Idolatrado
por la opinión y sin embargo envuelto cada vez más en alegatos y
contra-alegatos que bordean el Código Penal, el declive del hoy ex
presidente bien podría ser “la noticia del año” en Colombia. Crónica
rigurosa y detallada de los motivos y de las evidencias que parecen
tener entre los palos a esta figura cardinal en nuestra historia.
Un ex a la defensiva
Álvaro
Uribe es un guerrero que — tras ganar todas sus batallas a lo largo de
cuatro décadas — comenzó a perderlas todas este año.
Desde
1976, desarrolló una carrera política imparable marcada por una
obsesión: la derrota de las guerrillas. Imparable hasta el 26 de febrero
de 2010. Ese día cinco magistrados frenaron su segunda reelección y
pararon en seco la fulgurante carrera del colombiano que ha ocupado la
Presidencia por más tiempo.
El
8 de agosto de 2010, al día siguiente de entregar el poder, amaneció en
su casa de campo de Rionegro. Era domingo, pero como de costumbre, se
levantó temprano y empezó a organizar su vida en cajas de cartón. Las
elecciones regionales lo mantuvieron ocupado hasta octubre, pero sigue
durmiendo solo cuatro o cinco horas diarias: “me levanto, prendo ese teléfono celular y veo algo malo contra el gobierno y pasó preocupado todo el día”, confesó [1].
Los últimos días han sido particularmente densos en malas noticias para Uribe:
Y
se podría seguir así enumerando su verdadera hecatombe a lo largo de
los últimos 16 meses: el primo hermano con quien se inició en la
política desde 1985 y su primer director de inteligencia, condenados; su
ministro preferido y su secretario general, presos. Todos acusados de
violaciones a los derechos humanos o de corrupción.
Su
última aparición pública fue particularmente desafortunada. Un vídeo
filtrado donde insta a miembros de la oposición venezolana a actuar en
contra de su sucesor, Juan Manuel Santos, elegido por su propio partido,
el de la U.
Por
Twitter acusó de robo al periodista que reveló el contenido de esa
reunión secreta. ¡Ah, la tentación de Twitter! Él mismo reconoce ser un
tuitero compulsivo. “Ayer, por ejemplo, mandé 14”. Cuando no está tuitiando, Uribe está ripostando a sus críticos, a sus contradictores, y cada vez más, a fiscales y a jueces.
En
2011 tuvo que testificar tres veces e incluso un juez amenazó con
hacerlo conducir por la Policía, luego de incumplir varias citaciones.
La evidencia acumulada por las autoridades demuestra que en 2012
continuará, a sus sesenta años, cumpliendo la tarea que él mismo se ha
impuesto: estar “a toda hora en la primera línea de lucha y de la defensa de mi gobierno”.
Pero
no son sólo los hechos ocurridos en su largo mandato de 2.922 días los
que lo mantendrán dando explicaciones a las autoridades. Su carrera
política se caracteriza por una serie de relaciones y acontecimientos
aún sin aclarar y que develan la trayectoria de un dirigente regional y
luego nacional, que terminó cediendo a la tentación autoritaria, en
ocasiones, bordeando los límites del código penal.
En el nombre del padre
La
leyenda negra alrededor del exmandatario comienza con la riqueza y las
amistades de su padre, Alberto Uribe Sierra. Hay señalamientos concretos
de vínculos con Fabio, el patriarca del Clan Ochoa. El propio Álvaro
Uribe ha aceptado la amistad que unía a las dos familias: “una relación con varias generaciones. Por las fincas y por los caballos” dijo en 2002, acosado por los cuestionamientos de los periodistas Joseph Contreras y Fernando Garavito. Uribe mismo “era amigo” de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, herederos del mafioso.
No
es muy claro cuándo, ni dónde, ni por qué se truncó esa amistad, ni qué
alcances reales llegó a tener. En algún momento se mencionó que fueron
socios en el restaurante El Gran Banano. Luego se develó que
los socios de Uribe y de su gran amigo José Roberto Arango, fueron los
hermanos Londoño White, heliotropos de la alta sociedad de Medellín de
la época, que terminaron al servicio de los Ochoa y de Pablo Escobar.
