miércoles, 24 de agosto de 2011

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lunes, 22 de agosto de 2011

EXIGIMOS AL SR PRESIDENTE QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS CON LA REGISTRADURIA NACIONAL PARA QUE DEVUELVAN SUS NOMBRES Y SU DIGNIDAD A LOS WAYUU

Nacimos el 31 de diciembre from Priscila Padilla Farfan on Vimeo.

Si los funcionarios de la registraduria creen que pueden tratar a los ciudadanos colombianos como basura, y se creen tan chistosos, porque no los mandan a Sábados Felices, que me parece sea el lugar indicado… aunque tenemos un monton de canecas de basura … en caso que las necesiten.

No se puede atropellar de este modo, a nuestros indígenas, quienes se creen que son? y el pueblo colombiano pagando salarios a estas “cosas”porque gente NO SON.

Exigimos que vengan tomadas las medidas necesarias DISCIPLINARIAS , con los funcionarios que hayan tenido que ver con esta barbarie.

EXIGIMOS RESPETO POR EL PUEBLO COLOMBIANO

EXIGIMOS LA DEVOLUCION DE LOS NOMBRES CORRECTOS A NUESTROS INDÍGENAS WAYUU

POPÓ Y CHICHI SON LOS FUNCIONARIOS DE LA REGISTRADURIA DE RIOACHA!! FUERA DE LA REGISTRADURIA INMEDIATAMENTE!!  - POR FAVOR LEER Y COMPARTIR – TODOS TIENEN QUE SABER DEL COMPORTAMIENTO IRRESPONSABLE DE ESTAS “COSAS”

EL PARA-NEGOCIO DE BANANAS CHIQUITA MAS DE 4000 MUERTOS Y 60.000 DESPLAZADOS EN URABA, HAY QUE INDIGNARSE CARAJO!!!

18 de agosto 2011
Este análisis fue preparado por COHA Research Associate William Moore
En marzo de 2007 en una Corte de Distrito de EE.UU., Chiquita Brands International se declaró culpable de un cargo de "participar en transacciones con terroristas globales especialmente designados". [I] La gigante bananera confesó al pago de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC ), la red notoriamente violenta de la nación del derecho de los grupos paramilitares, USD 1,7 millones en más de un centenar de pagos entre 1997 y 2004. [ii] Sin embargo, el caso se resolvió mediante un pago en efectivo, por lo tanto no exponer públicamente a ambos lados de su quid pro quo relación. Una desclasificación de los documentos de 2011 Chiquita, las confesiones de ex paramilitares, y los juicios en curso ponen al descubierto despiadado cautelosa esperanza de la corporación de EE.UU. e invitar a la especulación de la justicia para las víctimas.


El surgimiento de los paramilitares
Los paramilitares de las AUC tienen sus raíces en el conflicto armado interno de Colombia. La violencia comenzó en 1948 en Bogotá como una sangrienta guerra civil entre liberales y conservadores. La guerra de guerrillas terminó con el Frente Nacional, un pacto político que desairó las facciones disidentes de los liberales, los comunistas, las comunidades de autodefensa, y organizaciones campesinas independientes. [Iii] En los años 1960 y 1970, el conflicto se había convertido en una insurgencia guerrillera contra el Estado, que pretendía rectificar una historia de desigualdad y exclusión social. Esta fase de integración por parte de los internos de las fuerzas de izquierda dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sigue pidiendo un mayor acceso a la tierra, desarrollo rural, participación política, y poner fin a los asesinatos extrajudiciales de sus partidarios. [iv]
Exportaciones próspera la droga en Colombia de la década de 1980 alteró profundamente el conflicto de clases, la generación de la guerra multipolar civil que continúa hasta hoy. [V] Los narcotraficantes lavan su nueva riqueza a través de la compra de plantaciones en la ganadería tradicional y de las regiones agrícolas, lo que agrava aún más la lucha por la tierra y el desplazamiento de los campesinos. [vi] La nueva clase de señores de la droga estableció escuadrones de la muerte para proteger sus intereses financieros, a menudo contra las fuerzas de la guerrilla en el campo. Al mismo tiempo, el ejército colombiano organizó grupos paramilitares para combatir a los insurgentes de izquierda y salvaguardar la élite terrateniente. Sin embargo, los paramilitares de derecha desviado en gran medida del control del Estado, ya que consolidó los vínculos esenciales para capos de la cocaína, los grandes terratenientes, industriales y banqueros. [Vii]
A mediados de la década de 1990, los jefes paramilitares se había asegurado su autonomía a través de la producción y el tráfico de cocaína, y unieron sus ejércitos privados para formar la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). [Viii] El grupo paraguas cruelmente atacados los civiles sospechosos de albergar a simpatizar con la guerrilla. Que en cuartos a las víctimas con motosierras, cortaron la lengua y los testículos, y se vierte ácido de la batería en sus gargantas. [Ix] de línea dura comandante de las AUC Carlos Castaño defendió la estrategia optimista como "el drenaje del agua para atrapar los peces." [X]
En 1989, el ex presidente colombiano Virgilio Barco fuera de la ley todas las actividades paramilitares y prohibió el suministro de apoyo material y financiero a las fuerzas de derecha. Sin embargo, a pesar de su creciente criminalidad, los paramilitares se había convertido en un aliado clave de los esfuerzos de contrainsurgencia en el estado. El gobierno tácitamente permitido a los grupos que permanecen intactos y cinco años más tarde, aprobó el Decreto 356, que, en esencia, creó empresas ficticias para las operaciones de los paramilitares.La ley permitía a los grupos privados del sector de seguridad conocidas como Convivir "proveer su propia seguridad ... en zonas de alto riesgo o de interés público." [Xi] Los paramilitares rápidamente poblada y tomó el control de las Convivir, que fueron financiados y armados por el Fuerzas Armadas de Colombia [xii].


Extranjero en tierra extranjera
Las operaciones bananeras de Chiquita en Colombia antes de la fecha en que el aumento más reciente de la violencia, empezando por su predecesor infame, la United Fruit Company, más de un siglo. En la década de 1960, la empresa estableció una fortaleza en Urabá del departamento de Antioquia, donde regional plantaciones de élite preparados para la producción a cambio de la expansión del crédito y préstamos. Estos inversionistas adquirió el terreno para la United Fruit a través de la expulsión masiva de campesinos, y su Asociación de Productores de Banano (Augura) dominó la política de la región. [Xiii] Augura, en especial su presidente, se convirtió en un abierto partidario de los grupos paramilitares. [ xiv]
Expulsados ​​en la década de 1980 por la actual guerra civil en Colombia, Chiquita regresó a Urabá a finales de la década para hacer frente a una mutación particularmente violento del conflicto armado interno. Luchas de los trabajadores había atraído a grupos guerrilleros de izquierda, quien compitió por el territorio y la lealtad de los miembros del sindicato. Durante el alto el fuego temporal en Colombia con las FARC en 1984, los paramilitares de derecha comenzaron a llenar el vacío de poder al matar a guerrilleros desmovilizados y la infiltración de los sindicatos bananeros. [Xv] Este tipo de violencia con el tiempo dejó a las FARC ha comprometido a tácticas puramente militante. Las guerrillas de izquierda en Urabá secuestrado y extorsionado productores de banano, las empresas de transporte, y los comerciantes con el fin de financiar su guerra contra el Estado colombiano. [Xvi]

Conoce a Pedro Bonito
En la cara de la violencia sin paliativos, Chiquita estaba desesperado por recuperar el control de su producción de banano y de los trabajadores.Introduzca Raúl Hasbún, el heredero culta y diplomática de las fincas bananeras en Urabá grande que se parece más cómodo en un traje de camuflaje. En 1994 fue el cerebro de un sistema que habría productores de banano las empresas pagan a los paramilitares por la pacificación de las plantaciones y la supresión de la actividad sindical. [Xvii] Para la próxima década Hasbún tanto empleo como un hombre de negocios y jefe paramilitar bajo su nombre de guerra "Pedro Bonito . "Como comandante del sur de Urabá" Bloque Banana "delantero, él, personalmente, asesinados y ordenó la muerte de cientos de personas. [xviii]
En 1997, Hasbún se reunió con los líderes paramilitares y un funcionario de alto nivel de Chiquita, que se cree Charles Keiser, entonces gerente de la filial colombiana Banadex Chiquita. Chiquita acordó pagar a la red de derecha, a través de frentes paramilitares Convivir, un impuesto de tres centavos por cada caja de banano exportada, a cambio de la sangrienta pacificación de las regiones productoras de banano. Durante los siete años Chiquita financió a las AUC, los paramilitares asesinaron a más de cuatro mil personas en Urabá, la gran mayoría civiles, y el desplazamiento de miles de otros sesenta. [Xix]
Sin embargo, Chiquita siempre ha tergiversado su relación con los paramilitares Hasbún y las AUC. Mucho después de que los pagos se llevó a cabo, Fernando Aguirre, presidente de Chiquita y director general desde enero de 2004, mintió entre dientes: "Fue un dilema de, literalmente, tener un arma apuntando a su cabeza, donde se tiene a alguien que dice:" O me pagas , o me voy a matar, o me voy a matar a sus empleados. '"[xx] Chiquita ha afirmado que los pagos eran abusivos en la naturaleza y" motivado por [su] preocupación de buena fe para la seguridad de los [ sus empleados], "a pesar de que sus trabajadores bananeros propios eran a menudo las víctimas. [xxi] Cuando las AUC rápidamente le arrebató el control de las plantaciones bananeras de las guerrillas izquierdistas, a menudo dirigidas las comunidades campesinas, políticos de izquierda y dirigentes sindicales.

