Movilización contra la construcción de El Quimbo y por la defensa del territorio, convocan organizaciones sociales

de la página www.surcolombiano.com

El Ministerio de Ambiente, con el aval del gobierno  y los parlamentarios huilenses, modificó ilegalmente la Licencia al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo mediante Resolución 1814 de septiembre de 2010 burlándose de la decisión del Tribunal de Cundinamarca que improbó la “conciliación extrajudicial” y cediendo al chantaje de Emgesa de “si no se modifican las  excesivas cargas ambientales" que le fueron impuestas estaría ante la imperiosa necesidad de desistir del proyecto.  Efectivamente, las empresas ìtalo-españolas Endesa-Emgesa-Enel lograron reducir en más de 100 millones de dólares las compensaciones ambientales y sociales. Ejemplo de ello: Se disminuyen las hectáreas correspondientes a la compensación por aprovechamiento forestal,  3.597,2 hectáreas, atentando contra las medidas de protección constitucional al medio ambiente. Se reduce de 2211 a 903 hs. la franja perimetral de protección ambiental. Las personas llamadas “ocupantes”, es decir, los campesinos y pescadores pobres que viven en áreas al margen de las carreteras y del Río Magdalena, no serán compensadas porque son “una categoría ajena a los parámetros regulatorios” y además, se modificó el compromiso de otorgar vivienda a todos los propietarios, poseedores y ocupantes que no contasen con la misma como había sido inicialmente  contemplado en la licencia. El Gobernador del Huila solicitó recientemente al presidente Santos que “intermediara con Emgesa para que la represa El Quimbo no solo sea utilizada para producir energía eléctrica sino que se permita al igual que en Betania la producción piscícola”. De inmediato, el Señor Ariel Rincón, de la Cámara de Comercio de Neiva y defensor incondicional del proyecto, presionado por la resistencia social contra el mismo declaró que “siento un sabor agridulce porque se cambiaron las reglas de juego y resulta inconcebible que el propio gobernador Luis Jorge Sánchez, esté pidiendo la intervención del Presidente para poder utilizar el embalse”. La empresa les precisó  que “desde la concepción del proyecto El Quimbo, siempre se  planteó como un embalse unipropósito y así quedó estipulado en la Licencia Ambiental”  Cabe recordar que en las mesas de concertación el gobierno, los parlamentarios  y representantes de los gremios aceptaron sin inmutarse: La no modificación de la naturaleza del proyecto de unipropósito a multipropósito La no participación accionaria del Departamento del Huila como socio del proyecto.  La utilización del embalse indefinidamente por parte de Emgesa, es decir, se le entregó el territorio sin posibilidades de revertir la concesión a la Nación 4) No se cumplió con el compromiso de reducir la tarifa de energía para toda la población del Huila a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Como si fuera poco, promovieron incondicionalmente la modificación de la licencia (resolución 1814) contra las poblaciones directamente afectadas  y la preservación de nuestros ecosistemas,  gestión encabezada por el senador   Carlos Chávarro. El Ministerio de Ambiente, en cumplimiento de órdenes superiores de no incomodar a las transnacionales beneficiadas por la confianza inversionista ha incumplido con la expedición de los Actos Administrativos que den cuenta de la Gestión Social de Emgesa desde la visita de verificación realizada en octubre de 2009, razón por la cual ha cohonestado con el incumplimiento de las obligaciones de Emgesa establecidas en la licencia y denunciadas por los afectados, entre otros:  - El estudio de vulnerabilidad, fundamental para poder establecer adecuada y proporcionalmente  las medidas de compensación de los grupos poblacionales, razón por la cual estos grupos han sido sometidos a la más grande incertidumbre. - Estudio de valoración económica de impactos ambientales. - Estudio de adecuación de tierras. - El estudio etnográfico que garantice la conservación de los tejidos sociales y comunicativos. - Programa de reasentamiento colectivo (nucleado y disperso) e individual, para aquellos propietarios de menos de 50 ha de manera concertada, coordinada y con la participación de un organismo de control, antes de realizar cualquier proceso de compra de predios. - Emgesa no cumplió con el proceso de concertación con las comunidades de San José de Belén, en el Agrado y Veracruz, en Gigante respetando los criterios señalados en el PMA y en la Resolución 899 relacionados con “la escogencia de las áreas propuestas como producto de un estudio técnico atendiendo las sugerencias de las familias, la selección de terrenos aptos para la agricultura, la disposición de un sistema de riego, la disposición de accesos, la ubicación en lo posible en el mismo municipio y la búsqueda de alternativas de reasentamientos colectivos en pro de la reconstrucción del tejido social”. - El restablecimiento de las condiciones socioeconómicas no ha sido iniciado y existen impactos negativos sobre la base económica,  en particular, para los grupos poblacionales de  productores, propietarios, areneros, paleros, volqueteros y transportadores, debido a la dificultad de acceso a los créditos paralizando  las actividades agropecuarias y afectando los proyectos de vida. No se cumple con lo establecido en la licencia: “los proyectos propuestos para el reasentamiento deben comenzar desde el mismo instante del licenciamiento del proyecto" - No ha desarrollado ninguna acción para el cumplimiento del  Plan de Manejo para la reactivación productiva en áreas aledañas e inclusive en el Área de Influencia Indirecta, ni propuesta alguna donde especifique las actividades, la  asignación presupuestal no inferior a la propuesta en el Plan de Manejo, el tiempo de ejecución del proyecto, el cronograma de ejecución y la distribución de los recursos para la  conformación de alianzas productivas, de tal manera  que se posibilite el restablecimiento del sistema económico local afectado. - Se niega a garantizar la vida productiva de los mayordomos y jornaleros que trabajan en los grandes predios que han sido negociados. Al contrario sugiere bajo cuerda a los patronos, condicionando el pago de las fincas, la expulsión de los trabajadores para desviar las previsibles acciones legales que se entablarían. - En el Manual de Precios Unitarios de Predios no tuvo en cuenta la UAF para determinar la calidad de los predios y su valoración agrológica. - No ha informado ni concertado con las autoridades locales el programa de empleo temporal y suministro de servicios durante la construcción del Proyecto. - No ha realizado los procesos de concertación con los diferentes grupos poblacionales del Programa de Restitución de Empleo - No ha informado sobre las gestiones desarrolladas para garantizar que los EOT incorporen las modificaciones en el uso del suelo y la reubicación de reasentamientos por la presencia del proyecto. - No ha establecido ni puesto en marcha los convenios con instituciones públicas y privadas del orden regional o municipal que desarrollen programas o proyectos dirigidos a población vulnerable y/o de la tercera edad. El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo al igual que los proyectos mineros, agronegocios e infraestructura, constituye una amenaza para el ambiente y para miles de familias que potencialmente serán desterradas y despojadas de sus territorios y de su cultura. Ante este escenario la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroelçectrico El Quimbo convoca a la Movilización Social el 14 de marzo de 2011 a partir de las 9 de la mañana en Rioloro Gigante y en la Universidad Surcolombiana por la defensa de los territorios  y la construcción de una política de soberanía agro energético minera que plantee alternativas al modelo extractivo impuesto por las empresas de capital privado nacional y transnacional que desconoce los derechos de quienes habitan los territorios. Este modelo es impulsado por el Gobierno de Santos bajo las denominadas “locomotoras para la prosperidad” profundizando la desigualdad social, agudizando los conflictos ambientales y permitiendo que sean las mismas empresas las que “investiguen”, determinen los impactos y formulen los planes de manejo ambiental y social.