“Señalar a los beneficiarios canadienses de la guerra en Colombia”
by Oba Caoba on Monday, 2 July 2012 at 19:51 ·
A quiénes beneficia realmente el 'seudo desarrollo' extractivo en Colombia?
“Señalar a los beneficiarios canadienses de la guerra en Colombia”
Una camapaña del PASC, Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia
WWW.PASC.CA
La guerra sucia que azota a Colombia desde hace varias décadas, causando –aún en la actualidad– masacres, desplazamientos forzados, torturas, asesinatos políticos y el aprisionamiento de disidentes, no es un conflicto local ajeno a Canadá.
Numerosas compañías canadienses, principalmente en el sector minero y petrolero, se encuentran activas en Colombia. Muchos de sus proyectos de explotación de recursos naturales son presentados por el gobierno canadiense como proyectos de desarrollo que benefician a los colombianos y colombianas. Sin embargo, al analizar la realidad en el terreno, rápidamente nos vemos confrontados con la cara oculta de estas inversiones: destrucción ambiental, militarización de regiones, represión política, violaciones de los derechos humanos, de las normas laborales, de los derechos sindicales, sociales y territoriales, etc.
Unimos nuestras voces a las organizaciones sociales colombianas para proclamar en alto: “se trata de una guerra imperialista”, financiada y alimentada por los intereses económicos del Norte. “Nuestra” Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) interviene para modificar los marcos legislativos a favor de las empresas canadienses; “nuestro” gobierno conservador firma un tratado de libre comercio para dorar la imagen de un Estado paramilitar y darle un sello democrático; “nuestras” empresas reivindican “la seguridad de sus inversiones”, que se significa la creación de brigadas militares encargadas de la protección de las minas y los oleoductos (ver recuadro más abajo); “nuestra” producción agrícola subvencionada y a bajo precio, destruye la economía campesina; las tropas paramilitares “limpian” el territorio (masacres y desplazamientos forzados); asesinos a sueldo pagados por el gobierno colombiano eliminan a los líderes sindicales, etc. Denunciamos esta guerra que continúa enriqueciendo a una oligarquía nacional que favorece los intereses extranjeros y saquea la dignidad y la vida de las comunidades colombianas.
El ejército colombiano al servicio de las compañías extranjeras:
Según un artículo de la revista Semana de Colombia (18 de junio de 2011), el 11% de los efectivos del Ejército Nacional de Colombia son asignados para la protección de las actividades mineras y petroleras, siendo cerca de 30.000 soldados colombianos que colaboran con un número desconocido de guardias de seguridad privados y de mercenarios a sueldo de las sociedades militares privadas. Según el ex ministro de Minas, Rodrigo Rivera, en algunos departamentos de Colombia, más del 80% de la fuerza militar esta orientada a la seguridad de las actividades petroleras (Caracol, 9 de agosto de 2011).
Por estas razones, el PASC lanza una campaña para dar seguimiento las actividades de las empresas canadienses en Colombia y denunciar la manera como sus proyectos son implantados por medio de la violencia y gracias a ella. En esta perspectiva el PASC tiene la intención de señalar a las compañías canadienses y sus accionistas que consideramos los “beneficiarios de la guerra”.
Porque el silencio nos hace cómplices, ¡SEÑALEMOS A LOS BENFICIARIOS CANADIENSES DE LA GUERRA EN COLOMBIA!
El gobierno canadiense a la defensa de los beneficiarios de la guerra
Canadá defiende “sus intereses” con vigor con el fin de “asegurar las inversiones canadienses” y de “desarrollar su mercado”. Al interior de esta estrategia imperialista, señalemos cinco intervenciones canadienses que tienen un impacto directo en las condiciones de pobreza y en los derechos sociales de los(as) colombianas(as):
Reforma del código minero colombiano a favor de las empresas extranjeras
El nuevo código minero parece hecho a la medida para las empresas canadienses. ¿Coincidencia? Evidentemente no, ya que justamente el Instituto Canadiense de Investigaciones Energéticas (ICRE) ¡recibió el mandato para desarrollarlo! Este “proyecto de ayuda internacional” fue ejecutado gracias al financiación proporcionado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y las contribuciones de patrocinadores privados tales como las multinacionales BP Canada Energy, Cargill, Chevron Canada, Conoco, Dow Chemicals, Mobil, Shell, Total Fina ELF, UNOCAL, etc. En la redacción de esta legislación minera, el ICRE contrató a Martinez-Cordoba y asociados. En aquel momento, este bufete de abogados representaba a más de la mitad de las empresas mineras canadienses inscritas en el Registro Nacional de empresas de explotacion minera. Con la ley 685, que dio vida al nuevo código minero, la inversión extranjera en este sector se incrementó en 500% entre 2002 y 2009. Los abogados de las empresas mineras canadienses parecen haber cumplido bien con su deber: casi la mitad de los proyectos de exploración minera en Colombia están bajo el control de empresas registradas en Canadá.
Privatización del sector de las telecomunicaciones
En 1995, la ACDI concedió una subvención de $4 millones a la empresa consultora Destrier Management Consultants (Ottawa) con el fin de “contribuir al proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones en Colombia”. La financiación pública de este proyecto de privatización también se concretó a través de $130 millones ofrecidos por Exportación y Desarrollo Canadá (Exportation et Développement Canada, EDC) a la compañía Nortel para realizar sus operaciones de liquidación de la empresa de telecomunicaciones del Estado TELECOM.
Financiación y apoyo al Plan Pacífico
El Plan Pacífico señala como objetivo la región del Pacífico de Colombia y, más precisamente el departamento de Chocó, con el objetivo de aumentar, tanto la explotación de los recursos naturales en la región, como los intercambios comerciales internacionales. La troncal de la Carretera Panamericana, el puerto de aguas profundas, las megaplantaciones de palma africana (para la producción de agrocombustibles) y el “mapeo” de los recursos biogenéticos se encuentran entre las actividades previstas en este plan. En 1995, la ACDI concedió una subvención de $241.861 de dólares a la empresa Radarsat International Inc. (Ottawa), por servicios de consultoría y asistencia técnica al gobierno colombiano para el desarrollo del Plan Pacífico.