Bananas, armas y cocaína
Peor aún, la empresa parece haber ayudado a contrabandear armas AUC en la zona de guerra en Colombia. En 2001, Chiquita facilita el desvío de tres mil nicaragüenses AK-47 rifles de asalto y cinco millones de municiones de Panamá a Antioquia, donde Banadex controlado el puerto de Turbo. [Xxii] Las cajas se mantuvieron en las instalaciones privadas de Chiquita durante varios días antes de su transferencia a catorce vehículos AUC. [xxiii] Mientras el papeleo afirmó que el barco panameño lleva de plástico y pelotas de goma, los empleados Banadex usada-una máquina de elevación necesaria para mover la carga declarada. [xxiv] Dos años más tarde, la Organización de Estados Americanos ( OEA)  encuentran Banadex culpable de la venta de armas ilegales y el soborno probable de las autoridades portuarias, pero de alguna manera no se menciona la propiedad de Chiquita de la filial. [xxv]
Chiquita podría haber facilitado la transferencia de por lo menos cuatro envíos de armas a las AUC otros. Hasbún se ha confesado a la entrada de 4.200 fusiles de asalto a través del puerto de Chiquita de Turbo. [Xxvi] En otro caso, José Leonardo López Valencia, un mecánico eléctrico en Turbo, fue testigo de uniformados paramilitares de las AUC de descarga de un cajas barco Chiquita cree que contienen las armas de fuego de contrabando . [xxvii] En 2001, Securities and Exchange Commission (SEC) el informe reveló que Chiquita acordó pagar una multa de 100.000 USD, sin admisión de culpabilidad de un caso de soborno de 1995 en el que los empleados Banadex pagó funcionarios Turbo puerto de USD 30 000 para pasar por alto dos citas anteriores por no cumplir con las regulaciones aduaneras colombianas. [xxviii]
Asistencia de Chiquita a las AUC se extendió incluso más allá de los envíos de armas ilícitas, a la participación tácita en el tráfico de drogas. El gigante de productos que supuestamente le dio al grupo paraguas de la derecha "el acceso incontrolado a las instalaciones portuarias y los buques" y los fiscales colombianos acusan a las AUC de la utilización de buques de Chiquita con destino a Europa para el contrabando de narcóticos, especialmente cocaína. [Xxix] Éver Veloza García, ex comandante del Frente paramilitares Turbo en el norte de Urabá, explicó cómo los paramilitares evadir los puntos de control de las agencias de seguridad mediante la vinculación de los envíos de narcóticos a los cascos de los buques de plátano en alta mar. [xxx] De hecho, las autoridades han confiscado más de una tonelada y media de cocaína, valorado en USD 33 millones, desde buques Chiquita. [xxxi]
"Una palmada en la muñeca de las empresas" [xxxii]
En septiembre de 2001, los EE.UU. Departamento de Estado designó a las AUC como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), apoyo a la toma de Chiquita material de los paramilitares de derecha en un delito federal. A pesar de los reportes generalizados de la convocatoria por los medios de comunicación de Colombia y EE.UU., incluyendo The Cincinnati Enquirer, las reclamaciones de sociedades con sede en Cincinnati que no tenía conocimiento de la lista de terroristas de otros dieciocho meses. Para el año 2003, abogado externo había convencido a la Junta Directiva de Chiquita a las AUC revelar su financiación con los EE.UU. Departamento de Justicia (DOJ). Sin embargo, ejecutivos de la empresa que supuestamente salía de una reunión con funcionarios del Departamento de Justicia el 24 de abril con la conclusión de que podían esperar "ninguna responsabilidad por la conducta pasada." [Xxxiii] Dos reuniones de la junta posterior de ese año la participación de Ciro Friedheim, ex director ejecutivo de Chiquita, concluyó que la empresa debe "seguir haciendo los pagos." [xxxiv] El fracaso del Departamento de Justicia para intervenir de manera oportuna permite Chiquita para hacer treinta  pagos más por un total de USD 300 000 AUC hasta enero de 2004. [xxxv]
Declaraciones rodea Estados Unidos contra Chiquita Brands International por error el apoyo de la empresa afirman que las AUC Chiquita fondos se desembolsaron bajo extrema presión. Holder Eric, abogado principal ex Chiquita y actual EE.UU. Fiscal General, indulgencia abogó para sus ejecutivos "que hizo una decisión realmente doloroso." [Xxxvi] embargo como propia abogados externos Chiquita había dicho la compañía "Usted voluntariamente ponerse en esta posición . Coacción de defensa pueden llevar a cabo delgado a través de la repetición "[xxxvii] funcionarios de Chiquita en connivencia con las AUC en última instancia, se alejó en gran medida intacta:.. Confidencialidad intacta, no hay tiempo en la cárcel y una multa de acuerdo con el fiscal 25 millones de dólares [xxxviii]
Los papeles de Chiquita
En abril de 2011, el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), ubicado en la Universidad George Washington, publicó más de 5.500 páginas de documentos internos de Chiquita obtuvo del Departamento de Justicia bajo la Ley de Libertad de Información. Los datos contenidos asombrosa pagos ilícitos de la empresa multinacional y plantea importantes interrogantes acerca de la insuficiencia del Departamento de Justicia para procesar a plena Chiquita en 2007. De hecho, la evidencia contradice la conclusión del acuerdo con el fiscal de que las milicias Convivir "no siempre acusado Chiquita o Banadex con cualquiera de los servicios de seguridad real ... a cambio de los pagos" [xxxix] y expone numerosos intentos de ocultar la verdadera naturaleza de su relación.Por ejemplo, un 03 2000 memo interno escrito por Chiquita Abogado Senior Robert Thomas, afirma que los paramilitares en la región bananera de Santa Marta, creó una empresa ficticia llamada "Inversiones Manglar", que afirma que "producir, cosechar y exportación de frutas y ganado "pero en realidad transmite" información sobre los movimientos guerrilleros "y" disfrazado el verdadero propósito de garantizar la seguridad. "[xl]
Los documentos desclasificados demuestran los intentos consistentes para ocultar la financiación de las AUC registrado como "pagos de seguridad" en los libros y registros corporativos. Una presentación de PowerPoint de Chiquita en fecha tan tardía como 2003 pesa diferentes métodos de trucos contables, de la ocultación de los desembolsos en las cuentas de gastos Gerentes Generales, para su encubrimiento como el pago de sueldos adicionales, simplemente con lo que el pago en Colombia como dinero contante y sonante. [xli]
Colusión oscurecido con la izquierda armada
Los papeles de Chiquita también inesperadamente revelan que antes de la financiación de las AUC, la corporación en connivencia con la guerrilla izquierdista. En una serie de memorandos confidenciales de Medellín entre 1992 y 1995, Chiquita analizó la violencia intra-guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Ejército Popular de Liberación (EPL), y la naciente Esperanza del partido, de tendencia derechista contraparte política del EPL. A la vista de estas numerosas facciones en guerra, Chiquita parece que simplemente les pagó todo, a la vez que canalizar dinero a los militares colombianos a través de Augura. [Xlii] Las notas detalle el pago de cientos de miles de dólares por las subsidiarias de la corporación a la " Grupos guerrilleros y políticos "en Urabá y Santa Marta, a menudo por años, meses, e incluso especificar fechas. [xliii] Así, la corporación contradictoriamente pagado el partido Esperanza y al mismo tiempo la financiación tomas armadas de las FARC de los autobuses en los que exigían que los pasajeros se niegan a votar por Esperanza.
Quizá la revelación más sorprendente de los documentos desclasificados de Chiquita es la prestación de los grupos guerrilleros de seguridad armados para la gigante bananera, su enemigo ideológico. Una "altamente confidencial" el proyecto de memorando legal desde enero de 1994 los fondos de las preocupaciones se caracteriza por los contadores Chiquita como "el pago de extorsiones guerrilla" se ha registrado aún como "seguridad ciudadana". [Xliv] En el documento se incluye un comentario de un Director General en Turbo Banadex que "los grupos guerrilleros se utilizan para suministrar al personal de seguridad en las granjas de varios. "[xlv] Michael Evans, director del proyecto NSA Colombia, señala que los abogados trataron de ocultar una relación de dar y recibir, sustituyendo la palabra" transacciones "con los" pagos " en todo el documento cuando se describe la relación entre Chiquita y diversos grupos de guerrilla. [xlvi]
Un sospechoso general
Documentos de Chiquita también describen una relación personal con un general del ejército colombiano actualmente en juicio por asesinato y colaboración con grupos paramilitares de derecha. Entre los documentos desclasificados de Chiquita es un documento escrito a mano a partir de 1999 que trata sobre un "general en la zona desde hace varios años" que fue "suspendido del Ejército" a raíz de las acusaciones de ser "con [a] escuadrón de la muerte." Aunque el nombre del general fue borrado del el documento, es casi seguro que discutir el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII en Urabá en 1995, pero obligado a retirarse por colusión con los paramilitares.Un cable de 1998 desclasificado de la embajada de EE.UU. en Bogotá por el entonces embajador Curtis Kamman incluye acusaciones de que del Río fue uno de los "dos funcionarios más corruptos del ejército en Colombia" y que le dijo a sus subordinados a "cooperar con los paramilitares." [Xlvii] Mientras tanto, , los estados de Chiquita documento que este general "nos han ayudado personalmente" con la "seguridad" y "la información que impidió que los secuestros." [xlviii]
Escapes justicia en todos los lados
En los meses siguientes acuerdo con el fiscal de Chiquita, el Congreso de los EE.UU. comenzó las investigaciones de actos ilícitos más. En junio 2007, Delahunt ex Bill Representante de Massachusetts encabezó una audiencia Casa conjunto sobre "Protección y Dinero: Empresas EE.UU., Su Empleados, y Violencia en Colombia," [xlix] como afirmó que colusión Chiquita con las AUC era sólo "la punta del iceberg. "[l] Sin embargo, Delahunt inesperadamente cerró la investigación no son concluyentes. Las denuncias enlace de su terminación a Joaquín Pérez, abogado con sede en Miami conocido como el "Abogado del Diablo" por su representación de los principales jefes paramilitares.
Las perspectivas de la justicia en Colombia también cayó plana. Después de asentamiento de Chiquita en efectivo de 2007, Mario Iguarán, Fiscal General de Colombia por el ex presidente Álvaro Uribe, fuertemente condenó la "relación criminal" entre Chiquita y los paramilitares. [Li] De pie junto a una fosa común de la desmembrada víctimas de las AUC, declaró: "Puede ver claramente que no pagaron por seguridad, sino por la sangre. "[lii] Sin embargo, en 2009 estaba claro que sus múltiples amenazas a la extradición de los ejecutivos de Chiquita para ser juzgado en Colombia se retórica política simple. Iguarán se está actualmente bajo investigación por vínculos con las AUC. [Liii]
Hablan los paramilitares
Mientras que funcionarios de EE.UU. y del gobierno de Colombia no han podido decir la verdad, una fuente poco se ha llenado en el ex comandantes de las AUC. Los paramilitares desmovilizados han aprobado por unanimidad rechazó la acusación de Chiquita de extorsión. En 60 minutos, el ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso negó rotundamente que el grupo que representa la derecha habría matado a los funcionarios de Chiquita no pudieron hacer los pagos. Él dijo: "La verdad es que nunca pensé en lo que podría suceder, porque lo hicieron de buena gana." [Liv] Durante la entrevista, Mancuso también implicó producir gigantes Dole Food Company y Del Monte por connivencia con las AUC en Colombia, y se ofreció a dar nombres antes de que el Departamento del Departamento de Justicia y el Estado. Éver Veloza García, el ex comandante paramilitar en Urabá, ha hecho confesiones similares y reiteró que los funcionarios de Chiquita "llegó de forma voluntaria" y se han beneficiado de la supresión completa de las huelgas sindicales. [Lv]
Terry Collingsworth, un fiscal principal de las demandas civiles presentadas contra Chiquita, ha viajado a las cárceles colombianas en varias ocasiones para reunirse con Raúl Hasbún y José Gregorio Mangones Lugo, alias "Carlos Tijeras". Tijeras, que anteriormente controlaba la zona bananera de Magdalena, donde Chiquita cabo operaciones en paralelo, siempre y cuando la confesión más condenatoria. Tijeras igualmente incriminado Dole Food Company, afirmando: "Nosotros también recibimos llamadas de las plantaciones de Chiquita y Dole la identificación de personas concretas como" problemas de seguridad "o de" problemas ". Todo el mundo sabía que eso significaba que iban a ejecutar a la persona indicada", por lo general dirigentes sindicales o campesinos tratando de recuperar la tierra. [lvi]
A pesar de su franqueza, los ex paramilitares a veces son reacios a hablar. En una entrevista con el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), Collingsworth explicó que los paramilitares temen inconsistencias en múltiples confesiones que podría privarlos de los beneficios de 2005 de Colombia, la Justicia y la Paz, que ofrece reducción de penas de cárcel a cambio de su desmovilización y confesiones. Por otra parte, Collingsworth señaló que los comandantes paramilitares encarcelados se ha reunido con "afirman que Chiquita y Dole han estado visitando y ofreciendo dinero no dar nombres ... lo que no me estás diciendo es que precisamente los estaba visitando ... que están considerando su opciones. "[lvii]
Esperanza para la Justicia
El 03 de junio 2011 de Distrito de EE.UU. juez Kenneth Marra emitió una resolución de 95 páginas que las demandas permitidas traído por unos 4.000 colombianos que buscan una indemnización por violencia de las AUC para seguir adelante. El 5 de julio, Collingsworth modificado su queja para incluir los pagos de Chiquita a las guerrillas de izquierda, y, junto con otros fiscales, ha expresado un gran optimismo de los casos. De hecho, 2007 Chiquita confesión proporciona evidencia irrefutable de connivencia legal de la empresa con las fuerzas paramilitares. Con suerte, una realización de la justicia servirá como un llamado de alerta a otros con base en las empresas en las regiones productoras de banano y revelar, como un documento desclasificado de la Chiquita sugiere, el verdadero "costo de hacer negocios en Colombia." [Lviii]
Referencias para este artículo puede encontrar aquí.
Fuente: Inthesetimes.org (en estos tiempos)

