hide the AUC funding recorded as “security payments” in corporate books and records. A Chiquita PowerPoint presentation from as late as 2003 weighs different methods of accounting tricks, from the concealment of disbursements in General Managers’ expense accounts, to their cover-up as additional salary payments, to simply bringing the payments into Colombia as cold hard cash.[xli]

Obscured Collusion with the Armed Left

The Chiquita Papers also unexpectedly reveal that prior to funding the AUC, the corporation colluded with leftist guerrillas. In a series of confidential memos from Medellín between 1992 and 1995, Chiquita analyzed intra-guerrilla violence between the FARC, the National Liberation Army (ELN), the Socialist Renewal Current (CRS), the Popular Liberation Army (EPL), and the nascent Esperanza party, the EPL’s right-leaning political counterpart. In the face of these numerous warring factions, Chiquita appears to have simply paid them all, while also funneling money to the Colombian military through Augura.[xlii] The memos detail the payment of hundreds of thousands of dollars by the corporation’s subsidiaries to the “Guerrilla and Political Groups” in Urabá and Santa Marta, often by year, month, and even specific dates.[xliii] Thus the corporation contradictorily paid off the Esperanza party while simultaneously funding the FARC’s armed takeovers of buses in which they demanded that the passengers refuse to vote for Esperanza.

Perhaps the most surprising revelation among Chiquita’s declassified documents is the guerrilla groups’ provision of armed security for the banana giant, their ideological nemesis. One “Highly Confidential” legal memo draft from January 1994 concerns funds characterized by Chiquita accountants as “guerrilla extortion payments” yet recorded as “citizen security.”[xliv] The document includes a remark by a Banadex General Manager in Turbo that “Guerrilla Groups are used to supply security personnel at the various farms.”[xlv] Michael Evans, director of the NSA Colombia project, points out that lawyers tried to mask a give-and-take relationship by replacing the word “transactions” with “payments” throughout the document when describing the relationship between Chiquita and various guerrilla groups.[xlvi]

A Suspect General

Chiquita’s documents also outline a personal relationship with a Colombian military general currently under trial for murder and collaboration with right-wing paramilitaries. Among Chiquita’s declassified papers is a handwritten document from 1999 that discusses a “General in the zone for several years” who was “suspended from the Army” following accusations of being “with [a] death squad.” Although the general’s name was expunged from the document, it is almost certainly discussing General Rito Alejo del Río, commander of the Seventeenth Brigade in Urabá in 1995, but forced into retirement for colluding with paramilitary forces. A 1998 declassified cable from the U.S. Embassy in Bogotá by then Ambassador Curtis Kamman includes allegations that del Río was one of the “two most corrupt army officials in Colombia” and that he told his subordinates to “cooperate with paramilitaries.”[xlvii] Meanwhile, Chiquita’s document states that this general “helped us personally” with “security” and “information that prevented kidnappings.”[xlviii]

Justice Escapes on All Sides

In the months following Chiquita’s plea bargain, the U.S. Congress began investigations into further wrongdoings. In June 2007, former Representative Bill Delahunt of Massachusetts spearheaded a House joint hearing on “Protection and Money: U.S. Companies, Their Employees, and Violence in Colombia,”[xlix] as he claimed that Chiquita’s collusion with the AUC was just “the tip of the iceberg.”[l] Yet Delahunt unexpectedly shut down the inconclusive investigation. Allegations link its termination to Joaquín Pérez, a Miami-based advocate dubbed the “Devil’s Lawyer” for his representation of top paramilitary thugs.

Prospects for justice in Colombia also fell flat. Following Chiquita’s 2007 cash settlement, Mario Iguarán, Attorney General of Colombia under former president Álvaro Uribe, fiercely condemned the “criminal relationship” between Chiquita and paramilitaries.[li] Standing beside a mass grave of dismembered AUC victims, he stated, “You can clearly see they didn’t pay for security, but for blood.”[lii] Yet by 2009 it was clear that his multiple threats to extradite Chiquita executives for trial in Colombia were mere political rhetoric. Iguarán himself is currently under investigation for ties to the AUC.[liii]

Paramilitaries Speak Out

While U.S. and Colombian government officials have failed to tell the truth, an unlikely source has filled in—former AUC commanders. Demobilized paramilitaries have unanimously rejected Chiquita’s accusation of extortion. On 60 Minutes, former AUC chief Salvatore Mancuso flatly denied that the right-wing umbrella group would have killed Chiquita officials had they failed to make the payments. He said, “The truth is we never thought about what might happen because they did so willingly.”[liv] During the interview, Mancuso also implicated produce giants Dole Food Company and Del Monte for collusion with the AUC in Colombia, and offered to name names before the DOJ and State Department. Éver Veloza García, the former paramilitary commander in Urabá, has made similar confessions and reiterated that Chiquita officials “came to us voluntarily” and benefited from the complete suppression of union strikes.[lv]

Terry Collingsworth, a lead prosecutor for the civil lawsuits brought against Chiquita, has traveled to Colombian prisons on a number of occasions to meet with Raúl Hasbún and José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras.” Tijeras, who previously controlled the banana zone of Magdalena where Chiquita held parallel operations, provided the most damning confession. Tijeras likewise incriminated Dole Food Company, claiming, “We would also get calls from the Chiquita and Dole plantations identifying specific people as ‘security problems’ or just ‘problems.’ Everyone knew that this meant we were to execute the identified person,” usually union leaders or peasants trying to reclaim the land.[lvi]

Despite their candor, former paramilitaries are sometimes hesitant to speak. In an interview with The Council on Hemispheric Affairs (COHA), Collingsworth explained that paramilitaries fear inconsistencies in multiple confessions that could deprive them of benefits from Colombia’s 2005 Justice and Peace program, which offers reduced jail terms in return for their demobilization and confessions. Moreover, Collingsworth noted that the jailed paramilitary commanders he has met with “are claiming that Chiquita and Dole have been visiting them and offering them money not to name names…what they are not telling me is who exactly was visiting them…they are considering their options.”[lvii]

Hope for Justice

On June 3, 2011 U.S. District Judge Kenneth Marra issued a 95-page decision that permitted lawsuits brought by some 4,000 Colombians seeking compensation for AUC violence to move forward. On July 5, Collingsworth amended his complaint to include Chiquita’s payments to leftist guerrillas, and, along with other prosecutors, has expressed great optimism for the cases. Indeed, Chiquita’s 2007 confession provides legally irrefutable evidence of the company’s collusion with the paramilitary forces. Hopefully, a realization of justice will serve as a wakeup call to other U.S.-based corporations in the banana-growing regions and reveal, as one declassified Chiquita document suggested, the true “cost of doing business in Colombia.”[lviii]

References for this article can be found here.

Source: Inthesetimes.org (In These Times)

1 comentario:

  1. Hay posibilidad de que me lo envien impreso a mi casa?

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