Firma del Tratado de Libre Comercio
La firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia no persigue realmente objetivos de carácter económico: se trata ante todo de un apoyo político al régimen de Álvaro Uribe, en un momento en el que éste último no logra firmar un acuerdo con Estados Unidos. Ningún otro gobierno se había atrevido a firmar un acuerdo económico con Colombia durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe, conocido en todo el mundo por el importante despliegue de la estrategia paramilitar y su guerra contra las organizaciones sociales. El Acuerdo fue firmado en 2008, aprobado por el Parlamento canadiense en 2010 y entró en vigor el 15 de agosto de 2011. Los Estados Unidos siguieron el ejemplo.
Promoción y financiación de alianzas entre ONG canadienses y empresas mineras canadienses
A finales de septiembre de 2011, la ministra canadiense de la Cooperación Internacional anunció un nuevo programa de financiación para promover las alianzas entre compañías mineras canadienses y ONG canadienses. Colombia figura entre los tres proyectos piloto de esta nueva política de la ACDI para promover el “diálogo entre las colectividades y el sector privado”. Notemos que otros programas similares ya han sido gestionados por la ACDI. Es el caso del proyecto “Energía, Medio Ambiente y Población”, por el cual los beneficiarios recibían subvenciones públicos hasta de $ 500.000 para participar en la creación de una “visión común entre los gobiernos, el sector de los hidrocarburos y los pueblos indígenas, respecto al desarrollo del potencial de hidrocarburos”.
Es también el caso del Proyecto “Sector minero – Fortalecimiento de las capacidades de los Indígenas”, destinado a promover la aceptación de los proyectos mineros por parte de las naciones indígenas de América. El nuevo programa resulta necesario, dada la mala reputación de las compañías mineras canadienses. Según un estudio del Centro Canadiense para el Estudio de Conflictos de Recursos, las empresas canadienses son responsables del 33% de los conflictos relacionados con la extracción minera en el mundo. Entre los incidentes atribuidos a las compañías mineras canadienses, “el 60% son conflictos con los miembros de las comunidades locales y el 40% están relacionados con diferentes formas de deterioro del medio ambiente. Por último, el 30% de estos “incidentes” (...) involucran a agentes de seguridad privada”.
La Asociación Minera de Canadá (grupo de presión del sector minero) se apresuró a dar la bienvenida a esta iniciativa gubernamental que, además de proporcionar una nueva fuente de financiación pública a las empresas mineras, ya multibillonarias, permitirá a éstas mejorar su imagen y facilitar su aceptación por parte de las comunidades locales. Así, bajo el pretexto de “responsabilidad social de las empresas”, el sector privado, con la complicidad del gobierno canadiense, está tratando hábilmente de utilizar las ONG para “pacificar” las regiones que están en la mira de sus proyectos.
A continuación se enumeran algunas actividades de las Fuerzas Armadas canadienses, de la Policía Real Montada de Canadá (GRC) y del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (SCRS) que presentan un impacto directo en Colombia:
- · Colombia figura entre los miembros del Programa de instrucción y cooperación militar (PICM) de Canadá para el ciclo 2011-2014.
- · Las fuerzas marítimas de la Armada canadiense participan en la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), una coordinación militar para la llamada “guerra contra la droga”. Canadá apoya la JIATF-S, proporcionándole navíos de guerra, submarinos y aeronaves de patrullaje marítimo CP-140 Aurora.
- En el marco de su Programa de Asistencia al Desarrollo de Capacidades Antiterroristas (PARCAT), Canadá paga $694.000 por el proyecto “Régimen jurídico contra el terrorismo en Colombia”, dirigido a fortalecer la legislación antiterrorista en Colombia. El PARCAT prevé igualmente la participación de la Dirección del Programa de Asistencia a la Instrucción Militar (DPAIM) que ofrece formación a los miembros de las Fuerzas armadas colombianas acerca de las nuevas tecnologías y la gestión de la información.
- La GRC colabora con la policía nacional colombiana para llevar a cabo investigaciones contra organizaciones consideradas “terroristas" y traficantes de drogas. La GRC proporciona igualmente formación a la policía nacional colombiana.
- El SCRS y la GRC colaboran con los servicios de inteligencia colombianos para la recolección de información.
- En 1999, el primer año del Plan Colombia, el Ministerio de Defensa canadiense vendió más de 40 helicópteros Huey Bell CH-135 al Departamento de estado americano. De éstos, 33 helicópteros fueron redirigidos hacia Colombia en el marco del Plan Colombia.
Talisman Energy y Enbridge
La Talisman Energy es una empresa canadiense con sede en Calgary, especializada en la explotación de gas y petróleo. Conocida en Quebec por su participación en la explotación de gas de esquisto, también es muy criticada por su papel en Sudán, Indonesia, Malasia, Vietnam, Australia, Irak y Argelia, entre otros. Presente en Colombia desde hace una década, esta empresa se jacta de tener un papel activo en materia de derechos humanos. Irónicamente, en 2010, compró unas de las explotaciones petroleras más criticadas de Colombia, las de la British Petroleum (BP), en asociación con Ecopetrol (antigua empresa del Estado desmantelada a través de alianzas publico-privadas). Económicamente sacudida por la marea negra en el Golfo de México, la BP se apresuró a deshacerse de su filial colombiana de mala reputación.
En 2009, BP se vio obligada a pagar una indemnización de varios millones de dólares a las comunidades campesinas de Colombia para evitar un juicio donde fue acusada de aprovecharse del régimen de terror de los paramilitares que protegían los 730 kilómetros del oleoducto OCENSA. Nótese que, desde 1994, uno de los principales propietarios explotadores del megaoleoducto OCENSA, es la empresa canadiense Enbridge, una firma transnacional que posee la red de oleoductos más grande del mundo (hasta el año 2000, ésta firma explotaba este oleoducto con la empresa TransCanada Pipelines, TCPL).
