¿Dónde se bañará la Iguana? La represa del Quimbo
Cuando Luis Carlos Trujillo, obrero de construcción de 28 años e hincha del Atlético Huila, despertó a las orillas del río Magdalena, ya eran las cinco de la mañana del miércoles 15 de febrero y la temperatura llegaba a los 25 grados centígrados. Alrededor suyo y del grupo de manifestantes, se habían apostado cerca de un centenar de hombres del ESMAD, vestidos con overol negro, casco y armadura de 8 kilos, y un costo por dotación de 3 millones de pesos. En ese momento Trujillo todavía podía ver por los dos ojos.
Trujillo es obrero, igual que su papá y la mayoría de sus nueve hermanos. Vive en una modesta casa campesina por la vía que conduce a Potrerillo a las afueras del municipio Gigante, Huila. Un pueblo que se llama así, porque está rodeado de montañas que parecen gigantes a punto de despertar y que no son más que la Cordillera Oriental. “Nosotros estábamos haciendo la manifestación pacífica porque me afecta el trabajo que desempeño. Yo trabajó en construcción, y como ya no dejan sacar arena de los ríos queda uno sin trabajo, sin hacer nada.” Trujillo se refiere a las protestas que se han generalizado entre la mayoría de pobladores de cinco municipios del Huila: Paico, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Gigante; en represalia por la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de la multinacional española italiana Emgesa, del grupo ENDESA Internacional, que producirá 400 megavatios de energía.
Esa madrugada cerca de 300 manifestantes, entre pescadores, obreros, mayordomos, partiseros, carboneros, campesinos y camioneros habían hecho una toma pacífica de la orilla del Magdalena en la vereda de Domingo Arias en Paicol. De repente uno de los hombres del ESMAD gritó: “Los vamos a sacar como ratas” y comenzó el desalojo. Los manifestantes se cogieron de las manos para cubrir la playa del río, pero a los pocos metros estalló una primera granada de gas lacrimógeno. Un pescador la agarró y la lanzó lejos entre el río. Ahí mismo dispararon dos granadas más de dispersión. Cuando explotó la primera descarga, Trujillo quedó de espaldas, aturdido. Se volteó, escuchó una segunda explosión y sintió un impacto en la cara. Se tocó el rostro y empezó a huir a ciegas hasta que su hermano lo encontró y lo sacó en medio de la humareda. Unas horas después Trujillo se enteraría que el golpe le había estallado el ojo derecho y, aunque le hicieron una reconstrucción de cornea de urgencias en un hospital de Neiva, no podría volver a ver nunca por ese ojo. Con Trujillo habían quedado por lo menos una veintena de heridos en el desalojo violento por parte del ESMAD.
El 28 de febrero, cuando el presidente Santos inauguraba un gasoducto en Popayán, Cauca, diría refiriéndose a los hechos de Domingo Arias: “Hubo un incidente menor; una persona efectivamente sufrió un percance en un ojo, pero, en términos generales –y están los videos–, ese desalojo se desarrolló de forma normal, usando los protocolos más estrictos en materia de la defensa de los derechos humanos”.
El periodista amenazado
El desalojo violento de ese 15 de febrero lo conoció Colombia y el mundo, gracias a un habitante de Gigante, un aficionado a la tecnología y un autodidacta de las cámaras de vídeo y los programas de edición, Bladimir Sánchez Espitia. Tiene 29 años y una de hija de 5 años. Ese 15 de febrero, acompañado de un camarógrafo italiano, Bruno Federico, filmó las imágenes que hoy le dan la vuelta al mundo. El título del documental, no podría ser otro: “¡El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos!” 1
“Yo era un enamorado de la tecnología, de las cámaras. Me fui metiendo en el cuento del periodismo de lleno desde hace 4 años, cuando empezó el proyecto del Quimbo y vi el dolor de un pueblo. Entonces dije: el mundo lo tiene que conocer.” Sánchez sabía que las imágenes eran los suficientemente fuertes como para crear una polémica nacional, pero nunca esperó que lo fueran a llamar periodistas de Australia, Francia y Estados Unidos.