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Para-Business Gone Bananas: Chiquita Brands in Colombia

August 18, 2011

This analysis was prepared by COHA Research Associate William Moore

In March 2007 in a U.S. District Court, Chiquita Brands International pled guilty to one count of “Engaging in Transactions with a Specially-Designated Global Terrorist.”[i] The banana giant confessed to paying the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC), the nation’s notoriously violent network of right-wing paramilitary groups, USD 1.7 million in over one hundred payments between 1997 and 2004.[ii] Yet the case was resolved by a cash settlement, thus failing to publicly expose both sides of their quid pro quo relationship. A 2011 declassification of Chiquita documents, confessions by former paramilitaries, and ongoing lawsuits lay bare the U.S. corporation’s ruthless profiteering and invite cautious hope of justice for the victims.

The Rise of Paramilitaries

The AUC paramilitaries have their roots in Colombia’s internal armed conflict. The violence began in 1948 in Bogotá as a bloody civil war between Liberals and Conservatives. The partisan warfare ended with the National Front, a political pact that snubbed dissident factions of Liberals, Communists, self-defense communities, and independent peasant organizations.[iii] By the 1960s and 1970s, the conflict had morphed into a guerrilla insurgency against the state, which sought to rectify a history of inequality and social exclusion. This phase of integration on the part of internal leftist forces gave rise to the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), which continues to call for greater land access, rural development, political participation, and an end to the extrajudicial murder of its supporters.[iv]

Colombia’s thriving drug exports of the 1980s profoundly altered the class-based conflict, generating the multipolar civil war that continues today.[v] Narco-traffickers laundered their newfound wealth through the purchase of plantations in the traditional cattle and agricultural regions, which further exacerbated the land struggle and displacement of peasants.[vi] The emerging class of drug lords established death squads to protect their financial interests, often targeting guerrilla forces in the field. In tandem, the Colombian military organized paramilitary groups to combat leftist insurgents and safeguard the landed elite. However, the right-wing paramilitaries largely deviated from state control as they solidified essential links to cocaine kingpins, large landowners, industrialists, and bankers.[vii]

By the mid-1990s, paramilitary chiefs had secured their autonomy through the production and trafficking of cocaine, and combined their private armies to form the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC).[viii] The umbrella group ruthlessly attacked any civilians suspected of harboring guerrilla sympathies. They quartered victims with chainsaws, cut off their tongues and testicles, and poured battery acid down their throats.[ix] Hardline AUC commander Carlos Castaño defended the sanguine strategy as “draining the water to catch the fish.”[x]

In 1989, former Colombian President Virgilio Barco outlawed all paramilitary activity and forbade provision of material and financial support to the right-wing forces. Yet despite their rampant criminality, the paramilitaries had become a key ally of the state’s counterinsurgency efforts. The government tacitly permitted the groups to remain intact and five years later passed Decree 356, which in essence created front companies for paramilitary operations. The law allowed private sector security groups known as Convivir to “provide their own security…in areas of high risk or in the public interest.”[xi] The paramilitaries promptly populated and took control of the Convivir, which were funded and armed by the Colombian military.[xii]

Stranger in a Strange Land

Chiquita’s banana operations in Colombia pre-date the most recent surge of violence, beginning with its infamous predecessor, United Fruit Company, over a century ago. In the 1960s, the corporation established a stronghold in Urabá of the Antioquia Department, where regional elite prepared plantations for production in exchange for expanded credit and loans. These investors acquired the land for United Fruit through the massive expulsion of peasant farmers, and their Association of the Banana Growers (Augura) dominated the region’s politics.[xiii] Augura, particularly its president, would become an outspoken supporter of paramilitary groups.[xiv]

Driven out in the early 1980s by Colombia’s ongoing civil war, Chiquita returned to Urabá by the end of the decade to face a particularly violent mutation of the internal armed conflict. Labor struggles had attracted leftist guerrilla groups, who then competed for territory and the loyalty of union members. During Colombia’s temporary ceasefire with the FARC in 1984, right-wing paramilitaries began to fill the resulting power vacuum by killing off demobilized guerrillas and infiltrating the banana unions.[xv] Such violence eventually left the FARC committed to purely militant tactics. The leftist guerrillas in Urabá kidnapped and extorted banana-growers, transportation companies, and shopkeepers in order to finance their war against the Colombian state.[xvi]

Meet Pedro Bonito

In the face of unmitigated violence, Chiquita was desperate to regain control of its banana production and workers. Enter Raúl Hasbún, the well-read and diplomatic heir to large banana farms in Urabá who looks more comfortable in a business suit than camouflage fatigues. In 1994 he masterminded a system that would have banana-producing companies pay paramilitaries for the pacification of plantations and suppression of union activity.[xvii] For the next decade Hasbún moonlighted as both a businessman and paramilitary chief under his nom de guerre “Pedro Bonito.” As commander of Urabá’s Southern “Banana Bloc” Front, he personally murdered and ordered the death of hundreds.[xviii]

In 1997, Hasbún met with paramilitary leaders and a high-level Chiquita official, believed to be Charles Keiser, then manager of Chiquita’s Colombian subsidiary Banadex. Chiquita agreed to pay the right-wing network, through Convivir paramilitary fronts, a three-cent tax for every crate of bananas exported, in exchange for the bloody pacification of the banana-growing regions. During the seven years Chiquita funded the AUC, the paramilitaries murdered over four thousand individuals in Urabá, the vast majority civilians, and displaced an additional sixty thousand.[xix]

Yet Chiquita has consistently misrepresented its relationship with Hasbún and AUC paramilitaries. Long after the payments took place, Fernando Aguirre, Chiquita’s President and CEO since January 2004, lied through his teeth: “It was a dilemma about literally having a gun pointed to your head, where you have someone who says, ‘Either you pay me, or I’m going to kill you, or I’m going to kill your employees.’”[xx] Chiquita has claimed that the payments were extortionate in nature and “motivated by [their] good faith concern for the safety of [their] employees,” even though its own banana workers were often the victims.[xxi] When the AUC rapidly wrested control of the banana plantations from leftist guerrillas, they often targeted peasant communities, leftist politicians, and labor leaders.

