#NoAlQuimbo Informe de la Contraloría sobre El Quimbo pone a tambalear la locomotora minero-energética

• Informe de la Contraloría sobre El Quimbo pone a tambalear la locomotora minero-energética

  Informe de la Contraloría sobre El Quimbo pone a tambalear la locomotora minero-energética

  2014-10-08 / 16:20

  

  "El Quimbo ya no podrá salir de cuidados intensivos", dijo Miller Dussán, profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana (USCO) ante el informe de la Contraloría General de la República de Colombia, que contempla catorce hallazgos administrativos, uno con presunta incidencia disciplinaria contra el ANLA, que implicarían la modificación de la política energética y minera del país. El ente de control prevé múltiples demandas contra el Estado dada la gravedad de los hallazgos. Comunidades anuncian movilizaciones y acciones jurídicas ante el Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

  El informe de 124 páginas reflexiona sobre la actuación de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) y hace seguimiento a “denuncias ciudadanas para exigir el cumplimiento de obligaciones ambientales en la actual construcción de hidroeléctricas”, en los casos de la construcción y futura operación de las hidroeléctricas de Sogamoso, hituango y con especial énfasis en la de El Quimbo.

  ¿Por qué el Quimbo es el caso especial para La Contraloría?

  La resistencia ante el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ha sido constante y creciente, logrando llegar al Congreso de la República de Colombia. Por su parte, la Asociación de Afectados por el Quimbo (Asoquimbo) ha consolidado un proceso organizativo, de movilización, denuncia e indagación que ha aportado valiosos insumos a los entes de control, así como para nuevos procesos de resistencia en el departamento del Huila y la región sur del país.

  Desde su nacimiento en febrero de 2008 mediante Auto 515 proferido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Quimbo se le atribuyen graves fallas que a la fecha tanto el Tribunal de Cundinamarca, la Procuraduría y en mayor medida la Contraloría general, han ratificado. La ausencia del diagnóstico ambiental de alternativas, la falta de un censo de población afectada y de requerimientos frente a la sísmica, no fueron impedimento para que la Autoridad de Licencias Ambientales diera la Licencia Ambiental; ni siquiera el pronunciamiento de la Procuraduría General que manifestaba la necesidad de abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica porque “no es conveniente que se inunde una de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”.

  La movilización social de campesinos, jornaleros, pescadores y comunidad huilense en general que se ha sumado a la voz que dice “no al Quimbo”, motivaron a que la Contraloría incluyera en 2011 dentro de sus tareas elExpediente 4090 del Ministerio de Ambiente que hace referencia al Quimbo. En la primera etapa de seguimiento y control el ente daba a conocer un informe técnico de verificación de terreno en el área del proyecto. A partir del cual abriría una indagación preliminar contra el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma del Magdalena (CAM) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), justificando graves situaciones que ponen en riesgo los recursos del Estado, la vida e integridad de los ciudadanos de la zona de influencia del Megaproyecto.

  En el mes de febrero de 2012, la versión de Asoquimbo consignada en un informe técnico-científico denominado “Crisis humanitaria causada por las trasnacionales endesa, emgesa y la emeral energy en el departamento del huila”, en el que se trataban los impactos sociales y ambientales generados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo”.

  “Ese informe fundamentó la suspensión inmediata de licencias ambientales otorgadas a todos los megaproyectos minero-energéticos que se desarrollan en el departamento del Huila, que se establecieran las responsabilidades por la ruptura del puente El Paso del colegio como medidas cautelares para enfrentar la crisis humanitaria”, afirmó el académico Miller Dussán.

  El proceso de seguimiento y sanción de la Contraloría también se fundamenta en lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia D135 del 2013, en donde ordena la apertura de un nuevo censo de afectados por el Quimbo en el Huila, aunque “hasta el momento sólo se han reconocido 3000 personas de las 28.745 que han solicitado el censo”, añadió Dussán.

  Los hallazgos que dejan tambaleando la locomotora Minera-energética

  En la mañana del miércoles 08 de octubre de 2014 miembros del Macroproyecto de acompañamiento a los afectado por la Política Minera-energética, socializaron el documento final de la auditoria de la Contraloría.

  

  La Contraloría, dada la gravedad de los hallazgos de carácter administrativos y con presunta incidencia disciplinaria, trasladará a la Procuraduría y Fiscalia el informe que plantea:

  • La necesidad de sustituir a las grandes represas como mecanismos de producción energéticas,lo que, según Miller Dussán, da los argumentos para que no se permita el desarrollo del Plan Maestro de Privatización del río Magdalena y se profundicen los argumentos que existen para no continuar con la construcción de las represas, como también lo recomienda la Contraloría, por su impacto sobre las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible.

  • Plantea una reflexión sobre la actuación de la gestión de la Anla. La Contraloría dice que existen falencias en el otorgamiento de las licencias ambientales a grandes centrales hidroeléctricas y debilidades en el seguimiento, argumentando, con base en las denuncias, que “la ciudadanía no ha encontrado en la ANLA el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos de las obligaciones dispuestas en la licencia del Quimbo, limitándose a darlas a conocer a los representantes del Proyecto sin ningún tipo de seguimiento y evaluación, lo que se valida en que los afectados tuvieron que recurrir a la justicia colombiana que a su vez reconoció sus derechos a través de la Sentencia D135”, una actuación que considera grave y amerita un proceso disciplinario contra el Ministerio de Ambiente”.