Pero
ese no es el único vínculo entre las dos familias antioqueñas. Pese a
que Uribe ha dicho de no tuvo relaciones con Escobar ni “cuando se usaba”,
han salido a flote pruebas de que su padre no podría haber dicho lo
mismo. El 13 de marzo de 1983 fue rejoneador en una corrida de
beneficencia del programa social de Escobar, Medellín sin Tugurios.
Casi
tres meses después sucede la tragedia que marcaría a Uribe como un
vengador. Los hechos no son muy claros, pero las versiones coinciden en
algunos detalles. Ese 14 de junio, Uribe Sierra llegó a bordo de su
helicóptero Hugues-500, con matrícula HK 2704E, a la finca Guacharacas,
en San Roque (Antioquia). En la zona había presencia de grupos armados,
entre ellos las FARC. Tras una discusión se presentó un cruce de
disparos, que terminó con la vida del hacendado.
Álvaro Uribe se enteró de los acontecimientos en Medellín, al caer la tarde. Antes del anochecer logró un préstamo inusual: “Mire, llamen a Helicol, al primer helicóptero que haya, ¡Por Dios!”, recordó tiempo después. Aunque no pudo aterrizar en la finca por mal tiempo, se subió en la aeronave que “al otro día El Mundo dijo era del hacendado Pablo Escobar”. También en la prensa paisa apareció este anuncio. Uribe Vélez asegura que nunca lo vio:
El
Hughes-500 tiene su propia historia. La versión de prensa de la época
reportó que tras asesinar a Uribe Sierra, el grupo armado destruyó el
aparato. Pero al parecer no fue pérdida total. El 10 de marzo de 1984 la
aeronave apareció en Tranquilandia, la base de producción de coca de los Ochoa, Escobar y Rodríguez Gacha en los Llanos del Yarí.
La revista Cromos reveló que el Ministro Rodrigo Lara, días antes su muerte, reveló off the record el más escandaloso hallazgo de la operación: el aparato era propiedad de “una firma que tiene como principal socio a Alberto Uribe Sierra".
Cecilia Lara, hermana del ministro, ratificó esa versión ante el juez
77 de instrucción criminal de Bogotá en julio de 1984 y ante el Nuevo Herald,
que revivió la historia en 2007. Entonces Uribe dijo que ese
helicóptero se había vendido y mostró un aviso de prensa como prueba.
Sin embargo, el periodista Daniel Coronell
demostró, con el folio de matrícula aeronáutica en mano, que el
helicóptero perteneció a Aerofoto Amórtegui, la firma de la cual Uribe
Sierra fue socio hasta 1993. El traspaso nunca se concretó y el Herald reveló la explicación de Uribe Vélez días después del hallazgo: su padre: "le había prestado el helicóptero a un amigo". Nunca se supo cuál amigo, pero, el 1 de mayo de 1986, El Colombiano publicó que “El helicóptero de matrícula HK 2704 cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín”. En 1995, finalmente la Fiscalía Regional de Bogotá precluyó la investigación.
Pero
persisten las dudas. Por ejemplo, ¿Cómo llegó a ser tan rico Uribe
Sierra? El hombre se movía en helicóptero por sus fincas (15, 25, 30 o
35 según las diferentes versiones) donde producía panela, banano y café
en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y Antioquia. Muchas de esas fincas
eran emprendimientos al debe con varios socios, que sus hijos – Álvaro,
Alberto y Santiago - debieron liquidar para pagar deudas tras la muerte
del patriarca.
Y
otra pregunta: ¿Cuándo supieron los Uribe que los negocios de los Ochoa
eran ilícitos? Fabio y Ángela María Ochoa Vásquez fueron detenidos por transportar coca en 1977. Finalmente: ¿Eran amigos aún para el 12 de noviembre de 1981, cuando fue secuestrada Martha Nieves Ochoa por el M-19?
Este
acontecimiento, que partió en dos la historia del narcotráfico, llevó a
los narcotraficantes –y, según la versión de Fabio Castillo, a algunos
hacendados aliados suyos- a crear el escuadrón que bautizaron como Muerte a Secuestradores
(MAS). Una de esas reuniones se llevó a cabo en el célebre Estadero Las
Margaritas, de los Ochoa, y otra en el Hotel Intercontinental de Cali.
