Minería ilegal de oro sigue tiñendo de tragedia a Los Farallones de Cali
La fiebre del oro contagia a 500 mineros ilegales en la reserva natural. La tragedia social y ambiental afecta a las comunidades vecinas.
Por: Luiyith Melo García | Reportero de El PaísDomingo, Septiembre 28, 2014
Aguas negras alertan del mal estado del río Cali, véalo desde el aire
Desde las primeras horas de este jueves el agua del río Cali se tiñó de negro. Con el paso de las horas la mancha se desvaneció y quedó en evidencia la turbiedad del río. Aunque aún se desconocen las causas del fenómeno, el Dagma y la CVC afirmaron que en las próximas 48 horas se conocería el resultado de las muestras.
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Así fueron los operativos del 2011 para controlar la minería de oro en los Farallones
Durante 2011 y 2012, los operativos hallaron 150 trabajadores en las minas del Socorro, 16 campamentos y zonas de trabajo y 80 macroelementos (campamentos, dragas, plantas eléctricas, entre otros).
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Inspección en Farallones de Cali por minería ilegal
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En los Farallones de Cali, la explotación de minas de oro por parte de particulares se convirtió en una problemática ambiental. Alcalde inspeccionó la zona y cerró las minas, donde se estaba usando mercurio y cianuro, que ponen en riesgo al río cali y a la ciudadanía.
Especial multimedia: Cali, ¿"un sueño atravesado por un río"?
El río Cali, ese afluente de 50 kilómetros que refresca la ciudad, está muriendo. Los 600 mil caleños asentados sobre sus cuenca y riberas lo convirtieron en una cloaca y en basurero. Recorrido desde el aire.
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Dato clave
El riesgo minero
En los Farallones de Cali hay cuatro sitios de explotación minera identificados: las minas del Socorro o Alto del Buey, en la cuenca del río Cali. Las minas del Palo-Leonera, en la subcuenca del río Felidia. Las minas de San Pablo, en la cuenca del río Pance. Y las minas de la Candelaria, en la cuenca del río Meléndez.
Parques Nacionales indicó que: “ninguna minería ilegal de las que hoy se desarrollan en Colombia, tiene el potencial para afectar directamente, a causa de la contaminación con mercurio y cianuro, un número tan grande de población (más de 500.000 personas) como la presentada en el Parque Natural Nacional Los Farallones de Cali”.
Durante 2011 y 2012, los operativos hallaron 150 trabajadores en las minas del Socorro, 16 campamentos
y zonas de trabajo y 80 macroelementos (campamentos, dragas, plantas eléctricas, entre otros).
72 socavones o bocaminas fueron sellados en la zona de actividad minera ilegal de las minas del Socorro.
Varias mediciones hechas por la CVC entre 2011 y 2013 a las aguas de quebradas provenientes de la zona minera y tributarias del río Cali han mostrado presencia de cianuro y mercurio por encima de los niveles permitidos por la ley, que podrían afectar la salud humana.
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La Policía dijo que este año se han realizado tres operaciones contra la minería ilegal en el Valle, en las que se han suspendido 330 minas, se han capturado 388 personas e incautado 59 kilos de oro.
Gráfico: El País
Un día después del operativo policial en las minas de Peñas Blancas, hace diez días, los mineros volvieron a subir motores eléctricos, cilindros metálicos, ejes de polea y víveres para seguir con la explotación del oro en los Farallones, a más de 3000 metros de altura. Todo se los habían destruido el día anterior, pero ellos lo volvieron a comprar todo nuevo.
En esa reserva natural la fiebre del oro no da tregua. Pese a que su explotación está prohibida, allá llega el que quiere, hace su montaje en la mina y nadie le dice nada. Eso cuentan los campesinos. Dicen que los señores suben gran cantidad de combustible, motores y todo lo que quieran y nadie los controla.
