12 de julio de 2016
Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación frente a la construcción de la política pública sobre Derechos Humanos y Empresa (DHyE) encabezada por la Consejería Presidencial de DDHH, y frente a la implementación de su principal instrumento: el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos (en adelante PNA). Esta política pública, que en su esencia debería estar enfocada en atender y ofrecer soluciones efectivas ante la ocurrencia de violaciones de los DDHH de las comunidades asentadas en los territorios donde se implementan proyectos de extracción de recursos naturales y de inversión en cabeza de actores empresariales diversos, adolece de una serie de defectos estructurales que despiertan nuestra preocupación frente a las deficientes respuestas que ofrece el Estado en este sentido y, por tanto, motivan este comunicado.
Nos sentimos preocupadas porque el PNA, en palabras de la misma Consejería Presidencial, es un marco que da respuesta a las necesidades de las empresas inversoras, visto que se trata de un documento construido sobre un gran vacío en diagnósticos referidos a: i) impactos y violaciones a DDHH generadas como consecuencia del desarrollo de las actividades empresariales en los territorios, ii) vacíos en la normativa colombiana en materia de Empresas y Derechos Humanos, iii) mecanismos efectivos de prevención y remediación, aspectos todos ellos que consideramos deben ser comprendidos cabalmente si existe una motivación verdadera en dar soluciones con garantías para las víctimas afectadas por el actuar empresarial. A estos vacíos sobre los que se construye la política de DHyE, cabe añadir que el texto del PNA plantea sin pudor el respeto a los DDHH como “ventaja competitiva empresarial”, lo cual indica claramente que la política de DHyE del Gobierno colombiano busca ofrecer un escenario propicio para atraer flujo de inversiones hacia el país, ofreciendo un marco político y jurídico con base en estándares internacionales de responsabilidad, sin que eso implique necesariamente una protección efectiva de los derechos de las comunidades afectadas, ni un obligatorio respeto de los DDHH por parte de las empresas.
La política pública de DHyE normaliza e ignora el evidente desequilibrio en el diálogo entre Empresas y comunidades afectadas por violaciones de DDHH, promoviendo los espacios multi-actor y los mecanismos no judiciales como los instrumentos idóneos para la prevención, mitigación, resolución de conflictos e incluso para el acceso a remediación frente a las tensiones y violaciones de DDHH por parte de Empresas. En esta línea, el Gobierno a través de este PNA no ofrece ningún tipo de garantía para las víctimas de violación de DDHH por parte de Empresas, pues precisamente en estas últimas delega i) la recepción de quejas y reclamos sobre los impactos adversos en DDHH, ii) el seguimiento de los avances en mitigación de impactos negativos y iii) la evaluación de impactos posibles o existentes de su actividad sobre las personas y sobre el medio ambiente. En este planteamiento, donde la víctima debe reclamarle directamente al agente violador de sus derechos, el Gobierno colombiano está desconociendo el enfoque pro victima que debe inspirar todos los marcos en materia de DDHH; adicionalmente, nadie más allá de las empresas valora qué tan apropiadas son las medidas tomadas y, además, el PNA no prevé mecanismo alguno para el caso en que no sea tomada ninguna acción frente a los impactos negativos ocasionados, dejando un gran margen para la impunidad.
Con este tipo de propuestas, queda patente como el Gobierno sigue sin tomar con seriedad que las Empresas en la ejecución de sus actividades generan impactos (daños) que derivan en violaciones de DDHH, y desconoce de forma negligente la necesidad de incorporar los principios básicos de aplicación de los derechos humanos (principio pro-víctima, pro-homine, igualdad y no discriminación, precaución y prevención, etc.) en la atención de estas indeseables situaciones. Gran parte de las violaciones a DDHH se da en el marco del incumplimiento con las leyes nacionales y la Constitución por parte de las Empresas y del mismo Estado; el Gobierno debe exigir (y exigirse) un cumplimiento cabal de la Constitución y las leyes, tomando el respeto a los DDHH como parte del bloque de constitucionalidad, y siendo éste un aspecto prioritario e imprescindible para el desarrollo de las actividades económicas en territorio colombiano. El respeto a los DDHH no puede abandonarse a merced de la voluntad de los actores empresariales, sino que se constituye en una obligación que nos asiste a todas y todos, incluyendo al Estado y a las empresas.
En este punto, habiendo constatado la crisis que se registra en las regiones en términos de irrespeto a los DDHH por parte de los actores empresariales, no nos sirve que la Consejería se empecine en decir que el PNA ha sido un gran esfuerzo y una prueba de buena voluntad del Gobierno en trabajarle a este tema, o que ya iniciada su etapa de implementación se siga repitiendo que se trata de “documento vivo”. El motivo de nuestra preocupación en realidad, y la cuestión que invitamos a analizar aquí es si en verdad el PNA está ofreciendo algún tipo de garantía para las víctimas o si más bien sigue desconociendo los problemas concretos, la responsabilidad de las empresas en la violación de DDHH y ahondando las vulnerabilidades de las comunidades asentadas en los territorios de interés inversionista.
Consideramos que con la promoción e implementación del PNA, y con la negativa por parte del Ejecutivo colombiano frente al apoyo a posibles mecanismos de carácter vinculante para el control de las conductas empresariales en lo que se refiere al respeto de los DDHH, se les está negando a las comunidades afectadas la posibilidad de un verdadero ejercicio de exigibilidad de derechos, y se está menguando toda garantía (jurídica o política) para las víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas con las actividades empresariales en terreno. De continuar con el rumbo que dicha política se ha trazado, ignorando las problemáticas concretas en terreno, a sus víctimas y las herramientas esenciales para la protección de derechos, esta iniciativa no hará sino profundizar los conflictos socio-ambientales del país y la injusticia, socavando las posibilidades de construcción de una verdadera paz territorial, estable y duradera, en Colombia.
Por todo lo expuesto hasta aquí, instamos al Gobierno a:
1) Analizar y reconsiderar los vacíos estructurales de la política pública sobre DHyE;
2) Retomar las funciones que le son propias en favor del cumplimiento efectivo de las leyes y los principios constitucionales para recuperar el control efectivo frente a los riesgos que se ha demostrado tiene la implementación de los proyectos de inversión en los territorios;
3) Ofrecer las respuestas que se esperarían de una política pública en DDHH: un marco institucional que ofrezca mecanismos efectivos para la prevención de impactos de los proyectos de inversión en los territorios, y respuestas claras -de tipo normativo y regulatorio- para ofrecer garantías a las víctimas de violaciones de DDHH ya perpetradas y para prevenir su repetición.
Organizaciones firmantes:
Asociación AMBIENTE Y SOCIEDAD
Asociación MINGA
Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA
Colombia PUNTO MEDIO
Comisión Intereclesial de JUSTICIA Y PAZ
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Equipo Jurídico PUEBLOS
Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Greenpeace Colombia
Grupo de investigación geo-ambiental TERRAE
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
Observatorio de Expansión Minero-Energética y Re-Existencias
Pensamiento y Acción Social - PAS
SOS Ambiental
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