Allí sellaron su compromiso para aportar hombres y dinero a la causa de Los Secuestrables.
Entre haciendas y cargos públicos
En
la carrera del propio Álvaro Uribe Vélez no faltan los pasajes
controvertibles y controvertidos. Luego de graduarse como abogado, de
trabajar en Empresas Públicas de Medellín (EPM) y en el Ministerio de
Trabajo (1978), se dedicó a sus negocios privados.
El Gran Banano
fue un éxito en Medellín y alcanzó a tener sucursales en Cartagena y
Santa Marta. Pero se liquidó. Con esa plata compró hacia 1982 la finca
El Ubérrimo: 600 hectáreas planas como una mesa de billar en el
corregimiento de El Sabanal, a 45 minutos de Montería.
El
24 de marzo de 1980 fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por
el presidente Turbay Ayala, cargo que ejerció hasta agosto de 1982. No
era cualquier cargo ni en cualquier momento. Durante su período se
concedieron por lo menos 57 licencias de aviación y pistas de aterrizaje
a Jaime Cardona, Carlos Lehder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel
Alarcón, entre otros sospechosos de traficar con cocaína. Tres de esos
aviones aparecieron en Tranquilandia, según El Nuevo Herald.
Más tarde, Lara Bonilla calificaría de ''negligente'' y ''pasiva''
a la dirección de la Aeronáutica Civil. Cuando estos detalles de su
gestión salieron a la luz, en marzo de 2002, Uribe descargó la
responsabilidad en su asesor técnico, César Villegas, “el único máster de transporte aéreo que había en Colombia en ese momento”,
y quien caería abaleado ese mismo año, meses después de cumplir su
sentencia por enriquecimiento ilícito a favor del Cartel de Cali.
Una
vez terminó el período de presidente liberal Turbay, Uribe se
reenganchó en la nueva administración del conservador Belisario
Betancur. Tenía apenas 30 años cuando fue nombrado Alcalde de Medellín.
Duró apenas cinco meses pero, entre otras ejecutorias, firmó el convenio
para la construcción del Metro, que se proyectó terminar en cinco años y
se terminó en doce. En 1997, cuando el entonces gobernador Álvaro Uribe
lo inauguró, se había incurrido en sobrecostos por 1.166 millones de
dólares, parte de los cuales terminó cargando sobre los hombros de los
contribuyentes de todo el país, el ya presidente Uribe en mayo de 2004,
En
Medellín también ganó sus primeras elecciones. En 1984 se presentó al
Concejo, mientras su primo Mario se lanzó a la Asamblea. En el 85
sellaron su alianza con la creación de la disidencia del Partido
Liberal, Sector Democrático, que Ernesto Samper Pizano lideraba en el
plano nacional. Uribe repitió victoria y luego logró algo que pocas
veces se ha visto: saltó del Concejo municipal directamente al Senado
sin pasar por la Cámara. Mantuvo su curul en 1990 y en 1992, en llave
con el representante Mario Uribe Escobar.
Tierra de paramilitares
A
lo largo de estos años Uribe no solo fue creciendo como político, sino
también como hacendado. Además de El Ubérrimo que ya poseía, heredó de
su padre las haciendas Guacharacas y La Carolina (en Yarumal). En estas
propiedades habrían de suceder cosas espeluznantes.
El
proyecto paramilitar que en 1997 desembocó en la formación de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgió en las propias barbas del
expresidente Uribe. Además del MAS, que operó en Medellín durante varios
años, incluido el período cuando él fue alcalde, hubo grupos de
autodefensas auspiciados por miembros de las Fuerzas Armadas, hacendados
y narcotraficantes en Montería, San Roque y Yarumal desde principios de
los años 80 y hasta su desmovilización, dos décadas después, gracias a
un acuerdo con el gobierno Uribe.
A la usanza del MAS se crearon en Córdoba grupos de limpieza como El Orcón, Los Magníficos, Levantando Banderas y Ojo por Ojo.