Bananas, Guns, and Cocaine

Even worse, the corporation appears to have helped smuggle AUC weapons into the Colombian war zone. In 2001, Chiquita facilitated the diversion of three thousand Nicaraguan AK-47 assault rifles and five million rounds of ammunition from Panama to Antioquia, where Banadex controlled the port of Turbo.[xxii] The crates remained at Chiquita’s private facilities for several days before their transfer to fourteen AUC vehicles.[xxiii] While paperwork claimed that the Panamanian ship carried plastic and rubber balls, the Banadex employees used heavy-lifting machinery unnecessary to move the declared cargo.[xxiv] Two years later, the Organization of American States (OAS) found Banadex guilty of the illegal arms deal and probable bribery of port authorities, but somehow failed to mention Chiquita’s ownership of the subsidiary.[xxv]

Chiquita may have facilitated the transfer of at least four other arms shipments to the AUC. Hasbún himself has confessed to the entry of 4,200 assault rifles through Chiquita’s port of Turbo.[xxvi] In another instance, José Leonardo López Valencia, an electrical mechanic at Turbo, witnessed uniformed AUC paramilitaries offloading from a Chiquita ship crates believed to contain smuggled firearms.[xxvii] In 2001, a Securities and Exchange Commission (SEC) report revealed that Chiquita agreed to pay a USD 100,000 fine without admission of guilt for a 1995 bribery case in which Banadex employees paid Turbo port officials USD 30,000 to overlook two previous citations for failure to comply with Colombian customs regulations.[xxviii]

Chiquita’s assistance to the AUC extended even beyond illicit arms shipments, to tacit participation in the drug trafficking. The produce behemoth allegedly gave the right-wing umbrella group “uncontrolled access to its port facilities and ships” and Colombian prosecutors accuse the AUC of using Chiquita vessels bound for Europe to smuggle narcotics, particularly cocaine.[xxix] Éver Veloza García, former commander of the paramilitary Turbo Front in Northern Urabá, explained how paramilitaries evaded the control points of security agencies by tying narcotic shipments to the hulls of banana vessels at high sea.[xxx] Indeed, authorities have seized over one and a half tons of cocaine, valued at USD 33 million, from Chiquita ships.[xxxi]

“A Slap on the Corporate Wrist”[xxxii]

In September 2001, the U.S. State Department designated the AUC as a Foreign Terrorist Organization (FTO), making Chiquita’s material support of the right-wing paramilitaries a federal crime. Despite widespread reporting of the announcement by Colombian and U.S. media, including The Cincinnati Enquirer, the Cincinnati-based corporation claims that it was unaware of the terrorist listing for another eighteen months. By 2003, outside counsel had convinced Chiquita’s Board of Directors to disclose its AUC funding to the U.S. Department of Justice (DOJ). Yet company executives purportedly left a meeting with DOJ officials on April 24 with the conclusion that they could expect “no liability for past conduct.”[xxxiii] Two subsequent board meetings that year attended by Cyrus Friedheim, Chiquita’s former CEO, concluded that the company should “continue making payments.”[xxxiv] The DOJ’s failure to intervene in a timely fashion permitted Chiquita to make thirty more AUC payments totaling USD 300,000 until January 2004.[xxxv]

Statements surrounding United States v. Chiquita Brands International erroneously supported the corporation’s claim that Chiquita’s AUC funding was shelled out under extreme duress. Eric Holder, former lead counsel for Chiquita and current U.S. Attorney General, advocated leniency for its executives “who made a really painful decision.”[xxxvi] Yet as Chiquita’s own outside counsel had told the company, “You voluntarily put yourself in this position. Duress defense can wear out thin through repetition.”[xxxvii] Chiquita officials in collusion with the AUC ultimately walked away largely unscathed: confidentiality intact, no jail time, and a plea bargain fine of USD 25 million.[xxxviii]

The Chiquita Papers

In April 2011, the National Security Archive (NSA), located at George Washington University, published over 5,500 pages of Chiquita’s internal documents obtained from the DOJ under the Freedom of Information Act. The staggering content details the multinational corporation’s illicit payments and raises major questions about the DOJ’s failure to fully prosecute Chiquita in 2007. In fact, the evidence directly contradicts the plea bargain’s conclusion that Convivir militias “never provided defendant Chiquita or Banadex with any actual security services… in exchange for the payments”[xxxix] and exposes numerous attempts to conceal the true nature of their relationship. For example, a March 2000 internal memo written by Chiquita Senior Counsel Robert Thomas, states that paramilitaries in the banana-growing region of Santa Marta created a front company called “Inversiones Manglar” that claimed to “produce, harvest, and export fruit and cattle” but in reality relayed “info on guerrilla movements” and “disguised the real purpose of providing security.”[xl]

The declassified documents demonstrate consistent attempts to hide the AUC funding recorded as “security payments” in corporate books and records. A Chiquita PowerPoint presentation from as late as 2003 weighs different methods of accounting tricks, from the concealment of disbursements in General Managers’ expense accounts, to their cover-up as additional salary payments, to simply bringing the payments into Colombia as cold hard cash.[xli]

Obscured Collusion with the Armed Left

The Chiquita Papers also unexpectedly reveal that prior to funding the AUC, the corporation colluded with leftist guerrillas. In a series of confidential memos from Medellín between 1992 and 1995, Chiquita analyzed intra-guerrilla violence between the FARC, the National Liberation Army (ELN), the Socialist Renewal Current (CRS), the Popular Liberation Army (EPL), and the nascent Esperanza party, the EPL’s right-leaning political counterpart. In the face of these numerous warring factions, Chiquita appears to have simply paid them all, while also funneling money to the Colombian military through Augura.[xlii] The memos detail the payment of hundreds of thousands of dollars by the corporation’s subsidiaries to the “Guerrilla and Political Groups” in Urabá and Santa Marta, often by year, month, and even specific dates.[xliii] Thus the corporation contradictorily paid off the Esperanza party while simultaneously funding the FARC’s armed takeovers of buses in which they demanded that the passengers refuse to vote for Esperanza.

Perhaps the most surprising revelation among Chiquita’s declassified documents is the guerrilla groups’ provision of armed security for the banana giant, their ideological nemesis. One “Highly Confidential” legal memo draft from January 1994 concerns funds characterized by Chiquita accountants as “guerrilla extortion payments” yet recorded as “citizen security.”[xliv] The document includes a remark by a Banadex General Manager in Turbo that “Guerrilla Groups are used to supply security personnel at the various farms.”[xlv] Michael Evans, director of the NSA Colombia project, points out that lawyers tried to mask a give-and-take relationship by replacing the word “transactions” with “payments” throughout the document when describing the relationship between Chiquita and various guerrilla groups.[xlvi]

A Suspect General

Chiquita’s documents also outline a personal relationship with a Colombian military general currently under trial for murder and collaboration with right-wing paramilitaries. Among Chiquita’s declassified papers is a handwritten document from 1999 that discusses a “General in the zone for several years” who was “suspended from the Army” following accusations of being “with [a] death squad.” Although the general’s name was expunged from the document, it is almost certainly discussing General Rito Alejo del Río, commander of the Seventeenth Brigade in Urabá in 1995, but forced into retirement for colluding with paramilitary forces. A 1998 declassified cable from the U.S. Embassy in Bogotá by then Ambassador Curtis Kamman includes allegations that del Río was one of the “two most corrupt army officials in Colombia” and that he told his subordinates to “cooperate with paramilitaries.”[xlvii] Meanwhile, Chiquita’s document states that this general “helped us personally” with “security” and “information that prevented kidnappings.”[xlviii]

Justice Escapes on All Sides

In the months following Chiquita’s plea bargain, the U.S. Congress began investigations into further wrongdoings. In June 2007, former Representative Bill Delahunt of Massachusetts spearheaded a House joint hearing on “Protection and Money: U.S. Companies, Their Employees, and Violence in Colombia,”[xlix] as he claimed that Chiquita’s collusion with the AUC was just “the tip of the iceberg.”[l] Yet Delahunt unexpectedly shut down the inconclusive investigation. Allegations link its termination to Joaquín Pérez, a Miami-based advocate dubbed the “Devil’s Lawyer” for his representation of top paramilitary thugs.

Prospects for justice in Colombia also fell flat. Following Chiquita’s 2007 cash settlement, Mario Iguarán, Attorney General of Colombia under former president Álvaro Uribe, fiercely condemned the “criminal relationship” between Chiquita and paramilitaries.[li] Standing beside a mass grave of dismembered AUC victims, he stated, “You can clearly see they didn’t pay for security, but for blood.”[lii] Yet by 2009 it was clear that his multiple threats to extradite Chiquita executives for trial in Colombia were mere political rhetoric. Iguarán himself is currently under investigation for ties to the AUC.[liii]

Paramilitaries Speak Out

While U.S. and Colombian government officials have failed to tell the truth, an unlikely source has filled in—former AUC commanders. Demobilized paramilitaries have unanimously rejected Chiquita’s accusation of extortion. On 60 Minutes, former AUC chief Salvatore Mancuso flatly denied that the right-wing umbrella group would have killed Chiquita officials had they failed to make the payments. He said, “The truth is we never thought about what might happen because they did so willingly.”[liv] During the interview, Mancuso also implicated produce giants Dole Food Company and Del Monte for collusion with the AUC in Colombia, and offered to name names before the DOJ and State Department. Éver Veloza García, the former paramilitary commander in Urabá, has made similar confessions and reiterated that Chiquita officials “came to us voluntarily” and benefited from the complete suppression of union strikes.[lv]

Terry Collingsworth, a lead prosecutor for the civil lawsuits brought against Chiquita, has traveled to Colombian prisons on a number of occasions to meet with Raúl Hasbún and José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras.” Tijeras, who previously controlled the banana zone of Magdalena where Chiquita held parallel operations, provided the most damning confession. Tijeras likewise incriminated Dole Food Company, claiming, “We would also get calls from the Chiquita and Dole plantations identifying specific people as ‘security problems’ or just ‘problems.’ Everyone knew that this meant we were to execute the identified person,” usually union leaders or peasants trying to reclaim the land.[lvi]

Despite their candor, former paramilitaries are sometimes hesitant to speak. In an interview with The Council on Hemispheric Affairs (COHA), Collingsworth explained that paramilitaries fear inconsistencies in multiple confessions that could deprive them of benefits from Colombia’s 2005 Justice and Peace program, which offers reduced jail terms in return for their demobilization and confessions. Moreover, Collingsworth noted that the jailed paramilitary commanders he has met with “are claiming that Chiquita and Dole have been visiting them and offering them money not to name names…what they are not telling me is who exactly was visiting them…they are considering their options.”[lvii]

Hope for Justice

On June 3, 2011 U.S. District Judge Kenneth Marra issued a 95-page decision that permitted lawsuits brought by some 4,000 Colombians seeking compensation for AUC violence to move forward. On July 5, Collingsworth amended his complaint to include Chiquita’s payments to leftist guerrillas, and, along with other prosecutors, has expressed great optimism for the cases. Indeed, Chiquita’s 2007 confession provides legally irrefutable evidence of the company’s collusion with the paramilitary forces. Hopefully, a realization of justice will serve as a wakeup call to other U.S.-based corporations in the banana-growing regions and reveal, as one declassified Chiquita document suggested, the true “cost of doing business in Colombia.”[lviii]

References for this article can be found here.

