EL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ, DENUNCIA LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEL ESTADO COLOMBIANO. (ONIC, 16 de noviembre de 2011).

Las autoridades del pueblo Embera Katío del alto Sinú, ante la inasistencia de las algunas entidades del estado colombiano que terminó frustrando la misión de verificación de los incumplimientos de la empresa Urrá para con los indígenas. Esta inasistencia y la consecuente cancelación de la misión de verificación constituyen, de acuerdo a la postura de los Katíos, una muestra palpable del abandono institucional y la falta de voluntad política del Estado colombiano para garantizar la pervivencia digna de los indígenas Embera Katíos, seriamente amenazada por el desastre social y cultural que aparejó la construcción inconsulta de la represa en el territorio ancestral.
Las autoridades indígenas del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, representadas a través de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, la Asociación de Cabildos Mayores, el Cabildo Mayor de Karagaby y Cabildos Unidos, reunidos en el marco de la reunión previa de la Comisión Nacional de Verificación al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa multipropósito Urrá E.S.P., como resultado de la sentencia T-652 de 1998, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó adoptar todas las medidas tendientes a mitigar los impactos culturales, sociales y económicos generados por el proyecto hidroeléctrico Urrá en zona del territorio ancestral del pueblo Embera Katío, y la licencia ambiental otorgada para adelantar dicho proyecto, denunciamos la falta de voluntad política del Estado colombiano, traducida en los sistemáticos incumplimientos para garantizar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa Urrá, aglutinados en once aspectos, como son:
1. Saneamiento del resguardo indígena Embera Katío del Alto Sinú.
2. Adaptación del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú a las nuevas condiciones socioculturales generadas por la construcción del embalse Urrá.
3. Pago de Indemnización como medida de mitigación por la afectación a los derechos a la seguridad alimentaria y a la movilidad.
4. Sedimentación de las colas de embalse, las cuales afectan la navegabilidad generando confinamiento e incomunicación de las comunidades indígenas.
5. Recolección del material flotante y sumergido que hace riesgosa la navegabilidad, única alternativa de transporte y comunicación para las comunidades indígenas.
6. Construcción de la vía que comunique los corregimientos de Crucito y Puerto Frasquillo facilitando que la comunidad de indígena Kiparadó no quede incomunicada.
7. Delimitación e identificación de las Cotas del Embalse.
8. Construcción del jardín botánico.
9. Implementación del proyecto integrado de transporte fluvial.
10. Educación ambiental.
11. Reforestación de 4000 Has degradadas.
Desde hace un año, las autoridades indígenas venían demandando la presencia del Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Protección Social, el INCODER, el ICBF, la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, con el propósito de verificar en zona del territorio ancestral Embera Katío, el nivel de cumplimiento por parte de la empresa Urrá de los once aspectos señalados arriba.
Para tal fin, se programó una reunión con el conjunto de las instituciones señaladas para adelantar una socialización de la problemática generada por el incumplimiento de la empresa Urrá; reunión que fue anunciada y agendada con la debida antelación en la cabecera municipal de Tierralta en el día de hoy para las 8 de la mañana pero infortunadamente, transcurridas 8 horas de su inicio, no se hizo presente ningún representante del Ministerio de Agricultura, del INCODER, la Procuraduría General de la Nación ni la Defensoría del Pueblo como garantes del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y del goce material y efectivo de los derechos humanos del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú.
Este nuevo incumplimiento de las autoridades del Estado colombiano señaladas anteriormente, se convierte en un nuevo acto de falta de respeto y voluntad política por garantizar el goce efectivo de los derechos del Pueblo Indígena Embera Katío del Alto Sinú, pues ha sido reiterativa la actitud de no concurrir a los escenarios programados a través de la presencia de funcionarios del orden nacional de las instituciones pretextando otros compromisos, falta de funcionarios disponibles o ausencia de garantías de seguridad para los delegados de las instituciones lo que sin duda se constituye en un pretexto para no cumplir con su deber constitucional y legal.
Al tiempo que la empresa Urrá no avanza en el cumplimiento de sus obligaciones pues ya se cumplen 13 años y el Estado colombiano no interviene cabalmente al respecto, las condiciones materiales de vida y el goce efectivo de los derechos del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, son cada vez más precarios.
Esta situación de sistemáticos incumplimientos de las instituciones en representación del estado colombiano tendientes a garantiza que la empresa Urrá no se siga sustrayendo a su obligación de cumplir a cabalidad con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, nos obliga a declararnos en asamblea y movilización permanentes, concentrados en la Alcaldía Municipal de Tierralta, hasta tanto el Estado colombiano intervenga de manera efectiva para garantizar que la empresa Urrá, en un término perentorio, cumpla sus deberes ineludibles.
Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones amigas, del conjunto de pueblos indígenas del país articulados en la ONIC, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas y en general a todas las personas interesadas en la pervivencia digna de los pueblos indígenas en el mundo, para que acompañen, orden y contribuyan a denunciar los inaceptables incumplimientos frente a la garantía del goce efectivo de derechos, de parte tanto de la empresa Urrá como del estado colombiano.
Refrendamos el espíritu de diálogo y concertación del pueblo Embera Katío, el cual no se ve afectado por esta pacifica movilización, única alternativa en este momento ante la sistematicidad de los incumplimientos denunciados y la falta de voluntad política del Estado colombiano para exigir a la empresa Urrá, sin ningún tipo de dilación ni condicionamiento, el acatamiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.