Estos grupos idearon una estrategia efectiva de control social en
tierras dominadas por la guerrilla: que les temieran más que a ella. Así
comenzaron las masacres, algunas atribuidas a los Tangueros de Fidel Castaño. Entre 1980 y el 1993 se produjeron 40 masacres en Córdoba y cerca de 200 asesinatos selectivos [2].
Estos movimientos contaron con el apoyo de la elite económica del
departamento, como lo documentaron Iván Cepeda y Jorge Rojas [3].
Uno
de los líderes más destacados de estos grupos fue Salvatore Mancuso,
quien en 1993 selló, con los hermanos Castaño, la creación de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). El financiador de ese
grupo fue Rodrigo García, directivo del Fondo Ganadero de Córdoba.
Desde allí comenzó una expansión militar y política que llevó a que esta
facción alcanzara el control en 25 de los 28 municipios de Córdoba. Fue
el laboratorio local de la ‘parapolítica’.
Uribe reconoce “que (a Mancuso) lo vi un par de veces, pero no me he reunido con él para ningún efecto”.
Muchos
de aquellos grupos se ampararon en la lógica de la autodefensa,
promovida por un sector del gobierno, ante su propia ineficiencia:
quienes puedan aportar recursos, trabajadores y vehículos a cooperativas
de seguridad privada, que lo hagan. Los principales voceros de esta
tendencia fueron el ministro de Defensa, General Rafael Samudio, el
general Fernando Landazábal Reyes y el ministro de Justicia, José Manuel
Arias [4].
El modelo se extendió desde Córdoba hacia el norte de Antioquia y llegó
a Medellín. Al menos dos de esos grupos que terminaron convertidos en
comandos paramilitares están vinculados con la familia Uribe.
El
15 de febrero de 1992 apareció en Yarumal un panfleto que declaraba la
guerra a los secuestradores y simpatizantes de la guerrilla. Luego
comenzaron los asesinatos. Este grupo se conocería como Los Doce Apóstoles.
En 1994 operaron en franca cooperación con la Policía, al mando del
capitán Juan Carlos Meneses. Según su testimonio, a la cabeza del grupo
estaban tres hacendados: Emiro Pérez, Álvaro Vásquez y Santiago Uribe,
dueño, junto con sus hermanos, de la hacienda La Carolina. Este
tenebroso grupo, apodado así por la cercanía con el cura Gonzalo
Palacios, ordenaría casi 100 asesinatos hasta bien entrado 1996. El
testimonio de Meneses habla de La Carolina como un campo de
entrenamiento con 25 hombres fuertemente armados y lugar del homicidio
de Vicente Varela, un supuesto extorsionador.
Los
hechos anteriores fueron investigados por la Fiscalía en 1996 y en
2000, y luego fueron objeto de un debate promovido por el entonces
senador Gustavo Petro. Sobre la base de la declaración de Meneses,
ampliada en un libro de Olga Behar [5],
la Fiscalía reabrió la investigación en 2010. 18 meses después de la
declaración de Meneses ante el Fiscal Hernando Castañeda, Santiago Uribe
no ha sido vinculado al proceso.
Un grupo similar operó en San Roque, alrededor de la finca Guacharacas. El expresidente asegura que esa finca fue “malvendida”
en 1996, luego de un ataque del ELN. ¿A quién fue vendida? A dos amigos
de la familia: Luis Alberto Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.
En
los últimos meses se han conocido los testimonios de dos exparas, Juan
Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’,
comandante del Bloque Cacique Pipintá, quienes acusan a los Uribe Vélez,
a Luis Alberto Villegas y a su hermano Juan Guillermo y a Santiago
Gallón de encubrir – bajo el paraguas de la cooperativa de seguridad
(Convivir) denominada El Cóndor – a un grupo paramilitar que
posteriormente dio lugar al Bloque Metro. Gallón fue condenado por
auspiciar grupos paramilitares en toda Antioquia.
Villegas
fue investigado y absuelto por estos hechos en 1999 y 2000, pero en
2010 un fiscal de Justicia y Paz consideró que su homicidio, ocurrido en
2004, fue un ajuste de cuentas entre miembros del Bloque Metro y del
Central Bolívar. La cooperativa El Cóndor recibió personería jurídica en noviembre de 1996 a través de la Resolución 42378, firmada por Álvaro Uribe.