Tampoco esperaba las amenazas que vinieron después. El miércoles 22 de febrero a las 11:00 am, cuando el video había crecido en redes sociales de una forma viral, recibió la primera llamada anónima: “Gonorrea es evidente que el video se lo financiaron las FARC, lo vamos a desaparecer por sapo”. Al día siguiente, y luego de una entrevista que dio para una de las cadenas radiales más importantes del país, recibió una segunda llamada a las 7:00 pm: “Pirobo usted no deja trabajar y lo vamos a matar”.
Vinieron los seguimientos sospechosos y las intimidaciones. La misma gente de la comunidad le dijo a Sánchez que se fuera del pueblo. Y eso hizo. Sánchez salió de Gigante el jueves 23 de febrero en horas de la noche. Salió como si hubiera hecho algo malo. Huyó del pueblo donde vivió la mayor parte de su vida. “Antes de EMGESA en el pueblo habían dos prostíbulos. Desde que empezó el proyecto ya hay seis, por la llegada de extranjeros y gente de otras regiones. Eso es solo un ejemplo, pero lo peor es que a las gentes dueñas de las tierras no les han pagado lo que es, ni les han pagado a los que son. El día del censo muchos se quedaron por fuera por errores ortográficos. Y ni hablar de los negocios alternos que desaparecen: Jornaleros, tiendas, partisanos, mayordomos, transportadores, mineros… Páseme lo que me pase, no me arrepiento de haber dado eso a conocer”.
El negocio de burro amarrado
El 23 de octubre de 1997 se capitalizó la Empresa de Energía de Bogotá y como resultado se constituyó Emgesa, una compañía filial de ENDESA internacional, la tercera empresa más importante de energía en Europa. ENDESA, mayoritariamente del grupo italiano ENEL, tiene sus orígenes en 1944 cuando inició la construcción de la central de Compostilla, en Ponferrada, España. La empresa, primero del estado español, fue finalmente comprada en un 92,06% en el 2010 por el grupo ENEL. Para entonces ya era la multinacional energética líder en Latinoamérica, con una cuota de mercado por generación del 35% en Chile y del 22% en Colombia.
En ese mercado macro de una multinacional voraz en expansión, uno de sus principales proyectos es el del Quimbo, en el Huila. Y por supuesto es un buen negocio, lleno de irregularidades, que se podría resumir así: A una transnacional le van a dar unas utilidades inmensas por los próximos 20 años por tener una disponibilidad de energía eléctrica, y ese es su único propósito, ni siquiera tiene que llegar a prender la planta, solo necesita tener la posibilidad de prenderla. Este negocio tuvo un primer traspié en 1997.
En ese entonces el gobierno de Ernesto Samper negó la licencia ambiental porque se iba a inundar un área muy grande de tierras fértiles en un departamento que no se podía dar ese lujo. Sin embargo, en el gobierno de Uribe, volvió el debate. Se hizo una subasta pública y se adjudicó el proyecto. Y aún antes de que dieran la Licencia Ambiental, Santos ya sabía que el Quimbo no tenía reversa. Declaró la zona como de utilidad pública y montó un batallón del ejército allí para proteger las futuras obras de EMGESA.
En el afán se aprobó una cuestionada licencia ambiental que está hoy en la mira de todos los organismos de control del Estado. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, manifestó su preocupación y envió un grupo a vigilar la obra: “Estamos actuando dentro del escenario de nuestra función preventiva y de acuerdo a las necesidades y urgencias que implica la defensa del patrimonio público y el medio ambiente". Igualmente, fiscales especiales de la Unidad Anticorrupción iniciaron indagaciones para establecer si se cometieron irregularidades en la contratación. Como si todo esto no fuera suficiente, faltaba la cereza del postre, uno de los ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá, semilla de EMGESA, y hoy Presidente de CODENSA, empresa que agrupa los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica de EMGESA, es José Antonio Vargas Lleras, hermano del ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, hoy Ministro del Interior y mano derecha del presidente Juan Manuel Santos.
Todo esto no parece preocupar a los Ingenieros de la Obra. Julio Santafé, director del proyecto, dijo que la obra estará lista sin falta para mediados del 2014. Él explica mucho mejor los impactos que tendrá la represa para la región: “Se tiene prevista para la cota de inundación, más o menos 8250 hectáreas. Esta energía entra a un sistema interconectado nacional, la energía también permitirá llevarla a distintos sitios del país y, eventualmente, se puede poner en ese sistema para llevarse a exportación. El potencial de energía hidráulica de Colombia es muy alto y esperamos seguir desarrollando proyectos de este tipo.”