Con el fin de proteger sus instalaciones en Colombia, Enbridge contrató a la empresa militar británica Defense Systems Colombia (DSC), que proporcionó equipamiento militar a la Brigada 14 del Ejército Nacional de Colombia. Además del aprovisionamiento de armamento, la DSC puso en marcha un sistema de informadores civiles para compartir las informaciones obtenidas con la Brigada 14 del ejército colombiano, que entonces estaba bajo investigación por múltiples crímenes -incluyendo la masacre de 90 civiles en Segovia en 1998- perpetrados en colaboración con la estructura paramilitar. En esa época, un empleado de la sucursal colombiana de DSC reveló a los medios de comunicación británicos que su trabajo consistía en coordinar una red de espías en el área del oleoducto para controlar a los dirigentes sindicales y líderes comunitarios.
Hoy en día, el oleoducto que posee Enbridge y que sirve para encaminar el petróleo explotado por la Talisman Energy, cuenta con 17 bases militares a lo largo de su curso y 1.400 soldados han sido asignados para su protección. Además, aparte de la violencia política generada por el dispositivo de seguridad de este oleoducto, la construcción misma de la infraestructura energética destruyó la actividad de subsistencia de al menos 350 campesinos(as), obligados(as) a abandonar sus tierras contaminadas. Para el año 2012, Enbridge contempla la realización de trabajos de ampliación del oleoducto OCENSA, así como la inauguración de trabajos para un nuevo oleoducto (OAP) destinado a encaminar el petróleo colombiano hacia el mercado asiático, a través de la costa Pacífica.
Recordemos que cuando el Presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, Perrin Beatty, le entregó una carta en mayo de 2008 al gobierno canadiense para exhortarlo a ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, tres representantes de la industria petrolera canadiense añadieron sus firmas: Enbridge, Talisman Energy y Nexen. El lobby petrolero está particularmente interesado en los recursos colombianos, luego de la privatización de la sociedad del Estado Ecopetrol, en el contexto del proyecto de reforma energética apoyada con la asesoría y los fondos de la ACDI.
Las compañías petroleras reciben además atractivas garantías de “seguridad”: durante su gira en Canadá en 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), prometió a los inversionistas canadienses formar un nuevo batallón militar para proteger a las empresas extranjeras durante los estudios sísmicos -un nuevo paso hacia la privatización de la seguridad, ya que los efectivos militares colombianos protegían anteriormente las actividades de explotación y no las de exploración. Este nuevo cuerpo militar, dedicado a los intereses privados extranjeros, se sumará entonces a los 11 batallones del Plan Especial de Energía y Vías (PEEV), que cuenta actualmente con 12.000 militares y brigadas especiales. Todo para complacer a la Talisman Energy, que anunció orgullosamente una inversión de US$ 80 millones en la exploración de nuevos yacimientos en 2010.
Las empresas canadienses beneficiarias de la guerra en Colombia también tienen nombres y direcciones
Presidente y Gerente ejecutivo: John A. Manzoni Oficina en Canadá Suite 2000, 888 - 3 Street SW Calgary, Alberta T2P 5C5 Tel: +403 237 1234 Fax: +403 237 1902 tlm@talisman-energy.com
Pacific Rubiales
La empresa canadiense Pacific Rubiales Energy explota yacimientos petrolíferos donde trabajan alrededor de 14.000 obreros de la región de Puerto Gaitán y Campo Rubiales (departamento del Meta). Estos trabajadores son empleados por medio de contratos irregulares por medio de los cuales están sujetos a jornadas laborales que llegan a durar hasta 18 horas, durante 40 días y sin descanso. A cambio, reciben un salario mínimo equivalente a la cuarta parte de lo que reciben otros trabajadores de empresas petroleras en Colombia. Dado el aislamiento del yacimiento y la falta de medios de transporte para llegar a él, los trabajadores se amontonan en tiendas de campaña desvencijadas que llegan a albergar hasta 240 personas. Siendo la industria petrolera la principal fuente de ingresos de la región, los habitantes de Puerto Gaitán llevan seis años exigiendo que sus reivindicaciones sociales y ambientales sean tomadas en cuenta, (reducción de los daños ambientales relacionados con la explotación petrolera, mayor atención a las directivas locales de contratación y adquisiciones, inversión en infraestructura, etc.), así como sus reclamos relacionados con las condiciones laborales (respeto de los derechos de los(as) trabajadores(as) colombianos(as), libertades sindicales, etc.). Sin embargo, la empresa canadiense Pacific Rubiales se niega obstinadamente a negociar de buena fe y amenaza con despedir a cualquier trabajador que quiera sindicalizarse.
Desde julio del 2011, el conflicto laboral empeoró cuando 6.000 trabajadores subcontratados por Pacific Rubiales se declararon en “Asamblea permanente” para movilizar a las comunidades locales en torno a sus reivindicaciones sociales y sindicales. Las manifestaciones que de ahí resultaron fueron reprimidas por las fuerzas militares del gobierno y dejaron un saldo de 50 personas heridas. En represalia, las empresas petroleras de la región despidieron a más de 500 obreros acusados de participar en actividades sindicales, mientras que los(as) principales líderes sindicales fueron amenazados(as) de muerte por miembros paramilitares. El 20 de septiembre del 2011, bajo las órdenes del gobierno nacional, el Ejército y la Policía dispersaron a los manifestantes utilizando granadas ensordecedoras con sonido de metralleta, gases lacrimógenos y tiros de balas de caucho. Por su parte, Pacific Rubiales bloqueó la vía pública entre la ciudad de Puerto Gaitán y los yacimientos petrolíferos, impidiendo a los habitantes circular libremente por su territorio. Frente al rompimiento de los compromisos establecidos entra la empresa canadiense y el sindicato colombiano, en noviembre del 2011, más de 10.000 empleados(as) subcontratados(as) por Pacific Rubiales se declararon en huelga.