Ese servicio se lo prestan los ‘fleteros’ como llaman a los dueños de mulas y caballos que se mueven loma arriba hasta el Alto del Buey. Depositan la carga en las minas del Socorro, El Diamante y Santa Isabel que tienen como 40 socavones activos, cada uno hasta con 30 trabajadores a destajo. Los trabajadores permanecen quince días enterrados en esos túneles picando la peña en busca de oro, luego bajan y son reemplazados por otro grupo de mineros que se interna otros quince días, como topos, en las minas. Lo que hay dentro de esa selva es una verdadera ciudadela informal.
Subir una remesa en mula cuesta $80.000. Subir un motor o un barril grande de madera puede costar $300.000, ya que requieren de tres mulas para el viaje, porque una sola no puede hacerlo. Toda esa logística pasa por el único camino transitable que hay de Peñas Blancas al Alto del Buey, a los ojos de todos. Hay otros accesos más empinados y agrestes por la vereda El Pato, pero los caballos no suben con su carga por allí.
Dicen que quienes manejaban esas minas antes eran tres personas, entre ellos don Zacarías, pero ahora hay muchos más, no se sabe cuántos. Getial, Hélmer, ‘El feo’, son los nuevos dueños de las minas. Pero la Policía asegura que detrás de toda esa minería ilegal están las bandas criminales (bacrim) y la guerrilla. Incluso los narcotraficantes que han diversificado su negocio tradicional por este que les resulta muy rentable. “Por lo general en donde está la explotación minera está la presencia de ellos”, dice el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Rural.
Muchos son mineros venidos de otras partes del país, de Tolima, Cauca y Nariño. De la misma vereda de Peñas Blancas no hay más de 50 campesinos en las minas. Medio centenar trabajan como ‘fleteros’.
Pero a Peñas Blancas y Pichindé, dos paraísos rurales de Cali, la minería les está haciendo mucho daño. Cada vez más niños, adolescentes y adultos toman la decisión de internarse en la montaña por la fiebre del oro. Dejan la escuela Juan Pablo I para jornalear en las minas de Los Farallones con el pretexto de ayudar económicamente a las familias. Algunos niños se van detrás de sus padres. Algunas madres suben a cocinarles a los mineros, se enredan con ellos y se quedan viviendo allá. Otras jóvenes agraciadas suben a esos campamentos a buscar lo que no se les ha perdido.
“Muchos matrimonios se han dañado, muchas jóvenes se han perdido”, dice uno de los campesinos. Y lo reconoce el personero de Cali, Andrés Santamaría, quien afirma que “todo lo que está pasando en Pichindé y Peñas Blancas es cierto; el abandono de la zona rural está contribuyendo a un crecimiento de la minería ilegal y un daño social para jóvenes, niños y adolescentes, fomentados por unos terceros”.
Tradicionalmente los campesinos han cultivado fríjol, arveja y mora, pero el viejo Raimundo dice que “eso ya no se da tan fácil como antes, hay que usar muchos químicos” y los cultivos no les resultan rentables. Por eso muchos prefieren las minas de oro, porque allí trabajan por un porcentaje. Si sacan nueve gramos de oro, son tres para él y seis para el dueño de la mina. Otros trabajan de por mitad. Cada gramo lo pagan a $57.000, mientras que un jornal en los cultivos no pasa de $20.000 por trabajador.
A muchos les ha ido bien, como a don Hélmer, que de un tiempo para acá construyó su casa en ladrillo, compró otras tres casas más y tiene ganado. Por eso abandonó sus cultivos. La gente lo sabe. Otro muy mentado es un señor Getial, que dicen que ya no sube a las minas sino a recoger oro y a pagar jornaleros. Pero la gente del pueblo no habla de estas cosas por temor. En todas partes hay espías y amenazas.