Gobernador de Antioquia
Uno
de los capítulos más controvertidos de la vida política de Uribe fue su
paso por la gobernación de Antioquia, que ganó por apenas 4 mil votos
en unas debatidas elecciones. Desde allí golpeó con mucha fuerza a las
guerrillas. El modelo de las Convivir, concebidas por el Ministro de
Defensa Rafael Pardo y puestas en marcha por su sucesor, Fernando
Botero, se expandió a casi todos los municipios de Antioquia.
Mancuso ha señalado que se reunió con Carlos Castaño y el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, para planear operaciones conjuntas.
La masacre de El Aro en 1996 es el caso donde hay quizá mayor evidencia
sobre esa colaboración. Según Mancuso y Francisco Villalba (quien
comandaba el grupo paramilitar), la acción fue coordinada con Moreno y
con el General Carlos Ospina. De hecho hay testimonios acogidos en una
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los
cuales dos helicópteros, uno de la gobernación y otro del ejército,
sobrevolaron el caserío durante el operativo y uno de ellos habría
traído pertrechos a los paramilitares.
Ese
año hubo otras 54 masacres en Antioquia, muchas de ellas relacionadas
con Convivir aprobadas y defendidas con ahínco por Uribe. De las 48 que
recibieron personería jurídica y fueron autorizadas a operar
oficialmente en el departamento, al menos Acepal, Los Girasoles, Las Garzas, Los Sables, Las Guacamayas, Renacer y Del Oriente aparecen en procesos judiciales vinculados con violaciones a los derechos humanos. Otra, Horizonte Ltda, operó sin problema pese a que su representante legal era el mismísimo Salvatore Mancuso.
Ese
modelo se aplicó con especial severidad en la región bananera y fue
parte integral de la estrategia llamada “Pacificación de Urabá”. “Dejamos a Urabá en un clima de paz laboral, los empresarios han podido regresar” dijo alguna vez Uribe al hablar de estos cargos. Los homicidios en la región pasaron de 600 en 1994 a 1.431 en 1996.
Como lo expresó en su momento Carlos Castaño, fueron años terribles: “Cada
fin de semana los grupos armados nos contestábamos entre sí con
ejecuciones masivas de colaboradores o simpatizantes. Creo que allí
fallecieron tanto inocentes como culpables”.
Victoria en el 2002
Por
ese entonces Pastrana trataba de conducir un proceso de paz con la
guerrilla en El Caguán, mientras desde el nordeste del país venía la
arremetida ‘para’; su estrategia de la época combinó las masacres con la
captura de rentas y las alianzas políticas. Ese tinglado daría sus
frutos en las elecciones de 2002 [6].
Después
de su controvertida gobernación, Uribe se autoexilió en Oxford. Regresó
al país en 1999. En abril de ese año y de manera informal, lanzó su
candidatura a la Presidencia durante un homenaje que el mismo le rindió
al destituido general Del Río, en compañía de Fernando Londoño, Jorge
Visbal Martelo y Plinio Mendoza. Uribe sostuvo esa noche en el Hotel
Tequendama: “Nadie mejor que el general del Río comprendió que a
Urabá había llegado la hora. Es un buen ejemplo para los soldados y
policías de Colombia”.
Casi
tres años después, el candidato independiente registraba apenas el 5
por ciento de apoyo en las encuestas. Pero el proceso de paz con las
FARC entró en crisis y se rompió faltando tres meses para las
elecciones. Las FARC siempre reclamaron del gobierno Pastrana acciones
contundentes para enfrentar la arremetida de las AUC.
Uribe
ganó en primera vuelta el 29 de abril de 2002. Junto con él fueron
elegidos 266 congresistas, de los cuales 67 terminaron procesados por la
justicia por vínculos con los ‘paras’. Entre quienes ya están
condenados o aceptaron cargos están Mario Uribe, Eleonora Pineda, Miguel
de La Espriella, Álvaro Araújo, Rubén Darío Quintero, Carlos Clavijo,
Álvaro García, Erick Morris, Reginaldo Montes, Jairo Enrique Merlano,
Alfonso Ocampo, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives,
Jorge Luis Caballero, Rocío Arias y Ciro Ramírez.