Source: Inthesetimes.org (In These Times)

domingo, 21 de agosto de 2011

CONCLUSIONES DEL FORO SOBRE MINERIA ¡EN EL QUINDÍO DECIMOS NO A LA GRAN MINERÍA A CIELO ABIERTO!

mineria-a-cielo-abierto
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Por Néstor Jaime Ocampo Giraldo (funcosmos@gmail.com)

A continuación el texto que se entregó, el 13 de agosto de 2011, en los Acuerdos por la Prosperidad, al Presidente Santos con las CONCLUSIONES DEL FORO DEPARTAMENTAL SOBRE MINERÍA EN EL QUINDÍO que se realizó el 5 de agosto en Armenia.

¡EN EL QUINDÍO DECIMOS NO A LA GRAN MINERÍA A CIELO ABIERTO!

Imagen tomada de http://www.taringa.net/posts/info/10715344/Mineria-A-cielo-Abierto.html

Armenia 13 de agosto de 2011

Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República de Colombia

Armenia Quindío

Asunto: Conclusiones del "Foro Departamental Sobre Minería en el Quindío"

Reciba un saludo cordial, acompañado por los mejores deseos de éxito para todas sus actividades.

Cuando nos enteramos que el 62% del territorio del departamento del Quindío estaba comprometido en proyectos de gran minería, con contratos de concesión para exploración y explotación y solicitudes de títulos mineros, empezó a ser palpable una gran inquietud en nuestra comunidad por las implicaciones que las prácticas mineras en un gran nivel puedan tener para nuestro territorio. Esto fue apenas hace dos años de conocer esta problemática.

En varias reuniones de la Mesa Departamental sobre Minería en el Quindío y de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional se solicitó la realización de un "FORO DEPARTAMENTAL SOBRE MINERÍA EN EL QUINDÍO". En igual sentido se han manifestado los gremios Cafetero, Ganadero y Turístico, la Cámara de Comercio Departamental, las Organizaciones Ambientalistas, Sociales, Indígenas y Campesinas; algunos Alcaldes, Concejales y Diputados. Era entonces impostergable la realización del Foro.

El 5 de Agosto de 2011 se realizó el "FORO DEPARTAMENTAL SOBRE MINERIA EN EL QUINDÍO" convocado por la Gobernación del Quindío y la Defensoría del Pueblo, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia.

La sorprendente asistencia de más de 1.400 personas representantes de diversas entidades, gremios, organizaciones y sectores puso de presente que era urgente y oportuno tratar públicamente nuestras preocupaciones sobre el tema.

En el Foro se presentaron 9 exposiciones centrales que dieron cuenta de las inquietudes ciudadanas, las cuales fueron complementadas por 17 intervenciones más, de diversas entidades y organizaciones ciudadanas que se inscribieron de forma previa y reiteraron las preocupaciones en materia ambiental y social por la mega minería en el Quindío. Finalmente algunas autoridades de gran relevancia, como el Defensor Nacional del Pueblo, Doctor Volmar Pérez Ortiz, cuya presencia fue decisiva en el evento; Parlamentarios del Departamento, representante del Ministerio de Minas y Energía y el representante de la Contraloría General de la Republica, el Procurador Regional del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), expresaron sus opiniones.

Las siguientes conclusiones recogen el sentir de los asistentes y la esencia de las ponencias presentadas en el foro por los diferentes actores y personas; y especialmente las expresadas en el marco de la moderación de intervenciones que fue realizada de manera directa por el Gobernador del Quindío.

CONCLUSIONES DEL FORO DEPARTAMENTAL SOBRE MINERÍA

1.- LOS HABITANTES DEL QUINDIO NO QUEREMOS EXPLOTACIONES MINERAS DE GRAN ESCALA, EN NUESTRO TERRITORIO. Tales actividades están en contravía de la vocación agrícola y pecuaria del Departamento, de las posibilidades del turismo en la región y atentan contra la reciente inclusión del Paisaje Cultural Cafetero en el listado de Bienes Patrimonio de la Humanidad y contra los recursos ambientales del Quindío. Ya se han otorgado 98 Contratos de Concesión (80 a multinacionales) y se tramitan 117 más que comprometen el 62% de nuestro territorio. Títulos y solicitudes se ubican en la Reserva Forestal Central de donde tomamos el agua. Explotaciones de gran minería allí preludian un desastre económico social y ambiental.

2.- En ningún momento nuestra comunidad, ni sus autoridades departamentales, y municipales, han sido consultadas ni debidamente informadas. Caso especial de mencionar es el de la comunidad indígena Embera Chamí cuyo Resguardo, Territorio de Paz, se encuentra comprometido en tales proyectos. A lo que se suma el tratamiento que está dando el gobierno a quienes ejercen pequeña y mediana minería, o minería artesanal e informal que centenariamente ha sido reconocida por el Estado y ahora es convertida en delito. Se persigue y desaloja a esas personas y se le entrega el territorio a las multinacionales.

3.- Sólo una gran movilización social puede detener o modificar el avance de esos enormes proyectos mineros en el Departamento. Nos comprometemos a promover y apoyar esa movilización ciudadana, a ejemplo de las efectuadas en otros territorios como es el caso de Santander en la defensa del Páramo de Santurbán.

4.- Los grandes proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración en el departamento se contraponen, además, a múltiples acciones protectoras de nuestro patrimonio natural que adelantan diversas entidades oficiales y organizaciones de iniciativa ciudadana, y constituye una amenaza para la vida, la salud y el bienestar de las personas que habitamos este territorio. Ponen en peligro el derecho a un ambiente sano y el derecho fundamental al agua.

5.- El proyecto minero "La Colosa", de la multinacional AngloGold Ashanti, en el Municipio de Cajamarca, debe convertirse en un caso emblemático de lucha contra la mega minería a cielo abierto en Colombia por las nefastas consecuencias que se desprenderían, para la región y el país, en caso de llegar a su fase de explotación.

6.- El gobierno departamental se compromete a realizar gestiones de carácter político ante el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de los parlamentarios locales, para apoyar la posición manifestada inequívocamente, por parte de amplios sectores de la comunidad quindiana de no querer que se avance en proyectos de gran minería en el Departamento; y a revisar y adelantar las acciones legales necesarias, frente a autoridades y empresas mineras que hayan podido violar normas legales, de diverso tipo, en la adjudicación de títulos mineros y en la realización de actividades mineras ilegales de exploración en el Departamento.

7.- Solicitamos al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y al Ministerio de Minas y Energía, revisar rigurosamente los procesos legales que han adelantado, y adelantan, las multinacionales mineras para la adquisición de títulos mineros en la región y pedimos a las Autoridades de Control, a través de sus delegados departamentales, que nos apoyen en el estudio de tales procesos y en la evaluación de las repercusiones de esa actividad minera en la Reserva Forestal Central, y en el estudio de los impactos ambientales que afectarían a nuestra comunidad.

8.- Promover una iniciativa legislativa tendiente a que se definan y hagan efectivos los compromisos del Estado Colombiano para la protección del "PAISAJE CULTURAL CAFETERO" que fue incluido por la UNESCO en el listado de Bienes Patrimoniales de la Humanidad. En el mismo sentido, plantear una revisión a la ley 2 de 1959 que permita si es del caso la ampliación de la zona de reserva forestal en el Quindío.

9.- Elaborar un documento sobre la realización de éste Foro y sus conclusiones para presentar ante la Mesa de Paisaje Cultural Cafetero.

10.- Presentar las Conclusiones de este Foro al señor Presidente de la República en la próxima mesa de Acuerdos para la Prosperidad que se realizará en el Departamento. Previamente solicitaremos la presencia allí de los ministros de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Finalmente se reitera el compromiso decidido de esta administración en torno a la protección de nuestro patrimonio ambiental, que recoge y refleja los sentimientos y preocupaciones de los habitantes del "Departamento Paisaje de Colombia".

Julio César López Espinosa
Gobernador del Quindío

Piedad Correal Rubiano
Defensora Regional del Pueblo

Néstor Jaime Ocampo Giraldo
FUNDACIÓN ECOLÓGICA COSMOS Calarcá. (funcosmos@gmail.com)

"Te invitamos a participar en la creación de un mejor ambiente"

sábado, 20 de agosto de 2011

EL ASESINATO DE JAIME GARZON – CRIMEN DE ESTADO Y SEGUIMOS ESPERANDO JUSTICIA!!

Lo peor de la ignorancia del colombiano no es desconocer un tema, sino negarse a saber del mismo. El conocimiento no es prepotencia, es un DEBER de cada individuo pensante... Para que usas tu cerebro?, para discriminar, atacar, alienarte con los medios que MAQUILLAN LA REALIDAD, o para ser tan CAPAZ de transformar la realidad de tu pais??

VOTA EN BLANCO, NO AL ABSTENCIONISMO: MUERTE POLITICA DE CANDIDATOS PARA SIEMPRE, ASI VAMOS LIMPIANDO!!

TITULO IX.

DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACION ELECTORAL

CAPITULO I.

DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

ARTICULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

PARÁGRAFO 1o. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

Por supuesto el Parágrafo 1°, Articulo 258, está soportado por actos legislativos.

Nuestro Grupo Voto En Blanco, desea:

1. Que los ciudadanos colombianos tengamos la cultura del VOTO (es decir NO al abstencionismo)

2. Hacer conocer que el VOTO es un derecho y un deber del ciudadano

3. Que todos los candidatos deben tener un plan de trabajo, (es decir enseñar a que se debe votar por un plan de trabajo y no por una cara bonita, un grupo político y mucho menos por la compra-venta de votos)

4. Que si no está de acuerdo con ningún Plan de Trabajo de los candidatos, la mejor opción no es la abstinencia, LA MEJOR OPCIÓN ES EL VOTO EN BLANCO

5. El Voto en Blanco es el más importante de todos los votos por:

1. Si el Voto en Blanco GANA en la primera vuelta, para la segunda vuelta no podrán presentarse los mismos candidatos

2. Los candidatos de la primera vuelta no podrán volver a participar en elecciones, pues fue el pueblo el que dijo que no los quería

3. Como el pueblo le dijo a los candidatos de la primera vuelta, que no los quería a través del VOTO EN BLANCO, éstos no podrán volver a trabajar para entidades gubernamentales

4. En resumen, el VOTO EN BLANCO constituye la muerte política para los candidatos y es de por vida.

Esperamos haber podido servirle y ahora deseamos que usted sirva de comunicador(a) y le haga saber esto a sus amigos, familiares o conocidos que nunca han votado, porque no tenían el conocimiento del valor del voto, sobre todo el valor del Voto en Blanco.