La petrolera canadiense utilizó una sagaz estrategia de relaciones públicas para hacer caso omiso de sus compromisos con el sindicato nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) y las comunidades vecinas (a pesar de que tales compromisos fueron firmados en presencia de representantes del gobierno nacional y de la Embajada de Canadá). Anunciaron haber llegado a un nuevo acuerdo con el sindicato patronal -la Unión de Trabajadores de la Industria Energética (UTEN)- quien afilió a 700 empleados(as) administrativos(as) para Pacific Rubiales entre el 4 y el 6 de octubre 2011, y habría firmado un acuerdo al día siguiente que preveía una alza salarial mínima para el personal administrativo directamente contratado por la empresa canadiense sin resolver de ninguna manera el conflicto laboral que afecta a alrededor de 14.000 trabajadores(as) subcontratados(as), de los cuales 5.000 ya se habrían afiliado a la USO para emprender negociaciones sindicales.
Con el fin de desacreditar a la Unión Sindical Obrera (USO), el nuevo sindicato patronal (UTEN) organizó una manifestación que fue publicada en todos los grandes medios colombianos durante la cual denunciaba a la “USO terrorista”. En efecto, Pacific Rubiales desplegó una importante campaña mediática para deslegitimar las movilizaciones sindicales de la USO y criminalizar a los(os) trabajadores(as) en huelga.
Las empresas canadienses beneficiarias de la guerra en Colombia también tienen nombres y direcciones:
Serafino Iacono (Copresidente y Director ejecutivo)
Miguel de la Campa (Copresidente y Director ejecutivo)
Ronald Pantin (Consejero Delegado y Director ejecutivo)
Oficina en Canadá
La Gran Tierra Energy
La Gran Tierra Energy es una compañía de gas y petróleo cuya sede principal esta en Calgary. Esta a cargo de operaciones en muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, en donde reporta cifras de producción de 23.000 barriles de petróleo diarios. En el departamento del Putumayo, los proyectos de extracción petrolífera están ubicados en tierras campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Estas comunidades han luchado ardientemente contra la presencia de La Gran Tierra Energy, argumentando que desde la llegada de trabajadores de la petrolífera en la región, el costo de vida se ha disparado, así como el consumo de alcohol y la prostitución. La presencia militar en la región también ha aumentado, puesto que se han asignado nuevos batallones de fuerza armada para proteger las instalaciones de petróleo. Igualmente, las comunidades argumentan que el problema de tráfico de drogas en la región ha empeorado, dado que la extracción de petróleo contiene químicos que son utilizados en el proceso de producción de cocaína.
Los mismos trabajadores de La Gran Tierra conformaron el sindicato llamado SintraPetroPutumayo, y reclamaron a la compañía el respeto de las leyes laborales colombianas y el derecho a organizarse libremente. Este sindicato ha pedido a la compañía que adopte una política de derecho social y medioambiental en colaboración con los representantes de las comunidades locales. Pese a estar bajo la jurisdicción del derecho laboral Colombiano, la compañía Canadiense se ha negado a reconocer dicho sindicato. Funcionarios y el gobernador del Putumayo han apoyado a la Compañía, acusando a los líderes sindicales de estar al margen de la ley y de ser aliados de los terroristas, haciendo referencia a grupos guerrilleros como las FARC. Esto lo hacen con el fin de deslegitimar y criminalizar los movimientos sociales y de los trabajadores de la región que se oponen a la extracción de petróleo.
En un contexto como este, no sorprende que los paramilitares hayan señalado estratégicamente como objetivo principal a los líderes del sindicato. Actores armados, que se autodenominan las Águilas Negras, patrullan la región, amenazando e intimidando a los trabajadores que se oponen a la industria petrolífera. Los grupos paramilitares dicen estar actuando por medio de un contrato por eliminar a los “soplones” de la guerrilla. Sin embargo, en su lista negra aparece una gran cantidad de miembros del sindicato SintraPetroPutumayo y de líderes comunitarios que se oponen a la extracción de petróleo. Unos cuantos líderes sociales y de trabajadores han recibido amenazas de muerte y algunos han tenido que abandonar la región, tras frustrados intentos de asesinato contra ellos y sus familias.
Dado el rechazo de la compañía por considerar las peticiones y las exigencias de los líderes sociales, los trabajadores y la comunidad local organizaron una protesta en contra de La Gran Tierra el 17 de octubre de 2010. Como parte de la protesta, algunos miembros de comunidades indígenas vecinas se tomaron los pozos petroleros de la compañía en un intento por obligarla a negociar.
La respuesta obtenida no fue de la compañía sino del Ejército colombiano y la Policía, que frustraron rápidamente la ocupación. Seis miembros de la comunidad indígena NASA fueron arrestados y actualmente están siendo acusados por un gran número de cargos judiciales graves. La compañía canadiense aún rechaza la idea de negociar con la comunidad y los trabajadores.
Las empresas canadienses beneficiarias de la guerra en Colombia también tienen nombres y direcciones:
Oficina en Canadá
300, 625 11 Avenue S.W.
Calgary, Alberta, Canadá, T2R 0E1
Teléfono: (1 403) 265-322 - Fax (1 403) 265-3242
SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN es una firma de consultoría en ingeniería y construcción establecida en Montreal –la misma que construyó las prisiones el Libia), sirvió de consejera para la construcción de oleoductos en Irak bajo la ocupación extranjera y produjo las municiones de la armada americana en Irak– se encuentra ahora cada vez más presente en Colombia. Esta empresa ofrece su especialización en proyectos de infraestructuras y explotación minera, petrolera y de gas. En 2009, abrió también una filial en Bogotá.
Una de las oportunidades lucrativas para SNC es el contrato de consultoría que le ha sido concedido recientemente por las mineras BHP Billiton (Australia y Reino Unido, Xstrata (Suiza) y Anglo American (Reino Unido) para la expansión del proyecto de la mina de carbón Cerrejón, en la región La Guajira, un proyecto muy polémico.
El Carrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Produce la mitad del carbón que exporta Colombia anualmente.
Este proyecto minero que empezó en el año 1976 ha ocasionado el desplazamiento forzado de la población local y la destrucción ambiental de un territorio ancestral indígena. Según se ha informado, se han presentado numerosos casos de represión en el lugar donde las comunidades han sido desplazadas. La agricultura de subsistencia que practicaban los(as) campesinos(as), ya no es posible, dado que ahora sus tierras están contaminadas. En el 2001, la expansión del proyecto minero implicó la destrucción (realizada con excavadora), de la ciudad de Tabaco y el desalojo violento de sus 700 habitantes por la Armada y la policía colombiana. En el 2004, la expansión del puerto de Puerto Bolívar por las necesidades de exportación de carbón, implicó la destrucción de un barrio de 350 habitantes. La oposición popular fue violentamente reprimida. De allí resultaron 11 opositores(as) asesinados(as) y 30 desaparecidos. Hay que señalar que Exportaciones y Desarrollo Canadá (EDC) proporcionó $ US 160 millones en línea de crédito al gobierno colombiano para financiar la compra de equipamiento minero canadiense para esta mina de carbón. Desde entonces, la mina se expande cada año, amenazando cada vez más a las comunidades.
Este proyecto es impulsado gracias a la “asesoría” de SNC. Además, una gran parte del carbón producido por El Carrejón es comprado por dos empresas canadienses: Nova Scotia Power y Brunswick Power. Las personas relacionadas con SNC-Lavalin y Cima +, habrían pagado 1,6 millones de dólares en donaciones al Partido Liberal de Quebec (de provincia francófona del mismo nombre) entre 2000 y 2009. Casualmente, el gobierno provincial recientemente ofreció a SNC Lavalin un muy jugoso contrato: La firma de ingeniería será la principal beneficiaria de la reparación de la central nuclear Gentilly II (Becancour, Quebec).
Las empresas canadienses beneficiarias de la guerra en Colombia también tienen nombres y direcciones:
Presidente y Director: Pierre Duhaime.
Oficina en Canadá
455, boul. René –Lévesque Ouest
Montreal, Quebec, H2Z1Z3
Teléfono: 514-393-1000
Fax: 514-866-07951
GRAN COLOMBIA GOLD (Fusionada con MEDORO RESOURCES)
En el 2005, la compañía Colombian Goldfields Ltd hizo su entrada en el municipio de Marmato, un pueblo de la región de Cadas, reconocido como patrimonio artístico nacional, que contaba entonces con 2.500 mineros artesanos. En el 2008, la fuerza pública procedió al cierre de numerosas pequeñas minas tradicionales, dejando sin empleo a más de 800 obreros, sin compensación alguna.
En el 2010, la empresa Colombian Goldfields Ltd fue comprada por la empresa canadiense Medoro Resources. Los rumores de una explotación a cielo abierto que requeriría la destrucción de todo el pueblo histórico, empezaron a circular.
El proyecto contradecía las disposiciones legales vigentes: el Decreto 2223 de 1954 autoriza estrictamente la explotación minera con fines de subsistencia sobre la parte elevada de la montaña de Marmato. El Artículo 35 del Código minero prohíbe la explotación minera en las zonas urbanas y el Artículo 6 del régimen de organización territorial de Marmato estipula que debe evitarse a toda costa la explotación a cielo abierto a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos para las próximas generaciones. Invocando un riesgo inminente causado por el hundimiento de la montaña de Marmato, las autoridades regionales lanzaron una alerta y llamaron al desplazamiento de toda la población. Esta información ha sido desmentida por los estudios de estabilidad del suelo.
Ante el fracaso de esta estrategia, la Medoro contrató a la ONG “Ventanas” con el fin de realizar la conciliación y ganarse a la población. La propaganda engañosa y las estrategias de división comunitaria han fracasado y la población se ha organizado para evitar el desplazamiento forzado. En junio de 2010, los residentes de Marmato se declararon en “huelga general y pacífica contra la empresa Medoro”. En enero de 2011, los mineros se movilizaron para protestar contra la prohibición de venta de dinamita en Marmato, lo que los forzaba a utilizar explosivos artesanales, responsables de graves accidentes. La policía entonces procedió a la expulsión de 400 mineros artesanales. En mayo de 2011, 4.000 habitantes bloquearon las carreteras. El movimiento fue reprimido por los efectivos policiales quienes recibieron el apoyo de los guardias privados de Medoro Resources.
En junio de 2011, Medoro Resources se fusionó con la canadiense Gran Colombia Gold. Una historia algo incestuosa, si pudiese decirse, dado que Serafino Lacono, uno de los fundadores de Medoro, es copresidente ejecutivo e igualmente miembro fundador de Gran Colombia. Miguel de la Campa, otro miembro fundador, también es directivo ejecutivo de Medoro[1]. Son aún más escandalosas las conexiones que mantienen estas compañías canadienses con el gobierno nacional colombiano: el gerente corporativo de Medoro Resources es primo del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos. La empresa cuenta igualmente, en su consejo ejecutivo, a Hernán Martínez, antiguo Ministro de Minas y Energía (2006-2010) durante el Gobierno de Uribe. La presidencia de Gran Colombia Gold está en manos de María Consuelo Araujo, exministra de Relaciones exteriores durante el gobierno Uribe!
Los opositores al proyecto de la mina a cielo abierto en Marmato, como los sacerdotes de la parroquia, el Padre José Reinel Restrepo, han denunciado el desplazamiento forzado de la población, la destrucción del patrimonio histórico, la pérdida masiva de empleos, los conflictos comunitarios y la destrucción medioambiental. En una entrevista televisada unos días antes de su asesinato, el Padre Restrepo declaró: “Esta sociedad multinacional canadiense quiere aprovecharse de la población; sus administradores quieren expulsarla. (…) Han llegado a querer desplazar la parroquia y han venido a preguntarme si estaba de acuerdo con el proyecto”. El asesinato del Padre Restrepo, cuyo cuerpo fue encontrado acribillado de balas el 3 de septiembre de 2011, aún sigue impune.
