El órgano de control consideró que ni el Gobierno Distrital ni el Nacional han tomado medidas efectivas para atender a los más de 450 indígenas Embera, Wounaan y Zenú provenientes de Chocó que permanecen en Bogotá desde el pasado domingo 11 de noviembre exigiendo cumplimiento a acuerdos pactados en 2017.
Ante lo que consideró deficiencia en la toma de decisiones para la atención a la minga indígena que permanece en el centro de Bogotá desde el pasado domingo 11 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación llamó la atención del alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, y de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
En una misiva enviada a título personal a estas dos autoridades, el órgano de control les manifestó su inconformidad con la atención que hasta ahora se le ha dado a la movilización indígena proveniente del Chocó. “La Procuraduría observó deficiencia, demora y una actitud dilatoria en la toma de decisiones para la atención a la emergencia”, puntualiza la entidad.
El llamado de este órgano, firmado por el procurador delegado para Asuntos étnicos, Richard Moreno, se produce luego de que más de 450 indígenas Embera, Wounaan y Zenú, integrantes de la Minga, pasaran las dos últimas noches en condiciones precarias en medio de las instalaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que ha servido como una especie de albergue improvisado.
Ante esta situación, en la que se han visto inmersos menores de edad, mujeres gestantes y otro tipo de población vulnerable, la Procuraduría “insta al Gobierno Distrital y Nacional a aunar esfuerzos coordinados en pro de los derechos de esta población”.
Por su parte, la minga indígena ha anunciado que continuará en Bogotá hasta alcanzar acuerdos puntuales con los delegados del Gobierno Nacional, con quienes desde la noche del martes 13 de noviembre se instaló una mesa de negociación.
El principal reclamo de estos pueblos indígenas, que provienen particularmente de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, está relacionado con el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó en agosto de 2017 en el marco de una minga interétnica realizada en Chocó. Allí se había pactado avanzar en el desminado de sus territorios, el freno al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estos pueblos y el desplazamiento forzado de sus comunidades, entre otros. Según denuncian, dichos acuerdos no se han venido cumpliendo...
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