".

viernes, 19 de agosto de 2011

NUEVA MASACRE EN EL SUR DE BOLIVAR – AQUI NO CALLAMOS!!

Viernes, 19 de Agosto de 2011 12:49

Nueva masacre en el sur de Bolívar en medio del silencio cómplice de las autoridades. Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, los siguientes hechos que enlutan a los habitantes del Sur de Bolívar.

HECHOS:
1. El día 17 de agosto de 2011, aproximadamente a las 7:00 p.m., en el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico del municipio de Montecristo del Sur del Departamento de Bolívar, incursionó un grupo de aproximadamente 20 hombres armados y uniformados, en compañía de un hombre que la comunidad reconoce como desmovilizado, de nombre Javier, alias “el enano”.
2. El grupo armado que se identificó ante la población como Águilas Negras, procedió a reunir a toda la comunidad. Alias el enano, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero, de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años de oficio agricultor, los tres hombres fueron amarrados. Los hombres armados procedieron a ingerir licor y posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA, e hicieron a un lado a los señores IVAN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, a quienes torturaron, les cortaron la lengua y asesinaron posteriormente. De dicha incursión quedó herido el señor CARLOS PALENCIA, agrominero de la región.
3. El grupo armado había establecido un retén en el camino que del corregimiento de Canónico conduce a Casa de Zinc, desde las 3:00 p.m., allí retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes habitantes de la comunidad que transitaban por el camino.
4. Al parecer, el grupo armado venía de los corregimientos dos bocas, y la ventura del municipio de Tiquisio, lugar donde tienen una base paramilitar de acuerdo a versiones publicas en la región.
5. Es importante señalar que en el corregimiento el Dorado, hace presencia el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército Nacional, con sede en Malambo Atlántico. De acuerdo a versiones de la comunidad, el Ejército se encontraba acantonado en el corregimiento el Dorado, justo desde el día anterior (16 de agosto), a una distancia de tan solo 20 minutos en carro del sitio donde ocurrió la masacre. De la misma manera, el ejército se encuentra en la vereda la victoria del municipio de Norosí a tres (3) horas de donde ocurrieron los hechos.
6. Esta zona tiene una alta presencia de retroexcavadoras, las cuales incursionaron desde el año 2009, ante la mirada cómplice de las autoridades locales y regionales. Estos hechos que han sido oportunamente denunciados por la comunidad y las organizaciones que les acompañan han venido agravándose. Se calcula que existen en la región aproximadamente 60 retroexcavadoras.
7. Así mismo se ha venido realizando alertas ante la presencia, fortalecimiento y crecimiento acelerado de los grupos paramilitares en la región. El accionar paramilitar se ha observado principalmente en los municipios de Montecristo y Tiquisio, sin que se conozca de acciones por parte de la Fuerza Pública tendientes a neutralizarlos.
8. Desde el día 28 de marzo de 2011, dados los elevados riesgos para la vida e integridad personal de los habitantes del Sur de Bolívar, así como de los líderes sociales de la región, se había solicitado al Vicepresidente de la República, y los Ministros del Interior y Justicia, Defensa Nacional, así como a la Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Gobernador del Departamento de Bolívar, entre otras autoridades, se convocara con URGENCIA la reunión de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar. Aproximadamente cinco meses después ocurre esta masacre, ante el silencio y abierta y descarada omisión de estos servidores públicos.
Bogotá, 18 de agosto de 2011
FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR
ASOCIACION NOMADESC
CAPITULO DE VICTIMAS SUR DE BOLIVAR Y SUR DEL CESAR
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO - MOVICE

Más información: www.dhcolombia.com

Por la plata baila la gata – NO AL TUNEL DE ORIENTE – SI AL AGUA – SI A LA VIDA


Autor: Guillermo Maya Muñoz
 

Si hay riego, ¿por qué entonces no compran un seguro quienes afirman que nada va a pasar, para que los habitantes de Santa Elena estén tranquilos, en caso de que se escurran sus quebradas, y sus tierras ya no sean cultivables?

 

Confundir las partes con el todo es un error de perspectiva. El Gobernador de Antioquia dice: «El túnel (de Oriente) es una obra que Antioquia esperaba hace medio siglo». ¿Por qué Antioquia? Si el túnel va a ser construido en una zona privilegiada, en vías de comunicación y obras de infraestructura de diverso tipo, colegios, hospitales, etc. Para llegar al oriente hay cuatro vías a falta de una. ¿Por qué Antioquia? Cuando hay zonas completas del departamento con vías en malas condiciones o inexistentes, con escasa infraestructura pública, hospitales, colegios, etc. No confundamos a Medellín y a Llanogrande con Antioquia.

Alguien llamó a esta obra el “túnel de Llanogrande”, una de las zonas más exclusivas de Colombia, en donde la clase empresarial y política de Antioquia reside o tiene sus fincas de recreo y ‘engorde’, como lo ha afirmado Juan José Valencia (EL MUNDO, julio 10-11): “Allí tiene propiedades el gobernador de Antioquia, por ejemplo, (…), lo mismo que buena parte de la dirigencia política, empresarial y comercial de Medellín”. Federico Estrada, Director de la Lonja de Propiedad Raíz, reconoce, sin dudas, que “esas propiedades valdrán mucho más con la construcción del túnel” (“La obra tiene, en efecto, dos lados”). No confundamos los intereses de los antioqueños privilegiados con los de los antioqueños simples y sencillos.

El principal argumento contra el túnel es que el agua de las veredas de Santa Elena se va a secar. Imposible, dice Rodrigo Caicedo, gerente de Concesiones de la Gobernación de Antioquia, en una entrevista de Carolina Pérez (EL MUNDO, julio 11-11): “En una construcción pueden pasar muchas cosas, (…) las condiciones topográficas de la zona no permiten una infiltración de aguas en el túnel (…) no hay forma de que se meta el agua. (…) Acá es todo completamente automatizado (con uso de dinamita), eso minimiza el riesgo” (“Los que se oponen son un grupo de intelectuales de Santa Elena”). ¿Minimiza el riesgo? No dice que el riesgo sea inexistente, de probabilidad cero.

Sobre el uso de la dinamita en la construcción del túnel, en una crónica, Sergio Zuluaga (EL MUNDO, julio 11-11), basada en una entrevista al investigador  Oswaldo Ordóñez, de la Facultad de Minas, dice: “Uno de los líos grandes del Túnel de Oriente es el afán con que serán construidas las obras. (…) Algunos de los problemas técnicos que puede llegar a tener el Túnel de Oriente, ya que se utilizará un método del siglo pasado, es la afectación ambiental y el desplazamiento de tierra debido a las vibraciones” (“Túnel de Oriente: ¿Con ingeniería del siglo pasado?”). Conclusión: Por esos ‘desplazamientos’ se va a ir el agua.

Sin embargo, Caicedo reitera: “Hay miles de kilómetros de túneles en el mundo y el único que no se puede construir es el de Santa Elena. El de Occidente se hizo y no hay problemas, lo mismo entre Francia e Inglaterra, con uno por debajo del mar. Allí el Océano Atlántico no se ha metido”. ¿Usaron dinamita? La periodista Carolina Pérez le contradice: “En occidente, contrario a lo que usted dice, sí hubo problemas: desaparecieron cuatro corrientes de agua...”. Responde: “Allá está la comunidad de El Naranjal (San Cristóbal) que dijeron que se quedaron sin agua, les íbamos a construir el acueducto pero lo cambiaron por una cancha y pavimentación de una vía”. ¿Respondió la pregunta? No. ¿Qué pasó en San Cristóbal? Una comunidad desorganizada, sin “intelectuales” que agitaran sus intereses públicamente, y que fue fácilmente manipulada.

Si hay riego, ¿por qué entonces no compran un seguro quienes afirman que nada va a pasar, para que los habitantes de Santa Elena estén tranquilos, en caso de que se escurran sus quebradas, y sus tierras ya no sean cultivables?

EL SENADOR JORGE ENRIQUE ROBLEDO HABLA SOBRE EL QUIMBO: LAS COSAS RESULTARON PEOR QUE LAS ADVERTENCIAS

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en la Plenaria del Senado del 16 de agosto de 2011. En el debate citado para analizar la situación actual del proyecto hidroeléctrico en El Quimbo, departamento del Huila

El senador Jorge Robledo del Polo Democrático, afirmó que el proyecto del Quimbo “es un negocio trasnacional que reporta unas ganancias altas, así no se utilice nunca y que afectaría la economía de los colombianos”.
El congresista sostuvo que el Ministerio de Agricultura cometió un error con la autorización de ese proyecto, en lo relacionado con la licencia ambiental pues coloca mínimas exigencias y la empresa constructora inconforme solicita rebajas.
El senador anticipó que si intervinieran las autoridades, terminaría mucha gente en la cárcel. “No lo digo yo lo dice la Defensoría del Pueblo”, anotó.

jueves, 18 de agosto de 2011

VAMOS A SEGUIR DEJANDO QUE EXTRANJEROS INESCRUPULOSOS, GOBIERNOS CORRUPTOS Y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE INEPTO DESTRUYAN NUESTRO PAIS???

Nuestros ríos, arterias de vida de nuestro país, están amenazados de muerte y con ello, nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros pescadores, nuestros niños, nuestra juventud.

Una arteria obstruida lleva sin lugar a dudas a un ataque cardiaco. Porque vamos a permitir a un bando de delincuentes ambientales, acabar con nuestros recursos? exterminar nuestra riquisima fauna y flora? desplazar a nuestros ciudadanos? si ya nuestro país se la ve cruda, intentando solucionar el problema de guerrilla, paramilitares y bacrim, porque damos permiso a multinacionales de venir aquí y FOMENTARLAS? NO TENEMOS SUFICIENTE CON TANTA SANGRE DERRAMADA? a nuestro gobierno no le importa? la ineptitud que demuestra el ministerio de Medio Ambiente solo se supera por la IRREVERENCIA DE ESTAS MULTINACIONALES, que como siempre vienen a sacar el oro, llevarse el dinero y dejar las migajas (para los corruptos del gobierno) porque los que vamos a pagar las consecuencias somos el pueblo, no ellos (esto también está claro)

El sistema económico mundial se está desmoronando dia a dia, y nada de lo que hagan va a evitar LA CAIDA DEL IMPERIO, y… que vamos a comer?  cemento? cianuro? mercurio?  controlan nuestras semillas, nuestra agua, nuestra vida? 