Miller Dussan, líder de ASOQUIMBO, la ONG que ha estado a la cabeza de las protestas contra el proyecto, tiene un concepto menos optimista que los ingenieros de EMGESA: “Los cálculos económicos que nosotros hicimos muestran que la producción agroalimentaria de esta región es de 62 mil millones de pesos anuales. La sola producción tabacalera produce 20 mil millones de pesos anuales y paga 4 mil millones de pesos al año en impuestos al estado, esos dineros se van a perder. No es que nos opongamos a la energía, es que acá hay vocación agroalimentaria y la producción del
campo tiene un secreto y es que articula muchas redes, redes de producción, muchos afectos, muchas comunidades. Y con esto, es evidente que todas esas redes se pierden”
Son precisamente esas redes de comunidades, las que ni el gobierno, ni EMGESA parecen preocupados por reconstruir. ASOQUIMBO señala que los reasentamientos y las compensaciones propuestas por la multinacional son pobres. A los damnificados que tuvieron la suerte de ser censados les están ofreciendo dinero a bajo costo para no garantizar la restitución de la actividad productiva. “Hoy tenemos lo siguiente, una multinacional aquí dispone de 45000 hectáreas, de las cuales 8500 hectáreas serán inundadas para producir apenas 400 megavatios; eso cómo no va a destruir la actividad productiva del departamento. Y el presidente viene con el cuento que hay que sacrificar los intereses particulares por el bien público. Pero no sabíamos que de interés público es decretarle utilidad pública a una transnacional, pero destruir la producción agroalimentaria de miles de campesinos no lo es. Y ni hablar del derecho colectivo al medio ambiente. Entonces también hay que preguntarle al presidente, y ahora quién ha destruido más el medio ambiente ¿EMGESA o las comunidades?” Sentencia Dussán.
El impacto ambiental que generará la construcción de la represa ni siquiera se ha podido dimensionar, y lo que es más preocupante, los estudios previos ambientales y de biodiversidad han sido duramente cuestionados. Leila Marlén Trujillo, Ambientalista de la Fundación Curibano, señaló: “Los estudios en biodiversidad de EMGESA se hicieron en 12 días ¿Qué validez científica tiene hacer unos estudios en biodiversidad en un área de 8500 hectáreas en tan sólo 12 días?”
Los intereses oscuros de los manifestantes
El pasado 3 de marzo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl dijo ante medios nacionales de comunicación: “Queremos ser claros: las personas que se están manifestando en contra del proyecto hoy, no son los campesinos de la zona, no son los habitantes que van a ser beneficiados por este proyecto, son grupos de estudiantes, e inclusive, es gente que está fuera del departamento del Huila y está allí obedeciendo intereses oscuros".
Ese mismo día, a las 5:40 de la tarde EMGESA habría un boquete al Río Magdalena, principal fuente fluvial de Colombia y lo desviaba de su cauce natural hacia unos inmensos túneles de concreto. A unos metros del lugar, cientos de manifestantes eran dispersados de nuevo a la fuerza por miembros del ESMAD. Entre ellos, Jorge Enrique Cárdenas de 34 años, dedicado a la comercialización del carbón; Óscar Iván Zúñiga Perdomo, jornalero de 26 años, y Francisco Cabrera, pescador de 55 años.
Cárdenas, el carbonero, había llegado junto a 90 campesinos, antes de que desviaran su río, a unos metros del túnel, construido por EMGESA. Había caminado kilómetros por la orilla del Magdalena desde el puente del paso del Colegio. Conocía de toda su vida el camino. Mientras la prensa esperaba la autorización para ingresar a cubrir la llegada de los manifestantes, el ESMAD, a punta de gases y patadas, echó a Cárdenas y su grupo del lugar. Cuando llegó la prensa sólo había máquinas escarbando lodo e ingenieros expectantes a que el primer chorro del Magdalena atravesara el túnel de 20 metros, construido en la ladera de la montaña.
