TRATADOS COMO IMBÉCILES, COMPRADOS CON VACAS Y CHIVOS… ALERTA COLOMBIA… SEGUIMOS EN LA MIERDA DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA

Mina del Cerrejón

Los reparos de la Contraloría a Cerrejón

Por: Angélica María Cuevas G.

El Espectador conoció preacuerdos en los que la minera promete entregar animales a indígenas. Morelli dice que es suplantación de consultas previas.

El río Ranchería es la principal fuente de agua dulce de La Guajira. / Daniel Gómez

Durante este año, el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, ha repetido una y otra vez que el proyecto de desviación del río Ranchería, en La Guajira (que pretende la explotación de 530’000.000 de toneladas de carbón que se encuentran debajo del curso de agua), aún está en etapa de estudios de evaluación y prefactibilidad.

Y aunque los ministros de Minas y Ambiente han dicho que a sus despachos nunca ha llegado la propuesta de la empresa, esta semana el senador Jorge Robledo presentó ante el Congreso una serie de actas de reuniones entre la minera y las comunidades indígenas —en formatos del Ministerio del Interior— que muestran cómo desde 2011 se vienen adelantando encuentros con las comunidades, reseñados como “proceso de consulta previa del proyecto de expansión P-500 Iiwo’uyaa”.

“Si no tienen un proyecto terminado, entonces, ¿sobre qué están haciendo consultas? Además se están yendo a comprar indígenas: los preacuerdos firmados incluyen promesas para construir jagüeyes y que la empresa les dé chivos y caballos”, dice Robledo.

Sobre los encuentros con las comunidades, el viceministro del Interior, Aníbal Fernández, explicó que, junto a Cerrejón, ese ministerio tan sólo ha adelantado un proceso de socialización de la propuesta de desviación del río, que le permitirá a la empresa reunir información sobre los impactos socioeconómicos y ambientales de la zona para elaborar la propuesta formal que se le presentará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). “Esta es una etapa preliminar”, sostuvo.

Pero otra cosa se lee en las actas de las reuniones aprobadas por los indígenas, la empresa y el propio Ministerio del Interior.

En el caso de Manaure, un acta del 12 de mayo de 2012 reseña que el 20 de junio de 2011 se llevó a cabo la preconsulta sobre el proyecto Iiwo’uyaa con algunos indígenas de ese municipio guajiro. Más adelante, el documento dice que el 18 de julio de ese mismo año se abrió formalmente el proceso de consulta previa y que para la fecha del acta (mayo de 2012) se estaba adelantando la etapa de preacuerdos, en la cual la empresa acepta, entre otras cosas, construir molinos, jagüeyes y pozos con motobombas y entregar 150 rollos de alambre de púas, 24 reses y dos tractores. Al final del preacuerdo aparecen las firmas de seis líderes de las comunidades de Acuaru, Jamanare-Waneturumana, Irruanali I, Irruanali II, Uruwamana y El Carmen, de representantes de Cerrejón y del Mininterior.

El Espectador conoció un documento en el que la contralora, Sandra Morelli, se pronunció sobre las 66 actas de este tipo realizadas en La Guajira, a las que el ente de control tuvo acceso. Morelli recordó que, según la Constitución, los procesos de preconsultas deben “limitarse a definir el procedimiento de la consulta previa. En esta etapa no se llega a acuerdos con las comunidades sobre la conveniencia del proyecto, tan sólo se define la manera como se va a adelantar la consulta”. Además catalogó los preacuerdos de Cerrejón como una suplantación del orden jurídico de las consultas y dijo que “estos compromisos buscan alienar el derecho colectivo con prebendas propias de la conquista española”.

Ante el Congreso, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, concluyó: “Puede que el proyecto de desviación del río Ranchería se esté estudiando, pero la fuerte oposición que he visto por parte del Congreso y de algunas comunidades me hace pensar que no parece viable”.

El Espectador se comunicó con Martha Benavides, directora de comunicaciones de Cerrejón para conocer el punto de vista del vocero Juan Carlos Restrepo pero al cierre de esta edición no había sido posible recibir su respuesta.