  • Manifiesta que la ANLA no diseñó indicadores, índices que reflejen la sostenibilidad de la tendencia ambienta, de acuerdo a la tecnología aplicada, así como tampoco las tendencias de vulnerabilidad de las comunidades. “Es como decir que la Contraloría General no estableció indicadores e índices para determinar los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos en Colombia. No permite precautelar de acuerdo a la constitución”, ha dicho el líder de Asoquimbo.

  • La licencia ambiental presenta insuficiencias técnicas para establecer los criterios mínimos de zonificación de amenaza por procesos volcánicos, morfodinámicos y sísmicos, garantes de la prevención de desastres. Lo que pone en riesgo los recursos de la nación y la vida de las personas que se encuentran aguas abajo del sitio de la presa.

  • La licencia carece de actualización de procesos hidrológicos, hidráulicos y estructurales de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, lo cual podría generar el desbordamiento de la presa y poner en alto riesgo los pobladores y recursos de la zona.

  • No se incluyen dentro de los requerimientos el análisis de la sismicidad inducida en el proyecto el quimbo, con el fin de garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de este tipo de proyectos. La ANLA no tuvo en cuenta estos riesgos.

  • No existen evidencias de la compensación en el área sustraída de la reserva forestal de la amazonia para la construcción del proyecto; programas de restauración ecológica en más de 11 mil hectáreas de bosque seco tropical. La Contraloría no encontró evidencia experimental en el expediente.

  • Dice la Contraloría que se requiere de la protección del patrimonio arqueológico porque existen evidencias de la destrucción del mismo por parte de la compañía y las medidas compensatorias para el proyecto son mínimas comparadas con la afectación.

  • Resalta el cuestionamiento de la resolución 1814 que modificó la licencia ambiental en el año 2011 sin la previa autorización (firma) del Gobernador del Huila. Plantea que los ajustes que se le han realizado a la licencia ambiental han sido orientada a garantizar ciertas ventajas a la empresa y no necesariamente corresponden a las compensaciones o a los derechos que tienen las poblaciones afectadas.

  • El Ministerio de Ambiente declaró que el Quimbo era viable sin contar con elementos probatorios, y sin que este hubiera realizado el diagnóstico ambiental de alternativas; que permite establecer la viabilidad del proyecto a partir de estudios científicos y técnicos.

  • En cuanto al conflicto por el uso del suelo en el área de influencia, la contraloría ha dicho que no existe ningún documento técnico de soporte que sustente el oficio del 8 enero de 2008 del ministerio de agricultura en el que afirmaba que el Quimbo no afectaría la producción agropecuaria del departamento. Se emitió un concepto sin que previamente existieran argumentos científicos y técnicos.

  • No se realizaron estudios previos a la sustracción del Área de Reserva de la Amazonia en cumplimiento de los planes de ordenamiento forestal para el área. “Incluso se ordenó sustraer el área antes de obtener la Licencia Ambiental. Antes la Resolución 321 que declaro de utilidad pública los terrenos”, señala el investigador Miller Dussán.

  • Con relación a los factores de vulnerabilidad, la Contraloría afirma que se otorgó la licencia ambiental sin contar con estudio de vulnerabilidad y sólo después de dos años de iniciado el proyecto se aceptó por parte de la ANLA la falla y nunca se sancionó a la empresa por haber incumplido. Estudios que según comentó el profesor Dussán, son importantes para caracterizar la población afectada y para definir las compensaciones, incumplimiento que “explica todo lo que está pasando con los afectados del Quimbo”.

  • Sobre las compensaciones económicas de las comunidades, el ente de control, con base en denuncias reiteradas, ha concluido que el proyecto no está cumpliendo con las obligaciones previstas en la licencia, en el sentido de la restitución de la actividad económica, asentamiento y oportuna atención. En cambio se está optando por reasentar comunidades afectadas en áreas de producción, “con lo cual no se estarían restituyendo las áreas sino precisamente afectando áreas productivas y ocasionando nuevos desplazamientos”. En este aspecto ha sido de conocimiento público el caso de los afectados en la Escalereta que fueron reasentados en el área de la virgilia, una zona de producción que acogía a 3000 jornaleros. “El incumplimiento de las obligaciones está generando conflictos en las comunidades por divisiones entre las mismas con la consecuente ruptura de su tejido social. Tanto de las que buscan ser reasentadas, como las que serían desplazadas por los reasentamientos de las mismas”, reitera la Contraloría.

  Los hallazgos de la Contraloría General de la República en su estudio sobre tres importantes proyectos hidroeléctricos que se adelantan en Colombia, implicarían la modificación de la política energética y minera del país. Desconoce si la ANLA ha considerado los efectos y la sinergia en la cuenca del río Magdalena durante la etapa de llenado de los nuevos proyectos hidroeléctricos hidroituango, hidrosogamoso y el Quimbo.

  “El plan de mejoramiento debe contener el conjunto de acciones correctivas o preventivas y metas que se implementarán, las cuales deberán responder a cada uno de los hallazgos detectados y comunicados por el equipo auditor, el cronograma y los responsables de su desarrollo”, dice textualmente el documento.

  “Gracias a la resistencia de los campesinos, los pescadores y todos los humillados por el Quimbo hoy tenemos dos hechos jurídicos que casi no tienen precedentes en américa latina. La Sentencia D135 de 2013 y el informe de la Contraloría que establece parámetros a la política minera-energética a nivel internacional”, ha sostenido el líder de Asoquimbo.

  Ver aquí el informe completo de la Contraloría General de la Nación

  Fotografía: larepública.co

  Especiales

  por: Cristian Marquin