Cárdenas, por fortuna, no vio el desangre de su río. Con el desvío él sentía que perdía también su trabajo, que consiste simple y llanamente en hacer carbón. Busca leña, residuos naturales, arma los hornos y los procesa con aserrín y cascarilla de arroz, los arruma y hace el prendido. Luego vende el procesado a los asaderos de pollo y área de Neiva y Florencia a 8000 pesos el bulto. “No en cualquier parte se puede cortar un árbol, las 8500 hectáreas agroindustriales desaparecen y los que hacemos carbón ¿qué? yo no puedo ir a cortarle a una cordillera, está prohibido. Vamos a estar en nuestras viviendas, nos vamos a quedar acá, incluso vamos a empezar a sembrar en nuestras tierras, cacao y tabaco, y acá vamos a resistir”
La compra de predios de EMGESA ya ha ocasionado el despido de 230 jornaleros. Uno de ellos es Óscar Iván Zúñiga, un jornalero que ha vivido toda su vida en la vereda de Majo, una de las zonas a inundar. “Soy recolector de tabaco, cacao y abonador de arroz. Estoy luchando porque nosotros vamos a hacer desplazados por el Estado”.
En las primeras protestas el ESMAD le dio puños en la cara y le reventó la nariz para sacarlo de la orilla del río donde protestaba. Zúñiga habla con seguridad y todavía tiene las marcas en la cara de la ultima manifestación. Carga una bolsa de panelas que reparte a los demás manifestantes: “Acá no hay criminales, no hay personas malas. Por qué no vienen y buscamos una solución pacífica a esto. Porque eso sí, vamos a recurrir a las últimas instancias para que esta multinacional se vaya y nos deje nuestra naturaleza quieta, nuestras tierras donde trabajamos, nos las dejen quietas. Y Si tengo que morir aquí, lo hago, y muero contento porque lo hago luchando por nuestro territorio, un territorio que nos pertenece a nosotros los huilenses.”
Dos estudiantes de la Universidad Surcolombiana, llevan una inmensa pancarta café con una estrofa de una popular canción infantil: “Había una vez una iguana, con una ruana de lana, peinándose la melena, junto al río Magdalena…” Debajo de la estrofa está escrita una sola pregunta en mayúsculas: “Ahora ¿Dónde se bañará la Iguana?” Detrás de los marchantes viene un viejo barbado, Francisco Cabrera. Viste unos jeanes rotos y una camiseta blanca sucia, con una leyenda verde: “También soy desplazado del Quimbo”. La manifestación se ha detenido a esperar unas personas que vienen río arriba y la gente del ESMAD que sigue paso a paso a los marchantes se quita los cascos y toma un aire. “¿Usted por qué marcha?“ Le pregunta un reportero de un diario nacional. El viejo, que al igual que toda su familia y que su papá ha sido siempre un pescador en la vereda de Veracruz, contesta “Lo que es mi vereda, la casa mía, de mis vecinos, mi familia, no la inundan toda. Son 70 casas que salen desplazadas por el Gobierno y por este proyecto. Y no han dicho todavía acá está su casa”.
Cabrera ya sabe lo que se le viene. Veinte años atrás pescaba mojarra, bocachico, patalón, sabaleta, pero luego de la construcción de la represa de Betanía, a unos kilómetros de este nuevo proyecto, los peces no volvieron a subir. Apenas si 5 años
después, pudieron volver a pescar una que otra mojarra. Cabrera tiene 3 hijos y 3 nietos, dice que protesta por ellos. “Antes de llegar a EMGESA nosotros teníamos trabajo, íbamos a pescar con mi familia al río y como éramos hartos pescadores, nos turnábamos.
Cuando no me tocaba a mí, iba a abonar arroz, también cortábamos madera con motosierras. Era una vida muy tranquila, una vereda muy sana. Uno duerme con las puertas abiertas. Pobre, pobre, pobre, pero era una vida muy sabrosa, muy tranquila. Ahora todo el mundo está echándole cabeza a EMGESA, es un matadero de cabeza que nos está matando poco a poco”.
Emgesa autoriza la entrada de la prensa al lugar donde se efectuará el desvío del río. Unos minutos después, un coronel de Policía, rodeado de funcionarios de EMGESA habla en susurros por su celular: “Si no quieren desalojar, mándenles el otro grupo del ESMAD”
Anochece, y de a poco el agua del Magdalena se va fundiendo con el lodo naranja de la boca de túnel de concreto y el vaho tibio que sale del río se pierde entre los remolinos de polvo que nacen de las retroexcavadoras.
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