Se sabe que incluso ha habido muertos por la fiebre del oro. Algunos por retaliaciones o ambición, de los que no se vuelve a saber nada ni nadie recuerda. Otros quedan enterrados en lo profundo de oscuros socavones mal soportados que se vienen abajo, como ocurrió el pasado 7 de mayo con Willian Alonso Torres, un hombre de 35 años que vivía en Terrón Colorado y se fue detrás del oro de Los Farallones. O como le sucedió a Wilfram Matabanchoy, hace un par de años, a quien un taco de dinamita le atravesó el cuello cuando realizaba una explosión en una mina.
***
La mortandad de peces que hubo hace más de un mes en la quebrada Aguacatal y el río Cali podría tener su origen en las minas de oro de Los Farallones. Eso dicen campesinos que tienen por qué saberlo. Por allá arriba habían unos tanques de madera forrados en plástico de 4 metros de largo por 4 de ancho y 1,5 metros de fondo llenos de arena con cianuro en su interior para hacer el proceso de separación del oro.
A lo mejor -dice un nativo de esa montaña- alguien vació un tanque de esos y se vino toda el agua contaminada por el río. A lo mejor se ha vaciado muchas veces, pero la última vez la carga química fue tan letal que habría acabado con miles de bocachicos, corronchos y sabaletas. La CVC, sin embargo, dijo que los peces murieron por falta de oxígeno, que sus branquias y escamas estaban llenas de lodo.
Quién sabe si la mancha oscura y maloliente que traía este jueves el río Cali tenga que ver con esa explotación ilegal en su cuenca alta. Las autoridades ambientales parecen creer otra cosa. Dicen que es por la deforestación de la loma. Pero el color y el olor del agua no eran nada convencionales. Podría ser una combinación de químicos y pólvora derramada de una mina, como sospecha un conocedor de la cuenca. Pero la CVC insiste en que son aguas residuales.
Lo cierto es que la comisión que subió hace diez días a verificar explotaciones en las minas del Socorro bajó aterrada. En esas lomas de reserva natural hay por lo menos 500 mineros abriéndole hueco a la loma en busca de oro. Hay campamentos, motores y menajes por todas partes. La quebrada El Silencio, que cae al río Pichindecito, está prácticamente destruida por los químicos y desechos que le están vertiendo las minas. Nada de raro tiene que en algunos días ese veneno termine llegando abajo, a las aguas del río Cali.
Un funcionario halló en los montajes mineros tarros vacíos de cianuro y mercurio. Otro dice que vio pimpinas de muchos galones de un químico que están utilizando, una especie de combinación de ácido sulfúrico y cianuro. El informe está por conocerse.
Lo que se sabe es que hace un par de años, el Dagma y la Secretaría de Gobierno contrataron la implosión de 72 bocaminas arriba de Peñas Blancas para frenar la explotación de oro en el Parque Natural. Pero el problema no termina.
La Dirección Regional de Parques Nacionales reconoció que, pese a la permanente presencia de sus trabajadores en Los Farallones, “la demanda de minerales como el oro sigue siendo muy atractiva, por lo cual siguen apareciendo mineros en esta área protegida. Controlarlo es una ardua labor porque en muchos de los casos no se reactivan los socavones clausurados, sino que están abriendo otros nuevos”.
Hace dos años, Jorge Humberto Pizarro, coordinador regional de la Agencia Nacional Minera -la autoridad nacional en este campo-, notificó a la Alcaldía de Cali su responsabilidad en el cierre de las minas que impactan el parque natural en jurisdicción del municipio. Pero las minas siguen allí. El personero Santamaría dice que “si no hemos podido con las de Zaragoza, en plena vía a Buenaventura donde hay Policía y Ejército, imagínese ahora en la zona rural”.
En esos parajes el oro se tiñe de rojo. Hace unos días -dice un habitante de Los Farallones- “hubo dos muertos y los han tapado en un túnel muy hondo, y advirtieron que el que dijera algo, ya sabía lo que le pasaba”. La gente no habla por miedo. El oro es solo un destello de su tragedia.