LLAMO AQUI TODOS LOS SERES DE ESTE PAIS A TOMAR CONCIENCIA DE LO QUE ESTÁ PASANDO, NOS ATAÑE A TODOS Y CADA UNO, Y SI ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO HAGA ALGO …. ESTAMOS JODIDOS!

 

miércoles, 17 de agosto de 2011

ALERTA ROJA: EMGESA DESTRUYE VIOLENTAMENTE EL POBLADO DOMINGO ARIAS** QUIENES SON LOS CÓMPLICES?

 

El Diario de la Nación publica hoy 14 de agosto de 2011 un reportaje titulado “Domingo Arias, el pueblo que desapareció por El Quimbo” ver siguiente Link

http://www.lanacion.com.co/2011/08/14/domingo-arias-el-pueblo-que-desaparecio-por-el-quimbo/comment-page-1/#comment-5463

Lo que ustedes observan es el producto del modelo de desarrollo que los gremios económicos, los polítiqueros y Emgesa le vendieron a los ilusos opitas a nombre de la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social; tres huevitos incubados por el presidente Uribe para justificar, entre otros, el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

El Ministerio de Ambiente, a través de la Resolución 1096 del 14 de Junio de 2011 impuso a Emgesa, medida preventiva de “suspensión inmediata de las actividades de compra y de negociación de predios y de extracción de materiales y operación de la zona industrial contigua a la Vereda Domingo Arias del Municipio de Paicol, o ubicadas dentro de la misma, hasta que presente las medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales relacionados con dichas actividades y éstas sean aprobadas por el Ministerio”.

Emgesa burlándose de la medida preventiva, no sólo continuó con la negociación de predios sino que utilizó a las mismas comunidades para que a medida que los iba adquiriendo se fueran destruyendo la actividad productiva, viviendas, escuela e infraestructura de la Vereda Domingo Arias presionando de manera violenta a quienes se han negado a entregar sus dominios por exiguas compensaciones para que abandonen su territorio.

El MAVDT y la CAM que impusieron las medidas preventivas a Emgesa aún mantienen silencio cómplice frente a este crimen de lesa humanidad donde la empresa utilizó métodos violentos para el desplazamiento, el despojo, la destrucción de la memoria histórica y de los proyectos de vida de las comunidades, de los ecosistemas y de nuestro patrimonio histórico.

Lo más probable es que las autoridades ambientales no se pronunciarán debido a que comparten el ecocidio y el desplazamiento promovido por el Estado como legítimos para imponer las denominadas "locomororas del desarrollo", es decir, la entrega de nuestros territorios a las empresas de capital privado nacionales y transnacionales para que a través de los megaproyectos minero-energéticos y agronegocios logren la mayor rentabilidad económica y concentración de la riqueza.

Lo importante es que después de dos meses y ante la inminente amenaza de ser desalojados por Emgesa y el Estado aún permanecen en la Vereda Domingo Arias, pescadores artesanales, recreando la memoria del “último rincón del mundo donde no hay guerrilla, ni ladrones” y donde se “dormía con las puertas abiertas” con la convicción de que es posible detener la catástrofe social y ambiental generada violentamente por Emgesa y el Estado y de convertir la Zona de El Quimbo en una Reserva Campesina Agroalimentaria como proyecto alternativo de Buen Vivir de nuestras gentes excluidas pero indignadas.

martes, 16 de agosto de 2011

Mineras canadienses al banquillo por abusos en derechos humanos y destrucción del medioambiente

A estas transnacionales, al parecer, se les está acabando la impunidad que gozan en virtualmente en todo el mundo, esto tras la presentación de las primeras querellas en tribunales canadienses.

Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.

Al igual que en otras regiones mineras, en África existen numerosas acusaciones de abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente asociado a estas inversiones. Hace poco cinco personas murieron por disparos en disturbios ocurridos en la mina North Mara de Barrick Gold en Tanzania, y junto con esto se han dado a conocer acusaciones de abusos sexuales en el mismo lugar. La empresa Barrick reconoció que existen “sospechas fundadas” de que sus guardias de seguridad habrían cometido abusos en contra de mujeres locales.

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Esto debido a que muchos gobiernos son incapaces, o no tienen voluntad política, para regular efectivamente corporaciones transnacionales, y los sistemas de administración de justicia están trabados por innumerables circunstancias. Por lo mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en Canadá.

Ésta es la jurisdicción que otorgó la personalidad jurídica a muchas compañías mineras al momento de su creación. Canadá es también la mayor fuente de capital a nivel mundial para el sector minero.

El gobierno canadiense promueve proactivamente la industria minera financiando y asegurando las operaciones en el exterior, a través de instituciones domésticas o por medio de la banca de desarrollo multilateral.

Canadá proporciona además apoyo político a las compañías mineras y promociona activamente el concepto de responsabilidad social empresarial.

El gobierno canadiense es también un importante accionista en este sector por la vía de un fondo público de pensiones cuyos activos están avaluados en $148 billones de dólares.

A la fecha, Canadá ha abdicado de su responsabilidad de gobernanza con respecto a las actividades del sector minero en el extranjero, ya sea regulando las compañías o regulando las agencias gubernamentales que las apoyan, o asumiendo iniciativas legislativas que aseguren que quienes han resultado perjudicados por las actividades de éstas, aun siendo no-nacionales, puedan demandar indemnizaciones en Canadá.

En 1997, un grupo de indígenas de Guyana inició una demanda en la Corte Superior de Justicia de Quebec. Los ciudadanos guyaneses fueron víctimas de un desastre medioambiental como consecuencia de la operación de la mina de oro Omai. La demanda basada en conductas negligentes fue presentada en Quebec, por encontrarse allí el domicilio legal del propietario mayoritario de la mina, Cambior.

Esta fue la primera demanda presentada por no-nacionales en una corte de justicia canadiense en relación a las actividades mineras de compañías canadienses en el extranjero. La Corte desestimó el caso, renunciando a ejercer jurisdicción. La decisión del juez señaló al estado de Guyana como el lugar apropiado para presentar la acción, a pesar de existir testimonios en la causa acerca de la imposibilidad del sistema de justicia de ese país para proveer a las víctimas con un juicio justo, y condenó a los demandantes al pago de las costas a la compañía. Subsecuentes demandas presentadas en Guyana fueron desestimadas, dejando a las víctimas sin reparación alguna.

El caso ‘Cambior’ implicó arrojar un vaso de agua fría en materia de litigación en Canadá con respecto a las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero. Potenciales demandantes fueron desalentados por este precedente judicial y la condena al pago de las costas judiciales.

Alentadas por la obtención de precios récord en minerales, las compañías mineras canadienses han experimentado un desenfrenado crecimiento a nivel mundial, pero más y más acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales se levantan a su paso. Pasados más de diez años desde el caso Cambior, existe una mayor conciencia en Canadá respecto del impacto de la actividad minera a nivel global, incluida la comunidad jurídica, lo que ha llevado a algunos extranjeros a intentar nuevamente el camino judicial en busca de reparaciones.

Desde el año 2009, se han presentado ante Cortes de Justicia de Canadá cuatro demandas interpuestas en contra de mineras canadienses. La primera fue presentada en la provincia de Ontario por tres ecuatorianos quienes fueron amenazados y agredidos físicamente por fuerzas de seguridad al parecer contratadas por la empresa minera Copper Mesa.

Los demandantes interpusieron una acción por negligencia en contra de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y dos directores de la compañía minera. La Corte Superior de Justicia de Ontario desestimó los argumentos con respecto al ‘deber legal de cuidado’ por parte de los demandados, desechando la idea de que esta institución o los directores corporativos tenían un vínculo con los demandantes de una entidad tal como para generar una obligación legal. La decisión fue confirmada en la apelación.

Dos casos adicionales en que los demandantes son guatemaltecos fueron presentados en Ontario en contra de la compañía Hudbay Minerals Inc.

El primer caso se basa en denuncias de que guardias de seguridad contratados por la empresa minera asesinaron a un líder indígena quien se oponía a la operación de la mina. La segunda demanda fue presentada por once mujeres indígenas quienes alegan haber sido masivamente violadas por guardias de seguridad de la compañía, oficiales de policía y de la armada al desalojar a sus familias para permitir las operaciones de la minera. La Corte Superior de Ontario debe aún decidir si tiene jurisdicción para conocer estos casos y pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por los ciudadanos guatemaltecos.

Finalmente, el año pasado, nacionales congoleses presentaron una petición de certificación de una ‘acción pública’ ante la Corte Superior de Quebec, la misma Corte que rechazó la petición presentada por los guyaneses. La petición se basa en violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridas en 2004 en el poblado congolesa de Kilwa. Al menos setenta y tres civiles fueron ejecutados sumariamente cuando las Fuerzas Armadas congolesas atacaron a los residentes locales. Otros sufrieron tortura y detenciones ilegales. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que la compañía canadiense, Anvil Mining, proveyó a la armada con aviones, vehículos, personal y comida durante el ataque.

En 2006, un fiscal militar congoleño presentó cargos de crímenes de guerra en contra de soldados congoleses implicados en los hechos. Tres ex empleados de la minera Anvil Mining fueron también sindicados como cómplices en la comisión de los crímenes. Sin embargo, la Corte Militar exculpó a todos los demandados, incluido el ex-gerente general de la subsidiaria congolesa de la compañía Anvil, Pierre Mercier, un ciudadano canadiense. Los procedimientos judiciales fueron ampliamente criticados. Louise Arbour, ex-jueza de la Corte Suprema de Canadá y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, tanto con el procedimiento judicial como con los resultados del mismo.