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MUCHO ORO, MUCHO CARBON Y LAS POBLACIONES CADA VEZ MÁS POBRES!!

En Antioquia, Chocó, La Guajira y Cesar, el oro y el carbón siguen sin traer progreso a las regiones

Muchas minas, poco desarrollo

Por: Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas G.

Los departamentos con más presencia minera siguen viviendo entre homicidios y pobreza.

En el nordeste antioqueño la situación de orden público es preocupante. Según el secretario de Gobierno del departamento, por cada 100.000 habitantes, 100 mueren violentamente. / Colprensa

Las aguas del río San Juan, un importante afluente que serpentea por el Chocó desde los Andes colombianos, lo vieron todo. El 19 de octubre sus playas tuvieron que soportar el peso de la minería. Ahí, en la arena, aparentemente por oponerse a las explotadoras de carbón que se enamoraron de la riqueza de la selva, amaneció sin vida José Nelson Ledesma, líder comunitario de Profundó, un corregimiento al oriente de la región.

Y aunque él, de 67 años, jamás denunció amenazas o intimidaciones, todos los rumores apuntan hacia los mismos culpables: bandas criminales que se están adueñando de las tierras para extraer sus tesoros. Muchos, ahora, tienen miedo y quieren irse; quieren dejarlo todo y echarse a andar.

Ellos, como muchos colombianos, tal vez tendrán que padecer desde ahora —aunque el oro de sus vecinos ya se los había anunciado hace un par de lustros— el paso de una locomotora que, pese a haber obtenido millonarias ganancias, no refleja su fortuna en las condiciones socioeconómicas de las regiones en que se encuentran los recursos explotados.

Eso es lo que se logra concluir de un estudio realizado por el economista e investigador Guillermo Rudas y financiado por el Fondo Nacional Ambiental. Su proyecto no pretende otra cosa que evidenciar el panorama que se desprende de la explotación minera, un asunto que, como dice Santiago Londoño, secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, “ha hecho que la riqueza del subsuelo nunca se convierta en la riqueza de quienes habitan el suelo”.

La investigación de Rudas resalta los enormes recursos que la actividad minera le aporta al país: su participación en el impuesto a la renta, por ejemplo, lo pone en el primer lugar de todos los sectores económicos.

Sin embargo, ese dinero, en ocasiones debió ser mucho mayor al estimado, dice Rudas. Calcula que en 2010 este sector debió declarar $16 billones por impuesto a la renta, pero por ventajas fiscales esa cifra se redujo a tan solo $5,5 billones.

De igual manera, las regalías dejaron cuantiosos montos: para 2011 el país recaudó $8,8 billones, a diferencia de los $2,7 billones que logró en 2004.

Pero aún así, esas inimaginables cifras no parecen verse reflejadas en el bienestar de quienes habitan los principales lugares de explotación del país. En el caso de Cesar y La Guajira, departamentos que durante décadas han tenido explotación carbonífera de grandes multinacionales, existen índices que contrastan de manera sorprendente con el promedio del resto de regiones del país. La mortalidad infantil supera en casi 10 puntos el índice nacional; las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son del 56%; y el porcentaje de miseria alcanza el 43% en el caso de La Guajira, mientras que en el país es de 12%.

El desalentador paisaje se replica en muchos territorios. El oro, otra de las principales fuentes de la minería y del que se exportan más de 60 toneladas anuales, también ha dejado secuelas pese a su preciado valor comercial. Chocó, Bolívar, Córdoba y Antioquia son los más claros ejemplos de esta situación.

Según la investigación de Rudas, en Chocó está el más alto índice de mortalidad infantil: 69 puntos frente a los 26 del promedio colombiano. Antioquia, por su parte, es la que más muertes violentas presenta, con 57 por cada cien mil habitantes. Pero el dato más alarmante es el índice de miseria que agobia a todo este territorio: en Chocó el 34% de sus habitantes padecen esta condición, en Córdoba el 35% y en Bolívar el 38%.