Estas dos empresas canadienses no tienen buena prensa. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2010), Colombia es el país más contaminado de mercurio. Esta contaminación proviene de las minas de oro y principalmente de la zona de explotación de Segovia (Antioquia), explotada por la Medoro Resources y la Gran Colombia Gold. Por tanto, el Régimen de pensiones de Canadá (Programa federal de pensiones de jubilación) no ha dudado en invertir 6 millones de dólares en acciones en la Gran Colombia Gold.
En la región de Nariño, más de 800 campesinos(as), han ocupado dos campamentos mineros de Gran Colombia Gold en octubre 2011 para evitar que se continuaran desarrollando actividades de perforación de sus tierras. Las comunidades han denunciado la implantación del proyecto minero Mazamorra Gold, en fase de exploración, situado en los municipios de San Lorenzo y Arboleda. Éste último está clasificado como monumento nacional y reserva arqueológica nacional.
Para silenciar a la oposición, la Gran Colombia Gol contrató a la empresa de seguridad Coservipp Ltda., la que ha armado a 60 jóvenes de la región, todos exmilitares. Los habitantes movilizados contra el proyecto minero han denunciado múltiples actos de intimidación y amenazas de muerte provenientes de estos guardias de seguridad privada que patrullan la región vestidos de militares y a menudo encapuchados.
En respuesta a la presión ejercida por los guardias privados de la Gran Colombia Gold en contra de los miembros de las comunidades vecinas, los manifestantes-as han prendido fuego a los campamentos mineros. La compañía canadiense aceptó entonces negociar. La comunidad y la compañía minera, representada por el ingeniero Edgar Salazar, llegaron a un acuerdo en virtud del cual la empresa se comprometió a paralizar durante un mes todo tipo de trabajos en la mina, hasta que el gobernador de Nariño convocara un fórum abierto con la presencia de todas las multinacionales presentes en este departamento, del gobierno nacional y de las comunidades de toda la región. En el momento de firmar el acuerdo, los representantes de la Gran Colombia Gold no se presentaron y enviaron un mensaje en el que rechazaban el acuerdo y afirmaban que establecerían demandas contra los(as) manifestantes. Gran Colombia Gold ha hizo saber igualmente que pediría al gobierno nacional tener un batallón militar suplementario para “asegurar” sus actividades. Los trabajos de perforación siguen desde entonces, aunque las movilizaciones populares se multiplican en la región para contrarrestar el proyecto minero y denunciar la violencia que engendra.
Los beneficiarios tienen también nombres y direcciones:
Gran Colombia Gold
Copresidente ejecutivo: Miguel de la Campa.
Copresidente ejecutivo: Serafino Iacono
Presidente, Director ejecutivo: Maria Consuelo Araujo
Oficina en Canadá
333, Bay Street, Suite 1100
Toronto, Canadá, M5H2R2
T.: 416-603-46-53
FAX: 416-360-77-83
Medoro Resources
Presidente y Director: Robert J. Metcalfe.
Oficina en Canadá
333, Bay Street, Suite 1100
Toronto, Canadá, M5H2R2
TEL.: 416-603-4653
FAX: 416-360-77-83
La Sunward Resources
La Sunward Resources Ltd. es una empresa canadiense junior establecida en Vancouver, especializada en la extracción de oro y cobre. Sus actividades mineras están concentradas en la región de Antioquia (Titicaca) y en Chocó (Murindo). Sunward busca intervenir en uno de los proyectos de perforación más grandes a nivel mundial. Por ello ha comprado el 100 % de Muriel Mininnig Company, en fase de exploración en el Chocó (propiedad de Golplata International), prometiendo que cerca de la mitad de sus acciones serán vendidas a continuación a Golplata. Entre los actuales accionistas se cuentan varias instituciones canadienses como la Royal Bank of Canada (RBC), Manulife y TD.
Sunward quiere explotar la montaña Careperro, situada en Jiguamiandó (Chocó), una montaña sagrada en el corazón de un territorio colectivo de las comunidades indígenas Embera y afrocolombianas de la región. En este territorio, la compañía Muriel ha ganado muy mala reputación por los numerosos abusos perpetrados por la armada en la región donde se tenía que implantar el proyecto (desplazamientos forzados, bombardeos en los pueblos, intimidaciones y amenazas), así como también por la ausencia total de consulta a las comunidades (obligatoria, de conformidad con la Constitución colombiana y la Convención 169 de la OIT).
En 2008, las comunidades afrocolombianas e indígenas establecieron un proceso autónomo de consulta. Los habitantes fueron unánimes: ¡No a la exploración de minas industriales en la región! La comunidad Embera se movilizó entonces para organizar una caminata hasta el campamento de los ingenieros. Con las mujeres indígenas a la cabeza del grupo, desafiaron a los ingenieros y a los militares que les protegían, exigiendo su partida del territorio ancestral, lo que finalmente la comunidad obtuvo. Sin embargo, aunque el proyecto de explotación pareció paralizarse por un momento, la Sunward, tiene la intención de volver a la carga, poco importan los mecanismos que deba utilizar para convencer a las comunidades. En 2011, los paramilitares empezaron a patrullar las regiones y a amenazar a las comunidades en resistencia frente a los proyectos agroindustriales y mineros que el gobierno colombiano quiere imponerles.
Las empresas canadienses beneficiarias de la guerra en Colombia también tienen nombres y direcciones:
Consejero delegado y director: Colin J. Andrew
Oficina en Canadá
Despacho nº 400-1199, West Pender Street Vancouver, Bc V6E 2 R1
La Greystar se camufla de verde: Eco Oro Mineral Corps.