La demanda de 2010 fue presentada por sobrevivientes de los hechos ocurridos en Kilwa y familiares de las víctimas ante la Corte en Quebec. Los argumentos de los demandantes eran que la ayuda logística proporcionada por Anvil a la armada congolesa había facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos y por ello la compañía estaba implicada en los hechos. En concreto, los demandantes alegaban que se usaron vehículos de la compañía Anvil para transportar civiles a las afueras de la ciudad, donde luego fueron ejecutados, y que aviones arrendados por la compañía fueron usados para llevar militares a Kilwa, lugar en que fueron cometidos los crímenes.

En marzo, la empresa Anvil intentó que el caso fuese desestimado, argumentando falta de jurisdicción. Se señaló que la conexión entre Quebec y los incidentes investigados era demasiado leve como para alegar que Quebec tenía jurisdicción para resolver sobre los mismos. La compañía enfatizó, por ejemplo, que su casa matriz estaba localizada en Australia y que no existían decisiones respecto de las operaciones efectuadas en la mina Dikilushi que hubiesen sido adoptadas en Quebec. Finalmente, Anvil argumentó que en caso de considerar la Corte que tenía competencia para conocer del asunto, debía declinar resolver sobre el caso pues existían jurisdicciones más idóneas como la Republica Democrática del Congo (DRC) o Australia, tal como ya había sido resuelto en el caso Cambior.

Al mes siguiente, la Corte Superior de Quebec rechazó la petición de inadmisibilidad presentada por Anvil y decidió que tenía competencia para conocer del caso. El juez Emery estimó que “es imposible determinar si las autoridades del Congo o Australia son claramente más competentes para conocer del caso. Por lo demás, a esta altura en el proceso, todo indica que si esta Corte no conoce del asunto [...] no existiría otra posibilidad para demandar reparaciones civiles por parte de las víctimas.

La decisión de la Corte es significativa. Implica una nueva apertura por parte del poder judicial, al menos en la provincia de Quebec, al considerar casos en que los demandantes son extranjeros y los hechos acaecieron fuera de Canadá. Sin embargo, en el último capítulo de lo que promete ser un muy controversial caso, la decisión adoptada a comienzos de junio fue declarada apelable a solicitud de la compañía minera. La reciente ola de litigios en Canadá, interpuesta por demandantes foráneos, constituye un desarrollo alentador que podría eventualmente ofrecer a las víctimas reparaciones por daños sufridos y producir un efecto disuasivo de malas prácticas corporativas. Los esfuerzos efectuados para avanzar hacia la responsabilidad de corporaciones transnacionales contrastan con la situación bastante menos alentadora de otro sector transnacional: las instituciones financieras internacionales.

En 2004, con anterioridad a la masacre de Kilwa, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó a Anvil una garantía de US$ 13,6 millones de dólares contra riesgos de guerra y disturbios civiles en el Congo. OMGI, organismo del Banco Mundial, tiene como labor facilitar inversión privada en mercados emergentes y en vías de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (CFI), otra agencia del Banco Mundial, efectúa una labor similar otorgando créditos a compañías privadas. Durante el año financiero 2010, OMGI y CFI otorgaron en total a las empresas mineras más de US$ 900 millones de dólares de ayuda. Dada la naturaleza multilateral de estas instituciones, las Cortes canadienses difícilmente aceptarán jurisdicción en casos que los involucren como cómplices con respecto a malas prácticas corporativas de sus clientes.

En nuestro país la situación ha sido muy diferente, ya que en diversas ocasiones organizaciones sociales y ciudadanas contrarias al proyecto Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold, han presentado demandas de Nulidad de Derecho Público ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para anular un decreto que permite que las empresas mineras –amparadas en el tratado minero entre Chile y Argentina- financien el sistema de Aduanas y control fronterizo de los proyectos binacionales.

Por otra parte, el recurso contra este proyecto que presentó la Comunidad Los Huascoaltinos de Vallenar fue declarado admisible por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El máximo tribunal estableció que el Estado chileno ha incurrido en presuntas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos al aprobar el proyecto que la canadiense está ejecutando en nuestro país y Argentina.

Las reparaciones a víctimas de abusos por corporaciones es un tema que requiere urgente atención. Una prioridad obvia es fortalecer la institucionalidad judicial en los países en que se cometan los abusos. Sin embargo, es también muy relevante que los poderes judiciales de los países en que las multinacionales tienen su domicilio legal, como es el caso de Canadá, se declaren competentes para conocer de casos en que se alega negligencia o malas prácticas con consecuencias penales de las compañías nacionales en el extranjero, especialmente en los casos en que las víctimas carecen de otra alternativa para recibir justicia. El rol de los gobiernos donde las compañías tienen su domicilio legal al facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos y otras clases de abusos, debería ser examinado por cortes domésticas.

Por Karyn Keenan y Claudia Pedreros

jueves, 11 de agosto de 2011

PAIS AL DESNUDO? FALSA MORAL SE PUEDE MATAR PERO NO DESNUDAR EL ALMA

lo que hay que ver en esta vida!!  me gustaria saber si el señor de azul, reacciona con la misma indignación a :

-La entrega de nuestro pais a multinacionales depredadoras

-A la corrupción rampante y a la omisión del gobierno

-Al desplazamiento de indígenas y campesinos

-Al ecocidio que tiene lugar cada día en nuestro territorio

-A la tala indiscriminada, a las obras que acaban con nuestros rios,

quisiera ver…

martes, 9 de agosto de 2011

SE VENDE UN PAIS PORTATIL – RUBEN BLADES

 

(Autor: Ruben Blades)
(Canta: Ruben Blades)

Se vende un país portátil
Con su autoestima en el suelo
Con un enorme complejo
Que lo hace antinacional

Es un lugar sin memoria
Donde ya nada sorprende
Ni ver crimen indultado
O a un charlatán presidente

Se vende un país portátil
Se ofrece un país portátil
Se alquila un país portátil
Se empeña un país portátil

Barato un país portátil
Con héroes falsificados
Ideales hipotecados
Y total mediocridad

Oferta un país portátil
Domesticado en engaños
Se garantizan por años
La ausencia de honestidad

Se vende un país portátil
Que castiga al que es honrado
Y a un pueblo auto condenado
Por no aceptar la verdad

Se vende un país portátil
Se ofrece en partes o entero
Con un préstamo extranjero
Hacerlo andar es muy fácil

Se vende un país portátil
Se ofrece un país portátil
Se alquila un país portátil
Se empeña un país portátil


Esta es tu raíz
Defiende al país.

Declaración del Representante CSU, U de Caldas. "La Universidad de Caldas no debe seguir en la Red Alma Mater"


Agencia de Noticias Prensa Universidad ...
sábado 6 de agosto de 2011
Declaración del Representante CSU, U de Caldas. "La Universidad de Caldas no debe seguir en la Red Alma Mater"
Manizales, 5 de agosto de 2011
Ante las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las presuntas irregularidades de la Red Alma Mater, de la cual hace parte la Universidad de Caldas, en conjunto con las universidades de Quindío, Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Tecnológica de Pereira y Tolima, la representación estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas comunica a la opinión pública y universitaria nuestra posición sobre este asunto:
1.La RED ALMA MATER fue constituida por las Universidades Públicas del Eje Cafetero en septiembre de 2000, con el propósito de “consolidar el protagonismo de la universidad pública en los procesos de transformación social y búsqueda del desarrollo integral de la comunidad universitaria y de la sociedad regional de la cual hacen parte.” No obstante, el loable propósito, Alma Mater se ha convertido en un instrumento para realizar contratos "con entidades públicas y administrar sus recursos "destinados a la ejecución de proyectos y planes de desarrollo”, orientándose a fines que no son propios de las universidades.
2.Como lo manifesté en la sesión del Consejo Superior del 21 de julio de 2011, el hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suarez, denunció desde el año 2008 en el diario La Tarde de Pereira a Alma Mater como una “pirámide contractual”, en dicho momento se preguntaba: “¿Por qué tan variada gama de entes recurren a "convenios" con Alma Mater para sus proyectos? ¿Qué tan legítimo resulta la adjudicación de estos contratos, que suman cada año una pirámide, hecha según el Estatuto de Contratación de Alma Mater, convertido, merced a un truco jurídico fundado en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución, en sucedáneo de la Ley 80?” (Ver http://www.mineducacion.go​v.co/observatorio/1722/art​icle-176732.html).
3.Sumado a la variada gama de contratos que incluye redes de acueducto y alcantarillado, reparación de vías, compra de vehículos, organizar fiestas de navidad, entre otras, que desvían la atención de Alma Mater en el fortalecimiento de la docencia, la extensión y la investigación, el mismo rector de la Universidad de Caldas el 23 de marzo de 2010 envió una comunicación (que solo conocimos el día 19 de julio de 2011) a la dirección ejecutiva de Alma Mater donde señala el siguiente hecho gravísimo: “fui informado por parte de la doctora ANA LUCÍA VILLA -Directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que algunos políticos estaban ofreciendo los servicios de Alma Mater como un puente para orientar la contratación y los recursos con fines de carácter electoral” (Ver https://docs.google.com/vi​ewer?a=v&pid=explorer&chro​me=true&srcid=1PSOhshDowkv​SxCD9nVrnoidUkZADNTbL--_vP​N_OxXbuq_FCE0XC4MKQiF1I&hl​=es).
4.Además, de los anteriores señalamientos, la Contraloría Distrital informó que acaba de abrir un proceso de responsabilidad fiscal donde advierte un presunto detrimento patrimonial, por el millonario y polémico convenio suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital y Alma Mater por 20.296 millones de pesos, para la capacitación de 18 mil docentes y la entrega de cartillas, proceso al que será vinculado el representante legal de Alma Máter, Luis Enrique Arango Jiménez (Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira) (Verhttp://www.eltiempo.com/co​lombia/bogota/juicio-de-re​sponsabilidad-fiscal-por-l​as-cartillas-viejas_100939​88-4)
5.El nombre de la universidad de Caldas se ha puesto en entredicho lo que justifica que se materialice la petición que hicimos, al rector de la Universidad de Caldas, la mayoría de miembros del Consejo Superior, en la sesión del 21 de julio de 2011, para que nos retiremos de dicha Corporación que ha perdido su rumbo y ha orientado su misión a propósito discutibles y cuestionados en diversos escenarios de la opinión pública colombiana.
Atentamente,
Juan Carlos Martínez Botero
Representante Estudiantil al Consejo Superior
Universidad de Caldas
Prensa Universidad
Desde las aulas, hacia Colombia.