Sobre la limpieza de esas elecciones hay serias dudas, según testimonio del exdirector de informática del DAS, Rafael García,
quien en 2008 recuperó la libertad por cumplimiento de las tres quintas
partes de su condena por cohecho. Este hombre fue el cerebro del fraude
que permitió a los aliados del Bloque Norte ganar las elecciones en
Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar. Según su testimonio ese mismo
fraude se repitió en las elecciones presidenciales a favor de Uribe,
aunque dice ignorar si el candidato tuvo conocimiento del fraude.
En el pináculo
Al
día siguiente de su posesión, el presidente Uribe viajó al Cesar para
coordinar las primeras acciones tendientes a recuperar las carreteras,
por entonces asoladas por las ‘pescas milagrosas’ de las guerrillas. Por
primera vez la seguridad había llegado a ser la prioridad indiscutida e
incluso obsesiva del alto gobierno.
A diferencia de su antecesor, un bogotano sitiado en la capital de un país en guerra, Uribe gestó durante su primer mandato una alianza estrecha con los gobernadores y las élites políticas locales para combatir a las guerrillas [7].
Dos
de esos gobernadores, con quienes quizás la colaboración fue más
estrecha, resultaron condenados por paramilitarismo. Hernando Molina,
del Cesar, y Salvador Arana, de Sucre. Este último fue condenado a 40
años de prisión por el homicidio del alcalde de El Roble, Tito Díaz.
Este hombre se hizo conocido en 2003 porque en vivo, a través de la
televisión nacional,
le advirtió a Uribe y a Arana que estaba sentado a su lado, de una “alianza macabra” entre paramilitares y políticos: “y ahora me van a matar”,
dijo. Efectivamente, a los quince días, la Policía le retiró su escolta
y el 5 de abril apareció muerto en una carretera de Sucre [8]. Arana fue el embajador de Uribe en Santiago, hasta su renuncia en 2005.
Córdoba,
Sucre, Cesar y Antioquia vieron diezmada su dirigencia por el avance de
la ‘parapolítica’. Pero no hubo ningún departamento tan afectado como
Magdalena, el único de la Costa donde Uribe venció a Serpa en 2002. Y
allí fue central la figura de Jorge Noguera, quien fue condenado en
septiembre pasado a 24 años de cárcel como responsable de la
infiltración paramilitar al DAS. Al día siguiente de proferida la
sentencia, Uribe reaccionó así a la noticia: “lo nombré por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía".
Política y guerra sucia
Y sí que delinquió: según la Corte Suprema,
Noguera nombró a Rafael García en el DAS y así puso la entidad al
servicio de los jefes paramilitares ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo:
sabotearon capturas, entregaron información que fue usada en homicidios,
sacaron del camino a servidores incómodos y encauzaron los esfuerzos
del organismo para combatir a las guerrillas exclusivamente.
Un testigo, el ex Director General Operativo del DAS, Luis Carlos Barragán, aseguró que la orden “fue
que procediéramos contra la guerrilla, sobre las otras organizaciones
argumentaba que estaban ya en trámite hacia un proceso de paz y era
preciso ser cautos para no entorpecer el proceso”.
Noguera
reveló durante su juicio que una de las primeras órdenes de Uribe fue
nombrar a José Miguel Narváez, quien había sido el ideólogo de las AUC,
como lo ha repetido más de una vez Mancuso. Narváez
también asesoró al Ejército, a la Ministra de Defensa, Marta Lucía
Ramírez, al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal
(Fondelibertad), a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y es
señalado como instigador del asesinato de Jaime Garzón.
Andrés Peñate, el sucesor de Noguera, y quien también está siendo investigado, ha dicho que el nombramiento de Narváez fue “un peligro para el país”, porque es uno de quienes “han hecho del término 'guerra política' una carrera”.
Hoy
se sabe que efectivamente el DAS no se dedicó exclusivamente a la
guerra limpia y sucia contra las guerrillas. La llegada de Narváez fue
el principio de otra guerra, no declarada, que alguien en el gobierno
adelantó contra defensores de derechos humanos, opositores, periodistas,
jueces, miembros del cuerpo diplomático, subalternos del presidente y
líderes sociales.