En el departamento de Santander, (noreste del país), Greystar Ressources TD, empresa canadiense con sede social en Vancouver, no deja de aprovechar el aumento del precio del oro en el mercado mundial. Su proyecto inicial, denominado Angostura, prevé la explotación de una inmensa mina de oro y de plata a cielo abierto, utilizando 40 toneladas de cianuro por día, en un ecosistema llamado el páramo de Santurbán que alimenta a 4 grandes ríos de la región. Estos ríos proporcionan agua a 21 municipios de los departamentos de Santander y el Norte de Santander y a 2,2 millones de habitantes de las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta.
El 25 de febrero de 2011, la población de la región se movilizó. Más de 30.000 personas manifestaron su oposición al proyecto de Greystar en las calles de Bucaramanga, mientras que una importante manifestación de solidaridad se desarrollaba en Bogotá. La presión fue tal, que el gobierno colombiano tuvo que retroceder y el 17 de marzo anunció que no avalará a Greystar, dado que el proyecto no podrá obtener licencia ambiental tal como se ha presentado. Asimismo, anunció que Greystar había decidido retirar su proyecto.
Sin embargo, había que ser ingenuo para creer que la empresa canadiense fuese a renunciar tan fácilmente a la extracción y producción de cerca de 10 millones de onzas de oro durante quince años. Al día siguiente, Greystar anunciaba que iba a modificar su proyecto con el fin de reducir el impacto ambiental del proyecto.
De esta forma, la segunda versión del proyecto propondrá una explotación subterránea en lugar de una mina a cielo abierto. Un mejoramiento únicamente de fachada, dado que una mina subterránea tiene el riesgo de afectar tanto el páramo como su frágil ecosistema, contaminando la capa freática y las fuentes de aguas subterráneas.
Inmediatamente después, el 10 de agosto de 2011, la empresa cambió su denominación por “Eco Minerals Corps”. De esta forma intenta darse una imagen verde, presentándose como una nueva fachada ante la población movilizada contra la Greystar. Lo que muchos ignoran es que la Greystar explota ya las minas Cetas y California en el páramo de Santurbán. Adicionalmente, los(as) campesinos(as) de la región denuncian desde hace mucho tiempo a esta compañía que, según afirman, habría participado en el financiación de la Brigada V de la armada colombiana, reconocida por su complicidad con los paramilitares de la región, quienes desde hace quince años han asesinado a numerosos civiles que luchaban por defender sus tierras.
Las empresas canadienses beneficiarias de la guerra en Colombia también tienen nombres y direcciones:
Presidente: Rafael Nieto Loaiza
Director general interino
Director ejecutivo: David Rovig
Oficina en Canadá
Greystar Resources Ltd. Ste 1430 -
333 Seymour Street Vancouver,
B.C. Canadá V6B 5A6
Tel: 604-682-8212
Fax: 604-682-3708
http://www.greystarresources.com
Igualmente realizamos un seguimiento a las siguientes compañías:
B2Gold, por su mina de oro “Gramalote” (Antioquia), explotada conjuntamente con la Anglo Gold Ashanti. La actividad extractiva en la región es conocida por la contaminación de aguas potables. Las organizaciones locales denuncian también el hecho de que las transnacionales hayan recurrido a las brigadas militares de la armada colombiana para proteger sus instalaciones y controlar la oposición.
Bell Helicopter Textron Canada, por las venta de helicópteros realizada a Víctor Carranza, rico financiero y narcotraficante colombiano, relacionado con la industria minera y acusado de financiar la estrategia paramilitar, así como la venta de helicópteros a la armada colombiana.
COSIGO Resources. Son numerosos los opositores a este proyecto minero en territorio indígena en el departamento de Cauca. En 2009, cinco líderes del movimiento de oposición a la mina fueron asesinados y varios recibieron amenazas por parte de grupos paramilitares. Estos crímenes aún siguen en la impunidad.
Nortel por su rol primordial en los procesos de privatización y liquidación de la empresa pública TELECOM, que ha conllevado la eliminación de 8.000 empleos de empleados sindicalizados. Por esta operación, Nortel recibió una financiación pública de 130 millones de dólares por parte de Exportación y desarrollo Canadá (EDC), entre 2002 y 2004.
Exportación y desarrollo Canadá (Exportación y Desarrollo Canadá (Exportation et Développement Canada, EDC), EDC) (Sociedad del gobierno canadiense), por entre otros, su financiación de la represa Urrá (financiación pública de $18,2 millones de dólares), proyecto en el cual participaba la firma de ingeniería canadiense AGRA Monenco y la empresa canadiense BFC Construction. Esta represa, construida en el rio Sinú, en el territorio de los pueblos Embera-Katío (Córdoba) entre 1992 y 1998, inundó 7.400 hectáreas de tierras donde vivían 411 familias. También hay que tener en cuenta el desplazamiento de 2.800 personas, provocado por los importantes daños ambientales. Así mismo, las comunidades Embera-Katío han denunciado la desaparición de 10 opositores y el asesinato de otros 6 por la estructura paramilitar.
Además de financiar los proyectos de las empresas canadienses en el extranjero, la EDC pone a su disposición un servicio de seguros que cubre los “riesgos políticos”. Estos seguros garantizan, por ejemplo, las inversiones de las compañías en caso de violencia política, de pérdida de usufructo o de nacionalización. En la práctica, esto implica que el gobierno canadiense financie, a través de la ACDI y la EDC, proyectos privados en el extranjero e indemnice a estas empresas si sus acciones en el exterior conllevan pérdidas de sus beneficios, en caso de presentarse, por ejemplo, huelgas o sabotajes.
Mac Donald Dettwilwe and Associates (MDA), firma de consultoría en el campo de la vigilancia e y de los servicios secretos. MDA ha vendido tres modelos detallados de mapas por satélite en 3D del territorio colombiano al Departamento americano de Defensa Nacional (2000 y 2001). Estos mapas por satélites son utilizados en el marco de del Plan Colombia.