En el sur de este último departamento la minería está acabando con los ecosistemas y la salud de la población. Mercurio y cianuro transitan por los ríos que surten de agua y peces a los habitantes, desembocando en graves enfermedades. “Por eso, aunque tengamos 27 ciénagas, la tierra, la fauna y la flora están totalmente destruidas. Y con eso viene la violencia: los Urabeños y las Águilas Negras se están apoderando de los municipios de San Pablo y Simití”, cuenta José Férez Marconi, personero del último.

Allí en Simití se vive el trabajo infantil, la prestación precaria de servicios básicos, el aumento de extorsiones y un sin número de casos de violencia sexual contra las mujeres. “La minería lo único que nos ha traído es pobreza”, dice Férez.

Con él concuerda Jhoaris Perea, personero de Condoto (Chocó). Ahí, por culpa de los grupos armados que llegaron a apropiarse de terrenos que en sus entrañas guardan reservas minerales, en 2004, una buena parte de la población tuvo que abandonar sus hogares. “Éramos conocidos como la capital del oro y del platino, pero ese nombre ya no concuerda con el desarrollo del municipio. Esa riqueza no se ve”, asegura Perea.

En Condoto, la minería, como si no le bastase con distribuir la fortuna que acumula de forma inequitativa, también ha destruido casas, denuncia el personero. Dice que las 30 que conformaban el barrio Platinero empezaron a agrietarse porque por culpa de las ineludibles máquinas que se adentraban en la tierra, el suelo no pudo evitar removerse. Las grietas entonces comenzaron a aparecer en las paredes, anunciando un inminente derrumbe. Hace un año luchan con la empresa responsable, pero todavía esperan, por lo menos, llegar a un acuerdo conciliatorio.

Esos escenarios, repletos de violencia y miseria, no cesan de repetirse a lo largo y ancho de esos departamentos. “En Antioquia la situación está muy complicada. En municipios como Remedios y Segovia (Bajo Cauca) esa debilidad está acompañada de una feroz confrontación de bandas criminales. Con las Farc y el Eln, que controlan la minería ilegal, se han multiplicado los homicidios terriblemente. En el nordeste la tasa de homicidios se encuentra en 100 muertes por cada 100.000 habitantes; eso supera por tres las muertes violentas de Medellín (35/100.000) y está muy por encima del promedio del departamento (41/100.000)”, afirma el secretario de Gobierno departamental.

Antioquia, además, tiene el infortunio de respirar mercurio. Es justo al nordeste donde se producen las mayores cantidades del tóxico mineral, para luego viajar por un río Cauca que atraviesa gran parte del país y un aire que alcanza distancias inimaginables.

Hoy en día las minas auríferas ilegales están reemplazando los cultivos ilícitos. “Es que es un negocio que mueve mucho dinero: una bolsa de oro se cotiza en US$1.600 y se calcula que Antioquia extrae anualmente 24 toneladas. Se requiere el fortalecimiento de las instituciones”, dice Londoño.

“¿Puede la locomotora avanzar hacia la superación de la pobreza y el manejo del déficit fiscal que plantea el actual plan de desarrollo?”, pregunta Rudas en su informe.

Tal vez, mientras predomine este panorama, la respuesta a esa pregunta será repetitiva e ineluctable. Tal vez, como él mismo lo dice, hasta que se reforme el actual régimen tributario y se mejore la capacidad del Estado para ejercer control, la explotación minera y de hidrocarburos no podrá superar los retos económicos, sociales y ambientales.

Y para Rudas aún queda una enorme duda: “lo que ahora tendremos que revisar es si realmente la modificación de la Ley de Regalías va a resolver estos problemas, que no fueron abordados de fondo en el planteamiento de este nuevo sistema. No existen evidencias de que al regar la mermelada por toda la tostada las violaciones a los derechos humanos vayan a cesar”.

CORTE CONSTITUCIONAL REVISA TUTELA QUE AMPARA DERECHO FUNDAMENTAES DE MAS DE 360 FAMILIAS EN TAGANGA

 

Corte Constitución revisa tutela que ampara derechos fundamentales de más de 360 familias de Taganga

Por: Odín Vitola Lerma

Por ser de interés público, especialmente para quienes habitan la comarca de Taganga, la Corte Constitución revisa la tutela que ampara derechos fundamentales de unas 360 familias, residentes en lo que es la comprensión del denominado Parque Natural Dumbira.