Hay una presentación en PowerPoint de la dirección de inteligencia del DAS titulada “Guerra Política” cuyo objetivo es “defender la democracia y la Nación” y “crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista”.
El lector acucioso encontrará en ese documento la planeación detallada
de seguimientos, saboteos, espionajes, intimidaciones y asesinatos de
carácter que salieron a la luz pública en 2009.
Fueron las operaciones Transmilenio, Arauca, Halloween, Risaralda, Extranjeros, Europa, Internet, Imprenta y Puerto Asís. Cuando la Corte Suprema comenzó las investigaciones por ‘parapolítica’ sería víctima de la operación Paseo dedicada a desprestigiarla por presuntos vínculos con narcotraficantes.
Enumerar
los delitos que cometieron los grupos G-3 y el Grupo de Observación
Nacional e Internacional (GONI) del DAS entre 2003 y 2009 sería una
tarea extensa. Eso sí, estos son los implicados
que han aceptado cargos, son testigos del proceso, han aportado
evidencias o han negociado el principio de oportunidad: la señora del
servicio de la Corte, Janeth Maldonado; los escoltas, capitán Julián
Leonardo Laverde y David García; la detective Alba Luz Flórez Gélvez, el
ex jefe de fuentes humanas, William Romero, los ex jefes del grupo
GONI, Fernando Ovalle y Germán Ospina; la ex directora de
Contrainteligencia, Jacqueline Sandoval; el ex integrante de la
Subdirección de Contrainteligencia, Jorge Armando Rubiano; el ex
subdirector de Operaciones, Hugo Daney Ortiz; el ex coordinador del
grupo de verificación, José Alexander Velásquez; el ex subdirector de
Análisis, Gustavo Sierra, el ex director de Inteligencia, Enrique
Alberto Ariza, la ex subdirectora de Operaciones, Martha Leal, el ex
jefe de Contrainteligencia, Jorge Lagos y el ex jefe de inteligencia,
Fernando Tabares.
Todos
ellos han reconocido que cometieron esos delitos por órdenes de
funcionarios de la Presidencia. William Romero incluso asegura que
recibió una felicitación porque “el 1 conoció los insumos”. El 6 de marzo un fiscal delegado ante la Corte Suprema “compulsó copias a la Comisión de Acusaciones por la presunta responsabilidad del ex presidente” en estos hechos.
Por
ahora las investigaciones avanzan: Mario Aranguren, director de la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de
Hacienda y el secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno
están presos. La ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, pedida
en extradición. También están vinculados los asesores presidenciales
Edmundo Del Castillo, César Mauricio Velásquez, Jorge Mario Eastman y
José Obdulio Gaviria.
La reelección
Uribe
también se embarcó en una guerra por mantener el poder. El 26 de junio
de 2008 la Corte Suprema determinó que la parlamentaria Yidis Medina sí
vendió su voto para la reelección del presidente Uribe y la sentenció
por el delito de cohecho a 47 meses de detención domiciliaria. La Corte
envió la información a los varios organismos encargados de investigar o
sancionar a los funcionarios del gobierno presuntamente implicados y
declaró que "la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder",
al tiempo que pedía a la Corte Constitucional revisar dicha reforma.
Este fallo produjo una fuerte reacción del presidente Uribe, quien
sugirió la complicidad de algunos magistrados con “grupos terroristas” y
anunció un referendo repetir las elecciones de 2006 con el propósito de
"legitimar su mandato" (más tarde desistiría de ello). Al día siguiente
funcionarios del gobierno interpusieron demandas penales contra los
magistrados de la Corte Suprema.
Como cosa rara, solo los congresistas Medina, Avendaño y Mateus,
quienes vendieron su voluntad a cambio de prebendas, están condenados.
Los funcionarios del Gobierno que supuestamente les habrían ofrecido
beneficios siguen siendo materia de investigación, aunque la
Procuraduría ya dio pistas de por dónde va el agua al molino: en agosto
de 2010 destituyó y sancionó al ministro del Interior, Sabas Pretelt.