A través de su filial Patrominerales, Petrobank explota yacimientos de petróleo en la región de los llanos (departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta) y prosigue actividades de exploración en Neiva y la Putumayo. La adquisición de campos petroleros en la región amazónica de Colombia (departamento de Putumayo), sería imposible sin los múltiples desplazamientos forzados de la población indígena, dirigidos por tropas paramilitares y por la presencia de un batallón de la armada colombiana encargado de la seguridad de las instalaciones petroleras en la región.
Así como a…
Alange, Alder Resources, AuRo Resources, Antioquia Gold, Arcturus Ventures, AUX Canada, B2Gold, Bandera Gold LTD, Barrick Gold, Batero Gold, Bata Shoe Organization, Bell Canada International, Bellhaven Copper & Gold Inc, BFC Construction, Blue Sky Uranium CORP, Bolivar Energy, C&C Energy, Cadan Resources Corporation, Caerus resources, Canacol Energy, Canadian Occidental Petroleum, CB Gold, Coal Corp mining, Continental Gold, Colombia Gold Crest, Colombian Mines Corporation, Cosigo Resources, CuOro Resources, Dessau Soprin, Galway resources, Frontier Pacific Mining CORP, Gemini Explorations INC, Grupo de Bullet (Colombia), International Grain Trade, International Road Dynamics Inc, Kruger Paper, Latin American Minerals INC., Loon Energy, Maple Leaf Foods, Mercer Gold, MetaPetroleum, Miranda Gold Corp, Midasco Capital, New Global Venture, Nexen, Nextel ltd., Nortel, Norvista Gold, Pacific Coal, Parex ressources Incorporated, Petroamerica, Petrobank Energy, Petrovista Energy, Quebecor World Colombia, Quia Resources, Rio Verde Industries Inc., Sandwell, U308 Corp (Mega Uranium), Seafield Resources, Solana, Solvista Gold, Suroco Energy, Ventana Gold, Waymar ressources.
Como participar en la campaña
“Señalamos a los beneficiarios canadienses de la guerra en Colombia”
- Solicite a su sindicato, asociación estudiantil u organización comunitaria apoyar la campaña del PASC (comuníquese con nosotros para obtener un modelo de carta);
- Inscribirse a la lista de difusión del PASC (ver página web) para recibir información y las acciones urgentes relacionadas con los “beneficiarios canadienses” y difundirlas ampliamente en sus redes;
- Difundir masivamente este folleto y la revista del PASC acerca de la campaña, La Piedra en el zapato nº 8, primavera 2011;
- Promover la solidaridad entre un sindicato colombiano y un sindicato que represente a los(as) trabajadores(as) de una empresa canadiense;
- Escribir sus propios artículos o enviar los del PASC a los medios locales o regionales, o a los boletines de su organización;
- Invitar al PASC a realizar un taller entorno académico, social, laboral, etc.;
- Formar un “comité de vigilancia” para dar seguimiento a las operaciones de una empresa canadiense presente en Colombia;
- Investigar acerca de quiénes son los accionistas de las empresas canadienses, los fondos de inversión que alimentan a los “beneficiarios canadienses” de la guerra en Colombia;
- Informarse y preguntar acerca de si sus fondos de jubilación y ahorro son invertidos en empresas canadienses que trabajan en Colombia;
- Asistir a las asambleas de accionistas de las empresas canadienses que trabajan en Colombia y expresar allí su indignación;
- Organizar una delegación de su organización para visitar las comunidades colombianas afectadas y los trabajadores(as) de un “beneficiario canadiense de la guerra” y organizar un encuentro de esta delegación con la embajada canadiense para compartir sus observaciones y preocupaciones.
- Escribir a las empresas, a su diputado, a la embajada canadiense para expresar su preocupación acerca de las acciones que las empresas canadienses llevan a cabo en Colombia;
- Organizar acciones frente a las oficinas de las compañías canadienses presentes en Colombia para denunciar los impactos de su presencia en las comunidades locales;
- Organizar acciones ante las oficinas del Gobierno federal de Canadá para denunciar el Trato de Libre Comercio Canadá-Colombia y el apoyo del gobierno canadiense a los “beneficiarios de la guerra”;
- Ofrecer su ayuda al PASC para traducir informaciones relativas a esta campaña en francés, inglés y español;
- Ofrecer apoyo financiero a esta campaña (véase cómo hacer una donación al PASC en nuestra página web).
Para mayor información: www.pasc.ca
[1] Serafino Lacono y Miguel de la Campa son igualmente miembros fundadores de la empresa “Pacific Rubiales” (ver pág. XXXX).
gracias a Jorge Parra.
quieres unirte a las actividades de protesta, crear eventos entre el 1 y 5 de agosto en cualquier sitio de Latinoamérica? ÚNETE:
https://www.facebook.com/events/295605550538041/
Hacemos un llamado desde las comunidades del sur, las cuales se han organizado en oposición a las prácticas de explotación de recursos a gran escala.
Organizaciones por todas las Américas – de Argentina a Canadá – se levantan en solidaridad con las comunidades impactadas por la industria extractiva canadiense. Juntos/as, estamos haciendo un llamado para un Día Continental de Acción para exigir que se paren las injustas practicas mineras.
Comunidades y organizaciones, desde el Canadá hasta la Argentina, realizarán acciones de protesta coordinadas, que incluirán: manifestaciones, cobertura en la radio comunitaria, campañas de envío de cartas y otras acciones alternativas e innovadoras de protesta y acción, frente a las oficinas corporativas de las compañías mineras y de las embajadas del Canadá.
Haga clic aquí para leer la Declaración y las Demandas: http://lacsn.weebly.com/uploads/4/5/9/2/4592392/call_out_-_final_w_signature.pdf
Haga clic aquí para mas información general de la pagina oficial: http://lacsn.weebly.com/diacutea-de-accioacuten-continental-contra-la-industria-extractiva-canadiense-a-gran-escala--continental-day-of-action-against-canadian-megarlm.html
Háganos saber si su grupo comunitario, colectivo, radio comunitario u organizacion quiere planificar un evento o firmar la Declaración!
rburbano@hotmail.com (ACCIÓN CONTINENTAL)
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