En consecuencia, es muy probable que dicha Corte, se pronuncie la próxima semana y así pondrá punto final a la controversia existente sobre el particular, y que ha colmado las expectativas no sólo de los afectados, sino también de la misma ciudadanía samaria.

Como se recuerda, el Gobierno Local ha sido reiterativo en su interés en desalojar a esas 360 familias que, ante la situación, acudieron a la acción de tutela que tras las evaluaciones del caso, amparó sus derechos fundamentales y frenó tal desalojo. En caso que la Corte confirme esa tutela, la tranquilidad será absoluta para esas familias que desde siempre han residido allí.

NO A LA CONSTRUCCION DEL HOTEL 7 ESTRELLAS EN EL PARQUE TAYRONA: RENACE LA POLEMICA

Lo que está en juego en el parque Tayrona

Por: Elespectador.com

Renace una vez más el debate por la construcción de infraestructura hotelera dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Han hablado, sin duda con más prudencia, los promotores del proyecto turístico de lujo Six Senses.

También se afirma que las comunidades indígenas han dado un aval a la pretendida obra, aunque, como se leyó en carta del cabildo gobernador arhuaco publicada ayer en este diario, dicho aval proviene de quienes se creen “más indios que los indios” y desautorizan a las autoridades centenarias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Faltaría, para completar el cuadro de imprecisiones, el parecer de algún vocero de la autoridad ambiental que dijera que se trata de un “proyecto sostenible”.

Lo que está en juego de nuevo con el parque Tayrona, como ya lo señalamos aquí con ocasión de la pasada controversia que creíamos cerrada, no es sólo la conservación de la naturaleza y el manejo ambiental; ni siquiera la muy respetable percepción de los pueblos indígenas asentados allí o en el gran territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo que está verdaderamente en juego no es otra cosa que la figura misma de parque nacional natural, consagrada en la Constitución, y que tiene un estándar preciso de gestión mundial respaldado por Colombia a través del Convenio de Diversidad Biológica.

Los parques nacionales naturales son parte inalienable del patrimonio público de la Nación, y dentro de ellos, en una situación de gestión normal, sólo es permitido el uso para la investigación científica y el uso público dentro de un esquema de visitas controladas. Es aquí donde surge justamente el desvío de la discusión. Como no hemos tenido una gestión histórica suficiente, sobre el área protegida se han venido acumulando irregularidades, pretensiones y hasta un peligroso olvido. El asunto parece hoy volcarse, sin embargo, sobre las tierras legalmente adquiridas y en las cuales, a falta de una solución mejor, acorde con el carácter de área protegida pública, renace otra vez la pretensión de los propietarios de desarrollar infraestructura.

Podría afirmarse que en los parques naturales se puede hacer ecoturismo, término sobre el cual se basa la pretensión y el estándar del proyecto en cuestión. Pero se confunde ecoturismo, como un término genérico, con el estándar técnico de la actividad de uso público permitida dentro de los parques nacionales naturales. ¿Qué tal si algún actor privado demostrara, por ejemplo, que es capaz de garantizar en un parque nacional una mayor conservación de la naturaleza? Sólo porque hay confluencia de fines o incluso mayor efectividad de medios, su intervención no queda automáticamente permitida dentro de un área protegida de este tipo.

En esto, los voceros de las comunidades originarias deberían hacer claridad sobre lo fundamental: el parque natural como patrimonio público. Sobre esta identidad, y su adecuado manejo, deberían manifestarse la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Incoder. Un supuesto aval indígena, aun si no fuere cuestionable, no sería de todos modos suficiente. Una cosa es el vacío histórico de gestión y el respeto a la opinión de los pobladores locales, y otra, que parece olvidada, la razón fundamental de existencia de este tipo de áreas, que esperamos no caiga en el vaivén de la opinión, la retórica de la sostenibilidad o el olvido.

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-384518-esta-juego-el-parque-tayrona