Ante los tribunales
El pasado 11 de agosto ante la Comisión de Acusaciones, Uribe dijo que los hechos del DAS obedecen a una "venganza criminal urdida
por los enemigos de los paramilitares que ahora visitan a los
paramilitares en los EU, lo que parece una confabulación contra el
gobierno que les quitó de encima a esos verdugos”.
Es la misma explicación que ha usado en otras batallas:
- Los falsos positivos en Ocaña fueron obra de “sectores del narcotráfico, bandas criminales del narcotráfico que penetraron” al Ejército;
- la ‘Yidispolítica’ “es usada por grupos delincuenciales para desacreditar al Gobierno";
- Agro Ingreso Seguro es una "acusación temeraria", pues se está “acusando sin razón”.
Este
año, por todos estos hechos, la Justicia ha dado buena cuenta de sus
funcionarios: Sabas Pretelt y Andrés Felipe Arias fueron destituidos e
inhabilitados por la Procuraduría. Hay 126 sentencias condenatorias contra más de 344 coroneles, mayores, otros oficiales y suboficiales del Ejército por 1.486 denuncias de falsos positivos.
De hecho, esta misma semana las investigaciones llegaron hasta el comandante del Ejército entre 2006 y 2008, el general Mario Montoya, quien fue llamado a rendir indagatoria por violaciones a los derechos humanos durante la Operación Orión,
que barrió de insurgencia las comunas nororientales de Medellín,
aparentemente en complicidad con los paras. Tras su retiro del Ejército,
Uribe lo nombró embajador en Santo Domingo, como es costumbre para
militares de alto grado.
Ocaso del guerrero
Bajo
el gobierno Santos se han ido destapando más escándalos que de manera
más o menos directa salpican a su antecesor. Estos tienen que ver con el
nombramiento de funcionarios incompetentes o corruptos, la mayoría de
ellos vinculados con miembros de la coalición uribista en el Congreso.
La
lista de entidades intervenidas también es larga: la Superintendencia
de Notariado, el Ministerio de Protección Social, el de Educación, el
Instituto Nacional de Concesiones (INCO), el Instituto Colombiano para
el Desarrollo Rural (INCODER), el Instituto Colombiano de Geología y
Minería (IMEOMINAS), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Son tantas las acusaciones, que
Uribe le ha revirado al gobierno por querer “graduarme de corrupto”.
Uribe
enfrenta en la Comisión de Acusaciones varias investigaciones. Tres
parlamentarios renunciaron a conducirlas por amenazas e incluso
intimidaciones directamente proferidas por el propio ex presidente. En septiembre se abrió investigación formal en su contra por el caso de las chuzadas.
Hay varias coincidencias en muchos de estos casos: las pruebas desaparecen con el tiempo, los testigos caen asesinados [9], tienen que exilarse o dejan de colaborar repentinamente por amenazas contra sus familias. Como dijo desde Cómbita
">
Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos que han sido intimidados por saber demasiado: “nosotros somos presos, ellos son señores”.
En Colombia se está viviendo un proceso de memoria histórica donde muchos señores tendrán que rendir cuentas también. La guerra sucia no la hicieron solo los Monsalve o los Mancuso.
Ahí
están, para quien quiera verlas, sus conexiones con militares,
funcionarios, empresarios, narcotraficantes, hacendados, sacerdotes y
políticos. Los intereses que movieron a la autodefensa siguen vivos.
Así lo denunció Carmen Palencia, representante de la Asociación Tierra y Vida:
desde septiembre de 2010, cuando empezó a hablarse de reparación y
restitución, las organizaciones de víctimas ponen entre tres y cuatro
muertos al mes… “Nos están persiguiendo por todo el país”.
Son
los que no se rinden, como los llama Alfredo Molano. La evidencia
apunta a que esos sectores no han renunciado a la combinación de todas
las formas de lucha. La vigencia política de Álvaro Uribe demuestra que
queda también mucho trecho para derrotar a esa tendencia que insiste en
jugar al todo vale y por debajo de la mesa.
Pero al menos ya comenzó su declive.
* Periodista y profesor universitario
 @rodrihurt |
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